domingo, 14 de agosto de 2016

Juicio Operativo Independencia: Desgarrador testimonio de quien fue violada a los 13 años por los militares en ccd y e.

D.L (su identidad se preserva por haber sido víctima de delitos sexuales) tenía 13 años .“Militares me preguntaban por uno de mis hermanos y decían que yo repartía panfletos. Me golpearon y caí. Me entraron en un calabozo con un arma en la cabeza. Me gatillaban y me preguntaban ‘¿Querés morirte hija de p...? ¿Dónde está?’. Cuatro personas me arrancaron la ropa, me violaron y me escupieron. 
Sentía las cucarachas caminar por mi cuerpo

Fue la noche más larga y cruel de mi vida. Me tenían agarrada por las manos mientras se aprovechaban de mí. Me salía sangre de la boca y la nariz”, relató llorando y temblando.
Ante el Tribunal aseguró que cuando la sacaron de esa habitación, vio a su madre arrodillada en el lugar pidiendo que la liberaran. “Le dijeron que si su hijo no aparecía, no nos vería más a los que quedábamos. Cuando me sacaron, ella me dijo que me olvidara de todo. ¿Cómo me iba a olvidar? Después de tanto dolor, impotencia, silencio y bronca, esta es mi verdad, señor juez. Pido que se haga justicia”, requirió sollozando en la sala del TOF.

Controversia.- El Tribunal rechazó ayer los planteos de la Fiscalía y de las querellas para que sea revisada la resolución que admite preguntas a los testigos víctima sobre su militancia política. La decisión se tomó por mayoría (por votos de Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas; Juan Carlos Reynaga votó en disidencia). “Los delitos de lesa humanidad no serían tales si no se prueba que la persecución habría sido por motivos políticos, resulta necesario que quede acreditado”, sostuvieron. Añadieron que las únicas preguntas que tiene derecho el testigo a no contestar son aquellas que puedan ser “incriminatorias”.

Planteos en la sala
A Casación.- El fiscal Pablo Camuña adelantó que recurrirán a Casación. El defensor Facundo Maggio cuestionó que no les permitan preguntar sobre militancia, cuando las querellas lo hacen. “No me van a amedrentar, al próximo testigo le preguntaré lo mismo”, renegó. El abogado oficial Adolfo Bertino opinó que los planteos eran extemporáneos. “El conocer a los testigos hace a la veracidad. No justificamos la teoría de los dos demonios”, consignó

jueves, 21 de julio de 2016

Nuevas identificaciones de desaparecidos en el Pozo de Vargas en Tucumán

Restos, nombres e historias que se recuperan

Se pudo identificar a Silvia y Jorge Rondoletto y su madre, María Cenador, familiares de Marta Rondoletto, dirigente de derechos humanos de la provincia. Dos semanas atrás, de la misma fosa común se recuperaron los restos de Luis Falú.

 Por Ramiro Rearte - Desde Tucumán

El Pozo de Vargas, esa fosa común que funcionó durante la dictadura cívico militar como lugar para arrojar detenidos-desaparecidos y que se encuentra a tan solo 6 kilómetros del microcentro tucumano, desde sus profundidades, sigue arrojando certezas de la sistematización del mal de parte de los genocidas en la provincia que supo gobernar el represor Antonio Domingo Bussi. Es que esta semana, gracias al trabajo de la Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (Camit) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se pudieron identificar los restos de Silvia y Jorge Rondoletto y de su madre, María Cenador, parte de la familia de Marta Rondoletto, reconocida periodista tucumana y militante de derechos humanos junto a su marido Isauro Arancibia. Pocos días antes se habían recuperado los restos de Luis Eduardo Falú, hermano del músico Juan Falú.

La familia Rondoletto fue secuestrada casi completa, a excepción de Marta y su marido. Fueron detenidos ilegalmente de la casa familiar durante la siesta del 2 de noviembre de 1976 en un operativo que incluyó cortes de calles y la ocupación de las casas de los vecinos.

