domingo, 14 de junio de 2015

Condenado ex juez Manlio Martínez por delitos de lesa humanidad, pero no irá a la cárcel !!!!

Condenaron al ex juez tucumano Manlio Martínez por complicidad con la dictadura

Recibió una pena de 16 años de prisión, aunque no será recluido en una cárcel común por problemas de salud. Se trata del primer ex magistrado del país en ser condenado a causa de su actuación durante el terrorismo de Estado.

La Justicia encontró responsable a Manlio Martínez los delitos de encubrimiento, privación ilegítima de la libertad (como autor) y asociación ilícita (coautor), en el marco de genocidio, y lo condenó a 16 años de prisión.

Pese a la sentencia, el ex magistrado seguirá cumpliendo prisión domiciliaria, ya que sufre problemas cardíacos.

La Fiscalía había requerido una pena de 25 años en cárcel común, al considerar que estaba en condiciones de cumplir la condena en una penitenciaría, mientras que las querellas habían solicitado penas de entre 18 y 25 años.

El juicio, que se inició en marzo de este año, estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal de Tucumán, conformado por Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón.

Martínez es el primer ex magistrado que es condenado en el país por su actuación durante el terrorismo de Estado. El año pasado otro ex juez, Victor Brusa, había sido encontrado culpable de delitos de lesa humanidad en Santa Fe, pero era secretario al momento de los hechos.

lunes, 1 de junio de 2015

Pidieron 25 años de cárcel para un ex juez acusado de delitos de lesa humanidad

Un “pacto” para la impunidad

Está acusado como miembro de una asociación ilícita responsable de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia en cinco homicidios calificados y un secuestro.

Con los alegatos del Ministerio Público y de las querellas ingresó en su etapa final el juicio oral a Manlio Torcuato Martínez, ex juez federal de Tucumán durante la dictadura, acusado por su intervención en los homicidios de cinco militantes montoneros y por la privación ilegal de la libertad del dueño de la casa, donde los mataron en 1976. Los fiscales Diego Velasco, Pablo Camuña y Agustín Chit consideraron probado que Martínez no investigó y garantizó la impunidad de los autores de los asesinatos y pidieron que se lo condene a 25 años de prisión en una cárcel común. “Una herramienta tan noble como es el ejercicio de la magistratura puede convertirse en manos equivocadas en una herramienta de desasosiego, terror y desamparo para los justiciables”, remarcaron, según informó el sitio de la Procuración. Los abogados querellantes pidieron penas que van de 18 a 25 años de prisión y también reclamaron que se le revoque el arresto domiciliario. La sentencia está prevista para el 9 de junio.

El ex juez Martínez está acusado como miembro de una asociación ilícita responsable de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia en los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, ejecutados durante un allanamiento ilegal el 20 de mayo de 1976 en una casa ubicada en Azcuénaga 1816/1820, de San Miguel de Tucumán. También se lo juzga por el secuestro de Miguel Atilio Romano, dueño de la vivienda donde se consumó la matanza, quien seis días después se presentó espontáneamente en el juzgado. El magistrado lo indagó sin la presencia de un abogado defensor y luego lo puso a disposición de la policía provincial, que lo interrogó y lo confinó en centros clandestinos de detención. Romano, quien sufría una enfermedad mental severa, pasó más de un año con prisión preventiva acusado de asociación ilícita, hasta que el propio juez Martínez le dictó el sobreseimiento el 25 de agosto de 1977.

La acusación del Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal general Diego Velasco, del fiscal federal a cargo de la oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Pablo Camuña, y del fiscal ad hoc Agustín Chit. Los fiscales repasaron la historia del ex juez, que asumió a principios de 1975, al mismo tiempo que comenzaba el Operativo Independencia, el antecedente tucumano del terrorismo de Estado. “Todo aquello que vemos simplemente como una conducta posterior” a los crímenes de la calle Azcuénaga “es en realidad la muestra cabal del cumplimiento de la promesa sellada en un pacto anterior a la comisión de los hechos, en este caso el allanamiento ilegal de la morada y los homicidios de los ocupantes”, señaló Chit. “La piedra angular sobre la cual se fundó la membresía criminal fue también la manifestación de un acuerdo a fin de garantizar la impunidad desde el rol de juez, garantía que recogió sus frutos hasta el año 2011 cuando estos hechos fueron tratados y establecidos como lo que fueron: un despiadado homicidio. Martínez cumplió muy eficientemente su parte del acuerdo”, destacó el fiscal ad hoc.

