domingo, 19 de junio de 2016

Juicio Operativo Independencia:Rito Medina murió tras las torturas en “La Escuelita”

“Abuelo, soy Norma”. La niña se aproximó al hombre que -describió- estaba sentado en el piso, con los ojos vendados. “Un militar me dijo que no me acerque, le dije que era mi abuelo. Me respondió que era un delincuente. Le dije que no, que era mi abuelo”. Norma Medina relató ayer en la megacausa “Operativo Independencia” que cuando tenía 10 años fue detenida junto a su madre Elena Roldán de Medina y llevada al sitio en donde vio secuestrado su abuelo Rito Medina.

Tres miembros de la familia oriunda de Monte Bello (Famaillá) declararon sobre la detención y la trágica muerte del anciano tras pasar por la “La Escuelita” de Famaillá. Los Medina, que se dedicaban a la cosecha de limón y que tenían un pequeño almacén, fueron llevados a destacamentos y centros clandestinos de detención en varias oportunidades, según afirmaron en el Tribunal Oral Federal (TOF).

Norma detalló que pudo hablar con Rito dos veces. Explicó que como había sido la primera nieta, tenían una relación especial: “era todo para mi. Imaginen lo que he pasado cuando se lo han llevado. Fue muy triste. Quería llevármelo a la casa y no lo dejaban ir. Lo tenían como que era el peor terrorista (sic). Le decían que le daba de comer a los que ellos llamaban extremistas. Mis abuelos tenían pensionados, hacían comida para la gente que salía de trabajar”, lamentó.

Ella y su mamá habían sido sacadas todas las veces de su casa y cargadas en un camión. “Llegamos a unas oficinas. Al fondo la bajaron a mi mamá y le vendaron los ojos. La metieron en una pieza, donde había otras mujeres. Algunas lloraban. Yo quedé en el pasillo, era muy curiosa y comencé a caminar. Vi gente sentada y vendada y alcancé así a ver a mi abuelo Rito. La soltaron a mi mamá a la madrugada. La segunda vez que fuimos, mi mamá ya me había cortado el pelo y vestido de varón porque ahí eran todos hombres y tenía miedo de que me hagan algo”, expresó.

Elena narró que en todas las ocasiones las sacaron de la casa militares vestidos de verde que las apuntaban con armas. “Nos llevaron a la administración de la citrícola San Miguel. Había varios conocidos ahí”, dijo y mencionó a vecinos de la zona ( La Geceta)

domingo, 12 de junio de 2016

Los curas del Operativo Independencia



La lista de los capellanes que bendijeron la tortura en los centros clandestinos. Un capítulo de la participación de la Iglesia en el genocidio.


Maximiliano Olivera @maxiolivera77

 Capellán dirigiéndose a soldados durante el Operativo Independencia, en diciembre de 1975. Fotografía publicada en la revista Gente, editorial Atlántida

En el marco de la megacausa por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia (OI, entre febrero de 1975 y marzo de 1976) un testigo de concepto se refirió al rol de los capellanes en las prácticas de interrogatorios y torturas. La semana pasada, el investigador Ariel Lede relató aspectos de la investigación que fue plasmada en el libro Profeta del genocidio (en coautoría con Lucas Bilbao, Sudamericana, 2016) y ofreció una lista de los capellanes que participaron del OI.

Los nombres de Dios

El listado de los 43 capellanes fue rechazado por los abogados defensores de los genocidas para que sea incorporado como prueba. Aunque el fiscal Camuña no opuso resistencia, por pedido de Bernardo Lobo Bugeau dicho listado fue incorporado a la causa como elemento probatorio.