“Meses antes habíamos sufrido un ingreso violento a nuestra casa”, dijo a Página/12 Marta. Su padre Pedro, en ese entonces de 56 años y la esposa de Jorge, Azucena Bermejo (23 años), quien estaba embarazada, siguen desaparecidos.

Todas las víctimas fueron incluidas dentro del universo procesal de la megacausa “Arsenales II-Jefatura II”, en la que fueron condenados 37 ex miembros de las fuerzas de seguridad por crímenes de lesa humanidad. Durante las audiencias, se conocieron testimonios de quienes vieron a la familia en los dos centros clandestinos de detención y exterminio. Se conocieron detalles de humanidad, como la contención que María brindaba en el Arsenal a las secuestradas jóvenes, y de horror, como el fusilamiento de Jorge y Pedro. Pero hasta ahora no se conocía el destino de ninguno de ellos.

“En Tucumán, comenzó todo antes, y por eso el hecho de las identificaciones que se están produciendo tiene con ver con ese contexto que gira alrededor del juicio del denominado Operativo Independencia”, dijo Marta, haciendo referencia al proceso judicial en abierto este año, donde se trata de determinar las responsabilidades de los represores que participaron en crímenes de lesa humanidad desde marzo de 1974 en la provincia.

Rondoletto terminó, “Las identificaciones son el elemento final que hemos iniciado los familiares para demostrar que estábamos ante crímenes masivos. Yo tenía 28 años cuando secuestraban mi familia. Nunca sabremos si el objetivo era de toda la familia o sólo algunos miembros. Creo que los secuestros tuvieron que ver con nuestra militancia en la Asociación de Prensa de Tucumán, ya que por entonces teníamos fuertes posiciones políticas denunciando todo lo que pasaba en el país”.

Luis “Lucho” Eduardo Falú, quien fue identificado hace dos semanas, fue secuestrado el 14 de septiembre de 1976, algo más de un mes después de que el muchacho, de 25 años y estudiante de historia, se reuniera con dos agentes del Servicio de Inteligencia, quienes lo amenazaron: “Hacé una lista con los nombres de esos zurditos amigos tuyos”, le dijeron, según contó después a un familiar. Como Falú se negó, lo secuestraron a 50 metros de su casa, al mediodía, cuando volvía de su trabajo en Gas del Estado. Ese hecho formó parte del juicio sobre la Jefatura de Policía y la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga. Cuando el guitarrista Juan Falú recibió la noticia afirmó que era muy movilizante y altamente reparador”. La noticia sacudió a su familia al punto que obligó a la internación de su madre, de 99 años, que murió unos días después.

También en el Pozo de Vargas fueron identificados los restos del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse y el ex vicegobernador de la provincia, Dardo Molina, entre otros.

lunes, 4 de julio de 2016

Juicio Operativo Indendencia: Víctima sobreviviente oyó nacimiento de un bebé en cautiverio

Un testigo que declaró ayer en el megajuicio "Operativo Independencia", que se realiza en Tucumán por delitos de lesa humanidad cometidos en 1975, aseguró que mientras estuvo detenido escuchó que "fusilaban a personas" y un día sintió los gritos de una mujer que pedía que le mostraran al bebé que había dado a luz en cautiverio.

Los magistrados escucharon los testimonios de Roberto Jorge y Juan Eduardo Liacoplo, dos hermanos que fueron secuestrados durante 1975. Ambos vivían en Lules, ciudad ubicada a 30 kilómetros al sur de la capital provincial, y al hablar ante el tribunal contaron que “nuestra pesadilla comenzó el 7 de febrero, cuando la Policía y miembros del Ejército Argentino irrumpen en nuestra casa familiar”.

Jorge Liacoplo contó que fue alojado en la Escuelita de Famaillá (primer Centro Clandestino de Detención identificado por la Conadep), donde "había sesiones de tortura todas las noches y se escuchaban gritos de dolor”.

Liacoplo aseguró que mientras estaba en ese lugar "fusilaron personas" y recordó que "un día sentí un nacimiento en cautiverio y luego los gritos de una mujer pidiendo que le mostraran al bebé".

Juan Liacoplo señaló que había participado en el Tucumanazo y que se presentó ante la citación porque no tenía nada que esconder y porque lo amenazaron con que iban a volver a buscarlo.

