viernes, 29 de abril de 2016

"No es un desaparecido, es la prueba fehaciente del horror”

Los restos de Juan Olivera, esposo de la militante Mabel Montero, fueron identificados. Los peritos ya devolvieron sus identidades a 48 víctimas del terrorismo de Estado que fueron arrojados en el Pozo.

“Juan Manuel Olivera dejó de ser un desaparecido para ser una prueba fehaciente del horror”. Mabel Montero recibió el lunes el llamado que había esperado durante 40 años. Iba en un auto camino al “Pozo de Vargas” cuando le avisaron que los restos de su esposo Juan habían sido rescatados e identificados de esa fosa clandestina de inhumación. Con este caso ya suman 48 los desaparecidos durante el terrorismo de Estado cuyos vestigios fueron hallados allí.

La referente de la organización Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora de Tucumán recordó que su marido había sido secuestrado el 18 de octubre de 1976. Nada supo de él hasta que, en 2010, durante el juicio “Jefatura I”, el testigo Juan Carlos Clemente aportó una lista de víctimas que habían pasado por ese centro clandestino de detención. En el renglón 173 estaba escrito a máquina el nombre de su ser querido y al lado la espeluznante abreviatura “DF” (destino final o disposición final). 

Padre de dos hijos, Olivera militaba en Montoneros, estudiaba en la UNT, era trabajador estatal y también de la empresa Xerox. “Siempre le hecho la culpa a la empresa. Porque se lo llevaron cuando salió a hacer un depósito. Nunca supieron contestarme si hizo o no el trámite. Como era muchísimo dinero, quisieron decir que sus compañeros se lo llevaron o que él se fue con la plata. Ahora está la prueba de que no fue así”, apuntó Montero a LA GACETA. La mujer buscó las palabras para describir lo que había sentido cuando supo la noticia. No las encontró. “Cuando sonó el teléfono, pensé que me pedirían que contenga o acompañe a algún familiar. No imaginé que esta vuelta Dios se había acordado de mí”, agradeció sollozando.

Una gota, la identidad

Con la voz quebrada, Montero reivindicó los juicios por delitos de lesa humanidad. “Son la historia que vivimos, les guste o no. Hubo un magnicidio, lo más horroroso. Cercenaron la vida”, lamentó. 

Añadió que el hallazgo de su ser querido no implica que dejará de pelear. “Esto recién comienza. Seguiremos luchando hasta que sean condenados los últimos militares, eclesiásticos y civiles”, advirtió. Subrayó que para las identificaciones es clave que los familiares de víctimas entreguen una muestra de sangre, para que los especialistas tengan con qué cotejar los restos que se vayan encontrando. 

La presidenta de la Asociación Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc), Virginia Sosa, explicó que el trámite es gratuito. “Invitamos a los familiares a acercarse. Si no se animan a venir a las reuniones, podemos ir a verlos a sus casas. Estamos en contacto con el equipo que hace la extracción y los pueden ir a ver si, por ejemplo, son del interior”, añadió. El teléfono para comunicarse con ella es 156073370 y el lugar de encuentro, Piedras 251. Mientras que Montero afirmó que también pueden acudir a ella, llamando al 3816459899 o concurriendo a su oficina en el ex predio Ferial. 

La toma de muestras, a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se efectúa en el contexto de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. El análisis también se tramita en la Secretaría de Derechos Humanos (subsuelo de la Casa de Gobierno).

“Se están extrayendo muchos restos del Pozo, todos los lunes. También tenemos las cajas con los restos carbonizados del Arsenal, a la espera que surja la tecnología que nos permita determinar de quiénes son. Nos faltan las gotitas de sangre”, instó Sosa. Agradeció, por otro lado, la contención de los peritos del Camit: “nos acompañan, es muy duro presenciar las medidas (de extracción de restos del Pozo)”. Comentó que hace un mes un rayo dañó el ascensor que usan los especialistas para bajar a las entrañas del Pozo, pero afirmó que está pronto a ser reparado.

lunes, 29 de febrero de 2016

La Fiscalía de Tucumán investiga cinco casos en el Ingenio de la familia del Ministro Prat-Gay

Los cinco desaparecidos de los Prat-Gay

Desde 1936, los Prat-Gay tiene una industria azucarera de pequeño porte. La historia de la represión arranca en 1966 y culmina con un campamento militar en el ingenio y cinco obreros que siguen desaparecidos.