Precisamente, en esta megacausa (cerca de 1000 testigos, 271 víctimas) faltan numerosos responsables de los crímenes que se están juzgando. Empezando por Isabel Perón, quien firmó el decreto habilitando al Ejército para “aniquilar la subversión”, hasta los empresarios que fueron parte activa. La Iglesia, que aportó sus cuadros para la avanzada genocida, es también una de las grandes ausencias en el banquillo de los acusados. De acuerdo a las investigaciones, 400 capellanes se distribuyeron de acuerdo a la división operativa que el Ejército realizó del territorio argentino.

 Fuente: www.profetadelgenocidio.com

La relación entre la Iglesia y el Ejército se construyó durante décadas siguiendo la experiencia francesa en la “guerra sucia” contra Argelia y la “lucha contra el comunismo”, postulada por la Doctrina Nacional de Seguridad estadounidense. A través del vicariato castrense (creado en junio de 1957), sectores reaccionarios de la Iglesia Católica, como el integrismo, se ligaron a los cuadros del Ejército, y ocupándose de impartir cursos a los nuevos cadetes. Un ejemplo más que significativo es que en la Escuela Mecánica de la Armada, a cada proyección de La Batalla de Argelia –utilizada para instruir sobre los métodos de tortura– la precedía la alocución de un capellán.

Con el Operativo Independencia (OI), los capellanes cumplieron un importante rol en la construcción del relato de la “guerra contra la subversión”, con abiertas defensas en los medios de comunicación de las operaciones del Ejército. Pero también fueron una parte fundamental en los métodos de tortura utilizados en los centros clandestinos de detención (CCD).

De acuerdo a Lede y Bilbao, 43 sacerdotes participaron del OI (37 por el Ejército, 5 por la Gendarmería. Prestaron “apoyo logístico espiritual” al despliegue de las Fuerzas Armadas, convenciendo a las tropas de la justeza de la “guerra” y la necesidad de no guardar piedad ante los “enemigos de la civilización occidental y cristiana”. En términos legales, esto amerita ser “partícipe necesario” en los delitos de lesa humanidad.

La preocupación por la “moral” de las Fuerzas Armadas fue una constante para los capellanes y la jerarquía eclesiástica. En su diario, el obispo Victorio Bonamín apunta tras una cita con monseñor Adolfo Tortolo, para ese entonces vicario general castrense: “problemas de Tucumán, respecto a torturas y prisioneros (otro argumento: Si, según Sto. Tomás, es lícita la pena de muerte…, la tortura es menos que la muerte…). Nuestros Capellanes necesitan aunar criterios” (09/01/76). Más adelante escribirá, “Función de los capellanes: dar criterios sobrenaturales al accionar de los militares” (18/10/76).

A fines de 1975, con Bussi comandando el OI, Bonamín apunta “Con los Capellanes Castr. del 1° Cuerpo de Ej. que se turnaron y turnarán en Tucumán. Problemas de conciencia de n/Oficiales” (29/12/75). El 22 de abril de 1976 también dará cuenta de una “reunión con los sacerdotes presentes sobre Tucumán, torturas, etc.”. El obispo también se dará licencias para contar sobre una “gran jarana con los dulces tucumanos que me regaló el Gral. Bussi” en una cena (19/10/76). En una entrevista en 1989, Bonamín comentó como recorrió los campamentos con Bussi, quien le mostró un preso y lo instó a que lo interrogue (una anotación se encuentra en el día 09/10/76).

Según un informe estadístico de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, los sacerdotes católicos representan menos del 1% por de los 660 condenados entre 2006 y 2015, y de los 2220 imputados. Concretamente: 1 condenado a prisión perpetua, 1 absuelto, 6 imputados (2 murieron sin condena, 1 está prófugo y 3 en proceso) y 4 citados como testigos.

El caso del cura absuelto se dio en la megacausa de Jefatura II-Arsenales II en Tucumán. José “Pepe” Mijalchyck fue visto por sobrevivientes de aquellos CCD y sin embargo fue absuelto por falta de pruebas. Durante el proceso judicial, la Iglesia organizó una campaña de defensa que incluía caravanas de colectivos. El “padre Pepe” fue denunciado en 2005 ante la justicia federal, sin embargo un año después fue nombrado “Prelado de Honor de Su Santidad” por el papa Benedicto XVI.

