miércoles, 18 de mayo de 2016

Allanaron el Ingenio La Fronterita y secuestraron información de víctimas del Operativo Independencia

La fábrica se utilizó, a partir de febrero de 1975, como una base militar desde donde se desplegó la denominada Fuerza de Tareas Rayo. 

La planta se encuentra cinco kilómetros al oeste de la ciudad de Famaillá

Allanan el Ingenio La Fronterita, en Tucumán, en el marco de la causa por el Operativo IndependenciaLa Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó el martes pasado, por orden del juez federal Daniel Bejas, el Ingenio azucarero La Fronterita, ubicado en la localidad de Famaillá, en Tucumán, en el marco de la causa de lesa humanidad que se sigue por los delitos que se cometieron durante el Operativo Independencia entre 1975 y 1978.Según consignó el sitio Fiscales, los procedimientos fueron requeridos por el titular de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal federal Pablo Camuña. También se allanaron las oficinas de la firma José Minetti & Cia, situadas en Córdoba capital, propietaria de este ingenio Tucumano.     Según pudo establecer la fiscalía, La Fronterita se utilizó, a partir de febrero de 1975, como una base militar desde donde se desplegó la denominada Fuerza de Tareas Rayo, formada por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. En ese lugar funcionó además un centro clandestino de detención (CCD) "con el objeto de reunir personas secuestradas con el fin de extraerles información por medio de torturas y que estas personas en general luego eran trasladadas a otros lugares de mayor envergadura".Durante uno de los procedimientos, en el que participó el fiscal Camuña, se secuestró en la sede del ingenio los legajos de víctimas de delitos de lesa humanidad que pasaron por la Base y el CCD. Además, se recopilaron recibos de sueldos de la época, libros de personal, archivos de litigios laborales y otros documentos, en tanto que en Córdoba se requisaron libros contables y de balances.En la causa se investigan la desaparición de al menos 43 personas que vivían en los alrededores de Famaillá y que eran trabajadores de la empresa. (Télam)
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó el martes pasado, por orden del juez federal Daniel Bejas, el Ingenio azucarero La Fronterita, ubicado en la localidad de Famaillá, en Tucumán, en el marco de la causa de lesa humanidad que se sigue por los delitos que se cometieron durante el Operativo Independencia entre 1975 y 1978.

Según consignó el sitio Fiscales, los procedimientos fueron requeridos por el titular de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal federal Pablo Camuña. También se allanaron las oficinas de la firma José Minetti & Cia, situadas en Córdoba capital, propietaria de este ingenio tucumano.  

Según pudo establecer la fiscalía, La Fronterita se utilizó, a partir de febrero de 1975, como una base militar desde donde se desplegó la denominada Fuerza de Tareas Rayo, formada por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. En ese lugar funcionó además un centro clandestino de detención (CCD) "con el objeto de reunir personas secuestradas con el fin de extraerles información por medio de torturas y que estas personas en general luego eran trasladadas a otros lugares de mayor envergadura".

Durante uno de los procedimientos, en el que participó el fiscal Camuña, se secuestró en la sede del ingenio los legajos de víctimas de delitos de lesa humanidad que pasaron por la Base y el CCD. Además, se recopilaron recibos de sueldos de la época, libros de personal, archivos de litigios laborales y otros documentos, en tanto que en Córdoba se requisaron libros contables y de balances.En la causa se investigan la desaparición de al menos 43 personas que vivían en los alrededores de Famaillá y que eran trabajadores de la empresa, 

viernes, 6 de mayo de 2016

La Corte Tucumana abre sus archivos por los chicos apropiados

En busca de los que faltan

El máximo tribunal provincial ordenó el relevamiento de juicios civiles iniciados entre 1975 y 1983 con el fin de encontrar datos que permitan identificar a hijos de desaparecidos. La medida fue adoptada por unanimidad de los cinco magistrados.

Desde Tucumán

La Corte Suprema de Tucumán, decidió, por primera vez en su historia, abrir los archivos judiciales para dar a conocer como fueron adoptados y dejados en adopción en instituciones de menores los niños y niñas que nacieron entre 1975 y 1983.

La medida fue adoptada a través de la resolución 28/2016. Los años que comprende dicha medida no son casuales. Abarca no sólo la dictadura cívicomilitar sino también la etapa previa con la llegada del denominado “Operativo Independencia” a la provincia, que comenzó en febrero de 1975, y donde se inauguraron no sólo los centros clandestinos de detención, sino también los nacimientos clandestinos.

Con ésta decisión, la Corte tucumana, ordenó el relevamiento de juicios civiles iniciados entre 1975 y 1983 con el fin de buscar datos que permitan identificar a hijos de desaparecidos.

Lo que también pondera la acordada firmada por los jueces en pleno es la conformación de un grupo de trabajo bajo la órbita de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, para realizar un trabajo de investigación de “legajos de adopciones, guardas temporales, hallazgo de menores no identificados e inscripción tardía de personas”, dice el texto. El equipo designado por la Corte dependerá de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, la abogada Lourdes Bascary está al frente de dicho organismo y trabajará con la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Oficina Tucumán), ambas dependientes de la Procuración General de la Nación.

Para la Corte, no sólo hubo un plan sistemático de exterminio (siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia nacional) sino que también existió un plan de apropiación de menores durante la represión dirigida casi en su totalidad por el genocida Antonio Domingo Bussi.

Lo que se tratará de determinar es que si los expedientes de adopciones y guardas legales apilados en los juzgados del fuero de Familia y Sucesiones podrían contener información clave para la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos, apropiados a través del plan sistemático que llevó a cabo la última dictadura militar.

