miércoles, 10 de diciembre de 2014

Los condenados por la megacausa Jefatura Arsenal II : ¡¡son enviados a sus domicilios !!

La Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación, con el voto mayoritario de los jueces de cámara Eduardo R. Riggi y Liliana Catucci, y el voto en minoría con una disidencia parcial de la Dra. Ana María Figueroa resolvió que 34 de los 37 ex militares y policías condenados por masivos delitos de lesa humanidad en la  MEGACAUSA Arsenales II-Jefatura II, vuelvan a prisiones domiciliarias, cesando así la imposición de cárcel común resuelta por el TOFC de Tucumán.

Este proceso fue el más grande del NOA Argentino realizado hasta el momento. Allí se debatió la responsabilidad de 41 personas acusadas de múltiples homicidios calificados, privaciones ilegitimas de la libertad, torturas y abusos sexuales cometidos en  dos de los CCD más grandes de Tucumán. En uno de estos, “Arsenales” a partir del impulso dado por los familiares querellantes en la causa y las organizaciones de DDHH de Tucumán,  se encontraron las fosas donde fueron inhumados clandestinamente los desparecidos luego de ser torturados y ejecutados.

Consideramos que actuando con displicencia, Casación resolvió que los 37 acusados vuelvan a sus casas a gozar de privilegios que por ejemplo, la mayoría de los encausados y condenados por delitos comunes, no tienen. Por la decisión de la Sala III, los genocidas están otra vez en las calles, entre nosotros.

Estos miembros del aparato judicial no se detuvieron ni un segundo a pensar en la seguridad de los cientos de testigos que declararon en contra de los imputados,  tampoco en su integridad psicológica, al saber que sus captores, sus torturadores están nuevamente libres.

Algunos de los acusados de delitos de lesa humanidad fueron enviados a sus domicilios particulares, en prisiones domiciliarias que NINGUNA fuerza de seguridad controla, por lo que sabemos que se trata de una ilusión.

DENUNCIAMOS  LA IMPUNIDAD que GENERA UNA JUSTICIA OBSCURANTISTA.

Consideramos que el primer paso para la impunidad lo dio la mayoría del Tribunal Oral de Tucumán (conformada por los Jueces Gabriel Casas y Carlos E. Jiménez Montilla), quienes absolvieron a 4 imputados en la sentencia definitiva de la megacausa y le impusieron penas irrisorias a las cabezas del sistema represivo: los oficiales de inteligencia del Ejército. Los imputados Varela, Torres, Ojeda Fuentes, Ocaranza Moore, especializados en Inteligencia y por lo tanto, cabeza y corazón operativo de los delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán, fueron quienes recibieron las penas más bajas. Penas vergonzosas para personas encontradas responsables de la autoría mediata de decenas de homicidios calificados cometidos en el marco del Delito de Desaparición Forzada de Personas.
Este pacto de la justicia con la impunidad, lo viene a sellar la Cámara de Casación Penal, con lo resuelto en el día de ayer que además deja la resolución sobre la forma del cumplimiento de la pena, sujeta  que la sentencia quede firme. Nos preguntamos: ¿Cuántos años tendremos que esperar para que la sentencia quede firme? ¿Cuántos años tienen que pasar para que el Tribunal de Casación se digne a resolver los recursos pendientes, y luego haga lo propio la Corte Suprema?

LOS NÚMEROS DE LA MEGACAUSA Y LA BURLA DE LA VERGONZOSA CÁMARA DE CASACIÓN

40 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA - 13 MESES DE DEBATE ORAL Y PUBLICO
212 VÍCTIMAS - 41 IMPUTADOS - 400 TESTIGOS ORALES - 400 TESTIGOS INCORPORADOS POR LECTURA - 150 LEGAJOS DE CONADEP - 10.000 FOJAS
37 CONDENAS - 4 PRISIONES PERPETUAS.

¿QUIÉNES SERÁN LOS RESPONSABLES DE CUIDAR QUE LOS GENOCIDAS CUMPLAN CON LA PRISIÓN DOMICILIARIA HASTA QUE LA CONDENA QUEDE FIRME? ¿LA POLICÍA TUCUMANA?