"Una vez en el Ingenio me vendaron los ojos y me ataron las manos y los pies", indicó y agregó que "sentí que había otras personas pero no pude ver quiénes eran".

"Luego nos subieron como bolsas a un camión y nos llevaron a otro lugar", indicó y señaló que tiempo se enteró que era la Escuelita de Famaillá. “Ahí empezaron los interrogatorios y cada vez que eso sucedía recibíamos golpizas y usaban picanas", expresó.

Los hermanos Liacoplo coincidieron al señalar que cuando les devolvieron la libertad, sus vecinos le tenían miedo y tuvieron que romper los lazos con la gente porque estaban mal visto y tuvieron que abandonar su pueblo natal para irse a vivir a otro lado

domingo, 19 de junio de 2016

Juicio Operativo Independencia:Rito Medina murió tras las torturas en “La Escuelita”

“Abuelo, soy Norma”. La niña se aproximó al hombre que -describió- estaba sentado en el piso, con los ojos vendados. “Un militar me dijo que no me acerque, le dije que era mi abuelo. Me respondió que era un delincuente. Le dije que no, que era mi abuelo”. Norma Medina relató ayer en la megacausa “Operativo Independencia” que cuando tenía 10 años fue detenida junto a su madre Elena Roldán de Medina y llevada al sitio en donde vio secuestrado su abuelo Rito Medina.

Tres miembros de la familia oriunda de Monte Bello (Famaillá) declararon sobre la detención y la trágica muerte del anciano tras pasar por la “La Escuelita” de Famaillá. Los Medina, que se dedicaban a la cosecha de limón y que tenían un pequeño almacén, fueron llevados a destacamentos y centros clandestinos de detención en varias oportunidades, según afirmaron en el Tribunal Oral Federal (TOF).

Norma detalló que pudo hablar con Rito dos veces. Explicó que como había sido la primera nieta, tenían una relación especial: “era todo para mi. Imaginen lo que he pasado cuando se lo han llevado. Fue muy triste. Quería llevármelo a la casa y no lo dejaban ir. Lo tenían como que era el peor terrorista (sic). Le decían que le daba de comer a los que ellos llamaban extremistas. Mis abuelos tenían pensionados, hacían comida para la gente que salía de trabajar”, lamentó.

Ella y su mamá habían sido sacadas todas las veces de su casa y cargadas en un camión. “Llegamos a unas oficinas. Al fondo la bajaron a mi mamá y le vendaron los ojos. La metieron en una pieza, donde había otras mujeres. Algunas lloraban. Yo quedé en el pasillo, era muy curiosa y comencé a caminar. Vi gente sentada y vendada y alcancé así a ver a mi abuelo Rito. La soltaron a mi mamá a la madrugada. La segunda vez que fuimos, mi mamá ya me había cortado el pelo y vestido de varón porque ahí eran todos hombres y tenía miedo de que me hagan algo”, expresó.

Elena narró que en todas las ocasiones las sacaron de la casa militares vestidos de verde que las apuntaban con armas. “Nos llevaron a la administración de la citrícola San Miguel. Había varios conocidos ahí”, dijo y mencionó a vecinos de la zona ( La Geceta)

domingo, 12 de junio de 2016

Los curas del Operativo Independencia



La lista de los capellanes que bendijeron la tortura en los centros clandestinos. Un capítulo de la participación de la Iglesia en el genocidio.


Maximiliano Olivera @maxiolivera77

 Capellán dirigiéndose a soldados durante el Operativo Independencia, en diciembre de 1975. Fotografía publicada en la revista Gente, editorial Atlántida

En el marco de la megacausa por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia (OI, entre febrero de 1975 y marzo de 1976) un testigo de concepto se refirió al rol de los capellanes en las prácticas de interrogatorios y torturas. La semana pasada, el investigador Ariel Lede relató aspectos de la investigación que fue plasmada en el libro Profeta del genocidio (en coautoría con Lucas Bilbao, Sudamericana, 2016) y ofreció una lista de los capellanes que participaron del OI.

