El represor fue uno de los jefes del Batallón 141 y se encargó de la Inteligencia del Departamento de Informaciones Policiales (D-2). Luego fue carapintada y funcionario del juarismo. Ya fue condenado por crímenes de lesa humanidad.
Por delitos de lesa humanidad cometidos contra más de siete decenas de personas durante la última dictadura cívico-militar en su provincia, Santiago del Estero, el represor Jorge Alberto D’Amico purga condenas de veinte y cuatro años de encierro. Probablemente no sean las únicas: la semana próxima el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán comenzará a juzgarlo por el secuestro, las torturas y el homicidio del conscripto Germán Cantos López, que tuvieron lugar durante aquellos años. Se prevé que, a partir del 25 de julio, cerca de 20 testigos cuenten a los jueces Juan Carlos Reynaga, Hugo Norberto Cataldi y Marcelo Juárez Almaraz lo que saben acerca de Cantos López, el soldado integrante de una familia diezmada por el terrorismo de Estado.
Germán fue secuestrado en septiembre de 1976 y fue el primer miembro de la familia en desaparecer. El sorteo lo había dejado afuera del servicio militar, pero las fuerzas militares de su provincia lo citaron igual. Recibió la carta en Buenos Aires, donde estudiaba Psicología. En agosto se presentó en lo que fue el Batallón 141. Su primera salida iba a ser el 3 de septiembre, pero no lo logró: fue retenido por orden de sus superiores sin explicársele los motivos.
Su familia, en Santiago del Estero, lo buscó incansablemente, pero sin éxito. Recibió de él cartas hasta fines de 1977. En ellas, Germán les informó escueto de detalles que estaba en Tucumán y les pidió que no lo buscaran. Durante el último juicio que en esa provincia ventiló los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como Jefatura y Arsenal, varios testigos aseguraron haberlo visto en este último.
Allí también habrían estado detenidos de manera clandestina los primos de Germán, Anabel Cantos Sanabria y Luis Cantos Carrascosa. Ella fue secuestrada en noviembre de 1976, mientras paseaba a su hijo por las calles de Santiago del Estero. A su esposo, el militante del PRT-ERP Hugo Miguel Caldera, lo había asesinado el Ejército en el operativo Independencia, en febrero de 1975. En abril de 1977, las fuerzas fueron a buscar a Luis Cantos al departamento que compartía con amigos en la ciudad de Buenos Aires.
Como sus primos, Germán permanece desaparecido. El juez federal de Tucumán Daniel Bejas clausuró la instrucción sobre su destino con una triple acusación contra D’Amico, a quien le endilgó los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y homicidio calificado triplemente agravado, de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Justicia Federal de Tucumán.
D’Amico purga en la actualidad una condena de 20 años de encierro y otra por otros cuatro más, en base a la responsabilidad que la Justicia le otorgó en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra unas setenta personas. Fue autoridad del Batallón 141 desde fines de 1975 y un año después se encargó de la Inteligencia de la institución, área que también supervisaba en el Departamento de Informaciones Policiales (D-2). Siempre fue cercano a Muza Azar, junto con quien fue condenado en los dos últimos juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados en la provincia. Se convirtió en carapintada con el advenimiento de la democracia. Fue detenido, pero las leyes de impunidad le devolvieron la libertad con la que logró ser secretario de Seguridad del gobierno de los Juárez.
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