¿LA CÁMARA DE CASACIÓN GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD DE LAS CIENTOS DE VICTIMAS Y FAMILIARES DE VICTIMAS O SERA CÓMPLICE DE UN POSIBLE NUEVO JULIO LOPEZ?

Hemos creído  en la justicia, porque la hemos buscado, convencidos que es el único camino posible dentro de una sociedad democrática y hemos contribuido a construir esa justicia. Hemos luchamos toda la vida para ver a los genocidas presos, y ahora pareciese que tendremos que luchar el resto de la vida para que permanezcan presos.

¿Porqué estos jueces creen que no hay peligro en dejar a estos genocidas en sus domicilios sin ningún tipo de control? Estamos hablando de personas que desde hace más de 30 años ocultan información sobre nuestros desaparecidos, saben qué les pasó, dónde están y NUNCA en todo este tiempo hicieron un acto de constricción y dijeron lo que saben.

Tuvimos que ver absoluciones de asesinos probos, tuvimos que soportar condenas irrisorias para los hacedores de los crímenes más horrorosos, atravesamos 13 meses de juicio, y el dolor de los relatos de cientos de familiares y víctimas, predispuestos a revivir el horror con la esperanza de que por una vez, haya justicia.

¿CUÁNTO TIEMPO MÁS CREE LA JUSTICIA QUE TENEMOS QUE ESPERAR PARA QUE HAYA JUSTICIA? ¿40 AÑOS NO SON SUFICIENTES?

Los derechos de los que gozamos en esta democracia por la que hemos luchado desde siempre, no debe implicar soluciones facilistas e injustas escudándose en que la estructura de la Justicia no puede garantizar cárceles acorde al estado de salud de los genocidas. Sostenemos que la Justicia se está lavando las manos y apuesta al punto final biológico para resolver la pesada carga de hacer su trabajo.

Firman:
H.I.J.O.S. Tucumán - Fundación Memorias e Identidad del Tucumán - ANDHES – FADETUC - APDH Tucumán - Asociación ex Presos Políticos de Tucumán –

viernes, 28 de noviembre de 2014

Celina "Queca" Kofman, declara en el juicio "Villa Urquiza"

Celina “Queca” Kofman, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, declaró este martes en Tucumán en la megacausa por delitos de lesa humanidad “Villa Urquiza”, en la que su hijo es una de las víctimas, y aseguró que “sabemos que estuvo aquí porque nos envió fotos y cartas”.

Con su pañuelo blanco en la cabeza y con una enorme foto de su hijo, Jorge Kofman, sobre el pecho, “Queca” Kofman, de 91 años, contó las circunstancias de la desaparición del estudiante de Filosofía y miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de 23 años.

Jorge Kofman estudiaba en Córdoba, pero por su militancia se encontraba en Tucumán cuando fue secuestrado y según su madre “Sabemos que estuvo aquí porque nos envió fotos y cartas”.

Como prueba, exhibió una foto de su hijo en la Casa Histórica en la capital tucumana, fechada de puño y letra por la víctima, en mayo de 1975.
Después contó que la siguiente noticia que tuvo de su hijo fue que lo habían detenido ya que en agosto de 1975 “nos avisó un compañero de militancia, (Enrique) Gorriarán Merlo”.

La familia residía en Santa Fe y apenas supieron sobre lo ocurrido, viajaron a Tucumán para tratar de encontrarlo. En la provincia contactaron al abogado radical Ángel Gerardo Pisarello, quien “presentó un habeas corpus, con resultado negativo”, relató. “Por él supimos que había estado herido y que lo había cuidado una familia cerca de Famaillá”, aclaró.

Según el relato de testigos, Jorge Kofman pasó por el centro clandestino de detención “La Escuelita” de Famaillá, donde lo habrían visto en muy mal estado de salud por las torturas, y por las cárceles de Concepción y Villa Urquiza.

Queca Kofman fue contundente al describir que en esa época “Tucumán era una ciudad sitiada y Pisarello nos recomendó que no anduviéramos solos por la calle y que no habláramos en los taxis; creímos estar en el infierno mismo”.

