sábado, 10 de enero de 2015

La madre del soldado Ledo visitó al juez Bejas para reclamarle que indague a César Milani

La madre del soldado se presentó esta mañana en el Juzgado Federal para cuestionarle la demora en la situación del jefe del Ejército

 La madre del soldado Ledo se presentó esta mañana en el Juzgado Federal y se entrevistó con el Juez Federal. SAN MIGUEL DE TUCUMAN. Marcela Brizuela de Ledo, madre del conscripto Alberto Ledo, quien desapareció en 1976, en esta provincia, le reclamó personalmente al juez federal Daniel Bejas que no demore más el llamado a indagatoria del jefe del Ejército, César Milani, acusado por el encubrimiento del crimen de su hijo.

Brizuela de Ledo y su hija, Graciela Ledo, se reunieron hoy por primera vez con el magistrado tucumano en su despacho de los Tribunales Federales para conocer el avance de la causa, luego de que el fiscal Carlos Brito elevara, el pasado 22 de diciembre, el pedido para que Milani sea citado a declarar. Dicho planteo aún no fue resuelto debido a que la defensa del militar pidió la recusación de Brito "por temor de falta de objetividad", cuestión que el magistrado debe resolver previamente y que está frenando el avance de la causa.

"El juez nos escuchó y nos dijo que el juicio de mi hijo está encaminado, que se está ocupando. Le dije que quiero saber qué ha pasado con mi hijo y que los culpables vayan a la cárcel, que se haga justicia", expresó Brizuela de Ledo, en declaraciones a la prensa, al salir de la audiencia con Bejas.

La mujer, quien tiene 84 años y preside la organización Madres de Plaza de Mayo de La Rioja, hizo un firme reclamo a Bejas para que cite a declarar al jefe del Ejército, a quien Brito acusó de haber falsificado el sumario en el que se hizo figurar a Ledo como desertor, cuando en realidad se trató de una desaparición forzosa, y de haber encubierto su asesinato . "Lo que esperamos es que Milani venga a declarar. Es un traidor, un represor, un genocida como fue Videla, está ocupando el lugar de otro represor genocida como Videla", expresó Brizuela de Ledo ante una consulta de LA NACION..

Denuncian que Milani actuó bajo los órdenes de Bussi en Tucumán

El rol del jefe del Ejército en la represión de la dictadura. Aparece en un organigrama del Operativo Independencia en 1976

El ex legislador justicialista de Tucumán, Enrique Fernando Romero, presentó ante el juez federal de esa provincia, Daniel Bejas, documentación oficial del Ejército que probaría que en 1975, el entonces subteniente César Milani, hoy Jefe del Ejército, estuvo bajo el mando del fallecido ex represor Antonio Domingo Bussi. Ayer, las abogadas del soldado Alberto Agapito Ledo pidieron que dicha documentación se incorpore a la causa de la desaparición del conscripto en 1976.En el año 2010 el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, presentó ante el juez Bejas "evidencias que permitirían establecer la participación de Milani y del coronel Esteban Sanguinetti en la segunda etapa del Operativo Independencia y que eran personal de Inteligencia bajo el mando del general Antonio Domingo Bussi" dijo Romero a la prensa.Entre los documentos, confeccionados en 1975 por la Inteligencia de la 5ta. Brigada y Tercer Cuerpo de Ejército, presentados nuevamente, hay una copia de un organigrama donde se afirma que Ledo era integrante del "Frente Armado Estudiantil, en la Universidad Nacional de Tucumán, como Responsable Gremial y Reivindicativo". 

