miércoles, 13 de noviembre de 2013

Un año del jucio de Jefaura

Un año de justicia
Publicado por Gabriela Cruz
 
Vctimas: 118 de Jefatura, 97 de ‘el Arsenal’. 55 víctimas tenían hijos. 4 mujeres estaban embarazadas, 3 hombres esperaban el nacimiento de sus hijos. No los conocieron. Números que son más que eso, son historias. Historias de vidas que por más de 30 años parecían que iban a quedar solamente en la memoria de quienes los amaron. Historias que un puñado de hombres, que se creían dueños de todo, decidieron cambiar. Que hoy, a pesar de todo lo hecho por silenciarlas, se cuentan, se escriben, se gritan.

El martes 12 se cumple un año desde que empezó el juicio por delitos de lesa humanidad más grande del noroeste argentino, la ‘megacausa’ Jefatura II Arsenales. A lo largo de este año pasaron más de 400 testigos y se leyó el testimonio de otras 400 personas. Se visitó uno a uno los lugares donde muchos de esos sobrevivientes padecieron el infierno. Jefatura de Policía, Escuela de Educación Física, Reformatorio, Nueva Baviera, ‘Escuelita’ de Famaillá, Comisaría de Monteros, Caspinchango, Santa Lucía, Arsenales. Y los lugares que preservaron los restos, la prueba irrefutable: las fosas en el Arsenal y el Pozo de Vargas. Y llegó el momento de los alegatos, “la justicia está en los alegatos”, dice una de las familiares. Es que allí no solo se habla, se reivindica, e independientemente de la sentencia, se hace justicia en la palabra y con la palabra.

El jueves 7 terminaron de presentar los alegatos todas las querellas. Entre los últimos en hacerlo estuvieron Daniel Mendivil y Juan Cárlos Véliz. Los abogados hablaron de la usurpación del inmueble de calle Frías Silva al 200. En esa vivienda vivía el matrimonio de Diana Oesterheld y Carlos Araldi. La pareja alquilaba la casa a don Onésimo Marini cuando, en 1976, Diana fue secuestrada junto a su hijo de poco más de un año. Carlos fue asesinado y el pequeño fue abandonado en la Casa Cuna de donde fue retirado por sus abuelos paternos. Diana, que estaba embarazada de más de 6 meses, permanece desaparecida. La propiedad en la que el matrimonio se encontraba viviendo fue ocupada, según indican varios testimonios,  por María Elena Guerra. Ella y Roberto Heriberto Albornoz, quien estuvo a cargo del secuestro de Oesterheld, habrían mantenido una relación amorosa. María Elena Guerra se encuentra imputada por esta usurpación.

Los querellantes indicaron que la imputada no pudo explicar cómo llegó a vivir en la propiedad de los Marini. Sostuvieron que se contradijo en las diferentes declaraciones. Que los testigos presentados por la defensa incurrieron en falso testimonio. Solicitaron que la fiscalía los investigue por este delito, al igual que a los abogados defensores quienes, según indicaron, actuaron con ‘mala fe procesal’. Finalmente hicieron la petición de la pena de tres años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, por el delito de usurpación de la propiedad, con calificación de delito de lesa humanidad.

A continuación se refirieron al caso de la familia Osores. Carlos Osores, militante comunista, permanece desaparecido. La familia fue víctima de tres operativos en los que los saquearon y los golpearon. En el primero de ellos violaron a una menor de 15 años que se encontraba en la vivienda. Los testimonios presentados por esta causa contaron con detalle lo sucedido. Afirmaron haber reconocido, entre los secuestradores, a Francisco ‘Pancho’ Orce y a Mario ‘Malevo’ Ferreyra. Mendivil y Véliz no pidieron pena para Ernesto Rivero y Héctor Montes de Oca – imputados en esta causa- por no tener la querella formal, pero sí hicieron valoración de las pruebas producidas a lo largo del proceso.

El último querellante en hablar fue Daniel Villagra, representante de la causa de la desaparición del empresario José Guetas Chebaia. Chebaia, que además fuera secretario de planeamiento, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976. El abogado Daniel Villagra, que tampoco pudo pedir pena para los imputados, dijo que estaba seguro que la fiscalía supliría con creces esta falta.

domingo, 3 de noviembre de 2013

Para 23 de los imputados piden prisión perpetua por delito de genocidio

Querellantes requirieron que el escribano Juan Carlos Benedicto sea condenado a 15 años como presunto autor material de tormentos. Los alegatos comenzaron el jueves y se extenderán durante todo el mes. En el TOF esperan que la sentencia sea en diciembre.

"Esta es la familia Rondoletto. Quiero hablar de quiénes eran. Porque detrás de cada unas de estas fotos (las de los desaparecidos que estaban en la sala) hay historias". La abogada Julia Vitar levantó la imagen en blanco y negro que reúne a los cinco integrantes detenidos-desaparecidos. En la primera fila, Marta Rondoletto, la única miembro que sobrevivió, abrazaba otra imagen de sus parientes.