Los nombres de Dios

El listado de los 43 capellanes fue rechazado por los abogados defensores de los genocidas para que sea incorporado como prueba. Aunque el fiscal Camuña no opuso resistencia, por pedido de Bernardo Lobo Bugeau dicho listado fue incorporado a la causa como elemento probatorio.

Precisamente, en esta megacausa (cerca de 1000 testigos, 271 víctimas) faltan numerosos responsables de los crímenes que se están juzgando. Empezando por Isabel Perón, quien firmó el decreto habilitando al Ejército para “aniquilar la subversión”, hasta los empresarios que fueron parte activa. La Iglesia, que aportó sus cuadros para la avanzada genocida, es también una de las grandes ausencias en el banquillo de los acusados. De acuerdo a las investigaciones, 400 capellanes se distribuyeron de acuerdo a la división operativa que el Ejército realizó del territorio argentino.

 Fuente: www.profetadelgenocidio.com

La relación entre la Iglesia y el Ejército se construyó durante décadas siguiendo la experiencia francesa en la “guerra sucia” contra Argelia y la “lucha contra el comunismo”, postulada por la Doctrina Nacional de Seguridad estadounidense. A través del vicariato castrense (creado en junio de 1957), sectores reaccionarios de la Iglesia Católica, como el integrismo, se ligaron a los cuadros del Ejército, y ocupándose de impartir cursos a los nuevos cadetes. Un ejemplo más que significativo es que en la Escuela Mecánica de la Armada, a cada proyección de La Batalla de Argelia –utilizada para instruir sobre los métodos de tortura– la precedía la alocución de un capellán.

Con el Operativo Independencia (OI), los capellanes cumplieron un importante rol en la construcción del relato de la “guerra contra la subversión”, con abiertas defensas en los medios de comunicación de las operaciones del Ejército. Pero también fueron una parte fundamental en los métodos de tortura utilizados en los centros clandestinos de detención (CCD).

De acuerdo a Lede y Bilbao, 43 sacerdotes participaron del OI (37 por el Ejército, 5 por la Gendarmería. Prestaron “apoyo logístico espiritual” al despliegue de las Fuerzas Armadas, convenciendo a las tropas de la justeza de la “guerra” y la necesidad de no guardar piedad ante los “enemigos de la civilización occidental y cristiana”. En términos legales, esto amerita ser “partícipe necesario” en los delitos de lesa humanidad.

La preocupación por la “moral” de las Fuerzas Armadas fue una constante para los capellanes y la jerarquía eclesiástica. En su diario, el obispo Victorio Bonamín apunta tras una cita con monseñor Adolfo Tortolo, para ese entonces vicario general castrense: “problemas de Tucumán, respecto a torturas y prisioneros (otro argumento: Si, según Sto. Tomás, es lícita la pena de muerte…, la tortura es menos que la muerte…). Nuestros Capellanes necesitan aunar criterios” (09/01/76). Más adelante escribirá, “Función de los capellanes: dar criterios sobrenaturales al accionar de los militares” (18/10/76).

A fines de 1975, con Bussi comandando el OI, Bonamín apunta “Con los Capellanes Castr. del 1° Cuerpo de Ej. que se turnaron y turnarán en Tucumán. Problemas de conciencia de n/Oficiales” (29/12/75). El 22 de abril de 1976 también dará cuenta de una “reunión con los sacerdotes presentes sobre Tucumán, torturas, etc.”. El obispo también se dará licencias para contar sobre una “gran jarana con los dulces tucumanos que me regaló el Gral. Bussi” en una cena (19/10/76). En una entrevista en 1989, Bonamín comentó como recorrió los campamentos con Bussi, quien le mostró un preso y lo instó a que lo interrogue (una anotación se encuentra en el día 09/10/76).

Según un informe estadístico de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, los sacerdotes católicos representan menos del 1% por de los 660 condenados entre 2006 y 2015, y de los 2220 imputados. Concretamente: 1 condenado a prisión perpetua, 1 absuelto, 6 imputados (2 murieron sin condena, 1 está prófugo y 3 en proceso) y 4 citados como testigos.