Las abogadas de la familia Ledo, Viviana y María Elisa Reynoso y Adriana Mercado Luna se reunieron ayer con la secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal N°1de Tucumán, Virginia Duffy quien les confirmó la existencia de esa documentación pero agregada a la causa del Operativo Independencia, por lo cual le solicitaron que la anexe formalmente a la causa Ledo. Entienden las letradas que "si en 1975 Ledo ya es taba ‘fichado' como enemigo interno, según la doctrina de la seguridad nacional, es evidente que fue trasladado ex profeso a Tucumán, ya con la in tención de hacerlo desaparecer y Milani no puede alegar ignorancia de esto, siendo que Ledo era su asistente". Además "prueba que Milani sí participó en la represión del Operativo Independencia, contradiciendo el dictamen del fiscal Pablo Camuña, "quien ante la denuncia de los legisladores radicales negó que Milani haya tenido participación en esa represión".

Mientras tanto el juez Daniel Bejas no resolvió la recusación del fiscal Carlos B rito, presentada por la defensa oficial del Tte. Gral. Milani, que además solicitó la ampliación del plazo para ampliar la recusación. También Milani denunció al fiscal Brito ante la jefa de los fiscales, la procuradora Gils Carbó, basándose en "discrepancias con el requerimiento fiscal y esto lo hace con la evidente intención de separar, por otra vía, al fiscal Brito de la causa Ledo" señalaron las abogadas.Bejas tampoco resolvió aún sobre el pedido de Milani de no tener en cuenta la fotocopia con su firma del acta de la falsa deserción del soldado Ledo. Entienden las abogadas que el juez Bejas "ya no tiene ningún margen como para no citar a indagatoria a Milani, lo cual ya no debe tener más dilación".

Finalmente la audiencia de Milani paso para este viernes a las 10

Puede que Milani no sea indagado hasta agosto

La resolución de los planteos que articuló la defensa del jefe del Ejército supone un trámite judicial capaz de prolongarse durante meses

El mismo día que el fiscal federal N°1, Carlos Brito, imputó a César Milani, jefe del Ejército, la supuesta comisión de delitos relativos a la desaparición del conscripto Alberto Ledo y solicitó a Daniel Bejas, juez federal N°1, que indague al militar, la defensa del imputado pidió al magistrado que separe a Brito de la causa. Esa recusación “por temor de falta de objetividad” ralentiza el trámite de la investigación penal puesto que el magistrado ha de resolver primero si aparta o no al fiscal. En paralelo, Bejas ha de definir otro planteo formulado por Milani para excluir de la causa una prueba decisiva: la copia del legajo de la deserción de Ledo. Todo ello expone al caso a un trámite susceptible de prolongarse más allá de las elecciones primarias de agosto.

La recusación ya acarreó la postergación de la audiencia con el Ministerio Público y la defensa prevista en el Código Procesal Penal de la Nación en vigor. Ese acto iba a ser sustanciado el 29 de diciembre, pero, una hora antes del comienzo, los defensores oficiales Adolfo Bertini y Manuel Bonnin solicitaron la postergación con el argumento de que deseaban ampliar los fundamentos de la recusación planteada el 22 de diciembre. A continuación, el juzgado a cargo de Bejas concedió plazo hasta ayer a los abogados de Milani para que presenten por escrito los hechos nuevos. Fuentes de la Justicia Federal informaron que la audiencia en cuestión, que habilita al magistrado para tomar una decisión sobre la recusación, tendrá lugar este viernes a partir de las 10.

La Escuelita de la represión ilegal

Veintidos nuevos detenidos en la causa por el Operativo Independencia
Los arrestados son represores del Destacamento de Inteligencia 142, que estaba a cargo del centro de detención y torturas la Escuelita de Famaillá, y de un grupo de jefes y subjefes de unidades que participaron del Operativo Independencia.

La megacausa por el Operativo Independencia en Tucumán tuvo un nuevo impulso. Veintidós nuevos imputados –ex militares, ex gendarmes y ex policías– fueron detenidos la semana pasada como parte de los avances en la investigación a cargo del fiscal federal Pablo Camuña. Quince de ellos ya fueron indagados y, salvo en un caso de excarcelación, permanecen con arresto domiciliario.

Se trata de represores del Destacamento de Inteligencia 142, que estaba a cargo del centro de detención y torturas la Escuelita de Famaillá, y de un grupo de jefes y subjefes de unidades que participaron del Operativo Independencia, como el Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20) de Jujuy y el RIM 28 de Tartagal.

