miércoles, 16 de abril de 2014

Comenzó el juicio por el traslado desde el penal de Villa Urquiza, de Osvaldo De Benedetti, militante del PRT-ERP en 1978

-Me van a matar, compañeros –dijo, minutos antes del traslado.

 La causa De Benedetti tiene muchas pruebas sobre la práctica de terrorismo de Estado

Las responsabilidades de seis sospechosos en el secuestro y homicidio del militante santafesino Osvaldo Sigfrido De Benedetti, ocurrido en 1978, serán juzgadas durante el juicio que comenzó esta tarde en los tribunales federales de la provincia. Continúa el 24 de abril.

En la primera jornada, el Tribunal Oral Federal (TOF) integrado por los jueces Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, dio lectura a las imputaciones de las acusaciones y concedió a los imputados la posibilidad de hacer uso de la palabra.

Bernardo Lobo Bugeau, a cargo de la querella, dijo que "esta causa tiene muchas pruebas sobre la práctica de terrorismo de Estado en varios niveles y se van a recolectar muchas más durante el juicio".

"Sin dudas que la operación de traslado para ejecución de De Benedetti fue una pieza de auténtica relojería e inteligencia", apuntó Lobó Bugeau.

Los imputados son Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge González Navarro, Alberto Carlos Lucena, Ariel Rolando Valdiviezo y Camilo Ángel Colotti.

Los dos primeros participan del debate mediante videoconferencia desde la Cámara Federal de Casación Penal, González Navarro y Lucena lo hacen desde la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, y Valdiviezo desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza.

Solo estuvo presente en la sala Colotti, quien junto a Validiezo fueron condenados en la Megacausa Jefatura II - Arsenales II.

El juicio prevé la declaración de 39 testigos, en su gran mayoría oriundos de Córdoba, pero también llegarán desde Santa Fe y Buenos Aires, inclusive uno de España y otro de Suiza, además de la lectura de testimoniales de personas fallecidas.

Según consta en la causa, el 3 de julio de 1978 De Benedetti, quien estaba detenido por el delito de asociación ilícita a disposición del Juzgado Federal de Tucumán y del Poder Ejecutivo Nacional, habría sido trasladado a Tucumán e ingresado vivo en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza, en la capital provincial.  Los padres de De Benedetti intentaron conseguir información en Córdoba sobre su suerte sin éxito, hasta que supieron que había sido abatido en un supuesto enfrentamiento.

El juicio continuará el 24 de abril.
Fuente: Tucuman Hoy

¿Quién era Osvaldo De Benedetti?

A Osvaldo Sigfrido De Benedetti le decían “El Tordo”. Fue combatiente del PRT-ERP y en esa calidad integró la Compañia del Monte. De acuerdo a los testimonios en el juicio de la Masacre de Capilla del Rosario, el 12 de agosto de 1974,  el santafesino De Benedetti formó parte del grupo que zafó de la represión tras el frustado intento de copamamiento del Regimiento 17 de Aerotransportada de Catamarca, que regresó a los montes tucumanos, en tanto 14 fueron fusilados tras entregarse con vida, y 12 fueron apresados.

Había sido detenido en las gobiernos militares de Onganía, Levingston y Lanusse por su actividad política, siendo su última detención en la Unidad Penitenciaria número 1 (UP 1) del barrio San Martín de Córdoba durante la dictadura cívico militar de 1976. Según el expediente militar figuraba en calidad de "rehén", cuando en julio de 1978 fue trasladado a Tucumán, y luego asesinado. Sus padres intentaron conseguir información en Córdoba sin éxito, hasta que supieron que había sido abatido en un supuesto “enfrentamiento”, por lo que luego pudieron recuperar sus restos.