“No sólo nos arrebataron a nuestros hijos y los mataron en campos de concentración sino que también quisieron borrarlos, no nos dieron ni el consuelo de un duelo porque se creyeron dioses, dueños de la vida y la muerte” finalizó..

Julia Vitar, querellante de la familia Kofman, destacó el valor del testimonio brindado. “Celina logró que haya un juicio con todas las garantías de la ley por el secuestro y la desaparición de su hijo, es un ejemplo auténtico de militancia y compromiso de una madre que se formó a la luz de la lucha”, afirmó la letrada.

“Por otro lado, las investigaciones que realizó durante los años 75 y 76, aportaron información concreta en relación al destino de su hijo”, manifestó la abogada. La megacausa “Villa Urquiza” determinará las responsabilidades de 10 ex guardiacáceles, ex policías y ex militares.

Vitar también hizo referencia al Habeas Corpus colectivo que se presentó ante el tribunal, por la decisión de la Justicia de liberar a 15 condenados en la megacausa “Jefatura II- Arsenales II” y darle prisión domiciliaria al resto.

El Habeas Corpus está firmado por Organizaciones de Derechos Humanos de Tucumán, con adhesiones de organizaciones del NOA.

domingo, 16 de noviembre de 2014

Piden que los ocho condenados que estarían libres y los 24 con domiciliaria vuelvan a la cárcel

La Fiscalía requirió al Tribunal Oral Federal (TOF) que revoque las excarcelaciones y las prisiones preventivas en sus casas de una treintena de condenados de la megacausa. Advirtió sobre el riesgo de que los penados se fuguen o de que pretendan intimidar a los testigos y víctimas. Organismos de derechos humanos se congregarán el martes en el Tribunal.

FUNDAMENTOS. En marzo, los condenados recibieron la sentencia completa. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO (ARCHIVO)

A casi un año del fallo de la histórica megacausa “Arsenales II-Jefatura II”, ocho de los represores condenados por delitos de lesa humanidad se encontrarían en libertad y otros 24 cumplirían prisión domiciliaria, de acuerdo con los registros del Ministerio Público Fiscal (MPF), que aclaró que el Tribunal Oral Federal (TOF) aún no le informó el listado oficial.

La resolución de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -a instancias de una presentación del defensor Ciro Lo Pinto- devolvió a principios de mes a los acusados a la situación procesal que tenían antes del comienzo del megajuicio. Incluía también a Roberto “El Tuerto” Albornoz y a Jorge Lazarte (tenían domiciliaria), pero el TOF ordenó su vuelta al penal para garantizar la continuidad del debate de la megacausa “Villa Urquiza”, en la que están imputados.

El MPF efectuó el viernes un planteo en el Tribunal Oral Federal (TOF) para requerir que se revoquen las excarcelaciones y las prisiones preventivas domiciliarias de la treintena de ex policías, ex gendarmes y ex militares. Entre los crímenes por los que se encontraban presos se encuentran desde secuestros y torturas hasta abusos sexuales y homicidios contra 215 víctimas.

Leopoldo Peralta Palma (fiscal subrogante ante el TOF), Pablo Camuña (fiscal ad hoc a cargo de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad) y Patricio Rovira (fiscal ad hoc) pidieron que los condenados vuelvan a las cárceles en las que se encontraban alojados.

Riesgos

“Existe una fundada presunción de que, en caso de permanecer en libertad o en modalidades morigeradas de cumplimientos de prisión preventiva, los imputados intentarán eludir el accionar de la Justicia y/o realizarán nuevas acciones tendientes a desbaratar u obstaculizar el avance del presente proceso y de otros. Tal escenario requiere la adopción de nuevas medidas que garanticen los fines del proceso”, consignaron los fiscales en el documento.

Entre los riesgos enumerados en la presentación se encuentra el de que se produzcan fugas. Mencionaron antecedentes como los de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, quienes se escaparon en un traslado tras ser condenados en Buenos Aires, y el del escribano Juan Carlos Benedicto en Tucumán (fue absuelto por el beneficio de la duda en la megacausa). Para los acusadores, estos episodios dan cuenta de la vigencia de un “aparato clandestino” con poder para entorpecer el avance de las investigaciones. Recordaron que Benedicto, por ejemplo, pudo evadir la Justicia durante seis meses y que, inclusive, estuvo radicado en el exterior.