La acordada 28/2016 fue firmada el 3 de febrero por los cinco integrantes del máximo tribunal: Antonio Gandur, René Mario Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse (ex secretario de Derechos Humanos de la gestión del gobernador José Alperovich).

Lo que el texto deja en claro es que también se analizarán protocolos de sentencias, o sea de qué manera los jueces otorgaron tutelas y demás a los padres adoptivos durante la dictadura.

Según los magistrados, durante la dictadura se llevó adelante, “una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños. La primera por medio del ingreso del niño al sistema de minoridad y consecuentemente a una probable adopción por parte de terceros, y la segunda por medio de simulación del embarazo de la apropiadora y la inscripción posterior del niño como hijo biológico del matrimonio apropiador. Las primeras búsquedas de las Abuelas de Plaza de Mayo fueron por ese lado, evidenciando el plan sistemático de apropiación”, dijeron.

La noticia fue celebrada por Abuelas de Plaza de Mayo, quienes a través de su titular, Estela de Carlotto, le enviaron una carta al presidente de la Corte tucumana, para agradecer la acción concreta. “A 40 años del golpe genocida más terrible de nuestro país, seguimos buscando a los casi 400 nietos que aún faltan en el abrazo fraterno de sus familias. Esperamos que este tipo de iniciativas puedan replicarse en el resto de las provincias, para seguir consolidando una política de Estado que es ejemplo a nivel mundial”, afirmó Carlotto.

Comenzaron las audiencias por la causa Operativo Independencia, en la que se juzga a 20 represores

La primera huella del terrorismo de Estado

Se prevé que durante más de un año, más de mil testigos describirán ante los jueces la forma en que los represores ensayaron el plan de exterminio que se extendería al país tras el golpe de marzo de 1976. La fiscalía puso el acento en los delitos sexuales.

 Por Ramiro Rearte - Desde Tucumán

La primera audiencia en la sala del Tribunal Oral Federal de Tucumán por el Operativo Independencia.
Imagen: Télam.
Tucumán comenzó ayer a escuchar parte de su historia reciente pese a que muchos sectores políticos y sociales hubieran preferido no hacerlo: empezaron las audiencias de la megacausa por los hechos ocurridos desde febrero de 1975 hasta marzo del 76 en el marco del denominado Operativo Independencia. Veinte represores están imputados y se busca determinar el destino de 269 víctimas que estuvieron en diversos centros clandestinos de detención en la provincia. En ese territorio fue donde empezaron a montarse los centros de tormento como la “Escuelita de Famaillá” Diego de Rojas.

Ayer, desde muy temprano las inmediaciones del Tribunal Oral Penal Federal (TOF) se colmaron de organizaciones sociales que acompañaron a los familiares y a los querellantes en la extensa jornada de lectura de la imputación para cada uno de los veinte represores.

Días antes del inicio de las audiencias, los jueces tuvieron que armar el circuito para que los represores pudieron escuchar la lectura del Ministerio Público Fiscal. Estuvieron algunos presentes y otros desde Comodoro Py, por el sistema de teleconferencias. Como es habitual en las primeras jornadas de estos juicios, los abogados defensores hicieron planteos para demorar el inicio de la audiencia. A los 25 minutos de comenzada la jornada se tuvo que pasar a un cuarto intermedio para que los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Reynaga evaluaran un pedido para separar del juicio a uno de los imputados. Hicieron lugar al planteo y Enrique Benjamín Bonifacino no será juzgado por su estado de salud. Sufriría Alzheimer y permanecerá bajo prisión domiciliaria en Buenos Aires. El informe del perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue determinante para que los magistrados accedieron al pedido de su defensor.

Cuando entraron los imputados a la sala los familiares de desaparecidos levantaron las imágenes de sus seres queridos, mientras que los familiares de los represores imputados, levantaron una bandera argentina y comenzaron a cantar el Himno Nacional. Cada sector marcaba su presencia, divididos por gendarmes.

Luego llegó el turno de la acusación de los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit, quienes se dividieron la lectura de la imputación, en la que detallaron el accionar represivo instalado en Tucumán, con la instrumentación del Operativo Independencia. A través de los diarios personales del genocida Abdel Vilas, se reconstruyó cómo la provincia fue dividida militarmente, y de qué forma “nació” la “Escuelita” de Famaillá como centro del terror.

“Fue el propio Vilas quien dijo que la comisaría de la localidad de Famaillá estaba en muy malas condiciones por lo que debían buscar un lugar alternativo para alojar de los detenidos subversivos. Fue ahí cuando se eligió a la Escuela Diego de Rojas, establecimiento construido entre 1972 y 1974. Allí los represores tuvieron entre 30 y 40 detenidos porque era la capacidad de la escuela”, sostuvo Camuña frente a los jueces.

“Es más, a la última aula de la escuela se la utilizó como sala de torturas. Allí había un equipo de grabación para tomar registro de las declaraciones bajo tormento y una radio, entre otras cosas. Entre febrero de 1975 y abril de 1976 pasaron por allí 1507 personas quienes fueron torturadas. Este lugar se encuentra a 36 kilómetros de San Miguel de Tucumán”, aseguró el fiscal.

Un apartado muy importante de parte de los fiscales Chit y Camuña fueron los delitos sexuales en contra de las mujeres desde que comenzó el Operativo Independencia. Violaciones en las casas, frente a sus maridos. Manoseos constantes en todos los puntos de control en la provincia. Violaciones y vejaciones en todos los campos de concentración. Se inauguró así por primera vez en la Argentina la violencia sexual en contra de la mujer, de forma sistemática. Muchas de las mujeres que sobrevivieron relataron su padecimiento. Muchas otras no pudieron hacerlo, porque murieron”, aseveró Camuña en parte de su relato.

