Víctimas y lugareños habían señalado que había una estructura subterránea donde se habrían alojado a detenidos ilegales en los ‘70.Por Gaby Baigorri
Una construcción rectangular inmersa en la oscuridad. Paredes de ladrillo a la vista, cortadas con arcadas prolijas. Escaleras, también de ladrillo, cuyo destino está sellado con cemento. Tachos volcados y desperdicios por doquier. Ese es el aspecto del sótano del ex Ingenio Santa Lucía, en la comuna homónima del departamento Monteros, cuya existencia constataron miembros de la Unidad Fiscal que se encarga de las causas por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en Tucumán, encabezada por el fiscal Pablo Camuña.
En esa fábrica funcionó “La Base”, uno de los primeros centros clandestinos de detención del país durante el Operativo Independencia (desde 1975). Decenas de vecinos y de testigos que declararon durante la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” habían dado cuenta de la existencia de una dependencia subterránea e inclusive, de túneles. Esto último fue descartado.
Análisis y pericias
La inspección, , se originó tras la denuncia de una vecina que trabaja en un comedor comunitario que funciona sobre el sótano. En la medida, que fue conducida por el fiscal Patricio Rovira, participó un perito del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Se detalló que el Laboratorio Químico de la Policía Federal realizará un peritaje. Se espera que, mediante un análisis, se determine la posible presencia de fluidos humanos y, de encontrarse ese tipo de rastros, la consecuente extracción de muestras de ADN para su eventual identificación.
Como los ingresos originales estaban sellados, los funcionarios judiciales tuvieron que ingresar por una abertura que se generó como consecuencia de la erosión del suelo. “El espacio cuenta con cuatro especies de galerías divididas por tres hileras de columnas. El techo presenta una estructura abovedada y en su punto más alto alcanza los 2,57 metros de altura”, describió la Fiscalía en el acta. También, añadió que se trata de un ambiente cerrado de 10 metros por 20 metros, sin ventanas. Mientras que, tal como muestran las fotos, hay una escalera clausurada. Detallaron que se encontraron indicios de que podría haber contado con una instalación eléctrica.
El fiscal Rovira dispuso que una consigna permanente de la Policía Federal custodie el ingreso.
El 27 de septiembre, el Tribunal Oral Federal (TOF) concretó una inspección en dos centros clandestinos del sur de la provincia que formaron parte del circuito represivo, Santa Lucía y Caspinchango. Sucedió en el marco de las audiencias del juicio por la megacausa (se condenó a 37 militares y policías retirados por crímenes contra 215 víctimas). La visita había sido seguida por víctimas y por una decena de lugareños que se había acercado para aportar datos. Si bien el predio del ex Ingenio fue modificado y achicado, todos habían podido reconocerlo como el lugar ocupado por militares y en donde se alojaron a detenidos ilegales.
Se había accedido en esa oportunidad al interior del ex ingenio y también se habían recorrido los alrededores. Frente a las instalaciones actuales hay una serie de casas viejas y galpones. Bajo una de las estructuras está ubicado el sótano descubierto. Vecinos afirmaron que, de acuerdo a versiones, en ese lugar también podría haberse mantenido a secuestrados. Ante estos dichos, se había ingresado hasta donde habría estado un acceso a la pieza subterránea.
El ingenio era el corazón de esa localidad, hasta que fue cerrado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía en los 60, al igual que otros establecimientos azucareros de la provincia. Luego, el edificio se convirtió, paradójicamente, en el centro, pero de la ocupación militar.
El fallo de la megacausa -dictado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga- dedicó un párrafo especial a la situación del poblado. “El pueblo estuvo tomado por el asentamiento militar desde febrero de 1975, un gran número de camiones, jeeps, camionetas, carpas y soldados con ametralladores tomaron las calles. Eran los militares quienes digitaban la vida del pueblo (…). La prueba testimonial reunida en el debate con relación al modo en que operó en la zona de Santa Lucía el aparato organizado de poder instalado en el país en la década del 70 evoca, sin lugar a dudas, una experiencia totalitaria”, sentenciaron los magistrados.
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