De los veintidós arrestados, quince fueron llevados a Tucumán para prestar declaración ante el fiscal y el juez federal Daniel Bejas. Otros siete detenidos alegaron estar impedidos de ser trasladados por motivos de salud, por lo que el juzgado evaluará la situación y probablemente decida tomarles indagatoria en sus domicilios.

Esta es la segunda tanda de imputados de la megacausa. Los detenidos del grupo que se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 142, que manejó la Escuelita de Famaillá, son Milagro Alberto Balderrama, Juan Carlos Ruda, Raymundo Máximo Viltes, Angel Fassola, Domingo Miguel Cruz, Marcelino Teodoro González, Gustavo Tomás Roque Cordero, Medardo Roberto Naranjo, Roberto Aquilino Barboza y Santiago Arriazu. Otros dos fueron oficiales de Gendarmería a cargo de la custodia y los traslados en el centro clandestino de detención, Casiano Pedro Burtnik y Enrique Pascual Avaca. A su vez, Manuel Rubén Vila y Eduardo Alfonso Pomponio habrían integrado el Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía.

La lista se completa con Omar Edgardo Parada –jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28–, Julio César Meroi –segundo jefe de la Compañía de Comunicaciones 5 de Tucumán–, Julio Luis Teodomiro Bidone –jefe del grupo de Artillería de Montaña 5 de Jujuy–, Rolando Rodríguez Argumedo –jefe del Regimiento de Infantería de Monte 20 de Jujuy–, Enrique Bonifacio –jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 11 de Tupungato–, Ernesto Alejandro Repossi –jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal–, Manuel Santos Véliz –del Servicio de Informaciones Confidenciales en la Jefatura de Policía– y Antonio Féliz Castelli –jefe de la Agrupación X San Juan de Gendarmería–. Los operativos de detención estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y abarcaron a diez provincias.

El centro clandestino que funcionó en la Escuelita de Famaillá fue para los investigadores el eje clave del Operativo Independencia, que comenzó durante el gobierno de Isabel Perón, en febrero de 1975, y se extendió hasta entrada la dictadura, en 1977, encabezado por el general Acdel Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi. Con el argumento de eliminar los “focos subversivos” del ERP en el monte tucumano, el operativo significó la ocupación militar de la provincia y la persecución de todo aquel que resultara sospechoso de simpatizar con la guerrilla. Por la Escuelita pasaron, según las denuncias acreditadas, al menos 1507 personas, acusadas por los represores de mantener una “relación estrecha con el enemigo”.

En esta misma megacausa hay otros dieciocho represores imputados para los que la fiscalía ya requirió la elevación a juicio oral. Ese grupo, encabezado por Mario Benjamín Menéndez, ya fue procesado por delitos como la privación ilegítima de la libertad y el uso sistemático de la tortura contra 270 víctimas. Este grupo de represores está así cerca de ser juzgado, aunque para que se fije fecha de inicio de las audiencias públicas y orales todavía resta que el juez Bejas responda a las apelaciones al requerimiento a juicio presentadas por sus defensores.

Por otra parte, el mes pasado el magistrado hizo otro avance en el expediente al procesar a Roberto Gordillo, “jefe de interrogadores” del Operativo Independencia, por los delitos de homicidio, torturas y violaciones. En su fallo, el juez señaló que los delitos “se cometieron en el contexto de un ataque sistemático desde el Estado contra un grupo nacional argentino identificado como ‘enemigo’ del pensamiento ‘occidental y cristiano’, en el marco del delito internacional de genocidio”.

La fiscalía de Camuña investiga delitos de lesa humanidad cometidos contra unas quinientas víctimas. Por el volumen de los hechos, en la fiscalía señalan que esta segunda tanda de imputados no será la última.

miércoles, 31 de diciembre de 2014

Comienzan 48 horas decisivas en la causa contra Milani en Tucumán

El juez Bejas debe definir dos planteos de la defensa del militar; este año, el magistrado sobreseyó al ministro Manzur, acusado de enriquecimiento ilícito

Por Fabián López  | Para LA NACION


SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- En las próximas 48 horas podría quedar echada la suerte del jefe del Ejército, teniente general César Milani, en la causa en la que fue imputado por la desaparición del conscripto Alberto Ledo, ocurrida en 1976, en esta provincia.