En cuanto al peligro de las pesquisas en marcha, precisaron que se trata de expedientes como “Jefatura 3” y “Arsenales 3”, cuyas víctimas involucraron a algunos de los ex miembros de fuerzas en cuestión. Por otro lado, los condenados Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis De Cándido, Ramón Jodar y Lazarte están procesados en la megacausa “Operativo Independencia”. Añadieron que ya solicitaron también que se indague a otros 13 penados.

“Se sigue avanzando en la identificación de desaparecidos a partir de las tareas en el Arsenal y en el Pozo de Vargas y que los condenados podrían tener interés en obstaculizar”, opinaron. Las fosas halladas en el Arsenal fueron prueba clave para la megacausa, porque los peritos rescataron de ellas restos de detenidos desaparecidos.

Los fiscales advirtieron, por último, la situación de vulnerabilidad de los 358 testigos del juicio, la mayoría, víctimas. Muchos de ellos mencionaron a varios de sus captores o los reconocieron mediante fotografías. En este punto habían hecho hincapié también los organismos de Derechos Humanos en un comunicado que repudió la decisión de Casación. Habían denunciado que ninguna fuerza controla el cumplimiento de las domiciliarias. El martes, a las 9, se congregarán en la puerta del TOF (Crisóstomo y Chacabuco) para manifestarse.

El juicio se desarrolló durante 13 meses y fue el de mayor magnitud por delitos de lesa humanidad. Los magistrados Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga condenaron en diciembre de 2013 a 37 de los 41 imputados (el resto fue absuelto por el beneficio de la duda). Consideraron a los acusados como responsables de lo sucedido en los centros de detención y exterminio más grandes de la provincia: la Jefatura y el Arsenal. Según el fallo, formaron parte de un aceitado sistema represivo -basado en centros clandestinos y en tareas de inteligencia- que se esforzó para ocultar lo ocurrido.

Los sobrevivientes no dudaron en caracterizar a los centros como “el infierno”. Los jueces, en tanto, los compararon con campos de concentración nazis.

La situación que tendrían los condenados

EN LIBERTAD: Ramón Ojeda Fuente (condena de 20 años)
EN LIBERTAD: Ernesto Rivero (condena de 18 años)
EN LIBERTAD: Alberto Montes de Oca (condena de 18 años)
EN LIBERTAD: José Sowinski (condena de 17 años)
EN LIBERTAD: Fernando Torres (condena de 16 años)
EN LIBERTAD: Hugo Soto (condena de 15 años)
EN LIBERTAD: Pedro Caballero (condena de 15 años)
EN LIBERTAD: Miguel Chuchuy Linares (condena de 14 años)
DOMICILIARIA: Luis Varela (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Luis De Cándido (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Orcar Sánchez (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Adolfo Moore (condena de 20 años)
DOMICILIARIA: Marcelo Godoy (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Benito Palomo (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Tomás Güemes (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Ramón Cooke (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Camilo Colotti (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Ángel Moreno (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Juan Abraham (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Rolando Reyes Quintana (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Hugo Figueroa (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Oscar Gómez (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Félix Insaurralde (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Antonio Vercellone (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Augusto Neme (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Guillermo Ugarte (condena de 15 años)
DOMICILIARIA: Mario D’Ursi (condena de 12 años)
DOMICILIARIA: Luis Ocaranza (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: María Luisa Acosta de Barraza (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: Pedro Joaquín Pasteris (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: Ramón Jodar (condena de 4 años)
DOMICILIARIA: María Elena Guerra (condena de 2 años)

martes, 12 de agosto de 2014

Nomina de detenidas politicas embarazadas que estuvieron secuestras en centros clandestinos