  Por Alejandra Dandan

A mediados de 1936, un grupo de radicales concurrencistas enfrentados a los conservadores fundaron en el departamento Leales de Tucumán la Compañía Azucarera del Norte o Ingenio Leales. El abogado Fernando de Prat-Gay fue el primer presidente del directorio y fue el abuelo de Alfonso de Prat-Gay, hoy ministro de Economía. El Ingenio Leales siempre fue uno de los establecimientos mas chicos de la provincia, pero segundo en cantidad de obreros a mediados de la década del 60, cuando aparece vinculado a los zares del azúcar, con una historia en la que también pueden leerse patrones de acumulación económica y represiva. En diciembre de 1965, Fernando de Prat-Gay integró la Comisión Especial del poderoso Centro Azucarero Argentino (CAA) controlado por los Blaquier, que impulsó el cierre de once ingenios azucareros. Esto ocurrió en 1966 con el golpe de Juan Carlos Onganía y produjo el destierro de 200 mil trabajadores del sector. Para 1976, con el último golpe de Estado, el Ingenio Leales aparece entre las industrias azucareros de Tucumán que aportaron abultadas sumas al Fondo Patriótico Azucarero impulsado por Domingo Antonio Bussi. Para entonces, Jorge de Prat-Gay, padre del ahora ministro, fue designado en el directorio del Banco Nación. Parte de los beneficios del clan familiar de los Prat-Gay durante la dictadura fueron denunciados en 2013 por la Comisión Nacional de Valores, pero el dato menos conocido es una investigación que lleva adelante la Justicia federal tucumana sobre por lo menos cinco secuestros en el Ingenio Leales, entre los que hay obreros de la Fotia, al menos uno desaparecido.

Delegados

“Yo trabajaba para el Ingenio Leales y tuve que ir deambulando de acá para allá durante la dictadura, por miedo a que llegaran a la casa de mis padres, porque a cada rato entraban e hinchaban las pelotas, a mi madre y a mis hermanos. Responsable de esto es el ingeniero Jorge de Prat-Gay, el papá del ministro de Economía hoy por hoy. La oligarquía azucarera de esa época es la oligarquía de todos los tiempos, lo mismo pasaba en todos los ingenios de Tucuman”. J.Q. nació en el departamento de Leales en 1952. A los quince años comenzó a trabajar en el Ingenio Leales con el oficio de carpintero. “Desde muy chico fui trabajador del Ingenio. Trabajé desde el año 1968. Y se puede decir que nací con esa sangre de ser dirigente gremial: me dí cuenta de que llevaba eso en la sangre porque a los cuatro años, el 17 de octubre de 1956 –en pleno paro de la CGT–, tuve que salir corriendo por la persecución de los aviones que bombardeaban los costados de la fábrica y eso para mí fue un despertar tremendo”.

En los ‘70, J.Q. fue delegado de sección en Leales y participó en los Congresos de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia). En 1975, con el fondo del Operativo Independencia, los grupos de Tareas del Ejército allanaron la casa de sus padres y se llevaron a un hermano porque no lo encontraron a él. A J.Q. lo detuvieron finalmente en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán y después de varios centros clandestinos pasó por la Escuelita de Famaillá. La publicación de su nombre en solicitadas de la época que logró difundir la Fotia lograron salvarle la vida y hacer que liberaran dos semanas mas tarde. Pasó la dictadura escondido en Buenos Aires.

J.Q. no es único obrero azucarero víctima de la represión en el Ingenio. Hacia 2008, con la reapertura de los juicios de lesa humanidad en todo el país, Hugo Santillán se sentó frente a una hoja de papel a dibujar un mapa de la provincia. Hugo es un ex dirigente azucarero, delegado de Fotia, tornero en el Ingenio Bella Vista pegado a Leales. Tiene la piel curtida, las manos grandes, el pelo blanco, lleva una enorme cruz de madera bajo la camisa y cuando se presenta dice que es seguidor como perro de sulky. Además, y muy importante para esta historia, es hermano de Atilio Santillán, uno de los símbolos de la lucha obrera entre los trabajadores del azúcar. Atilio fue secretario general de Fotia primero entre 1965 y 1968 y después de 1973 al 22 de marzo de 1976, cuando fue asesinado en Buenos Aires. Frente a ese mapa dibujado con los puntos de la provincia, Hugo se dio cuenta en 2008 que tenía una tarea pendiente. Recorrió cada pueblo de la provincia, ingenio por ingenio, para buscar los nombres de obreros del azúcar víctimas de la dictadura. Su lista original contenía aproximadamente 60 nombres, que hoy pasaron de cien. La lista está en el origen de la primera investigación que se abrió en la Justicia federal por la represión en los ingenios y es una fuente clave para el mundo de las ciencias sociales.