Entre hoy y mañana, el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, debe resolver varias cuestiones para el desarrollo de la investigación. En primer lugar, tendrá que decidir si el expediente es habilitado como asunto de feria, teniendo en cuenta que pasado mañana comienza el receso judicial de enero. Según estimaron fuentes judiciales consultadas por LA NACION, el juez estaría evaluando la posibilidad de postergar el caso para febrero de 2015, cuando vuelva la actividad a los tribunales.

El fiscal federal Carlos Brito, quien la semana pasada imputó a Milani por falsedad de documentos públicos y encubrimiento en el crimen del soldado Ledo y pidió que sea citado a declarar, requerirá que el tema se declare asunto de feria, siguiendo instrucciones del fiscal general Gustavo Gómez. De todas maneras, es Bejas quien tiene la última palabra y, según estimaron las mismas fuentes, "por sus antecedentes en otras causas que involucran a funcionarios, se tomaría su tiempo para adoptar decisiones importantes".

Otra definición valiosa que deberá adoptar el juez es si hace lugar a un planteo de la defensa de Milani para que se excluya como prueba la documentación supuestamente falsificada en 1976 por el militar, en la que se hizo figurar como "desertor" a Ledo, cuando desapareció.

Los abogados del militar objetaron esa documentación con el argumento de que se trata de una copia certificada y no del original.

"Si se cae esta prueba, se cae la causa, porque a Milani se lo acusa de haber falsificado esa acta, haciendo aparecer a Ledo como desertor, cuando en realidad lo hizo desaparecer el gobierno de facto, y fue por la firma de esa documentación que también se lo imputó por encubrimiento del crimen del soldado", explicó a LA NACION una fuente judicial.

Por otro lado, el magistrado debe resolver por estas horas el planteo de recusación que los abogados del jefe del Ejército presentaron contra el fiscal Brito "por temor de falta de objetividad".

Si Bejas hiciera lugar a ese requerimiento de la defensa, la causa quedaría en manos de Pablo Camuña, quien jurará hoy como titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán. Camuña, simpatizante de La Cámpora y muy cercano a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, fue quien solicitó el archivo de la primera causa en la que se investigaba la vinculación de Milani con tareas de represión durante la última dictadura. Por esa actuación, cuando estaba al frente de la Unidad Fiscal de Investigación de Violaciones de los Derechos Humanos en Tucumán, la oposición rechazó recientemente el pliego de Camuña al ser tratado en el Senado, donde fue ungido fiscal gracias al voto del oficialismo.

Al respecto, el diputado nacional José Cano (UCR-Tucumán) advirtió que "hay que estar atentos porque el kirchnerismo intentará garantizar que la causa caiga, desplazando a Brito y colocando al frente a Camuña, que ya favoreció a Milani".
Los fallos del juez Bejas

Ésta no es la primera vez que Bejas tiene en sus manos una causa que involucra a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. El magistrado llevó adelante el expediente por enriquecimiento ilícito contra el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, a quien sobreseyó después de cuatro años (la causa había sido iniciada en 2010 por el abogado y peronista disidente Oscar López).

En la sentencia, que fue apelada por la querella y hoy está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones, Bejas consideró que la investigación no logró demostrar que Manzur se haya enriquecido de manera ilegal.

Antes de ser designado en el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, en 2010, Bejas se desempeñó como apoderado del PJ local entre 1984 y 1996, mientras que entre 2003 y 2005 fue abogado de dos empresas del gobernador José Alperovich..

miércoles, 10 de diciembre de 2014

Los condenados por la megacausa Jefatura Arsenal II : ¡¡son enviados a sus domicilios !!

La Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación, con el voto mayoritario de los jueces de cámara Eduardo R. Riggi y Liliana Catucci, y el voto en minoría con una disidencia parcial de la Dra. Ana María Figueroa resolvió que 34 de los 37 ex militares y policías condenados por masivos delitos de lesa humanidad en la  MEGACAUSA Arsenales II-Jefatura II, vuelvan a prisiones domiciliarias, cesando así la imposición de cárcel común resuelta por el TOFC de Tucumán.

Este proceso fue el más grande del NOA Argentino realizado hasta el momento. Allí se debatió la responsabilidad de 41 personas acusadas de múltiples homicidios calificados, privaciones ilegitimas de la libertad, torturas y abusos sexuales cometidos en  dos de los CCD más grandes de Tucumán. En uno de estos, “Arsenales” a partir del impulso dado por los familiares querellantes en la causa y las organizaciones de DDHH de Tucumán,  se encontraron las fosas donde fueron inhumados clandestinamente los desparecidos luego de ser torturados y ejecutados.

Consideramos que actuando con displicencia, Casación resolvió que los 37 acusados vuelvan a sus casas a gozar de privilegios que por ejemplo, la mayoría de los encausados y condenados por delitos comunes, no tienen. Por la decisión de la Sala III, los genocidas están otra vez en las calles, entre nosotros.

Estos miembros del aparato judicial no se detuvieron ni un segundo a pensar en la seguridad de los cientos de testigos que declararon en contra de los imputados,  tampoco en su integridad psicológica, al saber que sus captores, sus torturadores están nuevamente libres.

Algunos de los acusados de delitos de lesa humanidad fueron enviados a sus domicilios particulares, en prisiones domiciliarias que NINGUNA fuerza de seguridad controla, por lo que sabemos que se trata de una ilusión.

DENUNCIAMOS  LA IMPUNIDAD que GENERA UNA JUSTICIA OBSCURANTISTA.

Consideramos que el primer paso para la impunidad lo dio la mayoría del Tribunal Oral de Tucumán (conformada por los Jueces Gabriel Casas y Carlos E. Jiménez Montilla), quienes absolvieron a 4 imputados en la sentencia definitiva de la megacausa y le impusieron penas irrisorias a las cabezas del sistema represivo: los oficiales de inteligencia del Ejército. Los imputados Varela, Torres, Ojeda Fuentes, Ocaranza Moore, especializados en Inteligencia y por lo tanto, cabeza y corazón operativo de los delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán, fueron quienes recibieron las penas más bajas. Penas vergonzosas para personas encontradas responsables de la autoría mediata de decenas de homicidios calificados cometidos en el marco del Delito de Desaparición Forzada de Personas.
Este pacto de la justicia con la impunidad, lo viene a sellar la Cámara de Casación Penal, con lo resuelto en el día de ayer que además deja la resolución sobre la forma del cumplimiento de la pena, sujeta  que la sentencia quede firme. Nos preguntamos: ¿Cuántos años tendremos que esperar para que la sentencia quede firme? ¿Cuántos años tienen que pasar para que el Tribunal de Casación se digne a resolver los recursos pendientes, y luego haga lo propio la Corte Suprema?

LOS NÚMEROS DE LA MEGACAUSA Y LA BURLA DE LA VERGONZOSA CÁMARA DE CASACIÓN

40 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA - 13 MESES DE DEBATE ORAL Y PUBLICO
212 VÍCTIMAS - 41 IMPUTADOS - 400 TESTIGOS ORALES - 400 TESTIGOS INCORPORADOS POR LECTURA - 150 LEGAJOS DE CONADEP - 10.000 FOJAS
37 CONDENAS - 4 PRISIONES PERPETUAS.

¿QUIÉNES SERÁN LOS RESPONSABLES DE CUIDAR QUE LOS GENOCIDAS CUMPLAN CON LA PRISIÓN DOMICILIARIA HASTA QUE LA CONDENA QUEDE FIRME? ¿LA POLICÍA TUCUMANA?