En un operativo especial comandado por los altos jefes del circuito represivo tucumano, De Benedetti había sido detenido el 29 de septiembre de 1974 junto al abogado laboralista y defensor de presos políticos Ricardo Ripodas, Humberto Tumini y Alberto Raul Genoud. En ese grupo también estaban Orlando Luis Meloni y Silvano "Lalo" Castro, ambos fallecidos después de haber recuperado su libertad en 1983. "Fue procesado por asociación ilícita y detenido en la Unidad penitenciaria N° 1 de Córdoba a disposición del Juzgado Federal de Tucumán y del Poder Ejecutivo Nacional por decreto N° 1761/74, en carácter de 'rehén' junto a otros presos provenientes de diferentes cárceles del país", rezan los autos de elevación a juicio.

Según consta en la causa, el 3 de julio de 1978 De Benedetti fue requerido por el Área 311 del Ejército, “alegando el falso propósito de ser interrogado”. El mismo día fue trasladado a Tucumán. Ingresó con vida en la Unidad Penitenciaria de esa provincia, pero al poco tiempo fue asesinado.

-Me van a matar, compañeros –dijo, minutos antes del traslado.

Esas habrían sido sus últimas palabras, según lo que relataron sus excompañeros de celda. Ellos fueron los testigos finales: lo abrazaron antes de que lo esposaran y se lo llevaran por tiempo indeterminado. El Ejército informaría luego que había muerto "en un enfrentamiento". Ninguno de sus familiares creyó en esa versión, dicha tantas veces para ocultar los fusilamientos de los represores. Un comando militar perteneciente al Tercer Cuerpo del Ejército lo habría matado el 21 de julio de ese año en un simulado intento de fuga.

viernes, 28 de febrero de 2014

Identifican a Gloria Susana Figueria y a Julio Oscar Zurita, desaparecidos en el Pozo de Vargas

Identifican a una desaparecida santiagueña en Pozo de Vargas
Los restos pertenecen a Gloria Susana Figueroa, desaparecida en junio de 1976, cuando tenía 19 años y estudiaba abogacía.

El Juzgado Federal de Tucumán envió una notificación a la familia comunicando el hallazgo de los restos y la identificación de los mismos como Gloria Susana Figueroa, una joven santiagueña que a sus 19 años fue
víctima de la dictadura militar cuando cursaba la carrera de abogacía en Tucumán. Ella vivía junto a tres compañeras en una pensión de la calle Piedras.
Sus hermanos, Raúl Enrique y Ana María expresaron sus sensaciones ante las cámaras de Noticiero 7 por la identificación de los restos de Gloria. Raúl manifestó: ‘Es un triunfo de la verdad y poco a poco de la justicia, porque se vence el silencio, la oscuridad y el ocultamiento. Empieza a aparecer la verdad y va tomando fuerza con el tiempo’.
A su turno, Ana María, visiblemente emocionada dijo: ‘Yo tenía fe en que la iba a encontrar, dónde, no lo sabía, pero tenía fe de que la íbamos a hallar...’, luego se quebró y retomó el diálogo su hermano: ‘Ella es la que más ha luchado para encontrarla, y esto la golpea más porque en cierta manera es como coronar sus esfuerzos’.
Tanto Ana María como Raúl esperan que el caso de sus hermanos sea incluido en algunas de las megacausas que se encuentran aún abiertas y en proceso: ‘Esperamos conservar estos fragmentos y esperar que continúen los trabajos y en un tiempo breve podamos recuperar los demás restos, y en ese caso llegar a una sepultura. La verdad nos da fuerza para seguir luchando’.
 