Los acusados son Luis Armando De Candido, Ricardo Oscar Sánchez, Ramón César Jodar, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Néstor Rubén Castelli, Enrique José Del Pino, Jorge Gerónimo Capitán, Miguel Angel Moreno, Alfredo Alberto Svendsen, Pedro Adolfo López, Casiano Pedro Burtnik, Julio César Meroi, Omar Edgardo Parada, Manuel Rubén Vila, Francisco Camilo Orce, José Luis del Valle Figueroa, José Ernesto Cuestas y José Roberto Abba.

Por el volumen de casos que se relevarán y el ofrecimiento de más de 1400 testigos, se calcula que el juicio durará más de un año. Las audiencias seguirán todos los jueves (jornada completa) y los viernes (media jornada), según lo dispuso el Tribunal Oral Federal.

Estuvieron presentes autoridades nacionales, provinciales y legisladores del Frente para la Victoria, como la presidenta de la Comisión de Educación, Silvia Rojkés de Temkin, quien dijo a Página/12, “vengo como una militante más a acompañar este proceso que sin dudas es muy doloroso, pero necesario para encontrar verdad y justicia”.

El horror íntimo

Una de las primeras imágenes que Fabiana Rousseaux retuvo de Tucumán fue la “intervención” de los militares en los álbumes de fotos de los cumpleaños. Ella es ex directora del Centro Ulloa de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de Estado y una de las especialistas convocadas a declarar en el debate por el Operativo Independencia como testigo de contexto. Ella habla de cómo la “ocupación” habilitó la idea del “centro clandestino a cielo abierto” donde “la escuela, las casas, el almacén, los clubes, todo estaba tomado bajo ese ‘terror naturalizado’”.

–¿Cómo entiende la ocupación?

–Durante los viajes que hicimos a varias localidades de la región, como Santa Lucía y Monteros, supimos que ese cordón de pueblos estaba militarizado. Hubo lugares en el que ocurrieron hechos de este estilo, tengo muy presente un caso de Reconquista donde tomaron una vivienda y se instalaron por dos años al menos y utilizaron esa vivienda como base de operaciones pero también a quienes vivían allí. Pero si bien es cierto que esas cosas sucedieron en otras provincias, lo significativo de Tucumán es que tomó un cariz más “sistemático” por decirlo de algún modo. Durante años esos pueblos, esas familias, vivieron literalmente “intervenidos” en su intimidad, por las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

–¿Cómo alteró eso la vida cotidiana?

–Por ejemplo, me contaron en un viaje que hicimos que hay familias que tienen sus álbumes familiares de fotos donde los militares están ‘interviniendo’ los álbumes ¿De qué modo? Habiéndose incluido forzadamente en esas fotografías dado que si había una fiesta, un casamiento, una fiesta de 15 años o lo que fuera, ellos tomaban esos ámbitos privados como propios. Llegaban, comían la torta, se sacaban las fotos como si fueran parte de ese espacio familiar y hasta podían tomar a las mujeres como objetos a ser utilizados al igual que los demás objetos domésticos. Durante el viaje capacitábamos y consolidábamos equipos de profesionales para que estén en condiciones no sólo de asistir y acompañar a los sobrevivientes y familiares en los juicios, sino también para realizar evaluaciones en el marco de las leyes de reparación que el Estado otorga a las víctimas.

–¿Ahí aparece una nueva manera de mirar el efecto social?

–Eso configuró un escenario novedoso que podríamos definir como una suerte de CCD a cielo abierto, es decir, que ya no fue necesario configurar los secuestros sólo en un espacio métrico, sino que se aplicó esa tortura sobre toda una población. En una suerte de lógica de espacio topológico, por llamarlo de algún modo, donde el efecto de terror se diseminó entrando en los cuerpos a través de la convivencia con ese espacio. Así la escuela, las casas, el almacén, los clubes, todo estaba tomado bajo ese “terror naturalizado”. En la Escuelita de Famaillá hasta el día de hoy –según tengo entendido– persisten relatos de vecinos que aluden a sonoridades fantasmáticas, como resultado de los hechos atroces que allí se vivieron, por la convivencia forzada con ese horror, que nunca es sin consecuencias.

martes, 3 de mayo de 2016

Operativo Independencia : comienza el juicio más grande por delitos de lesa humanidad

Se espera que las audiencias se desarrollen desde el jueves y se extiendan durante al menos un año. Se abordarán 270 casos por diferentes delitos. Operativo Independencia reúne la mayor cantidad de víctimas que llega a la sala del TOF .
  
SALA DE AUDIENCIAS. El Tribunal Oral Federal aguarda la causa más grande que abordará hasta el momento por delitos en la última dictadura. 
Al menos por un año, la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal (TOF) será el escenario en el que se escudriñará el Operativo Independencia (OI), la incursión militar que ocupó parte de la provincia en 1975. 

El secretario del TOF, Mariano García Zavalía, confirmó que el debate en el que se juzgará a 20 ex miembros de las fuerzas de seguridad por delitos de lesa humanidad contra 270 víctimas comenzará el jueves, a las 9. Será el expediente más grueso que llega a juicio, en cantidad de casos. En la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” había 215 afectados. Las audiencias se concretarán todos los jueves y viernes desde entonces. Para presenciarlas sólo hay que ser mayor de edad y presentarse con el DNI en Chacabuco 125. 