¿LA CÁMARA DE CASACIÓN GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD DE LAS CIENTOS DE VICTIMAS Y FAMILIARES DE VICTIMAS O SERA CÓMPLICE DE UN POSIBLE NUEVO JULIO LOPEZ?

Hemos creído  en la justicia, porque la hemos buscado, convencidos que es el único camino posible dentro de una sociedad democrática y hemos contribuido a construir esa justicia. Hemos luchamos toda la vida para ver a los genocidas presos, y ahora pareciese que tendremos que luchar el resto de la vida para que permanezcan presos.

¿Porqué estos jueces creen que no hay peligro en dejar a estos genocidas en sus domicilios sin ningún tipo de control? Estamos hablando de personas que desde hace más de 30 años ocultan información sobre nuestros desaparecidos, saben qué les pasó, dónde están y NUNCA en todo este tiempo hicieron un acto de constricción y dijeron lo que saben.

Tuvimos que ver absoluciones de asesinos probos, tuvimos que soportar condenas irrisorias para los hacedores de los crímenes más horrorosos, atravesamos 13 meses de juicio, y el dolor de los relatos de cientos de familiares y víctimas, predispuestos a revivir el horror con la esperanza de que por una vez, haya justicia.

¿CUÁNTO TIEMPO MÁS CREE LA JUSTICIA QUE TENEMOS QUE ESPERAR PARA QUE HAYA JUSTICIA? ¿40 AÑOS NO SON SUFICIENTES?

Los derechos de los que gozamos en esta democracia por la que hemos luchado desde siempre, no debe implicar soluciones facilistas e injustas escudándose en que la estructura de la Justicia no puede garantizar cárceles acorde al estado de salud de los genocidas. Sostenemos que la Justicia se está lavando las manos y apuesta al punto final biológico para resolver la pesada carga de hacer su trabajo.

Firman:
H.I.J.O.S. Tucumán - Fundación Memorias e Identidad del Tucumán - ANDHES – FADETUC - APDH Tucumán - Asociación ex Presos Políticos de Tucumán –

viernes, 28 de noviembre de 2014

Celina "Queca" Kofman, declara en el juicio "Villa Urquiza"

Celina “Queca” Kofman, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, declaró este martes en Tucumán en la megacausa por delitos de lesa humanidad “Villa Urquiza”, en la que su hijo es una de las víctimas, y aseguró que “sabemos que estuvo aquí porque nos envió fotos y cartas”.

Con su pañuelo blanco en la cabeza y con una enorme foto de su hijo, Jorge Kofman, sobre el pecho, “Queca” Kofman, de 91 años, contó las circunstancias de la desaparición del estudiante de Filosofía y miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de 23 años.

Jorge Kofman estudiaba en Córdoba, pero por su militancia se encontraba en Tucumán cuando fue secuestrado y según su madre “Sabemos que estuvo aquí porque nos envió fotos y cartas”.

Como prueba, exhibió una foto de su hijo en la Casa Histórica en la capital tucumana, fechada de puño y letra por la víctima, en mayo de 1975.
Después contó que la siguiente noticia que tuvo de su hijo fue que lo habían detenido ya que en agosto de 1975 “nos avisó un compañero de militancia, (Enrique) Gorriarán Merlo”.

La familia residía en Santa Fe y apenas supieron sobre lo ocurrido, viajaron a Tucumán para tratar de encontrarlo. En la provincia contactaron al abogado radical Ángel Gerardo Pisarello, quien “presentó un habeas corpus, con resultado negativo”, relató. “Por él supimos que había estado herido y que lo había cuidado una familia cerca de Famaillá”, aclaró.

Según el relato de testigos, Jorge Kofman pasó por el centro clandestino de detención “La Escuelita” de Famaillá, donde lo habrían visto en muy mal estado de salud por las torturas, y por las cárceles de Concepción y Villa Urquiza.

Queca Kofman fue contundente al describir que en esa época “Tucumán era una ciudad sitiada y Pisarello nos recomendó que no anduviéramos solos por la calle y que no habláramos en los taxis; creímos estar en el infierno mismo”.