El caso del cura absuelto se dio en la megacausa de Jefatura II-Arsenales II en Tucumán. José “Pepe” Mijalchyck fue visto por sobrevivientes de aquellos CCD y sin embargo fue absuelto por falta de pruebas. Durante el proceso judicial, la Iglesia organizó una campaña de defensa que incluía caravanas de colectivos. El “padre Pepe” fue denunciado en 2005 ante la justicia federal, sin embargo un año después fue nombrado “Prelado de Honor de Su Santidad” por el papa Benedicto XVI.

A los números irrisorios de clérigos condenados se suma que el actual papa, Jorge Bergoglio, tiene denuncias por “encubrir a los ejecutores de la dictadura”, en el caso de apropiación ilegal y robo de identidad. Contra la intención deliberada por continuar encubrir la participación de la Iglesia en el genocidio, sobran las razones para continuar la lucha por la apertura de los archivos, por el juicio y castigo.

Una testigo explicó cómo se organizaron las fuerzas armadas para llevar adelante el Operativo Independencia

Verónica Almada Vidal fue la primera testigo en tomar la palabra el viernes pasado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán que lleva adelante el doceavo juicio por delitos de lesa humanidad que se celebra en la provincia, donde se juzga la responsabilidad de 19 ex miembros de las distintas fuerzas de seguridad en perjuicio de 271 víctimas.

PH Elena Nicolay

Verónica es Lic. en Ciencias Antropológicas y formó parte del equipo de trabajo que elaboró los informes del Operativo Independencia, a cargo del Ministerio de Defensa de la Nación, para el cual “se utilizaron archivos administrativos de las fuerzas armadas argentinas y relevaron miles de documentos”, según indicó la testigo.

De la investigación surge la “Quinta Brigada de Infantería” como la “responsable” de Tucumán, donde se  establecieron zonas específicas como la capital de la provincia y el Monte Suroeste para crear fuerzas de tareas: “un agrupamiento temporal de personal que se constituye cuando se necesitaban efectivos inferiores al nivel de oficial”, definió la especialista en archivo y Derechos Humanos.

Además “pudimos constatar las distintas directivas en el marco normativo que la fuerza ejército dispuso para llevar adelante las operaciones, órdenes de personal que organizaban los relevos y refuerzos para el Operativo Independencia”, agregó.

Verónica sostuvo que “durante 1975 se desarrolló el reglamento RC91, que recoge cuestiones que se venían planteando en muchos reglamentos utilizados a fines de los años 60 y principio de los 70 como operaciones contra fuerzas irregulares y la subversión urbana, además de brindar instrucciones para operaciones de seguridad”.

"También existían reglamentos específicos de inteligencia de combate y técnica plasmando un paradigma que se venía gestando desde la década del 60 que es la guerra no convencional contra la subversión o la guerrilla”.

La antropóloga dijo a través de los informes se pudo determinar “que hubo intercambio fluido con oficiales del ejército francés" y un ejemplo de ello es "el reglamento 91, que considera tomar en cuenta las experiencias de Argelia, Indochina y Vietnam, adaptando la doctrina de Francia al marco interno de Argentina”.

A lo largo de su declaración, recordó un dato que  llamó su atención “una vez encontré un documento donde un oficial del ejército declaraba que su tarea fue la de hacer desaparecer cuerpos de detenidos por ser de izquierda”. Éste detalle era puesto en consideración de sus jefes en su pedido de ascenso, claramente era considerado un mérito digno de merecer un premio.

Por último afirmó que se pudo constatar a través de los documentos encontrados  “reclamos de oficiales por afecciones psicológicas producto de haber participado en el 'Operativo Independencia' y realizar tareas de interrogatorios” y explicó que se encontraron archivos que demuestran que “muchos oficiales viajaron al sur de Tucumán para realizar curso de interrogadores con técnicas de inteligencia".