TESTIMONIO
"Tenía la ilusión de que apareciera vivo, pero me entregaron sus restos"
La mamá de Julio Oscar Zurita contó la tristeza y angustia que vivió la familia desde el 3 de noviembre de 1976.
 FAMILIA. Olga (en el medio) concedió la entrevista junto a su hija Graciela (derecha) y su yerno Bianco.
 El pasado martes, integrantes de la familia Zurita vivieron una jornada inesperada. El Juez Federal Dr. Daniel Bejas, los convocó a un encuentro en Tucumán para informarles que los restos de Julio Oscar, estudiante de Arquitectura en esa provincia, fueron identificados entre las muestras obtenidas en el Pozo de Vargas (Francisco de Aguirre al 4.500) la fosa común que funcionó durante la dictadura.
Con ese dato “cerramos una etapa muy dura en nuestras vida”, Olga Gladys Gómez de Zurita, mamá del joven santiagueño oriundo de la ciudad de Frías, que perdiera la vida en manos de la represión, por lo que la lleva a reflexionar: “Si bien no sabemos qué le han hecho y por qué le han hecho esto a mi hijo, pero por lo menos ahora vamos a poder ponerle aunque sea una flor”.
Casi cuatro décadas pasaron para finalmente conocerse que el chico de 20 años fue asesinado y arrojado a una fosa común, lugar que tiene entre sus secretos más íntimos, hechos siniestros que llevaron adelante integrantes de la junta militar, “porque ellos se encargaron de eliminar a una generación de intelectuales. Entre ellos a mi hijo”, ahondó Olga luego de una breve pausa para rememorar aquel hecho que marcó para siempre a los integrantes de su familia.
En ese encuentro que mantuvieron con el juez, tomaron conocimiento de muchos datos, los cuales algunos de ellos siguen siendo inexplicables para la mamá de Julio, como el que no hay información precisa que indique que el estudiante de arquitectura haya tenido la participación en algún partido político o gremio. “Sin embargo lo sacaron de la pensión y nunca más supimos de él”, agregó.
“Tenía la ilusión de que apareciera vivo”, esgrimió con un destello de tristeza en sus ojos, Olga, “pero fueron tantos años que cuando me dieron la noticia ya no me quedaban lágrimas para llorarlo. Todos los días de mi vida, durante varios años, he llorado la pérdida de mi hijo”, añadió.
Por su parte, Graciela Zurita de Bianco, hermana de Julio, contó que nunca participaron de ninguna actividad política en la familia. “Por eso es muy difícil de entender por qué le hicieron eso a mi hermano. Fue un chico al que le gustaban las reuniones familiares, y jamás mostró alguna inclinación hacia algún movimiento político, pero lo mismo lo mataron. Hoy podemos decir que cerramos una etapa”, finalizó.

Olga y su marido recorrieron parte del país buscando a Julio
Publicado el 26/02/2014 - Con el ímpetu de un padre y con el valor de un héroe, Julio César Zurita, papá de Julio (joven secuestrado y asesinado en la última dictadura), desde el momento en que se enteró que su hijo había desaparecido, comenzó una búsqueda incansable para dar con su paradero, pero en el 2005, luego de haber luchado hasta con sus propios miedos por no encontrarlo con vida, falleció.
Olga, quien lo acompañó en todo momento, que “adonde nos decían que habían visto a mi hijo nos íbamos, sin importar adonde fuera. Nos llegaban datos de que estuvo en Córdoba, Jujuy, Chaco, Salta, en cualquier punto del país y junto con mi marido recorríamos miles de kilómetros para encontrarlo. Pero siempre nos dábamos con el mismo resultado: no aparecía”.
Tras 38 años de aquel acontecimiento que marcó sus vidas, teniendo en cuenta que el 3 de noviembre de 1976 Julio fue visto por última vez con vida, la mamá del estudiante asesinado narró que cuando llegaron a la pensión donde vivía su hijo, encontraron todo en orden, salvo la almohada, que no tenía funda. “Con los años nos enteramos que la utilizaron para taparle la cabeza”, detalló.
También recordó que un día se fue junto a su marido a la universidad donde estudió durante 3 años su hijo, y se dio con la mala noticia de que no había ningún dato sobre él. “Muchos años vivimos con esa incertidumbre, de pensar que nuestro hijo nos había mentido. Hasta que un día llegó una invitación de la Facultad, en donde recordarían a los desaparecidos, y entre ellos estaba Julio”.

viernes, 13 de diciembre de 2013

Megacausa : de los 41 imputados sólo 4 condenados a prisión perpetua

Megacausa: cuatro condenados a prisión perpetua

Se dictó la sentencia a los 41 imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad. Incidentes en la sala.