A los números irrisorios de clérigos condenados se suma que el actual papa, Jorge Bergoglio, tiene denuncias por “encubrir a los ejecutores de la dictadura”, en el caso de apropiación ilegal y robo de identidad. Contra la intención deliberada por continuar encubrir la participación de la Iglesia en el genocidio, sobran las razones para continuar la lucha por la apertura de los archivos, por el juicio y castigo.

Una testigo explicó cómo se organizaron las fuerzas armadas para llevar adelante el Operativo Independencia

Verónica Almada Vidal fue la primera testigo en tomar la palabra el viernes pasado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán que lleva adelante el doceavo juicio por delitos de lesa humanidad que se celebra en la provincia, donde se juzga la responsabilidad de 19 ex miembros de las distintas fuerzas de seguridad en perjuicio de 271 víctimas.

PH Elena Nicolay

Verónica es Lic. en Ciencias Antropológicas y formó parte del equipo de trabajo que elaboró los informes del Operativo Independencia, a cargo del Ministerio de Defensa de la Nación, para el cual “se utilizaron archivos administrativos de las fuerzas armadas argentinas y relevaron miles de documentos”, según indicó la testigo.

De la investigación surge la “Quinta Brigada de Infantería” como la “responsable” de Tucumán, donde se  establecieron zonas específicas como la capital de la provincia y el Monte Suroeste para crear fuerzas de tareas: “un agrupamiento temporal de personal que se constituye cuando se necesitaban efectivos inferiores al nivel de oficial”, definió la especialista en archivo y Derechos Humanos.

Además “pudimos constatar las distintas directivas en el marco normativo que la fuerza ejército dispuso para llevar adelante las operaciones, órdenes de personal que organizaban los relevos y refuerzos para el Operativo Independencia”, agregó.

Verónica sostuvo que “durante 1975 se desarrolló el reglamento RC91, que recoge cuestiones que se venían planteando en muchos reglamentos utilizados a fines de los años 60 y principio de los 70 como operaciones contra fuerzas irregulares y la subversión urbana, además de brindar instrucciones para operaciones de seguridad”.

"También existían reglamentos específicos de inteligencia de combate y técnica plasmando un paradigma que se venía gestando desde la década del 60 que es la guerra no convencional contra la subversión o la guerrilla”.

La antropóloga dijo a través de los informes se pudo determinar “que hubo intercambio fluido con oficiales del ejército francés" y un ejemplo de ello es "el reglamento 91, que considera tomar en cuenta las experiencias de Argelia, Indochina y Vietnam, adaptando la doctrina de Francia al marco interno de Argentina”.

A lo largo de su declaración, recordó un dato que  llamó su atención “una vez encontré un documento donde un oficial del ejército declaraba que su tarea fue la de hacer desaparecer cuerpos de detenidos por ser de izquierda”. Éste detalle era puesto en consideración de sus jefes en su pedido de ascenso, claramente era considerado un mérito digno de merecer un premio.

Por último afirmó que se pudo constatar a través de los documentos encontrados  “reclamos de oficiales por afecciones psicológicas producto de haber participado en el 'Operativo Independencia' y realizar tareas de interrogatorios” y explicó que se encontraron archivos que demuestran que “muchos oficiales viajaron al sur de Tucumán para realizar curso de interrogadores con técnicas de inteligencia".

Al culminar la declaración de la testigo, el  imputado Jorge Omar Lazarte (quien fuese Teniente 1ero del Ejército Argentino, desempeñándose como Supervisor Militar del Departamento D2 de la Policía de Tucumán, entre noviembre de 1974 y diciembre de 1975) solicitó al TOF la palabra y señaló que la antropóloga “hizo una descripción muy generalizada de la organización de las fuerzas” y negó  “haber recibido algún tipo de bonificación durante su desempeño en el Operativo Independencia”.

