sábado, 23 de enero de 2016

Identificaron los restos de Juan Manuel Olivera en el Pozo de Vargas

Fue una de las víctimas que pasó por la Jefatura de Policía de Tucumán

Había sido secuestrado el 18 de octubre de 1976, cuando salió a hacer un trámite para la empresa Xerox, en la que trabajaba. Desde entonces, lo buscaba su esposa, Mabel Montero, referente de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, de Tucumán. El reconocimiento estuvo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Cuando el lunes pasado sonó su teléfono celular, Mabel Montero iba en un auto rumbo al Pozo de Vargas. Aunque no lo supiera, estaba yendo a encontrarse con su esposo: del otro lado de la línea le avisaban que el cuerpo de Juan Manuel Olivera, secuestrado el 18 de octubre de 1976, cuarenta años antes, había sido identificado entre las pilas de huesos sin nombre que fueron exhumados en ese centro clandestino de detención de Tucumán.“Cuando sonó el teléfono, pensé que me pedirían que contenga o acompañe a algún familiar. No imaginé que esta vuelta Dios se había acordado de mí”, contó Mabel, una de las referentes de la organización Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora de Tucumán, al diario local La Gaceta.

Juan Manuel Olivera era un hombre ocupado. Tenía dos hijos con Mabel, estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán y tenía dos empleos, uno estatal y el otro en la empresa Xerox, fundada hace más de setenta años cuando el norteamericano Chester Carlson inventó la xerografía, que no es otra cosa que la duplicación de la información en papel. Mabel siempre sospechó de la empresa. “Siempre le echo la culpa a la empresa. Porque se lo llevaron cuando salió a hacer un depósito. Nunca supieron contestarme si hizo o no el trámite. Como era muchísimo dinero, quisieron decir que sus compañeros se lo llevaron o que él se fue con la plata. Ahora está la prueba de que no fue así”, dijo la dirigente.
Antes de la confirmación definitiva de su asesinato, Mabel tuvo que esperar treinta y seis años para tener una noticia de su marido. Se había desvanecido después de salir de la empresa para hacer un encargo. Hasta el año 2010, cuando llegó a la etapa oral el primer juicio por la represión ilegal en la provincia y se sentó a declarar frente a los jueces Juan Carlos “el Perro” Clemente, un antiguo militante de la Juventud Peronista que había trabajado para la policía.

Frente al tribunal, Clemente relató que después de un recorrido por centros de detención como Nueva Baviera o la propia Jefatura, en los que fue golpeado y torturado, fueron aflojando su régimen de detención y le permitieron salir a lavar los autos de la playa de estacionamiento. Empezó a intercambiar información –la ubicación de dos barriles enterrados que tenían armas, por ejemplo– para mejorar la detención de su compañera. En un momento, el coronel González Naya le dijo que lo iban a dejar dormir en su casa. Lo contrataron para hacer esquemas y organigramas. Después, contó que un asesor de apellido Ocaranza estaba encargado de desmantelar la oficina de Confidenciales donde había información de la represión ilegal.

Clemente declaró que se llevó parte de esa documentación cuando supo que sería sacada, pensando en que algún día iba a ser de utilidad. Parte de esos papeles los presentó en ese expediente, y a Mabel le cambiaría la vida. Era una lista de víctimas que habían pasado por la Jefatura de Policía, donde se había torturado salvajemente a los detenidos políticos. En el renglón 173 estaba escrito Juan Manuel Olivera junto a las dos letras “DF”, que significaban el horror: destino final o disposición final.

El Pozo de Vargas es una fosa común de 40 metros de profundidad y tres de diámetro a sesenta cuadras de la Casita de Tucumán, en un predio de la familia Vargas sobre Francisco de Aguirre al 4.500, donde la justicia federal ya ha identificado a 48 desaparecidos. Todos los lunes se extraen restos del Pozo, que luego –cuando se logra– son cotejados con las muestras de sangre de familiares de desaparecidos por el reputado Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Mabel, que remarcó la necesidad de que sigan los juicios por delitos de lesa humanidad que se reanudaron hace más de una década, tiene un peso menos sobre la espalda.“Juan Manuel Olivera dejó de ser un desaparecido para ser una prueba fehaciente del horror”.

viernes, 6 de noviembre de 2015

Tucumán: cuatro nuevas identificaciones en el Pozo de Vargas

A partir de los resultados del trabajo del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) se realizó la identificación de cuatro desaparecidos secuestrados en el año 1976 cuyos restos fueron hallados en las excavaciones realizadas en el Pozo de Vargas.
Tucumán: cuatro nuevas identificaciones en el Pozo de Vargas

Moisés Antonio Ferreyra, trabajador del Ingenio San Pablo con 19 años fue secuestrado el 26 de mayo de 1976, Francisco Diaz, de 36 años, fue secuestrado en febrero de 1976 en el transcurso del Operativo Independencia meses antes de iniciado el golpe; Luis Magin Herrera un carpintero de 41 años fue secuestrado en abril de 1976 y Héctor Raul Vazquez, de 57 años, fue secuestrado en diciembre de 1976.