García Zavalía consignó que la mitad de los sospechosos estará en la sala. La otra mitad, en tanto, seguirá el proceso mediante el sistema de videoconferencia desde diversos puntos del país. 

El tribunal está integrado por los mismos jueces que intervinieron en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” (2013): Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga.

Imputados

Los imputados son el multicondenado Roberto “El Tuerto” Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis Armando De Cándido, Jorge Lazarte, Ramón Jodar, Miguel Ángel Moreno, Pedro Rojas, Pedro López, Enrique José Del Pino, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Svendsen, Francisco Camilo Orce, José Luis Figueroa, Néstor Castelli, Julio Meroi, Omar Parada, Enrique Bonifacino, José Roberto Abba, Manuel Rubén Vila y Pedro Casiano Burtnik. 

Al menos seis de ellos fueron condenados en los juicios anteriores. Fuentes judiciales consignaron que se espera que con las audiencias ya en marcha nuevos imputados se sumen al juicio. Esta situación es controvertida por las defensas.


Se juzgarán delitos cometidos contra 270 ciudadanos
La megacausa concentra denuncias por delitos de violación de domicilio, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y homicidios contra 270 personas. Muchas de las víctimas permanecen desaparecidas. De acuerdo consta en los expedientes, en el conjunto de afectados hay obreros de fábricas; jornaleros del interior y sus familiares; dirigentes sindicales; comerciantes; empleados públicos; profesionales; estudiantes; militantes de diferentes partidos y miembros del ERP o Montoneros. “De la investigación surgiría con claridad que los sectores de población principalmente perseguidos y lesionados durante la vigencia del Operativo Independencia, fueron aquellos vinculados con la industria azucarera, la actividad rural, la dirigencia sindical y con la defensa de los derechos de los sectores más desprotegidos”, concluye el juez Daniel Bejas en la elevación a juicio. 

El decreto que desencadenó la incursión militar en la provincia
El 5 de febrero de 1975, la presidenta Estela Martínez de Perón firmó el decreto que ordenó al Ejército iniciar el Operativo Independencia. La determinación, puesta en marcha días después durante el gobierno constitucional, desató en la provincia un violento plan sistemático de exterminio de opositores mediante el terrorismo de Estado y con la complicidad de factores de la sociedad, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal.
A cargo del plan estuvo en un primer momento Acdel Edgardo Vilas y luego, Antonio Domingo Bussi. Tucumán fue un “tubo de ensayo” de las prácticas represivas y de terror que se extenderían a todo el país después del Golpe de Estado de mayo de 1976, según consta en el expediente.
Entre los principales ejes de las defensas de los imputados estará el hecho de que los hechos se dieron por orden de una Presidenta. 

Los expedientes: la primera denuncia fue en 2004 y se fue alimentando hasta ser un megacaso
La causa se había iniciado mediante una denuncia particular el 2 de agosto de 2004, por los hechos que perjudicaron a Néstor Zurita y María Rosa Zurita. En octubre de 2004, se había presentado la primera ampliación de requerimiento de investigación por las víctimas Antonio del Carmen Rivadeo. En mayo de 2005, la Fiscalía presentó un listado de 311 presuntos imputados en los hechos. Las ampliaciones se sucedieron hasta que en octubre de 2009, la Fiscalía pidió una nueva ampliación de requerimiento vinculada al universo procesal indicando como causas conexas 183 causas individuales, solicita se recaratule la causa como “Operativo Independencia”. En diciembre de 2011, se solicitó una nueva ampliación de requerimiento imputando un total de 269 casos investigados, e identifica como imputados a un total de 120 personas

Juicio número 12: la segunda megacausa por delitos de los 70’ que se celebrará en el TOF
El de la megacausa Operativo Independencia es el 12° juicio por delitos de lesa humanidad que se celebra en el Tribunal Oral Federal (TOF) local. El primero había sido “Vargas Aignasse”,  en 2008, por la desaparición forzada del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.  Fueron condenados entonces  Luciano Benjamín Menéndez (perpetua) y Antonio Bussi (perpetua). 
Dos años después se concretó “Jefatura I”, el primero que reunió varias causas. En 2011, en tanto, hubo dos:  “Romero Niklison”  y “Aguirre-Weiss”. 
En 2012 se juzgó a un ex comisario por el caso  “Emma del Valle Aguirre”. En 2013 hubo dos sentencias. La de la primera megacausa, “Arsenales II-Jefatura II”-el juicio duró un año-, y la de “Toledo de Ygel” (por las tierras de Capitán Cáceres). En 2014 hubo también dos por casos particulares: “De Benedetti” y “Cantos”.

El diario de Vilas: las anotaciones del primer líder del operativo están entre las pruebas
Acdel Vilas, comandante de la Brigada de Infantería con asiento en Tucumán, fue el encargado de liderar la primera etapa del Operativo. Llevó un diario de campaña en el que reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas y reconoció la comisión de delitos. Los escritos forman parte de las pruebas de la megacausa. “Sostenemos la necesidad de combatir hasta las últimas consecuencias las causas de la subversión, asumiendo como impostergable la acción armada, bien que proyectándola hacia los demás ámbitos de la vida colectiva. Queda expuesto, pues, el carácter imprescindible de que esa lucha integral sea liderada por las FF.AA. Ahora bien, con igual firmeza afirmamos que no basta una estrategia militar al estilo clásico”, había escrito. En otro pasaje, sostenía que entre el 1 de octubre al 2 de diciembre de 1975 “las bajas enemigas fueron aproximadamente de unos 40 o 50 subversivos”.

viernes, 29 de abril de 2016

"No es un desaparecido, es la prueba fehaciente del horror”

Los restos de Juan Olivera, esposo de la militante Mabel Montero, fueron identificados. Los peritos ya devolvieron sus identidades a 48 víctimas del terrorismo de Estado que fueron arrojados en el Pozo.