Lazarte está  acusado en esta causa como autor material por delitos contra dos víctimas y, además de, como autor mediato de 133 casos de violación de domicilio, 207 casos de secuestros, 175 de aplicación de torturas y 88 de homicidios.

Durante la audiencia también prestó declaración Luis Guillermo Garay, actual presidente del Instituto Espacio para la Memoria de Santiago del Estero y Director del Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología de la UNSE; dedicó la primera parte de su testimonio a explicar cómo se articulaban las provincias de Santiago del Estero y Tucumán dentro del Operativo Independencia. En la megacausa hay víctimas santiagueñas.

El investigador explicó que en un principio Santiago del Estero pertenecía a la Zona 3 del cuerpo del Ejército que dependía de Córdoba, pero luego “por razones de proximidad pasan a trabajar con la Provincia de Tucumán”, especialmente con el Destacamento N°142.

También aseguró que las tareas de inteligencia “sobre disidentes políticos comenzaron en 1972, con el reflote de un área específica en la Policía” y advirtió  que en el 74  se llevaron a cabo  “las primeras acciones represivas donde participaban militares en los interrogatorios”.

Otro dato relevante que aportó el Director Luis Garay, fue sobre los numerosos testimonios y denuncias de personas que vieron cómo el ejército arrojaba cuerpos desde helicópteros en territorio santiagueño. Casualmente muchas de esas personas arrojadas al monte fueron denunciadas como desaparecidas en Tucumán.

El megajuicio Operativo Independencia continuará  en la sala de audiencia del TOF (Chacabuco y Crisóstomo) el próximo 9 de este mes a horas 9, con la declaración de nuevos testigos.-

Miguel Ángel Figueroa, estudiante de la UNT, fue identificado en el “Pozo de Vargas”

“Paco” fue secuestrado el 22 de junio de 1976, junto a Gloria Susana, su hermana y también identificada en la inhumación clandestina.

La familia de Miguel Ángel Figueroa informó, en la Capital de Santiago del Estero, la reciente identificación del estudiante de la UNT recuperado en el “Pozo de Vargas”. En el 2014 había sido identificada Gloria Susana, su hermana. 

Raúl Figueroa informó la reciente identificación de su hermano Miguel Ángel. “Paco” fue secuestrado el 22 de junio de 1976, junto a Gloria Susana, su hermana y también identificada en la inhumación clandestina “Pozo de Vargas”, localizada en la Finca de Vargas (Tafí Viejo, Tucumán). 

Miguel Ángel Figueroa estudiaba la Carrera de Contador Público Nacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán; su hermana, Gloria Susana, la Carrera de Abogacía, también de dicha casa de altos estudios. Ambos fueron secuestrados en el lugar que residían en la Capital tucumana. 

A partir del trabajo del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), responsables de la intervención forense en el “Pozo de Vargas”, y el trabajo conjunto con la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desparecidas (ILID) - Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), hasta el presente fueron identificadas 61 personas en esta inhumación clandestina.

Cabe destacar que del total de identificados, 8 son oriundos de la vecina provincia de Santiago del Estero: además de los hermanos Figueroa (Miguel Ángel y Gloria Susana), Santiago Omar Vicente y Julio Oscar Zurita (también estudiantes de la UNT: Carreras de Agronomía y Arquitectura, respectivamente), Marta Azucena Castillo (docente y socióloga), Luis Alejandro Lescano (abogado), Héctor Rubén Carabajal (trabajaba en la Cámara de Diputados de Santiago del Estero) y Antonio Emilio Ibarra (trabajador de Vialidad).