Todos ellos tenían en común que fueron víctimas del terrorismo de estado y se encontraban en condición de detenidos-desaparecidos hasta que hoy se dio a conocer que fueron identificados sus restos en la fosa de inhumación clandestina conocida como “Pozo de Vargas”.

El día de ayer el Juzgado Federal N°2 de Tucumán dio a conocer las nueva identificaciones de los desaparecidos cuyos restos fueron hallados a partir de los trabajos de excavación que hace más de una década se llevan a cabo en el “Pozo de Vargas”. Los trabajos en dicho predio se iniciaron en el año 2000 a partir de la denuncia que en un antiguo pozo de agua del ferrocarril se encontraría una fosa con los restos de detenidos desaparecidos secuestrados durante el Operativo Independencia y la última dictadura militar, bajo el mando del genocida Bussi.

A partir de ahí se iniciaron las excavaciones y tras años de trabajo se profundizo más de 28 metros de profundidad. Las identificaciones ya arrojaron un numero de 48 víctimas que sus restos fueron hallados en dicho Pozo, entre los que se encuentran trabajadores de distintos Ingenios de la provincia- Ingenio San Juan, Santa Rosa, Concepción y Esperanza-, estudiantes de la UNT, amas de casa y trabajadores ferroviarios, entre otros.

A pesar de llevar más de una década de investigaciones y decena de identificaciones aun no ha sido enjuiciado un solo genocida por los hechos acontecidos en dicho predio. Mientras los archivos de la dictadura sigan sin ser puestos a disposición de la población cientos de desaparecidos en la provincia permanecerán sin ser hallados ni identificados para ser restituidos a sus familias.

Moisés Antonio Ferreyra, trabajador del Ingenio San Pablo con 19 años fue secuestrado el 26 de mayo de 1976, Francisco Diaz, de 36 años, fue secuestrado en febrero de 1976 en el transcurso del Operativo Independencia meses antes de iniciado el golpe; Luis Magin Herrera un carpintero de 41 años fue secuestrado en abril de 1976 y Héctor Raul Vazquez, de 57 años, fue secuestrado en diciembre de 1976.
Todos ellos tenían en común que fueron víctimas del terrorismo de estado y se encontraban en condición de detenidos-desaparecidos hasta que hoy se dio a conocer que fueron identificados sus restos en la fosa de inhumación clandestina conocida como “Pozo de Vargas”.
El día de ayer el Juzgado Federal N°2 de Tucumán dio a conocer las nueva identificaciones de los desaparecidos cuyos restos fueron hallados a partir de los trabajos de excavación que hace más de una década se llevan a cabo en el “Pozo de Vargas”. Los trabajos en dicho predio se iniciaron en el año 2000 a partir de la denuncia que en un antiguo pozo de agua del ferrocarril se encontraría una fosa con los restos de detenidos desaparecidos secuestrados durante el Operativo Independencia y la última dictadura militar, bajo el mando del genocida Bussi.
A partir de ahí se iniciaron las excavaciones y tras años de trabajo se profundizo más de 28 metros de profundidad. Las identificaciones ya arrojaron un numero de 48 víctimas que sus restos fueron hallados en dicho Pozo, entre los que se encuentran trabajadores de distintos Ingenios de la provincia- Ingenio San Juan, Santa Rosa, Concepción y Esperanza-, estudiantes de la UNT, amas de casa y trabajadores ferroviarios, entre otros.
A pesar de llevar más de una década de investigaciones y decena de identificaciones aun no ha sido enjuiciado un solo genocida por los hechos acontecidos en dicho predio. Mientras los archivos de la dictadura sigan sin ser puestos a disposición de la población cientos de desaparecidos en la provincia permanecerán sin ser hallados ni identificados para ser restituidos a sus familias.
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Tucumán: cuatro nuevas identificaciones en el Pozo de Vargas

CeProDH Tucumán
A partir de los resultados del trabajo del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) se realizó la identificación de cuatro desaparecidos secuestrados en el año 1976 cuyos restos fueron hallados en las excavaciones realizadas en el Pozo de Vargas.