“En los años 70 se reúnen los industriales azucareros, van a ver a Bussi y le ofrecen una donación”, dice Santillán. “Hacen un aporte de bolsillo de 4.640.000 dólares, de los cuales el padre del actual ministro de Economía pone 240.000. La plata no la pusieron ellos en realidad, nos la descontaron a los trabajadores mediante una resolución de Bussi que fue el autor de la Ley del Fondo Patriótico. Para nosotros, ese fue el pago (de los industriales) por el trabajo de sangre que llevó adelante Antonio Domingo Bussi”.

La Fotia

Según el informe Responsabilidad Empresarial en delitos de lesa humanidad publicado el año pasado por Flacso, el CELS, el Programa Verdad y Justicia y la secretaria de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, los obreros del interior de la provincia fueron el universo más numeroso entre las víctimas de la represión tucumana. De las “269 víctimas judicializadas en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia –señala–, alrededor del 42 por ciento fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos, quince por ciento fueron dirigentes sindicales y gremiales, ocho eran comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia, otro 8 por ciento eran empleados públicos, cinco por ciento eran profesionales independientes, el cuatro por ciento eran estudiantes universitarios, el dos por ciento militantes de partidos políticos de izquierda y solo el 7 por ciento acreditaba alguna vinculación con el ERP/PRT o con Montoneros”.

Silvia Nassif, doctora en Historia, becaria del Conicet y tucumana, señala que “no puede entenderse a qué vino el golpe de Estado con el prólogo del Operativo Independencia en febrero de 1975, si no se entiende el lugar político y sindical que ocupaba a la Fotia”. Hasta el día de hoy, señala, “la actividad más importante en Tucumán sigue siendo el azúcar y el Operativo Independencia implicó la desarticulación de ese movimiento obrero que era pujante. Hoy todavía no tenemos clara la cantidad exacta de obreros del azúcar desaparecidos. Y no es casual que sean de los sindicatos más importantes”. La Fotia tenía sindicatos de base con comisiones directivas y cuerpos de delegados. Dentro de la organización estaban los obreros de fábrica y de surco. También tenía un congreso de delegados seccionales que reunía a delegados de cada ingenio. En Tucumán, la Fotia asumió el lugar de lucha por el regreso de Perón aunque en la Federación se manifestaron también otras corrientes de la izquierda. “Para los años 60, superaba los cien mil afiliados. En 1966 llegaron a participar 600 delegados en un Congreso para discutir no sólo reivindicaciones obreras gremiales sino la política. Por eso, hay que entenderla no sólo como fuerza gremial sino política. De hecho, en el año 1973 Tucumán tuvo dos listas del PJ: una era el Frente Unico del Pueblo, encabezada por los obreros azucareros que habían luchado en las revueltas”.

Hugo Santillán señala algo parecido: “La Fotia era el segundo poder en la provincia”.

–¿Quién era el primero?

–El gobierno.

La grasa militante

Para 1966, como recuerda el Informe de Responsabilidad empresaria, Tucumán “realizó uno de los primeros ensayos de reestructuración y concentración del capital, diez años antes del golpe de Estado de 1976”. El rol del Centro Azucarero Argentino en el cierre de los Ingenios hace que Hugo Santillán hable de dos genocidios: “En Tucumán hubo dos genocidios. Uno social, en 1966 con el perjuicio de 200 mil personas que tuvieron que salir a emigrar. Y el otro genocidio de 1976, que ya es físico y humano con consecuencias sociales también porque se echan a miles de personas a la calle”.