“Juan Manuel Olivera dejó de ser un desaparecido para ser una prueba fehaciente del horror”. Mabel Montero recibió el lunes el llamado que había esperado durante 40 años. Iba en un auto camino al “Pozo de Vargas” cuando le avisaron que los restos de su esposo Juan habían sido rescatados e identificados de esa fosa clandestina de inhumación. Con este caso ya suman 48 los desaparecidos durante el terrorismo de Estado cuyos vestigios fueron hallados allí.

La referente de la organización Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora de Tucumán recordó que su marido había sido secuestrado el 18 de octubre de 1976. Nada supo de él hasta que, en 2010, durante el juicio “Jefatura I”, el testigo Juan Carlos Clemente aportó una lista de víctimas que habían pasado por ese centro clandestino de detención. En el renglón 173 estaba escrito a máquina el nombre de su ser querido y al lado la espeluznante abreviatura “DF” (destino final o disposición final). 

Padre de dos hijos, Olivera militaba en Montoneros, estudiaba en la UNT, era trabajador estatal y también de la empresa Xerox. “Siempre le hecho la culpa a la empresa. Porque se lo llevaron cuando salió a hacer un depósito. Nunca supieron contestarme si hizo o no el trámite. Como era muchísimo dinero, quisieron decir que sus compañeros se lo llevaron o que él se fue con la plata. Ahora está la prueba de que no fue así”, apuntó Montero a LA GACETA. La mujer buscó las palabras para describir lo que había sentido cuando supo la noticia. No las encontró. “Cuando sonó el teléfono, pensé que me pedirían que contenga o acompañe a algún familiar. No imaginé que esta vuelta Dios se había acordado de mí”, agradeció sollozando.

Una gota, la identidad

Con la voz quebrada, Montero reivindicó los juicios por delitos de lesa humanidad. “Son la historia que vivimos, les guste o no. Hubo un magnicidio, lo más horroroso. Cercenaron la vida”, lamentó. 

Añadió que el hallazgo de su ser querido no implica que dejará de pelear. “Esto recién comienza. Seguiremos luchando hasta que sean condenados los últimos militares, eclesiásticos y civiles”, advirtió. Subrayó que para las identificaciones es clave que los familiares de víctimas entreguen una muestra de sangre, para que los especialistas tengan con qué cotejar los restos que se vayan encontrando. 

La presidenta de la Asociación Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc), Virginia Sosa, explicó que el trámite es gratuito. “Invitamos a los familiares a acercarse. Si no se animan a venir a las reuniones, podemos ir a verlos a sus casas. Estamos en contacto con el equipo que hace la extracción y los pueden ir a ver si, por ejemplo, son del interior”, añadió. El teléfono para comunicarse con ella es 156073370 y el lugar de encuentro, Piedras 251. Mientras que Montero afirmó que también pueden acudir a ella, llamando al 3816459899 o concurriendo a su oficina en el ex predio Ferial. 

La toma de muestras, a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se efectúa en el contexto de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. El análisis también se tramita en la Secretaría de Derechos Humanos (subsuelo de la Casa de Gobierno).

“Se están extrayendo muchos restos del Pozo, todos los lunes. También tenemos las cajas con los restos carbonizados del Arsenal, a la espera que surja la tecnología que nos permita determinar de quiénes son. Nos faltan las gotitas de sangre”, instó Sosa. Agradeció, por otro lado, la contención de los peritos del Camit: “nos acompañan, es muy duro presenciar las medidas (de extracción de restos del Pozo)”. Comentó que hace un mes un rayo dañó el ascensor que usan los especialistas para bajar a las entrañas del Pozo, pero afirmó que está pronto a ser reparado.

lunes, 29 de febrero de 2016

La Fiscalía de Tucumán investiga cinco casos en el Ingenio de la familia del Ministro Prat-Gay

Los cinco desaparecidos de los Prat-Gay

Desde 1936, los Prat-Gay tiene una industria azucarera de pequeño porte. La historia de la represión arranca en 1966 y culmina con un campamento militar en el ingenio y cinco obreros que siguen desaparecidos.

  Por Alejandra Dandan

A mediados de 1936, un grupo de radicales concurrencistas enfrentados a los conservadores fundaron en el departamento Leales de Tucumán la Compañía Azucarera del Norte o Ingenio Leales. El abogado Fernando de Prat-Gay fue el primer presidente del directorio y fue el abuelo de Alfonso de Prat-Gay, hoy ministro de Economía. El Ingenio Leales siempre fue uno de los establecimientos mas chicos de la provincia, pero segundo en cantidad de obreros a mediados de la década del 60, cuando aparece vinculado a los zares del azúcar, con una historia en la que también pueden leerse patrones de acumulación económica y represiva. En diciembre de 1965, Fernando de Prat-Gay integró la Comisión Especial del poderoso Centro Azucarero Argentino (CAA) controlado por los Blaquier, que impulsó el cierre de once ingenios azucareros. Esto ocurrió en 1966 con el golpe de Juan Carlos Onganía y produjo el destierro de 200 mil trabajadores del sector. Para 1976, con el último golpe de Estado, el Ingenio Leales aparece entre las industrias azucareros de Tucumán que aportaron abultadas sumas al Fondo Patriótico Azucarero impulsado por Domingo Antonio Bussi. Para entonces, Jorge de Prat-Gay, padre del ahora ministro, fue designado en el directorio del Banco Nación. Parte de los beneficios del clan familiar de los Prat-Gay durante la dictadura fueron denunciados en 2013 por la Comisión Nacional de Valores, pero el dato menos conocido es una investigación que lleva adelante la Justicia federal tucumana sobre por lo menos cinco secuestros en el Ingenio Leales, entre los que hay obreros de la Fotia, al menos uno desaparecido.