LA GACETA / FOTO GABRIELA BAIGORRI VÍA MÓVIL

Después de 13 meses de proceso, se dictó la sentencia a los 41 imputados en el juicio por la megacausa “Arsenales II-Jefatura II”. El fallo se llevó a cabo en la sala del Tribunal Oral Federal (TOF) de Chacabuco y Cristóstomo Alvarez.

En el proceso se juzgó a 41 personas y se investigó los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, abuso deshonesto agravado, violaciones agravadas y homicidio calificado, cometidos en perjuicio de 208 víctimas.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas, Juan Carlos Reynaga (subrogante) y Hugo Cataldi (sustituto).
La Fiscalía había solicitado prisión perpetua para 33 de los acusados, en tanto requirió penas de entre 4 y 25 años para los otro ocho imputados. Sin embargo, sólo cuatro acusados fueron imputados a la pena máxima. Ellos fueron Luis Orlando Varela (militar), Roberto Heriberto Albornoz (policía), Ricardo Oscar Sánchez (policía) y Luis Armando Decándido (policía).
Sobre el final, hubo incidentes e indignación del público y familiares por las absoluciones y bajas penas luego de esperar 37 años por justicia.

Las condenas
Marcelo Omar Godoy, 18 años. Ernesto Rivero, 18 años. Tomás Adolfo Güemes, 18 años. Benito Palomo, 18 años. Alberto Montes de Oca, 18 años. José Carlos Sowinski, 17 años. Ramón Ojeda Fuentes, 20 años. Benito Palomo, 18 años. Alberto Moore, 20 años. Fernando Torres, 16 años. Ángel Colotti, 16 años. Augusto L. Neme, 18 años. Pedro Osvaldo Caballero, 15 años. Ramón Cooke, 16 años. Hugo Soto, 15 años. Juan A. Abraham, 16 años. Reyes Quintana, 16 años. Hugo Figueroa, 16 años. Oscar H. Gómez, 16 años. Félix Insaurralde, 16 años. Antonio Vercellone, 16 años. Ángel C. Moreno, 16 años. Guillermo A. Ugarte, 15 años. Jorge Lazarte, 10 años. Rolando Valdiviezo, 14 años. Carlos Trucco, 14 años. Mario D'ursi, 12 años. Luis Ocaranza, 10 años. Chuchuy Linares, 14 años. Luisa Acosta de Barraza, 10 años. Pedro Pateris, 10 años. López Guerrero, 4 años. Ramón Jodar, 4 años. María E. Guerra, 2 años.

En tanto, Celso Barraza (gendarme), Luis de Urquiza (militar), José Eloy Mijalchik (sacerdote) y Juan Benedicto (escribano) quedaron absueltos.
Caos vehicular

Desde primera hora de la mañana está cortado el tránsito en las calles aledañas. Hasta la tarde no se podrá transitar por Crisóstomo Alvarez, desde Ayacucho hasta Buenos Aires; y por Chacabuco, desde 24 de Septiembre hasta San Lorenzo.
Por un pedido específico de la organizacion Hijos y el colectivo de Abogados Andhes, la seguridad estuvo a cargo, exclusivamente, de la Gendarmería Nacional, y no de la Policía provincial.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Un año del jucio de Jefaura

Un año de justicia
Publicado por Gabriela Cruz
 
Vctimas: 118 de Jefatura, 97 de ‘el Arsenal’. 55 víctimas tenían hijos. 4 mujeres estaban embarazadas, 3 hombres esperaban el nacimiento de sus hijos. No los conocieron. Números que son más que eso, son historias. Historias de vidas que por más de 30 años parecían que iban a quedar solamente en la memoria de quienes los amaron. Historias que un puñado de hombres, que se creían dueños de todo, decidieron cambiar. Que hoy, a pesar de todo lo hecho por silenciarlas, se cuentan, se escriben, se gritan.