De ese período previo son los datos ahora mas nombrados en las causas judiciales de lesa humanidad. Entre ellos, la instalación del destacamento de Gendarmería en Ledesma, que aparece para detener el avance de la organización obrera a la que los industriales veían como el fantasma comunista. El historiador Roberto Pucci es quien instala a los Prat-Gay en esa época en su libro Historia de la destrucción de una provincia. Pucci es uno de los hombres más citados en las causas del norte y revela la negociación por el cierre de los ingenios. “Un sector de los propietarios de ingenios tucumanos, apostando a que la destrucción forzada de los ingenios y la eliminación de los pequeños productores cañeros, favorecía la concentración del poder económico en sus manos, se aliaron a ese plan pese a que en el corto plazo condenaba a toda la provincia a la agonía. En diciembre de 1965, una comisión especial de la CAA, corporación que se encontraba bajo el férreo control de Blaquier-Arrieta, elevó al PEN un plan para el cierre de doce ingenios azucareros y la redistribución provincial de los cupos de producción. Aquella comisión especial de la CAA estuvo integrada por Carlos Pedro Blaquier del ingenio Ledesma y por Alfonso Nogues, Fernando de Prat-Gay (h) y Juan José Sortheix pertenecientes al grupo de industriales tucumanos encabezado por la familia Paz del ingenio Concepción, comprometido en el proyecto de reorganización y monopolización del ázucar”.

Para 1966, el Ingenio Leales tenía una producción de azúcar chica comparada al resto de los ingenios. Desde ese punto de vista se lo considera como uno de los mas chicos de la provincia. Los obreros del ingenio estaban organizados en el Sindicato Azucarero de Leales y pertenecían a Fotia. “Toda la dictadura de Onganía-Levingston-Lanusse estuvo atravesada para los azucareros por la lucha de la reapertura de los ingenios cerrados y para evitar el desplazamiento de mano de obra, ya que sólo en la agro-industria azucarera en esos años se pierden aproximadamente 50.000 puestos de trabajo”, cuenta Nassif.

“El Ingenio es el más chiquito de la provincia”, dice ahora Santillán. “Yo lo que nunca entendí es por qué había quedado en pie en 1966 y no lo pusieron en la lista para cerrarlo, porque cerraron fábricas de primer nivel. Ahora, cuando después del 76 Jorge de Prat-Gay fue designado presidente del Banco Nación, me dí cuenta de cuál era la cuestión”.

Leales

Para 1976, el directorio de la Compañía Azucarera del Norte tenía cinco Prat-Gay: Fernando (presidente), Máximo (vice), Jorge (director delegado), Gastón y Amelia (directores, sin funciones ejecutivas a cargo). A los ojos de los obreros, Jorge de Prat-Gay aparecía como el dueño. De acuerdo al decreto Ley N 4.536 del 26 de agosto de 1976, la Compañía Azucarera del Norte aportó al Fondo Patriótico Azucarero quince mil por cada persona en relación de dependencia afectada a la planta fabril y escritorios, y cien peos por tonelada de caña molida propia desde el 1 de Julio.

Como sucedió en otros Ingenios tucumanos, la Compañía Azucarera del Norte tuvo un campamento militar durante la dictadura, según explica Santillán. “Cuando fue el golpe de Estado –dice– pusieron al Ejército en todos los ingenios de Tucumán. Instalaban una carpa grande y en chalets del Ingenio quedaban los oficiales”. Eso sucedió por ejemplo en el chalet del Ingenio Bella Vista, hoy considerado centro de detención ilegal. Y sucedió en Santa Lucia. En Leales, Santillán sólo menciona el campamento. Según otro de sus datos, la administración del Ingenio estuvo en manos de un capitán de navío de apellido Becerra.

Ambos datos –hay que decirlo– no son extraños. Situaciones similares se vivieron en Ledesma, en la Ford o en la empresa Veloz del Norte para citar ejemplos conocidos. Estos son, de hecho, alguno de los patrones que encontró el grupo de trabajo del Informe de Responsabilidad empresaria durante las investigaciones sobre doscientas empresas.

Entre los obreros de Leales víctimas de la dictadura, Santillán anotó en su primera lista el nombre de Pedro Benicio Silva. Silva era un obrero temporario de surco del Ingenio Leales, dirigente gremial de la Fotia y candidato a secretario general del Sindicato Azucarero de Leales en las elecciones de 1975. A Silva lo secuestraron tres veces. La primera vez fue una semana antes de las elecciones de 1975. Luego de “pegarle salvajemente”, explica Santillán, lo dejaron tirado a un costado de la ruta 38. Hubo un segundo secuestro y luego un tercero: el 17 de noviembre de 1976 lo desaparecieron definitivamente desde Buenos Aires.