En nuestra provincia, hay una veintena de mujeres embarazadas que estuvieron secuestradas en centros clandestinos, y que continúan desaparecidas, tal como los bebés que pudieron haber nacido en ese tiempo. Entre 1975 y 1979 fueron detenidas y desaparecidas: Olga Cristina González (cuatro a seis meses), Amalia Moavro (tres meses y medio), Rosa López (cinco meses), Nilda Zelarayán (seis meses), Nora Abdala (ocho meses), Alicia Pérez (tres meses), Lucrecia Lescano (cuatro a cinco meses), Alicia Cerrota (dos meses), Mónica García (dos meses) y María Angélica Cisterna (seis meses).











martes, 15 de julio de 2014

Jorge Alberto D'Amico será juzgado por el secuestro del conscripto Germán Cantos López

Nuevo juicio en Tucumán

El represor fue uno de los jefes del Batallón 141 y se encargó de la Inteligencia del Departamento de Informaciones Policiales (D-2). Luego fue carapintada y funcionario del juarismo. Ya fue condenado por crímenes de lesa humanidad.

Por delitos de lesa humanidad cometidos contra más de siete decenas de personas durante la última dictadura cívico-militar en su provincia, Santiago del Estero, el represor Jorge Alberto D’Amico purga condenas de veinte y cuatro años de encierro. Probablemente no sean las únicas: la semana próxima el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán comenzará a juzgarlo por el secuestro, las torturas y el homicidio del conscripto Germán Cantos López, que tuvieron lugar durante aquellos años. Se prevé que, a partir del 25 de julio, cerca de 20 testigos cuenten a los jueces Juan Carlos Reynaga, Hugo Norberto Cataldi y Marcelo Juárez Almaraz lo que saben acerca de Cantos López, el soldado integrante de una familia diezmada por el terrorismo de Estado.

Germán fue secuestrado en septiembre de 1976 y fue el primer miembro de la familia en desaparecer. El sorteo lo había dejado afuera del servicio militar, pero las fuerzas militares de su provincia lo citaron igual. Recibió la carta en Buenos Aires, donde estudiaba Psicología. En agosto se presentó en lo que fue el Batallón 141. Su primera salida iba a ser el 3 de septiembre, pero no lo logró: fue retenido por orden de sus superiores sin explicársele los motivos.

Su familia, en Santiago del Estero, lo buscó incansablemente, pero sin éxito. Recibió de él cartas hasta fines de 1977. En ellas, Germán les informó escueto de detalles que estaba en Tucumán y les pidió que no lo buscaran. Durante el último juicio que en esa provincia ventiló los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como Jefatura y Arsenal, varios testigos aseguraron haberlo visto en este último.

Allí también habrían estado detenidos de manera clandestina los primos de Germán, Anabel Cantos Sanabria y Luis Cantos Carrascosa. Ella fue secuestrada en noviembre de 1976, mientras paseaba a su hijo por las calles de Santiago del Estero. A su esposo, el militante del PRT-ERP Hugo Miguel Caldera, lo había asesinado el Ejército en el operativo Independencia, en febrero de 1975. En abril de 1977, las fuerzas fueron a buscar a Luis Cantos al departamento que compartía con amigos en la ciudad de Buenos Aires.

Como sus primos, Germán permanece desaparecido. El juez federal de Tucumán Daniel Bejas clausuró la instrucción sobre su destino con una triple acusación contra D’Amico, a quien le endilgó los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y homicidio calificado triplemente agravado, de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Justicia Federal de Tucumán.

D’Amico purga en la actualidad una condena de 20 años de encierro y otra por otros cuatro más, en base a la responsabilidad que la Justicia le otorgó en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra unas setenta personas. Fue autoridad del Batallón 141 desde fines de 1975 y un año después se encargó de la Inteligencia de la institución, área que también supervisaba en el Departamento de Informaciones Policiales (D-2). Siempre fue cercano a Muza Azar, junto con quien fue condenado en los dos últimos juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados en la provincia. Se convirtió en carapintada con el advenimiento de la democracia. Fue detenido, pero las leyes de impunidad le devolvieron la libertad con la que logró ser secretario de Seguridad del gobierno de los Juárez.

miércoles, 4 de junio de 2014

Santa Lucía : Investigarán un sótano hallado en un centro clandestino



Víctimas y lugareños habían señalado que había una estructura subterránea donde se habrían alojado a detenidos ilegales en los ‘70.
 