Al culminar la declaración de la testigo, el  imputado Jorge Omar Lazarte (quien fuese Teniente 1ero del Ejército Argentino, desempeñándose como Supervisor Militar del Departamento D2 de la Policía de Tucumán, entre noviembre de 1974 y diciembre de 1975) solicitó al TOF la palabra y señaló que la antropóloga “hizo una descripción muy generalizada de la organización de las fuerzas” y negó  “haber recibido algún tipo de bonificación durante su desempeño en el Operativo Independencia”.

Lazarte está  acusado en esta causa como autor material por delitos contra dos víctimas y, además de, como autor mediato de 133 casos de violación de domicilio, 207 casos de secuestros, 175 de aplicación de torturas y 88 de homicidios.

Durante la audiencia también prestó declaración Luis Guillermo Garay, actual presidente del Instituto Espacio para la Memoria de Santiago del Estero y Director del Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología de la UNSE; dedicó la primera parte de su testimonio a explicar cómo se articulaban las provincias de Santiago del Estero y Tucumán dentro del Operativo Independencia. En la megacausa hay víctimas santiagueñas.

El investigador explicó que en un principio Santiago del Estero pertenecía a la Zona 3 del cuerpo del Ejército que dependía de Córdoba, pero luego “por razones de proximidad pasan a trabajar con la Provincia de Tucumán”, especialmente con el Destacamento N°142.

También aseguró que las tareas de inteligencia “sobre disidentes políticos comenzaron en 1972, con el reflote de un área específica en la Policía” y advirtió  que en el 74  se llevaron a cabo  “las primeras acciones represivas donde participaban militares en los interrogatorios”.

Otro dato relevante que aportó el Director Luis Garay, fue sobre los numerosos testimonios y denuncias de personas que vieron cómo el ejército arrojaba cuerpos desde helicópteros en territorio santiagueño. Casualmente muchas de esas personas arrojadas al monte fueron denunciadas como desaparecidas en Tucumán.

El megajuicio Operativo Independencia continuará  en la sala de audiencia del TOF (Chacabuco y Crisóstomo) el próximo 9 de este mes a horas 9, con la declaración de nuevos testigos.-

Miguel Ángel Figueroa, estudiante de la UNT, fue identificado en el “Pozo de Vargas”

“Paco” fue secuestrado el 22 de junio de 1976, junto a Gloria Susana, su hermana y también identificada en la inhumación clandestina.

La familia de Miguel Ángel Figueroa informó, en la Capital de Santiago del Estero, la reciente identificación del estudiante de la UNT recuperado en el “Pozo de Vargas”. En el 2014 había sido identificada Gloria Susana, su hermana. 

Raúl Figueroa informó la reciente identificación de su hermano Miguel Ángel. “Paco” fue secuestrado el 22 de junio de 1976, junto a Gloria Susana, su hermana y también identificada en la inhumación clandestina “Pozo de Vargas”, localizada en la Finca de Vargas (Tafí Viejo, Tucumán). 

Miguel Ángel Figueroa estudiaba la Carrera de Contador Público Nacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán; su hermana, Gloria Susana, la Carrera de Abogacía, también de dicha casa de altos estudios. Ambos fueron secuestrados en el lugar que residían en la Capital tucumana. 

A partir del trabajo del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), responsables de la intervención forense en el “Pozo de Vargas”, y el trabajo conjunto con la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desparecidas (ILID) - Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), hasta el presente fueron identificadas 61 personas en esta inhumación clandestina.

Cabe destacar que del total de identificados, 8 son oriundos de la vecina provincia de Santiago del Estero: además de los hermanos Figueroa (Miguel Ángel y Gloria Susana), Santiago Omar Vicente y Julio Oscar Zurita (también estudiantes de la UNT: Carreras de Agronomía y Arquitectura, respectivamente), Marta Azucena Castillo (docente y socióloga), Luis Alejandro Lescano (abogado), Héctor Rubén Carabajal (trabajaba en la Cámara de Diputados de Santiago del Estero) y Antonio Emilio Ibarra (trabajador de Vialidad).

Los trabajos del CAMIT continúan actualmente en el “Pozo de Vargas”, como así también la etapa de la pericia en la que interviene el ILID - EAAF, por lo que se estima que habrá nuevas identificaciones durante el año 2016.