Tucumán: cuatro nuevas identificaciones en el Pozo de Vargas

Moisés Antonio Ferreyra, trabajador del Ingenio San Pablo con 19 años fue secuestrado el 26 de mayo de 1976, Francisco Diaz, de 36 años, fue secuestrado en febrero de 1976 en el transcurso del Operativo Independencia meses antes de iniciado el golpe; Luis Magin Herrera un carpintero de 41 años fue secuestrado en abril de 1976 y Héctor Raul Vazquez, de 57 años, fue secuestrado en diciembre de 1976.
Todos ellos tenían en común que fueron víctimas del terrorismo de estado y se encontraban en condición de detenidos-desaparecidos hasta que hoy se dio a conocer que fueron identificados sus restos en la fosa de inhumación clandestina conocida como “Pozo de Vargas”.
El día de ayer el Juzgado Federal N°2 de Tucumán dio a conocer las nueva identificaciones de los desaparecidos cuyos restos fueron hallados a partir de los trabajos de excavación que hace más de una década se llevan a cabo en el “Pozo de Vargas”. Los trabajos en dicho predio se iniciaron en el año 2000 a partir de la denuncia que en un antiguo pozo de agua del ferrocarril se encontraría una fosa con los restos de detenidos desaparecidos secuestrados durante el Operativo Independencia y la última dictadura militar, bajo el mando del genocida Bussi.
A partir de ahí se iniciaron las excavaciones y tras años de trabajo se profundizo más de 28 metros de profundidad. Las identificaciones ya arrojaron un numero de 48 víctimas que sus restos fueron hallados en dicho Pozo, entre los que se encuentran trabajadores de distintos Ingenios de la provincia- Ingenio San Juan, Santa Rosa, Concepción y Esperanza-, estudiantes de la UNT, amas de casa y trabajadores ferroviarios, entre otros.
A pesar de llevar más de una década de investigaciones y decena de identificaciones aun no ha sido enjuiciado un solo genocida por los hechos acontecidos en dicho predio. Mientras los archivos de la dictadura sigan sin ser puestos a disposición de la población cientos de desaparecidos en la provincia permanecerán sin ser hallados ni identificados para ser restituidos a sus familias.
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domingo, 14 de junio de 2015

Condenado ex juez Manlio Martínez por delitos de lesa humanidad, pero no irá a la cárcel !!!!

Condenaron al ex juez tucumano Manlio Martínez por complicidad con la dictadura

Recibió una pena de 16 años de prisión, aunque no será recluido en una cárcel común por problemas de salud. Se trata del primer ex magistrado del país en ser condenado a causa de su actuación durante el terrorismo de Estado.

La Justicia encontró responsable a Manlio Martínez los delitos de encubrimiento, privación ilegítima de la libertad (como autor) y asociación ilícita (coautor), en el marco de genocidio, y lo condenó a 16 años de prisión.

Pese a la sentencia, el ex magistrado seguirá cumpliendo prisión domiciliaria, ya que sufre problemas cardíacos.

La Fiscalía había requerido una pena de 25 años en cárcel común, al considerar que estaba en condiciones de cumplir la condena en una penitenciaría, mientras que las querellas habían solicitado penas de entre 18 y 25 años.

El juicio, que se inició en marzo de este año, estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal de Tucumán, conformado por Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón.

Martínez es el primer ex magistrado que es condenado en el país por su actuación durante el terrorismo de Estado. El año pasado otro ex juez, Victor Brusa, había sido encontrado culpable de delitos de lesa humanidad en Santa Fe, pero era secretario al momento de los hechos.

lunes, 1 de junio de 2015

Pidieron 25 años de cárcel para un ex juez acusado de delitos de lesa humanidad

Un “pacto” para la impunidad

Está acusado como miembro de una asociación ilícita responsable de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia en cinco homicidios calificados y un secuestro.

Con los alegatos del Ministerio Público y de las querellas ingresó en su etapa final el juicio oral a Manlio Torcuato Martínez, ex juez federal de Tucumán durante la dictadura, acusado por su intervención en los homicidios de cinco militantes montoneros y por la privación ilegal de la libertad del dueño de la casa, donde los mataron en 1976. Los fiscales Diego Velasco, Pablo Camuña y Agustín Chit consideraron probado que Martínez no investigó y garantizó la impunidad de los autores de los asesinatos y pidieron que se lo condene a 25 años de prisión en una cárcel común. “Una herramienta tan noble como es el ejercicio de la magistratura puede convertirse en manos equivocadas en una herramienta de desasosiego, terror y desamparo para los justiciables”, remarcaron, según informó el sitio de la Procuración. Los abogados querellantes pidieron penas que van de 18 a 25 años de prisión y también reclamaron que se le revoque el arresto domiciliario. La sentencia está prevista para el 9 de junio.