Otro de los nombres conocidos es Jesús “Chicho” Ortega, un soldador del taller mecánico del Ingenio Leales que fue secretario general del Sindicato del Ingenio Leales con cargo de tesorero de la Fotia en 1973. El 24 de marzo de 1976, la Fotia fue intervenida. “A Chicho se lo llevaron después de que terminaron de ver los papeles de la Tesorería –dice Santillán– él había perdido la elección de 1975, pero mi hermano intervino ante las nuevas autoridades para que lo dejaran seguir ejerciendo”. Ortega estuvo en el circuito de cárceles y hoy es sobreviviente de ese segundo genocidio.

La fiscalía federal de Tucumán a cargo de Pablo Camuña investiga a cinco desaparecidos del Ingenio Leales.

sábado, 23 de enero de 2016

Identificaron los restos de Juan Manuel Olivera en el Pozo de Vargas

Fue una de las víctimas que pasó por la Jefatura de Policía de Tucumán

Había sido secuestrado el 18 de octubre de 1976, cuando salió a hacer un trámite para la empresa Xerox, en la que trabajaba. Desde entonces, lo buscaba su esposa, Mabel Montero, referente de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, de Tucumán. El reconocimiento estuvo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Cuando el lunes pasado sonó su teléfono celular, Mabel Montero iba en un auto rumbo al Pozo de Vargas. Aunque no lo supiera, estaba yendo a encontrarse con su esposo: del otro lado de la línea le avisaban que el cuerpo de Juan Manuel Olivera, secuestrado el 18 de octubre de 1976, cuarenta años antes, había sido identificado entre las pilas de huesos sin nombre que fueron exhumados en ese centro clandestino de detención de Tucumán.“Cuando sonó el teléfono, pensé que me pedirían que contenga o acompañe a algún familiar. No imaginé que esta vuelta Dios se había acordado de mí”, contó Mabel, una de las referentes de la organización Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora de Tucumán, al diario local La Gaceta.

Juan Manuel Olivera era un hombre ocupado. Tenía dos hijos con Mabel, estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán y tenía dos empleos, uno estatal y el otro en la empresa Xerox, fundada hace más de setenta años cuando el norteamericano Chester Carlson inventó la xerografía, que no es otra cosa que la duplicación de la información en papel. Mabel siempre sospechó de la empresa. “Siempre le echo la culpa a la empresa. Porque se lo llevaron cuando salió a hacer un depósito. Nunca supieron contestarme si hizo o no el trámite. Como era muchísimo dinero, quisieron decir que sus compañeros se lo llevaron o que él se fue con la plata. Ahora está la prueba de que no fue así”, dijo la dirigente.
Antes de la confirmación definitiva de su asesinato, Mabel tuvo que esperar treinta y seis años para tener una noticia de su marido. Se había desvanecido después de salir de la empresa para hacer un encargo. Hasta el año 2010, cuando llegó a la etapa oral el primer juicio por la represión ilegal en la provincia y se sentó a declarar frente a los jueces Juan Carlos “el Perro” Clemente, un antiguo militante de la Juventud Peronista que había trabajado para la policía.

Frente al tribunal, Clemente relató que después de un recorrido por centros de detención como Nueva Baviera o la propia Jefatura, en los que fue golpeado y torturado, fueron aflojando su régimen de detención y le permitieron salir a lavar los autos de la playa de estacionamiento. Empezó a intercambiar información –la ubicación de dos barriles enterrados que tenían armas, por ejemplo– para mejorar la detención de su compañera. En un momento, el coronel González Naya le dijo que lo iban a dejar dormir en su casa. Lo contrataron para hacer esquemas y organigramas. Después, contó que un asesor de apellido Ocaranza estaba encargado de desmantelar la oficina de Confidenciales donde había información de la represión ilegal.

Clemente declaró que se llevó parte de esa documentación cuando supo que sería sacada, pensando en que algún día iba a ser de utilidad. Parte de esos papeles los presentó en ese expediente, y a Mabel le cambiaría la vida. Era una lista de víctimas que habían pasado por la Jefatura de Policía, donde se había torturado salvajemente a los detenidos políticos. En el renglón 173 estaba escrito Juan Manuel Olivera junto a las dos letras “DF”, que significaban el horror: destino final o disposición final.