El martes 12 se cumple un año desde que empezó el juicio por delitos de lesa humanidad más grande del noroeste argentino, la ‘megacausa’ Jefatura II Arsenales. A lo largo de este año pasaron más de 400 testigos y se leyó el testimonio de otras 400 personas. Se visitó uno a uno los lugares donde muchos de esos sobrevivientes padecieron el infierno. Jefatura de Policía, Escuela de Educación Física, Reformatorio, Nueva Baviera, ‘Escuelita’ de Famaillá, Comisaría de Monteros, Caspinchango, Santa Lucía, Arsenales. Y los lugares que preservaron los restos, la prueba irrefutable: las fosas en el Arsenal y el Pozo de Vargas. Y llegó el momento de los alegatos, “la justicia está en los alegatos”, dice una de las familiares. Es que allí no solo se habla, se reivindica, e independientemente de la sentencia, se hace justicia en la palabra y con la palabra.

El jueves 7 terminaron de presentar los alegatos todas las querellas. Entre los últimos en hacerlo estuvieron Daniel Mendivil y Juan Cárlos Véliz. Los abogados hablaron de la usurpación del inmueble de calle Frías Silva al 200. En esa vivienda vivía el matrimonio de Diana Oesterheld y Carlos Araldi. La pareja alquilaba la casa a don Onésimo Marini cuando, en 1976, Diana fue secuestrada junto a su hijo de poco más de un año. Carlos fue asesinado y el pequeño fue abandonado en la Casa Cuna de donde fue retirado por sus abuelos paternos. Diana, que estaba embarazada de más de 6 meses, permanece desaparecida. La propiedad en la que el matrimonio se encontraba viviendo fue ocupada, según indican varios testimonios,  por María Elena Guerra. Ella y Roberto Heriberto Albornoz, quien estuvo a cargo del secuestro de Oesterheld, habrían mantenido una relación amorosa. María Elena Guerra se encuentra imputada por esta usurpación.

Los querellantes indicaron que la imputada no pudo explicar cómo llegó a vivir en la propiedad de los Marini. Sostuvieron que se contradijo en las diferentes declaraciones. Que los testigos presentados por la defensa incurrieron en falso testimonio. Solicitaron que la fiscalía los investigue por este delito, al igual que a los abogados defensores quienes, según indicaron, actuaron con ‘mala fe procesal’. Finalmente hicieron la petición de la pena de tres años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, por el delito de usurpación de la propiedad, con calificación de delito de lesa humanidad.

A continuación se refirieron al caso de la familia Osores. Carlos Osores, militante comunista, permanece desaparecido. La familia fue víctima de tres operativos en los que los saquearon y los golpearon. En el primero de ellos violaron a una menor de 15 años que se encontraba en la vivienda. Los testimonios presentados por esta causa contaron con detalle lo sucedido. Afirmaron haber reconocido, entre los secuestradores, a Francisco ‘Pancho’ Orce y a Mario ‘Malevo’ Ferreyra. Mendivil y Véliz no pidieron pena para Ernesto Rivero y Héctor Montes de Oca – imputados en esta causa- por no tener la querella formal, pero sí hicieron valoración de las pruebas producidas a lo largo del proceso.

El último querellante en hablar fue Daniel Villagra, representante de la causa de la desaparición del empresario José Guetas Chebaia. Chebaia, que además fuera secretario de planeamiento, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976. El abogado Daniel Villagra, que tampoco pudo pedir pena para los imputados, dijo que estaba seguro que la fiscalía supliría con creces esta falta.

domingo, 3 de noviembre de 2013

Para 23 de los imputados piden prisión perpetua por delito de genocidio

Querellantes requirieron que el escribano Juan Carlos Benedicto sea condenado a 15 años como presunto autor material de tormentos. Los alegatos comenzaron el jueves y se extenderán durante todo el mes. En el TOF esperan que la sentencia sea en diciembre.