Los trabajos del CAMIT continúan actualmente en el “Pozo de Vargas”, como así también la etapa de la pericia en la que interviene el ILID - EAAF, por lo que se estima que habrá nuevas identificaciones durante el año 2016.

jueves, 2 de junio de 2016

La audiencia del jueves

por Javier Sadir de La Palta para el Diario del Juicio

El olor. Ese que te identifica, te recuerda y te penetra. “Ese olor en la manos lo tuve hasta que dejé la colimba”, dijo Rubén Alejandro Juárez, un conscripto que prestó servicios en el Hospital Militar durante el Operativo Independencia. Recibir cuerpos. Limpiarlos. Esa era parte de su tarea dentro de la cadena de la muerte. Como si los círculos del infierno hubiesen sido recreados bajo las lógicas productivas. Matar, limpiar, quemar. Eso se intuyó en la declaración de Juárez en la audiencia del jueves 26 de mayo de la Megacausa Operativo Independencia. “‘Aquí queremos machos’ nos decían a los reclutas y nos empujaban hacia los cuerpos”, contó Juárez y describió el estado de descomposición que presentaban los cadáveres.

En la audiencia del jueves finalizaron las declaraciones de los imputados e iniciaron las testimoniales. “Es paradójico que los vencidos que pretendían imponer a sangre y fuego el socialismo marxista pretendan juzgar a los vencedores que hoy somos presos políticos”, dijo Jorge Omar Lazarte, el último imputado en declarar. Dos testigos, uno de contexto y otro vivencial, que podría considerarse testigo víctima, siguieron a estas declaraciones y aportaron más que a una causa. A través de dos testimonios se comprimió el terrorismo de estado y la enorme estrategia que generó el silencio durante décadas. Se ejemplificó el porqué de las consignas como “memoria, verdad y justicia” o “nunca más”. Fueron suficientes para derribar cualquier mito o teoría que justifique el accionar del estado militar.

De acuerdo a lo reconstruido a través de la audiencia del jueves, este ensayo del terror no habría sido posible sin la complicidad de los aparatos de poder como la iglesia católica. Por eso, cuando se habla de dictadura, muchos aclaran que fue militar, cívica y eclesiástica. Y esto se fundamentó en la misma audiencia bajo la investigación que realizó el testigo Ariel Lede, sociólogo que analizó los diarios del obispo Bonamín y pudo dar cuenta, junto a Lucas Bilbao, de la organización de la iglesia católica acompañando el accionar del ejército argentino. Estos sociólogos analizaron documentación vinculada al Vicariato Castrense y al rol de este dentro del Operativo Independencia. Así a través del libro El profeta del genocidio plasmaron la investigación acerca de lo que se llamó el apoyo espiritual a las fuerzas armadas en la autodenominada lucha contra la subversión. “Se pudo comprobar que se puso a disposición los recursos de este vicariato, incluso aumentando la presencia de capellanes en el territorio, para poder dar contención psicológica y moral a aquellas personas que torturaban y secuestraban a la población civil”, explicó el fiscal Agustín Chit.

Estos testimonios no solo dan cuenta de la cadena productiva del terror, sino que también echan por tierra la teoría conocida como “de los dos demonios”. Esta teoría considera que en el territorio hubo una guerra entre dos fuerzas demoníacas: por un lado, la fuerza guerrillera y por otro, la fuerzas militares. Así, al mejor universo de George Lucas obliga a los ciudadanos a tomar partida por un lado de la fuerza. Y pone a la misma altura las responsabilidades del Estado, que debe brindar bienestar y proteger los derechos de la población. Que niega el grado de inoperancia con el que contaban reducidos grupos armados en el monte tucumano en comparación con la estrategia impuesta por imperios económicos como ser Estados Unidos y Francia en Latinoamérica. Que no diferencia entre la justicia que debe brindar el estado, ni entre los más de cuatrocientos jóvenes sin identidad al día de hoy, ni entre los mecanismos ilegales y clandestinos bajo el cual el Estado propició “orden”. Y que justifica la tortura, la muerte, el terror y las desapariciones.