El Pozo de Vargas es una fosa común de 40 metros de profundidad y tres de diámetro a sesenta cuadras de la Casita de Tucumán, en un predio de la familia Vargas sobre Francisco de Aguirre al 4.500, donde la justicia federal ya ha identificado a 48 desaparecidos. Todos los lunes se extraen restos del Pozo, que luego –cuando se logra– son cotejados con las muestras de sangre de familiares de desaparecidos por el reputado Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Mabel, que remarcó la necesidad de que sigan los juicios por delitos de lesa humanidad que se reanudaron hace más de una década, tiene un peso menos sobre la espalda.“Juan Manuel Olivera dejó de ser un desaparecido para ser una prueba fehaciente del horror”.

viernes, 6 de noviembre de 2015

Tucumán: cuatro nuevas identificaciones en el Pozo de Vargas

A partir de los resultados del trabajo del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) se realizó la identificación de cuatro desaparecidos secuestrados en el año 1976 cuyos restos fueron hallados en las excavaciones realizadas en el Pozo de Vargas.
Tucumán: cuatro nuevas identificaciones en el Pozo de Vargas

Moisés Antonio Ferreyra, trabajador del Ingenio San Pablo con 19 años fue secuestrado el 26 de mayo de 1976, Francisco Diaz, de 36 años, fue secuestrado en febrero de 1976 en el transcurso del Operativo Independencia meses antes de iniciado el golpe; Luis Magin Herrera un carpintero de 41 años fue secuestrado en abril de 1976 y Héctor Raul Vazquez, de 57 años, fue secuestrado en diciembre de 1976.

Todos ellos tenían en común que fueron víctimas del terrorismo de estado y se encontraban en condición de detenidos-desaparecidos hasta que hoy se dio a conocer que fueron identificados sus restos en la fosa de inhumación clandestina conocida como “Pozo de Vargas”.

El día de ayer el Juzgado Federal N°2 de Tucumán dio a conocer las nueva identificaciones de los desaparecidos cuyos restos fueron hallados a partir de los trabajos de excavación que hace más de una década se llevan a cabo en el “Pozo de Vargas”. Los trabajos en dicho predio se iniciaron en el año 2000 a partir de la denuncia que en un antiguo pozo de agua del ferrocarril se encontraría una fosa con los restos de detenidos desaparecidos secuestrados durante el Operativo Independencia y la última dictadura militar, bajo el mando del genocida Bussi.

A partir de ahí se iniciaron las excavaciones y tras años de trabajo se profundizo más de 28 metros de profundidad. Las identificaciones ya arrojaron un numero de 48 víctimas que sus restos fueron hallados en dicho Pozo, entre los que se encuentran trabajadores de distintos Ingenios de la provincia- Ingenio San Juan, Santa Rosa, Concepción y Esperanza-, estudiantes de la UNT, amas de casa y trabajadores ferroviarios, entre otros.

A pesar de llevar más de una década de investigaciones y decena de identificaciones aun no ha sido enjuiciado un solo genocida por los hechos acontecidos en dicho predio. Mientras los archivos de la dictadura sigan sin ser puestos a disposición de la población cientos de desaparecidos en la provincia permanecerán sin ser hallados ni identificados para ser restituidos a sus familias.

Moisés Antonio Ferreyra, trabajador del Ingenio San Pablo con 19 años fue secuestrado el 26 de mayo de 1976, Francisco Diaz, de 36 años, fue secuestrado en febrero de 1976 en el transcurso del Operativo Independencia meses antes de iniciado el golpe; Luis Magin Herrera un carpintero de 41 años fue secuestrado en abril de 1976 y Héctor Raul Vazquez, de 57 años, fue secuestrado en diciembre de 1976.
Todos ellos tenían en común que fueron víctimas del terrorismo de estado y se encontraban en condición de detenidos-desaparecidos hasta que hoy se dio a conocer que fueron identificados sus restos en la fosa de inhumación clandestina conocida como “Pozo de Vargas”.
El día de ayer el Juzgado Federal N°2 de Tucumán dio a conocer las nueva identificaciones de los desaparecidos cuyos restos fueron hallados a partir de los trabajos de excavación que hace más de una década se llevan a cabo en el “Pozo de Vargas”. Los trabajos en dicho predio se iniciaron en el año 2000 a partir de la denuncia que en un antiguo pozo de agua del ferrocarril se encontraría una fosa con los restos de detenidos desaparecidos secuestrados durante el Operativo Independencia y la última dictadura militar, bajo el mando del genocida Bussi.
A partir de ahí se iniciaron las excavaciones y tras años de trabajo se profundizo más de 28 metros de profundidad. Las identificaciones ya arrojaron un numero de 48 víctimas que sus restos fueron hallados en dicho Pozo, entre los que se encuentran trabajadores de distintos Ingenios de la provincia- Ingenio San Juan, Santa Rosa, Concepción y Esperanza-, estudiantes de la UNT, amas de casa y trabajadores ferroviarios, entre otros.
A pesar de llevar más de una década de investigaciones y decena de identificaciones aun no ha sido enjuiciado un solo genocida por los hechos acontecidos en dicho predio. Mientras los archivos de la dictadura sigan sin ser puestos a disposición de la población cientos de desaparecidos en la provincia permanecerán sin ser hallados ni identificados para ser restituidos a sus familias.
- See more at: http://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=movil-nota&id_article=26952#sthash.sVxXHsd8.dpuf