"Esta es la familia Rondoletto. Quiero hablar de quiénes eran. Porque detrás de cada unas de estas fotos (las de los desaparecidos que estaban en la sala) hay historias". La abogada Julia Vitar levantó la imagen en blanco y negro que reúne a los cinco integrantes detenidos-desaparecidos. En la primera fila, Marta Rondoletto, la única miembro que sobrevivió, abrazaba otra imagen de sus parientes.

Vitar y su co-querellante Inés Lugones alegaron durante la mañana de ayer en la megacausa "Arsenales II-Jefatura II". Recordaron el secuestro del que hoy se cumplen 37 años; el saqueo de la vivienda y la imprenta; los dichos de testigos que vieron a sus miembros en el Arsenal y la minuciosa declaración del ex gendarme Antonio Cruz sobre el fusilamiento y posterior quema de los dos hombres (padre e hijo) del grupo familiar. De la misma manera, y tras una extensa argumentación técnica, las letradas repasaron las historias de las 13 víctimas de los casos que representan: Pedro, María, Silvia y Jorge Rondoletto y Azucena Bermejo de Rontoletto (embarazada); Nélida Sosa de Forti; María Margarita Laskowski (sobreviviente) y Adolfo Méndez Brander; José Díaz Saravia y Teresa Guerrero de Díaz Saravia; Ricardo Salinas y Silvina Parrile de Salinas y Enrique Campos.

Explicaron, citando doctrina y jurisprudencia, que pedirían que los crímenes fueran considerados no sólo como de lesa humanidad, sino como integrantes del delito internacional de genocidio. Requirieron penas -de cumplimiento efectivo en cárceles - para la mayoría de los 41 imputados por violación de domicilio (por las víctimas que fueron sacadas de sus casas), privación ilegítima de la libertad con apremios, tormentos agravados y homicidio calificado (a excepción de Laskowski).

Requirieron prisión perpetua para Camilo Colotti, Luis Ocaranza, Roberto Albornoz, Luis Varela, Fernando Torres y Ramón Ojeda Fuentes (autores mediatos) y Luis De Cándido, Luisa Acosta, Ángel Moreno, Rolando Reyes Quintana, Ricardo Sánchez, Félix Insaurralde, Antonio Vercellone, Guillermo Ugarte,Juan Abraham, Pedro Pasteris, Miguel Chuchuy Linares, Oscar Gómez, Tomás Güemes, Ernesto Rivero, Alberto Montes de Oca, José Sowinski, Benito Palomo (partícipes necesarios). Pidieron 20 años de cárcel para Pedro Caballero y Hugo Soto (partícipes secundarios). Por último, solicitaron que el escribano Juan Carlos Benedicto fuera condenado a 15 años de prisión por considerarlo autor material de tormentos agravados contra Méndez Brander.

En sus justificaciones, las querellantes habían detallado cómo funcionaron los centros clandestinos que, según la Justicia, funcionaron en el Arsenal y la Jefatura en los 70 y otros más pequeños del "circuito represivo". También hicieron hincapié en las docenas de testimonios que dieron cuenta de actos de violencia sexual a los que habrían sido sometidos los cautivos.

"Este juicio traerá paz y tranquilidad para muchos tucumanos. Aunque esto no implique para las familias que sus seres queridos vuelvan. Sí será un acto de justicia y de reparación. Será una forma de poner en práctica algo que Marta Rondoletto manifestó en su declaración: 'No nos han vencido'. Es así, porque 30 años después, nosotros seguimos pidiendo justicia y haciendo memoria", concluyó Vitar.
Apuntes del juicio

Tareas de inteligencia.- Las querellantes remarcaron que las tareas de inteligencia eran desarrolladas por el Ejército, la Policía y la Side y luego, centralizadas. Detallaron que la "Comunidad Informativa" (con representantes de todas las fuerzas) valoraba la información y confeccionaban listas de futuros detenidos. Luego de que "las patotas" secuestraban, seguían los interrogatorios y las torturas. De allí, afirmaron, obtenían nuevos datos para nuevas detenciones ilegales.