Delegados

“Yo trabajaba para el Ingenio Leales y tuve que ir deambulando de acá para allá durante la dictadura, por miedo a que llegaran a la casa de mis padres, porque a cada rato entraban e hinchaban las pelotas, a mi madre y a mis hermanos. Responsable de esto es el ingeniero Jorge de Prat-Gay, el papá del ministro de Economía hoy por hoy. La oligarquía azucarera de esa época es la oligarquía de todos los tiempos, lo mismo pasaba en todos los ingenios de Tucuman”. J.Q. nació en el departamento de Leales en 1952. A los quince años comenzó a trabajar en el Ingenio Leales con el oficio de carpintero. “Desde muy chico fui trabajador del Ingenio. Trabajé desde el año 1968. Y se puede decir que nací con esa sangre de ser dirigente gremial: me dí cuenta de que llevaba eso en la sangre porque a los cuatro años, el 17 de octubre de 1956 –en pleno paro de la CGT–, tuve que salir corriendo por la persecución de los aviones que bombardeaban los costados de la fábrica y eso para mí fue un despertar tremendo”.

En los ‘70, J.Q. fue delegado de sección en Leales y participó en los Congresos de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia). En 1975, con el fondo del Operativo Independencia, los grupos de Tareas del Ejército allanaron la casa de sus padres y se llevaron a un hermano porque no lo encontraron a él. A J.Q. lo detuvieron finalmente en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán y después de varios centros clandestinos pasó por la Escuelita de Famaillá. La publicación de su nombre en solicitadas de la época que logró difundir la Fotia lograron salvarle la vida y hacer que liberaran dos semanas mas tarde. Pasó la dictadura escondido en Buenos Aires.

J.Q. no es único obrero azucarero víctima de la represión en el Ingenio. Hacia 2008, con la reapertura de los juicios de lesa humanidad en todo el país, Hugo Santillán se sentó frente a una hoja de papel a dibujar un mapa de la provincia. Hugo es un ex dirigente azucarero, delegado de Fotia, tornero en el Ingenio Bella Vista pegado a Leales. Tiene la piel curtida, las manos grandes, el pelo blanco, lleva una enorme cruz de madera bajo la camisa y cuando se presenta dice que es seguidor como perro de sulky. Además, y muy importante para esta historia, es hermano de Atilio Santillán, uno de los símbolos de la lucha obrera entre los trabajadores del azúcar. Atilio fue secretario general de Fotia primero entre 1965 y 1968 y después de 1973 al 22 de marzo de 1976, cuando fue asesinado en Buenos Aires. Frente a ese mapa dibujado con los puntos de la provincia, Hugo se dio cuenta en 2008 que tenía una tarea pendiente. Recorrió cada pueblo de la provincia, ingenio por ingenio, para buscar los nombres de obreros del azúcar víctimas de la dictadura. Su lista original contenía aproximadamente 60 nombres, que hoy pasaron de cien. La lista está en el origen de la primera investigación que se abrió en la Justicia federal por la represión en los ingenios y es una fuente clave para el mundo de las ciencias sociales.

“En los años 70 se reúnen los industriales azucareros, van a ver a Bussi y le ofrecen una donación”, dice Santillán. “Hacen un aporte de bolsillo de 4.640.000 dólares, de los cuales el padre del actual ministro de Economía pone 240.000. La plata no la pusieron ellos en realidad, nos la descontaron a los trabajadores mediante una resolución de Bussi que fue el autor de la Ley del Fondo Patriótico. Para nosotros, ese fue el pago (de los industriales) por el trabajo de sangre que llevó adelante Antonio Domingo Bussi”.

La Fotia

Según el informe Responsabilidad Empresarial en delitos de lesa humanidad publicado el año pasado por Flacso, el CELS, el Programa Verdad y Justicia y la secretaria de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, los obreros del interior de la provincia fueron el universo más numeroso entre las víctimas de la represión tucumana. De las “269 víctimas judicializadas en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia –señala–, alrededor del 42 por ciento fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos, quince por ciento fueron dirigentes sindicales y gremiales, ocho eran comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia, otro 8 por ciento eran empleados públicos, cinco por ciento eran profesionales independientes, el cuatro por ciento eran estudiantes universitarios, el dos por ciento militantes de partidos políticos de izquierda y solo el 7 por ciento acreditaba alguna vinculación con el ERP/PRT o con Montoneros”.

Silvia Nassif, doctora en Historia, becaria del Conicet y tucumana, señala que “no puede entenderse a qué vino el golpe de Estado con el prólogo del Operativo Independencia en febrero de 1975, si no se entiende el lugar político y sindical que ocupaba a la Fotia”. Hasta el día de hoy, señala, “la actividad más importante en Tucumán sigue siendo el azúcar y el Operativo Independencia implicó la desarticulación de ese movimiento obrero que era pujante. Hoy todavía no tenemos clara la cantidad exacta de obreros del azúcar desaparecidos. Y no es casual que sean de los sindicatos más importantes”. La Fotia tenía sindicatos de base con comisiones directivas y cuerpos de delegados. Dentro de la organización estaban los obreros de fábrica y de surco. También tenía un congreso de delegados seccionales que reunía a delegados de cada ingenio. En Tucumán, la Fotia asumió el lugar de lucha por el regreso de Perón aunque en la Federación se manifestaron también otras corrientes de la izquierda. “Para los años 60, superaba los cien mil afiliados. En 1966 llegaron a participar 600 delegados en un Congreso para discutir no sólo reivindicaciones obreras gremiales sino la política. Por eso, hay que entenderla no sólo como fuerza gremial sino política. De hecho, en el año 1973 Tucumán tuvo dos listas del PJ: una era el Frente Unico del Pueblo, encabezada por los obreros azucareros que habían luchado en las revueltas”.