"Los cuerpos de los soldados eran entregados a la familias. Los cuerpos de los guerrilleros no sé", explicó el conscripto Juárez al cerrar su declaración. Al levantarse de la silla se quedó parado frente al tribunal. Porque, seguramente, toda la crueldad y la morbosidad de su declaración no fueron suficientes para transmitir lo que realmente fue vivirlo. Se quedó parado con ganas de seguir contando a esa sala, que registra la historia, cada uno de los golpes que vio en los cuerpos, cada una de las vejaciones que vivió con los cuerpos y cada una de las historias que encontró al limpiar los cuerpos. Se queda parado hasta que, por segunda vez, el presidente le dice “puede abandonar la sala”. 

miércoles, 18 de mayo de 2016

Allanaron el Ingenio La Fronterita y secuestraron información de víctimas del Operativo Independencia

La fábrica se utilizó, a partir de febrero de 1975, como una base militar desde donde se desplegó la denominada Fuerza de Tareas Rayo. 

La planta se encuentra cinco kilómetros al oeste de la ciudad de Famaillá

Allanan el Ingenio La Fronterita, en Tucumán, en el marco de la causa por el Operativo IndependenciaLa Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó el martes pasado, por orden del juez federal Daniel Bejas, el Ingenio azucarero La Fronterita, ubicado en la localidad de Famaillá, en Tucumán, en el marco de la causa de lesa humanidad que se sigue por los delitos que se cometieron durante el Operativo Independencia entre 1975 y 1978.Según consignó el sitio Fiscales, los procedimientos fueron requeridos por el titular de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal federal Pablo Camuña. También se allanaron las oficinas de la firma José Minetti & Cia, situadas en Córdoba capital, propietaria de este ingenio Tucumano.     Según pudo establecer la fiscalía, La Fronterita se utilizó, a partir de febrero de 1975, como una base militar desde donde se desplegó la denominada Fuerza de Tareas Rayo, formada por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. En ese lugar funcionó además un centro clandestino de detención (CCD) "con el objeto de reunir personas secuestradas con el fin de extraerles información por medio de torturas y que estas personas en general luego eran trasladadas a otros lugares de mayor envergadura".Durante uno de los procedimientos, en el que participó el fiscal Camuña, se secuestró en la sede del ingenio los legajos de víctimas de delitos de lesa humanidad que pasaron por la Base y el CCD. Además, se recopilaron recibos de sueldos de la época, libros de personal, archivos de litigios laborales y otros documentos, en tanto que en Córdoba se requisaron libros contables y de balances.En la causa se investigan la desaparición de al menos 43 personas que vivían en los alrededores de Famaillá y que eran trabajadores de la empresa. (Télam)
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó el martes pasado, por orden del juez federal Daniel Bejas, el Ingenio azucarero La Fronterita, ubicado en la localidad de Famaillá, en Tucumán, en el marco de la causa de lesa humanidad que se sigue por los delitos que se cometieron durante el Operativo Independencia entre 1975 y 1978.

Según consignó el sitio Fiscales, los procedimientos fueron requeridos por el titular de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal federal Pablo Camuña. También se allanaron las oficinas de la firma José Minetti & Cia, situadas en Córdoba capital, propietaria de este ingenio tucumano.  

Según pudo establecer la fiscalía, La Fronterita se utilizó, a partir de febrero de 1975, como una base militar desde donde se desplegó la denominada Fuerza de Tareas Rayo, formada por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. En ese lugar funcionó además un centro clandestino de detención (CCD) "con el objeto de reunir personas secuestradas con el fin de extraerles información por medio de torturas y que estas personas en general luego eran trasladadas a otros lugares de mayor envergadura".