Secuelas para cuatro generaciones.- La abogada Lugones recordó que especialistas mencionaron en la megacausa que existe un "daño transgeneracional" de los crímenes de lesa humanidad. "El daño atraviesa hasta cuatro generaciones. Porque, por ejemplo, no se efectúan los ritos funerarios, no hay duelo", afirmó.

En las fosas.- Los restos de una de las víctimas representada por la querella Vitar-Lugones fueron reconocidos en una de las fosas comunes del Arsenal. Se trata de Ricardo Salinas. Había sido secuestrado el en enero de 1977 en Jujuy.

"Toda la población era el enemigo".- Vitar explicó que el Operativo Independencia fue un "plan sistemático de violación de Derechos Humanos". "Para los ejecutores, toda la población civil era el enemigo 'subversivo'", fundamentó. Argumentó que, de acuerdo con la doctrina militar, todo el que no estaba de acuerdo con el modelo que pretendían implementar era considerado un "elemento" a eliminar.

Violencia sexual en CCD.- "Los actos de violencia sexual como violaciones, desnudez colectiva, esterilización forzada, abortos y mutilación de órganos sexuales fueron sistemáticos", concluyeron las letradas tras enumerar testimonios de cruentos ataques sexuales que habían ocurrido en la Jefatura y el Arsenal.

Apropiación de niños.- La querella hizo hincapié en la posible apropiación de niños, porque la víctima Azucena Bermejo estaba embarazada de cuatro meses. "No sabemos el destino de ese hijo. Estos jóvenes, como él, tienen entre 35 y 40 años y siguen estando secuestrados porque tienen su identidad apropiada", consignó Vitar. Citó testimonios acerca de supuestos abortos inducidos en los CCD.

Más alegatos.- Al cierre de esta edición alegaban los abogados de Andhes, Valentina García Salemi y Daniel Weisemberg. Luego, lo haría Emilio Guagnini.

Fuente: La Gaceta

sábado, 5 de octubre de 2013

Megacausa Jefatura II - Arsenales II Ampliaron imputaciones contra 18 represores por delitos sexuales


El Tribunal Oral Federal de Tucumán hizo lugar al pedido de la Fiscalía y abogados querellantes y se decidió ampliar imputaciones por delitos sexuales contra 18, en su mayoría ex policías, de los 41 acusados que tiene el juicio.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán hizo lugar, ayer, al pedido de la Fiscalía que encabeza Leopoldo Peralta Palma y los abogados de las querellas, para que se amplíe la imputación contra varios acusados por crímenes de lesa humanidad, ahora por delitos sexuales, cometidos durante la dictadura, en los centros clandestinos de detención de Jefatura de Policía y la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga.

En el caso de delitos sexuales cometidos contra EC, se hizo lugar la ampliación contra Roberto "el Tuerto" Albornoz (ex policía de Tucumán, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura). Por los abusos contra TG y CM fueron acusados Ernesto Rivero (Gendarme, CCD Arsenal), Tomás Adolfo Güemes (Gendarme, CCD Arsenal y 5ta Brigada de Infantería) y Fernando Torres (Militar, Oficial del 142), como partícipes necesarios. Como autor mediato, se imputó a Luis Varela (Militar, Oficial del 142).

También se amplía la acusación por el caso de Calabró contra erto Barraza (Gendarme, CCD Arsenal), Hugo Javier Figueroa (ex Policía, Miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura) y Félix Insaurralde (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura). Por ese mismo delito se imputó a Juan Abraham (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Ricardo Sánchez (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Rolando Reyes Quintana (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura) como partícipes necesarios.