Hugo Santillán señala algo parecido: “La Fotia era el segundo poder en la provincia”.

–¿Quién era el primero?

–El gobierno.

La grasa militante

Para 1966, como recuerda el Informe de Responsabilidad empresaria, Tucumán “realizó uno de los primeros ensayos de reestructuración y concentración del capital, diez años antes del golpe de Estado de 1976”. El rol del Centro Azucarero Argentino en el cierre de los Ingenios hace que Hugo Santillán hable de dos genocidios: “En Tucumán hubo dos genocidios. Uno social, en 1966 con el perjuicio de 200 mil personas que tuvieron que salir a emigrar. Y el otro genocidio de 1976, que ya es físico y humano con consecuencias sociales también porque se echan a miles de personas a la calle”.

De ese período previo son los datos ahora mas nombrados en las causas judiciales de lesa humanidad. Entre ellos, la instalación del destacamento de Gendarmería en Ledesma, que aparece para detener el avance de la organización obrera a la que los industriales veían como el fantasma comunista. El historiador Roberto Pucci es quien instala a los Prat-Gay en esa época en su libro Historia de la destrucción de una provincia. Pucci es uno de los hombres más citados en las causas del norte y revela la negociación por el cierre de los ingenios. “Un sector de los propietarios de ingenios tucumanos, apostando a que la destrucción forzada de los ingenios y la eliminación de los pequeños productores cañeros, favorecía la concentración del poder económico en sus manos, se aliaron a ese plan pese a que en el corto plazo condenaba a toda la provincia a la agonía. En diciembre de 1965, una comisión especial de la CAA, corporación que se encontraba bajo el férreo control de Blaquier-Arrieta, elevó al PEN un plan para el cierre de doce ingenios azucareros y la redistribución provincial de los cupos de producción. Aquella comisión especial de la CAA estuvo integrada por Carlos Pedro Blaquier del ingenio Ledesma y por Alfonso Nogues, Fernando de Prat-Gay (h) y Juan José Sortheix pertenecientes al grupo de industriales tucumanos encabezado por la familia Paz del ingenio Concepción, comprometido en el proyecto de reorganización y monopolización del ázucar”.

Para 1966, el Ingenio Leales tenía una producción de azúcar chica comparada al resto de los ingenios. Desde ese punto de vista se lo considera como uno de los mas chicos de la provincia. Los obreros del ingenio estaban organizados en el Sindicato Azucarero de Leales y pertenecían a Fotia. “Toda la dictadura de Onganía-Levingston-Lanusse estuvo atravesada para los azucareros por la lucha de la reapertura de los ingenios cerrados y para evitar el desplazamiento de mano de obra, ya que sólo en la agro-industria azucarera en esos años se pierden aproximadamente 50.000 puestos de trabajo”, cuenta Nassif.

“El Ingenio es el más chiquito de la provincia”, dice ahora Santillán. “Yo lo que nunca entendí es por qué había quedado en pie en 1966 y no lo pusieron en la lista para cerrarlo, porque cerraron fábricas de primer nivel. Ahora, cuando después del 76 Jorge de Prat-Gay fue designado presidente del Banco Nación, me dí cuenta de cuál era la cuestión”.

Leales

Para 1976, el directorio de la Compañía Azucarera del Norte tenía cinco Prat-Gay: Fernando (presidente), Máximo (vice), Jorge (director delegado), Gastón y Amelia (directores, sin funciones ejecutivas a cargo). A los ojos de los obreros, Jorge de Prat-Gay aparecía como el dueño. De acuerdo al decreto Ley N 4.536 del 26 de agosto de 1976, la Compañía Azucarera del Norte aportó al Fondo Patriótico Azucarero quince mil por cada persona en relación de dependencia afectada a la planta fabril y escritorios, y cien peos por tonelada de caña molida propia desde el 1 de Julio.

Como sucedió en otros Ingenios tucumanos, la Compañía Azucarera del Norte tuvo un campamento militar durante la dictadura, según explica Santillán. “Cuando fue el golpe de Estado –dice– pusieron al Ejército en todos los ingenios de Tucumán. Instalaban una carpa grande y en chalets del Ingenio quedaban los oficiales”. Eso sucedió por ejemplo en el chalet del Ingenio Bella Vista, hoy considerado centro de detención ilegal. Y sucedió en Santa Lucia. En Leales, Santillán sólo menciona el campamento. Según otro de sus datos, la administración del Ingenio estuvo en manos de un capitán de navío de apellido Becerra.

Ambos datos –hay que decirlo– no son extraños. Situaciones similares se vivieron en Ledesma, en la Ford o en la empresa Veloz del Norte para citar ejemplos conocidos. Estos son, de hecho, alguno de los patrones que encontró el grupo de trabajo del Informe de Responsabilidad empresaria durante las investigaciones sobre doscientas empresas.