El ex juez Martínez está acusado como miembro de una asociación ilícita responsable de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia en los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, ejecutados durante un allanamiento ilegal el 20 de mayo de 1976 en una casa ubicada en Azcuénaga 1816/1820, de San Miguel de Tucumán. También se lo juzga por el secuestro de Miguel Atilio Romano, dueño de la vivienda donde se consumó la matanza, quien seis días después se presentó espontáneamente en el juzgado. El magistrado lo indagó sin la presencia de un abogado defensor y luego lo puso a disposición de la policía provincial, que lo interrogó y lo confinó en centros clandestinos de detención. Romano, quien sufría una enfermedad mental severa, pasó más de un año con prisión preventiva acusado de asociación ilícita, hasta que el propio juez Martínez le dictó el sobreseimiento el 25 de agosto de 1977.

La acusación del Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal general Diego Velasco, del fiscal federal a cargo de la oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Pablo Camuña, y del fiscal ad hoc Agustín Chit. Los fiscales repasaron la historia del ex juez, que asumió a principios de 1975, al mismo tiempo que comenzaba el Operativo Independencia, el antecedente tucumano del terrorismo de Estado. “Todo aquello que vemos simplemente como una conducta posterior” a los crímenes de la calle Azcuénaga “es en realidad la muestra cabal del cumplimiento de la promesa sellada en un pacto anterior a la comisión de los hechos, en este caso el allanamiento ilegal de la morada y los homicidios de los ocupantes”, señaló Chit. “La piedra angular sobre la cual se fundó la membresía criminal fue también la manifestación de un acuerdo a fin de garantizar la impunidad desde el rol de juez, garantía que recogió sus frutos hasta el año 2011 cuando estos hechos fueron tratados y establecidos como lo que fueron: un despiadado homicidio. Martínez cumplió muy eficientemente su parte del acuerdo”, destacó el fiscal ad hoc.

Según se acreditó durante el juicio, en el que declararon más de sesenta testigos, personal policial uniformado y de civil atacó ese día la casa donde estaban reunidos los cinco militantes. Allí también estaba la hija de María Alejandra Niklison y Gerardo Romero, María Alejandra Romero Niklison, que entonces tenía un año y medio y que actualmente integra la querella. Cuatro de las cinco víctimas fueron ejecutadas dentro de la casa, en tanto Saavedra fue perseguido y asesinado en inmediaciones de la iglesia Monserrat.

Martínez se presentó en el lugar después de los homicidios, pero se retiró rápidamente y sólo pidió que se le remita el sumario sobre el caso. El fiscal Velasco señaló que el juez “ordenó como única medida la constatación del fallecimiento por parte de la misma repartición policial que había efectuado el procedimiento ilegal” y que no realizó ninguna medida para determinar “las circunstancias de los hechos”, como periciar las armas halladas junto a los cadáveres, tomarles declaración a testigos o realizar un reconocimiento del lugar.

sábado, 10 de enero de 2015

La madre del soldado Ledo visitó al juez Bejas para reclamarle que indague a César Milani

La madre del soldado se presentó esta mañana en el Juzgado Federal para cuestionarle la demora en la situación del jefe del Ejército

 La madre del soldado Ledo se presentó esta mañana en el Juzgado Federal y se entrevistó con el Juez Federal. SAN MIGUEL DE TUCUMAN. Marcela Brizuela de Ledo, madre del conscripto Alberto Ledo, quien desapareció en 1976, en esta provincia, le reclamó personalmente al juez federal Daniel Bejas que no demore más el llamado a indagatoria del jefe del Ejército, César Milani, acusado por el encubrimiento del crimen de su hijo.

Brizuela de Ledo y su hija, Graciela Ledo, se reunieron hoy por primera vez con el magistrado tucumano en su despacho de los Tribunales Federales para conocer el avance de la causa, luego de que el fiscal Carlos Brito elevara, el pasado 22 de diciembre, el pedido para que Milani sea citado a declarar. Dicho planteo aún no fue resuelto debido a que la defensa del militar pidió la recusación de Brito "por temor de falta de objetividad", cuestión que el magistrado debe resolver previamente y que está frenando el avance de la causa.

"El juez nos escuchó y nos dijo que el juicio de mi hijo está encaminado, que se está ocupando. Le dije que quiero saber qué ha pasado con mi hijo y que los culpables vayan a la cárcel, que se haga justicia", expresó Brizuela de Ledo, en declaraciones a la prensa, al salir de la audiencia con Bejas.

La mujer, quien tiene 84 años y preside la organización Madres de Plaza de Mayo de La Rioja, hizo un firme reclamo a Bejas para que cite a declarar al jefe del Ejército, a quien Brito acusó de haber falsificado el sumario en el que se hizo figurar a Ledo como desertor, cuando en realidad se trató de una desaparición forzosa, y de haber encubierto su asesinato . "Lo que esperamos es que Milani venga a declarar. Es un traidor, un represor, un genocida como fue Videla, está ocupando el lugar de otro represor genocida como Videla", expresó Brizuela de Ledo ante una consulta de LA NACION..