Por Gaby Baigorri
Una construcción rectangular inmersa en la oscuridad. Paredes de ladrillo a la vista, cortadas con arcadas prolijas. Escaleras, también de ladrillo, cuyo destino está sellado con cemento. Tachos volcados y desperdicios por doquier. Ese es el aspecto del sótano del ex Ingenio Santa Lucía, en la comuna homónima del departamento Monteros, cuya existencia constataron miembros de la Unidad Fiscal que se encarga de las causas por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en Tucumán, encabezada por el fiscal Pablo Camuña.

En esa fábrica funcionó “La Base”, uno de los primeros centros clandestinos de detención del país durante el Operativo Independencia (desde 1975). Decenas de vecinos y de testigos que declararon durante la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” habían dado cuenta de la existencia de una dependencia subterránea e inclusive, de túneles. Esto último fue descartado.

Análisis y pericias

La inspección, , se originó tras la denuncia de una vecina que trabaja en un comedor comunitario que funciona sobre el sótano. En la medida, que fue conducida por el fiscal Patricio Rovira, participó un perito del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Se detalló que el Laboratorio Químico de la Policía Federal realizará un peritaje. Se espera que, mediante un análisis, se determine la posible presencia de fluidos humanos y, de encontrarse ese tipo de rastros, la consecuente extracción de muestras de ADN para su eventual identificación.

Como los ingresos originales estaban sellados, los funcionarios judiciales tuvieron que ingresar por una abertura que se generó como consecuencia de la erosión del suelo. “El espacio cuenta con cuatro especies de galerías divididas por tres hileras de columnas. El techo presenta una estructura abovedada y en su punto más alto alcanza los 2,57 metros de altura”, describió la Fiscalía en el acta. También, añadió que se trata de un ambiente cerrado de 10 metros por 20 metros, sin ventanas. Mientras que, tal como muestran las fotos, hay una escalera clausurada. Detallaron que se encontraron indicios de que podría haber contado con una instalación eléctrica.

El fiscal Rovira dispuso que una consigna permanente de la Policía Federal custodie el ingreso.

El 27 de septiembre, el Tribunal Oral Federal (TOF) concretó una inspección en dos centros clandestinos del sur de la provincia que formaron parte del circuito represivo, Santa Lucía y Caspinchango. Sucedió en el marco de las audiencias del juicio por la megacausa (se condenó a 37 militares y policías retirados por crímenes contra 215 víctimas). La visita había sido seguida por víctimas y por una decena de lugareños que se había acercado para aportar datos. Si bien el predio del ex Ingenio fue modificado y achicado, todos habían podido reconocerlo como el lugar ocupado por militares y en donde se alojaron a detenidos ilegales.

Se había accedido en esa oportunidad al interior del ex ingenio y también se habían recorrido los alrededores. Frente a las instalaciones actuales hay una serie de casas viejas y galpones. Bajo una de las estructuras está ubicado el sótano descubierto. Vecinos afirmaron que, de acuerdo a versiones, en ese lugar también podría haberse mantenido a secuestrados. Ante estos dichos, se había ingresado hasta donde habría estado un acceso a la pieza subterránea.

El ingenio era el corazón de esa localidad, hasta que fue cerrado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía en los 60, al igual que otros establecimientos azucareros de la provincia. Luego, el edificio se convirtió, paradójicamente, en el centro, pero de la ocupación militar.

El fallo de la megacausa -dictado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga- dedicó un párrafo especial a la situación del poblado. “El pueblo estuvo tomado por el asentamiento militar desde febrero de 1975, un gran número de camiones, jeeps, camionetas, carpas y soldados con ametralladores tomaron las calles. Eran los militares quienes digitaban la vida del pueblo (…). La prueba testimonial reunida en el debate con relación al modo en que operó en la zona de Santa Lucía el aparato organizado de poder instalado en el país en la década del 70 evoca, sin lugar a dudas, una experiencia totalitaria”, sentenciaron los magistrados.

jueves, 29 de mayo de 2014

Seis condenas a prisión perpetua por el crimen del “Tordo” De Benedetti

Los jueces dieron por probado que el 21 de junio de 1978 Ariel Rolando Valdiviezo, Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri y Camilo Ángel Colotti estuvieron involucrados en el homicidio del militante del PRT, que había estado detenido durante cuatro años.