“No sólo nos arrebataron a nuestros hijos y los mataron en campos de concentración sino que también quisieron borrarlos, no nos dieron ni el consuelo de un duelo porque se creyeron dioses, dueños de la vida y la muerte” finalizó..

Julia Vitar, querellante de la familia Kofman, destacó el valor del testimonio brindado. “Celina logró que haya un juicio con todas las garantías de la ley por el secuestro y la desaparición de su hijo, es un ejemplo auténtico de militancia y compromiso de una madre que se formó a la luz de la lucha”, afirmó la letrada.

“Por otro lado, las investigaciones que realizó durante los años 75 y 76, aportaron información concreta en relación al destino de su hijo”, manifestó la abogada. La megacausa “Villa Urquiza” determinará las responsabilidades de 10 ex guardiacáceles, ex policías y ex militares.

Vitar también hizo referencia al Habeas Corpus colectivo que se presentó ante el tribunal, por la decisión de la Justicia de liberar a 15 condenados en la megacausa “Jefatura II- Arsenales II” y darle prisión domiciliaria al resto.

El Habeas Corpus está firmado por Organizaciones de Derechos Humanos de Tucumán, con adhesiones de organizaciones del NOA.

domingo, 16 de noviembre de 2014

Piden que los ocho condenados que estarían libres y los 24 con domiciliaria vuelvan a la cárcel

La Fiscalía requirió al Tribunal Oral Federal (TOF) que revoque las excarcelaciones y las prisiones preventivas en sus casas de una treintena de condenados de la megacausa. Advirtió sobre el riesgo de que los penados se fuguen o de que pretendan intimidar a los testigos y víctimas. Organismos de derechos humanos se congregarán el martes en el Tribunal.

FUNDAMENTOS. En marzo, los condenados recibieron la sentencia completa. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO (ARCHIVO)

A casi un año del fallo de la histórica megacausa “Arsenales II-Jefatura II”, ocho de los represores condenados por delitos de lesa humanidad se encontrarían en libertad y otros 24 cumplirían prisión domiciliaria, de acuerdo con los registros del Ministerio Público Fiscal (MPF), que aclaró que el Tribunal Oral Federal (TOF) aún no le informó el listado oficial.

La resolución de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -a instancias de una presentación del defensor Ciro Lo Pinto- devolvió a principios de mes a los acusados a la situación procesal que tenían antes del comienzo del megajuicio. Incluía también a Roberto “El Tuerto” Albornoz y a Jorge Lazarte (tenían domiciliaria), pero el TOF ordenó su vuelta al penal para garantizar la continuidad del debate de la megacausa “Villa Urquiza”, en la que están imputados.

El MPF efectuó el viernes un planteo en el Tribunal Oral Federal (TOF) para requerir que se revoquen las excarcelaciones y las prisiones preventivas domiciliarias de la treintena de ex policías, ex gendarmes y ex militares. Entre los crímenes por los que se encontraban presos se encuentran desde secuestros y torturas hasta abusos sexuales y homicidios contra 215 víctimas.

Leopoldo Peralta Palma (fiscal subrogante ante el TOF), Pablo Camuña (fiscal ad hoc a cargo de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad) y Patricio Rovira (fiscal ad hoc) pidieron que los condenados vuelvan a las cárceles en las que se encontraban alojados.

Riesgos

“Existe una fundada presunción de que, en caso de permanecer en libertad o en modalidades morigeradas de cumplimientos de prisión preventiva, los imputados intentarán eludir el accionar de la Justicia y/o realizarán nuevas acciones tendientes a desbaratar u obstaculizar el avance del presente proceso y de otros. Tal escenario requiere la adopción de nuevas medidas que garanticen los fines del proceso”, consignaron los fiscales en el documento.