Tucumán: cuatro nuevas identificaciones en el Pozo de Vargas

CeProDH Tucumán
A partir de los resultados del trabajo del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) se realizó la identificación de cuatro desaparecidos secuestrados en el año 1976 cuyos restos fueron hallados en las excavaciones realizadas en el Pozo de Vargas.


Tucumán: cuatro nuevas identificaciones en el Pozo de Vargas

Moisés Antonio Ferreyra, trabajador del Ingenio San Pablo con 19 años fue secuestrado el 26 de mayo de 1976, Francisco Diaz, de 36 años, fue secuestrado en febrero de 1976 en el transcurso del Operativo Independencia meses antes de iniciado el golpe; Luis Magin Herrera un carpintero de 41 años fue secuestrado en abril de 1976 y Héctor Raul Vazquez, de 57 años, fue secuestrado en diciembre de 1976.
Todos ellos tenían en común que fueron víctimas del terrorismo de estado y se encontraban en condición de detenidos-desaparecidos hasta que hoy se dio a conocer que fueron identificados sus restos en la fosa de inhumación clandestina conocida como “Pozo de Vargas”.
El día de ayer el Juzgado Federal N°2 de Tucumán dio a conocer las nueva identificaciones de los desaparecidos cuyos restos fueron hallados a partir de los trabajos de excavación que hace más de una década se llevan a cabo en el “Pozo de Vargas”. Los trabajos en dicho predio se iniciaron en el año 2000 a partir de la denuncia que en un antiguo pozo de agua del ferrocarril se encontraría una fosa con los restos de detenidos desaparecidos secuestrados durante el Operativo Independencia y la última dictadura militar, bajo el mando del genocida Bussi.
A partir de ahí se iniciaron las excavaciones y tras años de trabajo se profundizo más de 28 metros de profundidad. Las identificaciones ya arrojaron un numero de 48 víctimas que sus restos fueron hallados en dicho Pozo, entre los que se encuentran trabajadores de distintos Ingenios de la provincia- Ingenio San Juan, Santa Rosa, Concepción y Esperanza-, estudiantes de la UNT, amas de casa y trabajadores ferroviarios, entre otros.
A pesar de llevar más de una década de investigaciones y decena de identificaciones aun no ha sido enjuiciado un solo genocida por los hechos acontecidos en dicho predio. Mientras los archivos de la dictadura sigan sin ser puestos a disposición de la población cientos de desaparecidos en la provincia permanecerán sin ser hallados ni identificados para ser restituidos a sus familias.
- See more at: http://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=movil-nota&id_article=26952#sthash.sVxXHsd8.dpuf

domingo, 14 de junio de 2015

Condenado ex juez Manlio Martínez por delitos de lesa humanidad, pero no irá a la cárcel !!!!

Condenaron al ex juez tucumano Manlio Martínez por complicidad con la dictadura

Recibió una pena de 16 años de prisión, aunque no será recluido en una cárcel común por problemas de salud. Se trata del primer ex magistrado del país en ser condenado a causa de su actuación durante el terrorismo de Estado.

La Justicia encontró responsable a Manlio Martínez los delitos de encubrimiento, privación ilegítima de la libertad (como autor) y asociación ilícita (coautor), en el marco de genocidio, y lo condenó a 16 años de prisión.

Pese a la sentencia, el ex magistrado seguirá cumpliendo prisión domiciliaria, ya que sufre problemas cardíacos.

La Fiscalía había requerido una pena de 25 años en cárcel común, al considerar que estaba en condiciones de cumplir la condena en una penitenciaría, mientras que las querellas habían solicitado penas de entre 18 y 25 años.

El juicio, que se inició en marzo de este año, estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal de Tucumán, conformado por Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón.