 Por: María Eugenia Ludueña, desde Tucumán.


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua a los seis acusados por el homicidio del militante Osvaldo Sigfrido “Tordo” De Benedetti. Los jueces dieron por probado que el 21 de junio de 1978 Ariel Rolando Valdiviezo, Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri y Camilo Ángel Colotti estuvieron involucrados en el homicidio del hombre que había estado detenido durante cuatro años.

Ema y Miguel, hermanos del “Tordo”, escucharon la sentencia desde la primera fila y aplaudieron, junto con la sala repleta, cada una de las condenas. Llegaron ayer desde Santa Fe, donde viven, para escuchar el fallo del tribunal integrado por Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Los compañeros de la militancia del “Tordo” en el ERP -algunos de ellos con la estrella roja en la solapa del saco- también viajaron desde Santiago del Estero, Córdoba -su ciudad natal- y Santa Fe para asistir a esta audiencia en la que estuvieron presentes familiares de detenidos y desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S.

A pocos metros de ellos, sólo uno de los imputados escuchaba su sentencia: Colotti estaba sentado a un lado de la sala -presidida por un crucifijo-, con la mirada imperturbable y el gesto concentrado en un cuaderno donde había tomado apuntes. Impávido escuchó su condena. Gorleri y Lucena la supieron a través de videoconferencia desde la Cámara Federal de Casación Penal. Chilo y Navarro, desde la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Valdiviezo, desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Un televisor reproducía las caras de los represores. También estuvo imputado Luciano Benjamín Menéndez, pero fue apartado del proceso por afrontar otros dos juicios orales en La Rioja y Córdoba.

El tribunal decidió revocar la prisión docimiliaria de quienes cumplen preventiva, y disponer el traslado de Lucena y Gorleri al hospital del Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza. Además dispuso que Navarro y Chilo sean trasladados para cumplir su condena en el complejo penitenciario Bower en Córdoba. Valdiviezo y Colotti cumplirán la preventiva en las unidades del Hospital Penitenciario de Ezeiza y de Villa Urquiza respectivamente.

“Las condenas a perpetua son una satisfacción. Es una gran alegría que se haga Justicia. A mi hermano mayor -un tipo alegre, brillante, carismático- lo mataron después de estar cuatro años preso. Eso es fruto del odio. Pero nosotros no queríamos venganza, queríamos Justicia”, dijo Ema, su hermana, a Infojus Noticias después de que el tribunal considerara culpables de autoría material y mediata a los seis acusados.

El “Tordo” era un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) que estaba detenido desde 1974, procesado por el delito de asociación Ilícita, a disposición del Poder Ejecutivo y del Juzgado Federal de Tucumán. En 1978, Benedetti fue asesinado. Los militares intentaron encubrir el crimen con la excusa de que EL Tordo había intentado fugarse.

Desde la querella, Bernardo Lobo Bugeau, evaluó que “las penas han avalado que el 20 de junio de 1978 De Benedetti fue sacado de la cárcel de Villa Urquiza y desde que salió hasta que lo mataron se articularon e intervinieron fuerzas y batallones de Inteligencia para cumplir esa orden. El proceso se hizo con todas las garantías y procedimientos del derecho, el tribunal ha evaluado la prueba acertadamente. Las penas aplicadas hablan de un hecho gravísimo. Nos parece muy importante que sean de cumplimiento efectivo”.

Esta tarde los dos hermanos del Tordo, sus compañeros del ERP y organismos de DDHH le rendirán homenaje en el cementerio local.

Los alegatos fueron la semana pasada. Los abogados que representan a los hijos de Benedetti y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo, pidieron prisión perpetua para los imputados. Ariel Valdiviezo y Camilo Colotti, ya fueron condenados en la megacausa Arsenales II-Jefatura II. Al primero lo acusaron de ser el autor material del presunto asesinato y al segundo, de haber transmitido la orden proveniente de autoridades militares de Córdoba.