Entre los riesgos enumerados en la presentación se encuentra el de que se produzcan fugas. Mencionaron antecedentes como los de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, quienes se escaparon en un traslado tras ser condenados en Buenos Aires, y el del escribano Juan Carlos Benedicto en Tucumán (fue absuelto por el beneficio de la duda en la megacausa). Para los acusadores, estos episodios dan cuenta de la vigencia de un “aparato clandestino” con poder para entorpecer el avance de las investigaciones. Recordaron que Benedicto, por ejemplo, pudo evadir la Justicia durante seis meses y que, inclusive, estuvo radicado en el exterior.

En cuanto al peligro de las pesquisas en marcha, precisaron que se trata de expedientes como “Jefatura 3” y “Arsenales 3”, cuyas víctimas involucraron a algunos de los ex miembros de fuerzas en cuestión. Por otro lado, los condenados Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis De Cándido, Ramón Jodar y Lazarte están procesados en la megacausa “Operativo Independencia”. Añadieron que ya solicitaron también que se indague a otros 13 penados.

“Se sigue avanzando en la identificación de desaparecidos a partir de las tareas en el Arsenal y en el Pozo de Vargas y que los condenados podrían tener interés en obstaculizar”, opinaron. Las fosas halladas en el Arsenal fueron prueba clave para la megacausa, porque los peritos rescataron de ellas restos de detenidos desaparecidos.

Los fiscales advirtieron, por último, la situación de vulnerabilidad de los 358 testigos del juicio, la mayoría, víctimas. Muchos de ellos mencionaron a varios de sus captores o los reconocieron mediante fotografías. En este punto habían hecho hincapié también los organismos de Derechos Humanos en un comunicado que repudió la decisión de Casación. Habían denunciado que ninguna fuerza controla el cumplimiento de las domiciliarias. El martes, a las 9, se congregarán en la puerta del TOF (Crisóstomo y Chacabuco) para manifestarse.

El juicio se desarrolló durante 13 meses y fue el de mayor magnitud por delitos de lesa humanidad. Los magistrados Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga condenaron en diciembre de 2013 a 37 de los 41 imputados (el resto fue absuelto por el beneficio de la duda). Consideraron a los acusados como responsables de lo sucedido en los centros de detención y exterminio más grandes de la provincia: la Jefatura y el Arsenal. Según el fallo, formaron parte de un aceitado sistema represivo -basado en centros clandestinos y en tareas de inteligencia- que se esforzó para ocultar lo ocurrido.

Los sobrevivientes no dudaron en caracterizar a los centros como “el infierno”. Los jueces, en tanto, los compararon con campos de concentración nazis.

La situación que tendrían los condenados

EN LIBERTAD: Ramón Ojeda Fuente (condena de 20 años)
EN LIBERTAD: Ernesto Rivero (condena de 18 años)
EN LIBERTAD: Alberto Montes de Oca (condena de 18 años)
EN LIBERTAD: José Sowinski (condena de 17 años)
EN LIBERTAD: Fernando Torres (condena de 16 años)
EN LIBERTAD: Hugo Soto (condena de 15 años)
EN LIBERTAD: Pedro Caballero (condena de 15 años)
EN LIBERTAD: Miguel Chuchuy Linares (condena de 14 años)
DOMICILIARIA: Luis Varela (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Luis De Cándido (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Orcar Sánchez (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Adolfo Moore (condena de 20 años)
DOMICILIARIA: Marcelo Godoy (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Benito Palomo (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Tomás Güemes (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Ramón Cooke (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Camilo Colotti (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Ángel Moreno (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Juan Abraham (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Rolando Reyes Quintana (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Hugo Figueroa (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Oscar Gómez (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Félix Insaurralde (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Antonio Vercellone (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Augusto Neme (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Guillermo Ugarte (condena de 15 años)
DOMICILIARIA: Mario D’Ursi (condena de 12 años)
DOMICILIARIA: Luis Ocaranza (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: María Luisa Acosta de Barraza (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: Pedro Joaquín Pasteris (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: Ramón Jodar (condena de 4 años)
DOMICILIARIA: María Elena Guerra (condena de 2 años)