Martínez es el primer ex magistrado que es condenado en el país por su actuación durante el terrorismo de Estado. El año pasado otro ex juez, Victor Brusa, había sido encontrado culpable de delitos de lesa humanidad en Santa Fe, pero era secretario al momento de los hechos.

lunes, 1 de junio de 2015

Pidieron 25 años de cárcel para un ex juez acusado de delitos de lesa humanidad

Un “pacto” para la impunidad

Está acusado como miembro de una asociación ilícita responsable de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia en cinco homicidios calificados y un secuestro.

Con los alegatos del Ministerio Público y de las querellas ingresó en su etapa final el juicio oral a Manlio Torcuato Martínez, ex juez federal de Tucumán durante la dictadura, acusado por su intervención en los homicidios de cinco militantes montoneros y por la privación ilegal de la libertad del dueño de la casa, donde los mataron en 1976. Los fiscales Diego Velasco, Pablo Camuña y Agustín Chit consideraron probado que Martínez no investigó y garantizó la impunidad de los autores de los asesinatos y pidieron que se lo condene a 25 años de prisión en una cárcel común. “Una herramienta tan noble como es el ejercicio de la magistratura puede convertirse en manos equivocadas en una herramienta de desasosiego, terror y desamparo para los justiciables”, remarcaron, según informó el sitio de la Procuración. Los abogados querellantes pidieron penas que van de 18 a 25 años de prisión y también reclamaron que se le revoque el arresto domiciliario. La sentencia está prevista para el 9 de junio.

El ex juez Martínez está acusado como miembro de una asociación ilícita responsable de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia en los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, ejecutados durante un allanamiento ilegal el 20 de mayo de 1976 en una casa ubicada en Azcuénaga 1816/1820, de San Miguel de Tucumán. También se lo juzga por el secuestro de Miguel Atilio Romano, dueño de la vivienda donde se consumó la matanza, quien seis días después se presentó espontáneamente en el juzgado. El magistrado lo indagó sin la presencia de un abogado defensor y luego lo puso a disposición de la policía provincial, que lo interrogó y lo confinó en centros clandestinos de detención. Romano, quien sufría una enfermedad mental severa, pasó más de un año con prisión preventiva acusado de asociación ilícita, hasta que el propio juez Martínez le dictó el sobreseimiento el 25 de agosto de 1977.

La acusación del Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal general Diego Velasco, del fiscal federal a cargo de la oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Pablo Camuña, y del fiscal ad hoc Agustín Chit. Los fiscales repasaron la historia del ex juez, que asumió a principios de 1975, al mismo tiempo que comenzaba el Operativo Independencia, el antecedente tucumano del terrorismo de Estado. “Todo aquello que vemos simplemente como una conducta posterior” a los crímenes de la calle Azcuénaga “es en realidad la muestra cabal del cumplimiento de la promesa sellada en un pacto anterior a la comisión de los hechos, en este caso el allanamiento ilegal de la morada y los homicidios de los ocupantes”, señaló Chit. “La piedra angular sobre la cual se fundó la membresía criminal fue también la manifestación de un acuerdo a fin de garantizar la impunidad desde el rol de juez, garantía que recogió sus frutos hasta el año 2011 cuando estos hechos fueron tratados y establecidos como lo que fueron: un despiadado homicidio. Martínez cumplió muy eficientemente su parte del acuerdo”, destacó el fiscal ad hoc.

Según se acreditó durante el juicio, en el que declararon más de sesenta testigos, personal policial uniformado y de civil atacó ese día la casa donde estaban reunidos los cinco militantes. Allí también estaba la hija de María Alejandra Niklison y Gerardo Romero, María Alejandra Romero Niklison, que entonces tenía un año y medio y que actualmente integra la querella. Cuatro de las cinco víctimas fueron ejecutadas dentro de la casa, en tanto Saavedra fue perseguido y asesinado en inmediaciones de la iglesia Monserrat.

Martínez se presentó en el lugar después de los homicidios, pero se retiró rápidamente y sólo pidió que se le remita el sumario sobre el caso. El fiscal Velasco señaló que el juez “ordenó como única medida la constatación del fallecimiento por parte de la misma repartición policial que había efectuado el procedimiento ilegal” y que no realizó ninguna medida para determinar “las circunstancias de los hechos”, como periciar las armas halladas junto a los cadáveres, tomarles declaración a testigos o realizar un reconocimiento del lugar.