María Rosa Acosta de Barraza (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Miguel Chuchuy Linares (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Guillermo Ugarte (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), fueron imputados como partícipes necesarios del delito de violación. Lo mismo que Luis De Cándido (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Félix Insaurralde y Pedro Pasteris (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura).

Tanto Rivero como Torres hicieron uso de la palabra y afirmaron no conocer a las víctimas de los delitos que se les imputa. Por su parte el imputado Figueroa, también imputado como partícipe necesario en el delito de violación sexual, dijo que “inocente de las aberraciones de las que lo acusan”.

No se hizo lugar, en cambio, al pedido de ampliación por delitos de robo doblemente agravado, que también había pedido la Fiscalía.

El tribunal dispuso que las defensas tendrán hasta el 17 de octubre para preparar las pruebas.

El jueves que viene continuará la recepción de testimoniales.

En la causa por los crímenes de secuestro, tortura, homicidio agravado y desaparición de personas hay 41 imputados, entre los cuales hay ex militares, ex policías, ex gendarmes, civiles y un sacerdote.

Fuente: Tucuman Hoy

jueves, 3 de octubre de 2013

Inspección ocular en Santa Lucía y Caspinchango


Publicado por Gabriela Cruz
El jueves 26 de setiembre se realizó la ultima inspección ocular del juicio por la megacausa Jefatura II – Arsenales.

La medida inició en la Comuna Rural ‘Santa Lucía’ donde, en febrero de 1975, se instaló la Base Militar. En ese lugar, según indican los testimonios, se encontraba un sótano en el que se torturaba.

Los testigos que participaron de esta inspección fueron: Juan Manuel Quinteros, Domingo Antonio Jeréz, Manuel Humberto Suarez, Lucía Mercado, María Candelaria Moyano, Oscar Godoy, Julio Antonio Ahumada, María del Valle Segura, Francisco Vega y Lucía Aguilar.

Luego se realizó el reconocimiento en la Localidad de Teniente Berdina (Caspichango). En la zona conocida como la ‘Chimenea Mota’ estuvo instalada una base. Testigos sobrevientes indicaron los lugares donde fueron sometidos a torturas.

De esta última instancia participó Domingo Antonio Jeréz (ex conscripto) y Juan Manuel Quinteros.
Fotografías de Agencia Infoto

Fue en Santa Lucía y Caspinchango, donde grupos del Ejército montaron bases en antiguos ingenios azucareros para comandar la represión en la zona durante la dictadura. El objetivo del procedimiento judicial fue que víctimas y testigos reconocieran los sitios donde se cometieron los crímenes.
Ambos lugares habían funcionado como ingenios azucareros, pero durante la dictadura fueron utilizados por grupos del Ejército para comandar la represión en la zona. Las bases instaladas en pleno monte dependían de los regimientos N° 19 de Tucumán y N° 28 de Tartagal.

El objetivo de las inspecciones oculares fue que víctimas y testigos reconocieran los sitios, que fueron ocupados por las fuerzas armadas desde 1975 por el llamado “Operativo Independencia”.  Los integrantes del tribunal,  los fiscales  y testigos, recorrieron los lugares junto al público, entre el que había abogados, familiares de víctimas y vecinos.

"Fueron dos pueblos intervenidos militarmente entre 1975 y 1979. Durante todo el tiempo hicieron un control de la población, con secuestros, allanamientos ilegales y abusos sexuales dentro de la misma vivienda de las víctimas. La experiencia concentracionaria se extendió a todo el pueblo", había explicado la semana pasada Camuña.

Cabe recordar que el viernes 20 se inspeccionó el Pozo de Vargas -una fosa común en un aljibe-  y antes se hizo lo propio en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, en la Escuelita de Famaillá, en el ex Ingenio Nueva Baviera y en la comisaría de Monteros. El proceso, en el que se juzgan las responsabilidades que tendrían 41 imputados en 206 casos sobre privaciones de libertad, torturas, homicidios y delitos sexuales, está ingresando a las etapas finales; se estima que los alegatos tendrán lugar a fines de octubre.