Entre los obreros de Leales víctimas de la dictadura, Santillán anotó en su primera lista el nombre de Pedro Benicio Silva. Silva era un obrero temporario de surco del Ingenio Leales, dirigente gremial de la Fotia y candidato a secretario general del Sindicato Azucarero de Leales en las elecciones de 1975. A Silva lo secuestraron tres veces. La primera vez fue una semana antes de las elecciones de 1975. Luego de “pegarle salvajemente”, explica Santillán, lo dejaron tirado a un costado de la ruta 38. Hubo un segundo secuestro y luego un tercero: el 17 de noviembre de 1976 lo desaparecieron definitivamente desde Buenos Aires.

Otro de los nombres conocidos es Jesús “Chicho” Ortega, un soldador del taller mecánico del Ingenio Leales que fue secretario general del Sindicato del Ingenio Leales con cargo de tesorero de la Fotia en 1973. El 24 de marzo de 1976, la Fotia fue intervenida. “A Chicho se lo llevaron después de que terminaron de ver los papeles de la Tesorería –dice Santillán– él había perdido la elección de 1975, pero mi hermano intervino ante las nuevas autoridades para que lo dejaran seguir ejerciendo”. Ortega estuvo en el circuito de cárceles y hoy es sobreviviente de ese segundo genocidio.

La fiscalía federal de Tucumán a cargo de Pablo Camuña investiga a cinco desaparecidos del Ingenio Leales.

sábado, 23 de enero de 2016

Identificaron los restos de Juan Manuel Olivera en el Pozo de Vargas

Fue una de las víctimas que pasó por la Jefatura de Policía de Tucumán

Había sido secuestrado el 18 de octubre de 1976, cuando salió a hacer un trámite para la empresa Xerox, en la que trabajaba. Desde entonces, lo buscaba su esposa, Mabel Montero, referente de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, de Tucumán. El reconocimiento estuvo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Cuando el lunes pasado sonó su teléfono celular, Mabel Montero iba en un auto rumbo al Pozo de Vargas. Aunque no lo supiera, estaba yendo a encontrarse con su esposo: del otro lado de la línea le avisaban que el cuerpo de Juan Manuel Olivera, secuestrado el 18 de octubre de 1976, cuarenta años antes, había sido identificado entre las pilas de huesos sin nombre que fueron exhumados en ese centro clandestino de detención de Tucumán.“Cuando sonó el teléfono, pensé que me pedirían que contenga o acompañe a algún familiar. No imaginé que esta vuelta Dios se había acordado de mí”, contó Mabel, una de las referentes de la organización Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora de Tucumán, al diario local La Gaceta.

Juan Manuel Olivera era un hombre ocupado. Tenía dos hijos con Mabel, estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán y tenía dos empleos, uno estatal y el otro en la empresa Xerox, fundada hace más de setenta años cuando el norteamericano Chester Carlson inventó la xerografía, que no es otra cosa que la duplicación de la información en papel. Mabel siempre sospechó de la empresa. “Siempre le echo la culpa a la empresa. Porque se lo llevaron cuando salió a hacer un depósito. Nunca supieron contestarme si hizo o no el trámite. Como era muchísimo dinero, quisieron decir que sus compañeros se lo llevaron o que él se fue con la plata. Ahora está la prueba de que no fue así”, dijo la dirigente.
Antes de la confirmación definitiva de su asesinato, Mabel tuvo que esperar treinta y seis años para tener una noticia de su marido. Se había desvanecido después de salir de la empresa para hacer un encargo. Hasta el año 2010, cuando llegó a la etapa oral el primer juicio por la represión ilegal en la provincia y se sentó a declarar frente a los jueces Juan Carlos “el Perro” Clemente, un antiguo militante de la Juventud Peronista que había trabajado para la policía.

Frente al tribunal, Clemente relató que después de un recorrido por centros de detención como Nueva Baviera o la propia Jefatura, en los que fue golpeado y torturado, fueron aflojando su régimen de detención y le permitieron salir a lavar los autos de la playa de estacionamiento. Empezó a intercambiar información –la ubicación de dos barriles enterrados que tenían armas, por ejemplo– para mejorar la detención de su compañera. En un momento, el coronel González Naya le dijo que lo iban a dejar dormir en su casa. Lo contrataron para hacer esquemas y organigramas. Después, contó que un asesor de apellido Ocaranza estaba encargado de desmantelar la oficina de Confidenciales donde había información de la represión ilegal.

Clemente declaró que se llevó parte de esa documentación cuando supo que sería sacada, pensando en que algún día iba a ser de utilidad. Parte de esos papeles los presentó en ese expediente, y a Mabel le cambiaría la vida. Era una lista de víctimas que habían pasado por la Jefatura de Policía, donde se había torturado salvajemente a los detenidos políticos. En el renglón 173 estaba escrito Juan Manuel Olivera junto a las dos letras “DF”, que significaban el horror: destino final o disposición final.

El Pozo de Vargas es una fosa común de 40 metros de profundidad y tres de diámetro a sesenta cuadras de la Casita de Tucumán, en un predio de la familia Vargas sobre Francisco de Aguirre al 4.500, donde la justicia federal ya ha identificado a 48 desaparecidos. Todos los lunes se extraen restos del Pozo, que luego –cuando se logra– son cotejados con las muestras de sangre de familiares de desaparecidos por el reputado Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Mabel, que remarcó la necesidad de que sigan los juicios por delitos de lesa humanidad que se reanudaron hace más de una década, tiene un peso menos sobre la espalda.“Juan Manuel Olivera dejó de ser un desaparecido para ser una prueba fehaciente del horror”.