Vitar y su co-querellante Inés Lugones alegaron durante la mañana de ayer en la megacausa "Arsenales II-Jefatura II". Recordaron el secuestro del que hoy se cumplen 37 años; el saqueo de la vivienda y la imprenta; los dichos de testigos que vieron a sus miembros en el Arsenal y la minuciosa declaración del ex gendarme Antonio Cruz sobre el fusilamiento y posterior quema de los dos hombres (padre e hijo) del grupo familiar. De la misma manera, y tras una extensa argumentación técnica, las letradas repasaron las historias de las 13 víctimas de los casos que representan: Pedro, María, Silvia y Jorge Rondoletto y Azucena Bermejo de Rontoletto (embarazada); Nélida Sosa de Forti; María Margarita Laskowski (sobreviviente) y Adolfo Méndez Brander; José Díaz Saravia y Teresa Guerrero de Díaz Saravia; Ricardo Salinas y Silvina Parrile de Salinas y Enrique Campos.

Explicaron, citando doctrina y jurisprudencia, que pedirían que los crímenes fueran considerados no sólo como de lesa humanidad, sino como integrantes del delito internacional de genocidio. Requirieron penas -de cumplimiento efectivo en cárceles - para la mayoría de los 41 imputados por violación de domicilio (por las víctimas que fueron sacadas de sus casas), privación ilegítima de la libertad con apremios, tormentos agravados y homicidio calificado (a excepción de Laskowski).

Requirieron prisión perpetua para Camilo Colotti, Luis Ocaranza, Roberto Albornoz, Luis Varela, Fernando Torres y Ramón Ojeda Fuentes (autores mediatos) y Luis De Cándido, Luisa Acosta, Ángel Moreno, Rolando Reyes Quintana, Ricardo Sánchez, Félix Insaurralde, Antonio Vercellone, Guillermo Ugarte,Juan Abraham, Pedro Pasteris, Miguel Chuchuy Linares, Oscar Gómez, Tomás Güemes, Ernesto Rivero, Alberto Montes de Oca, José Sowinski, Benito Palomo (partícipes necesarios). Pidieron 20 años de cárcel para Pedro Caballero y Hugo Soto (partícipes secundarios). Por último, solicitaron que el escribano Juan Carlos Benedicto fuera condenado a 15 años de prisión por considerarlo autor material de tormentos agravados contra Méndez Brander.

En sus justificaciones, las querellantes habían detallado cómo funcionaron los centros clandestinos que, según la Justicia, funcionaron en el Arsenal y la Jefatura en los 70 y otros más pequeños del "circuito represivo". También hicieron hincapié en las docenas de testimonios que dieron cuenta de actos de violencia sexual a los que habrían sido sometidos los cautivos.

"Este juicio traerá paz y tranquilidad para muchos tucumanos. Aunque esto no implique para las familias que sus seres queridos vuelvan. Sí será un acto de justicia y de reparación. Será una forma de poner en práctica algo que Marta Rondoletto manifestó en su declaración: 'No nos han vencido'. Es así, porque 30 años después, nosotros seguimos pidiendo justicia y haciendo memoria", concluyó Vitar.
Apuntes del juicio

Tareas de inteligencia.- Las querellantes remarcaron que las tareas de inteligencia eran desarrolladas por el Ejército, la Policía y la Side y luego, centralizadas. Detallaron que la "Comunidad Informativa" (con representantes de todas las fuerzas) valoraba la información y confeccionaban listas de futuros detenidos. Luego de que "las patotas" secuestraban, seguían los interrogatorios y las torturas. De allí, afirmaron, obtenían nuevos datos para nuevas detenciones ilegales.

Secuelas para cuatro generaciones.- La abogada Lugones recordó que especialistas mencionaron en la megacausa que existe un "daño transgeneracional" de los crímenes de lesa humanidad. "El daño atraviesa hasta cuatro generaciones. Porque, por ejemplo, no se efectúan los ritos funerarios, no hay duelo", afirmó.

En las fosas.- Los restos de una de las víctimas representada por la querella Vitar-Lugones fueron reconocidos en una de las fosas comunes del Arsenal. Se trata de Ricardo Salinas. Había sido secuestrado el en enero de 1977 en Jujuy.

"Toda la población era el enemigo".- Vitar explicó que el Operativo Independencia fue un "plan sistemático de violación de Derechos Humanos". "Para los ejecutores, toda la población civil era el enemigo 'subversivo'", fundamentó. Argumentó que, de acuerdo con la doctrina militar, todo el que no estaba de acuerdo con el modelo que pretendían implementar era considerado un "elemento" a eliminar.

Violencia sexual en CCD.- "Los actos de violencia sexual como violaciones, desnudez colectiva, esterilización forzada, abortos y mutilación de órganos sexuales fueron sistemáticos", concluyeron las letradas tras enumerar testimonios de cruentos ataques sexuales que habían ocurrido en la Jefatura y el Arsenal.

Apropiación de niños.- La querella hizo hincapié en la posible apropiación de niños, porque la víctima Azucena Bermejo estaba embarazada de cuatro meses. "No sabemos el destino de ese hijo. Estos jóvenes, como él, tienen entre 35 y 40 años y siguen estando secuestrados porque tienen su identidad apropiada", consignó Vitar. Citó testimonios acerca de supuestos abortos inducidos en los CCD.

Más alegatos.- Al cierre de esta edición alegaban los abogados de Andhes, Valentina García Salemi y Daniel Weisemberg. Luego, lo haría Emilio Guagnini.

Fuente: La Gaceta