Durante uno de los procedimientos, en el que participó el fiscal Camuña, se secuestró en la sede del ingenio los legajos de víctimas de delitos de lesa humanidad que pasaron por la Base y el CCD. Además, se recopilaron recibos de sueldos de la época, libros de personal, archivos de litigios laborales y otros documentos, en tanto que en Córdoba se requisaron libros contables y de balances.En la causa se investigan la desaparición de al menos 43 personas que vivían en los alrededores de Famaillá y que eran trabajadores de la empresa, 

viernes, 6 de mayo de 2016

La Corte Tucumana abre sus archivos por los chicos apropiados

En busca de los que faltan

El máximo tribunal provincial ordenó el relevamiento de juicios civiles iniciados entre 1975 y 1983 con el fin de encontrar datos que permitan identificar a hijos de desaparecidos. La medida fue adoptada por unanimidad de los cinco magistrados.

Desde Tucumán

La Corte Suprema de Tucumán, decidió, por primera vez en su historia, abrir los archivos judiciales para dar a conocer como fueron adoptados y dejados en adopción en instituciones de menores los niños y niñas que nacieron entre 1975 y 1983.

La medida fue adoptada a través de la resolución 28/2016. Los años que comprende dicha medida no son casuales. Abarca no sólo la dictadura cívicomilitar sino también la etapa previa con la llegada del denominado “Operativo Independencia” a la provincia, que comenzó en febrero de 1975, y donde se inauguraron no sólo los centros clandestinos de detención, sino también los nacimientos clandestinos.

Con ésta decisión, la Corte tucumana, ordenó el relevamiento de juicios civiles iniciados entre 1975 y 1983 con el fin de buscar datos que permitan identificar a hijos de desaparecidos.

Lo que también pondera la acordada firmada por los jueces en pleno es la conformación de un grupo de trabajo bajo la órbita de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, para realizar un trabajo de investigación de “legajos de adopciones, guardas temporales, hallazgo de menores no identificados e inscripción tardía de personas”, dice el texto. El equipo designado por la Corte dependerá de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, la abogada Lourdes Bascary está al frente de dicho organismo y trabajará con la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Oficina Tucumán), ambas dependientes de la Procuración General de la Nación.

Para la Corte, no sólo hubo un plan sistemático de exterminio (siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia nacional) sino que también existió un plan de apropiación de menores durante la represión dirigida casi en su totalidad por el genocida Antonio Domingo Bussi.

Lo que se tratará de determinar es que si los expedientes de adopciones y guardas legales apilados en los juzgados del fuero de Familia y Sucesiones podrían contener información clave para la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos, apropiados a través del plan sistemático que llevó a cabo la última dictadura militar.

La acordada 28/2016 fue firmada el 3 de febrero por los cinco integrantes del máximo tribunal: Antonio Gandur, René Mario Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse (ex secretario de Derechos Humanos de la gestión del gobernador José Alperovich).

Lo que el texto deja en claro es que también se analizarán protocolos de sentencias, o sea de qué manera los jueces otorgaron tutelas y demás a los padres adoptivos durante la dictadura.

Según los magistrados, durante la dictadura se llevó adelante, “una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños. La primera por medio del ingreso del niño al sistema de minoridad y consecuentemente a una probable adopción por parte de terceros, y la segunda por medio de simulación del embarazo de la apropiadora y la inscripción posterior del niño como hijo biológico del matrimonio apropiador. Las primeras búsquedas de las Abuelas de Plaza de Mayo fueron por ese lado, evidenciando el plan sistemático de apropiación”, dijeron.

La noticia fue celebrada por Abuelas de Plaza de Mayo, quienes a través de su titular, Estela de Carlotto, le enviaron una carta al presidente de la Corte tucumana, para agradecer la acción concreta. “A 40 años del golpe genocida más terrible de nuestro país, seguimos buscando a los casi 400 nietos que aún faltan en el abrazo fraterno de sus familias. Esperamos que este tipo de iniciativas puedan replicarse en el resto de las provincias, para seguir consolidando una política de Estado que es ejemplo a nivel mundial”, afirmó Carlotto.