Según se acreditó durante el juicio, en el que declararon más de sesenta testigos, personal policial uniformado y de civil atacó ese día la casa donde estaban reunidos los cinco militantes. Allí también estaba la hija de María Alejandra Niklison y Gerardo Romero, María Alejandra Romero Niklison, que entonces tenía un año y medio y que actualmente integra la querella. Cuatro de las cinco víctimas fueron ejecutadas dentro de la casa, en tanto Saavedra fue perseguido y asesinado en inmediaciones de la iglesia Monserrat.

Martínez se presentó en el lugar después de los homicidios, pero se retiró rápidamente y sólo pidió que se le remita el sumario sobre el caso. El fiscal Velasco señaló que el juez “ordenó como única medida la constatación del fallecimiento por parte de la misma repartición policial que había efectuado el procedimiento ilegal” y que no realizó ninguna medida para determinar “las circunstancias de los hechos”, como periciar las armas halladas junto a los cadáveres, tomarles declaración a testigos o realizar un reconocimiento del lugar.

sábado, 10 de enero de 2015

La madre del soldado Ledo visitó al juez Bejas para reclamarle que indague a César Milani

La madre del soldado se presentó esta mañana en el Juzgado Federal para cuestionarle la demora en la situación del jefe del Ejército

 La madre del soldado Ledo se presentó esta mañana en el Juzgado Federal y se entrevistó con el Juez Federal. SAN MIGUEL DE TUCUMAN. Marcela Brizuela de Ledo, madre del conscripto Alberto Ledo, quien desapareció en 1976, en esta provincia, le reclamó personalmente al juez federal Daniel Bejas que no demore más el llamado a indagatoria del jefe del Ejército, César Milani, acusado por el encubrimiento del crimen de su hijo.

Brizuela de Ledo y su hija, Graciela Ledo, se reunieron hoy por primera vez con el magistrado tucumano en su despacho de los Tribunales Federales para conocer el avance de la causa, luego de que el fiscal Carlos Brito elevara, el pasado 22 de diciembre, el pedido para que Milani sea citado a declarar. Dicho planteo aún no fue resuelto debido a que la defensa del militar pidió la recusación de Brito "por temor de falta de objetividad", cuestión que el magistrado debe resolver previamente y que está frenando el avance de la causa.

"El juez nos escuchó y nos dijo que el juicio de mi hijo está encaminado, que se está ocupando. Le dije que quiero saber qué ha pasado con mi hijo y que los culpables vayan a la cárcel, que se haga justicia", expresó Brizuela de Ledo, en declaraciones a la prensa, al salir de la audiencia con Bejas.

La mujer, quien tiene 84 años y preside la organización Madres de Plaza de Mayo de La Rioja, hizo un firme reclamo a Bejas para que cite a declarar al jefe del Ejército, a quien Brito acusó de haber falsificado el sumario en el que se hizo figurar a Ledo como desertor, cuando en realidad se trató de una desaparición forzosa, y de haber encubierto su asesinato . "Lo que esperamos es que Milani venga a declarar. Es un traidor, un represor, un genocida como fue Videla, está ocupando el lugar de otro represor genocida como Videla", expresó Brizuela de Ledo ante una consulta de LA NACION..

Denuncian que Milani actuó bajo los órdenes de Bussi en Tucumán

El rol del jefe del Ejército en la represión de la dictadura. Aparece en un organigrama del Operativo Independencia en 1976

El ex legislador justicialista de Tucumán, Enrique Fernando Romero, presentó ante el juez federal de esa provincia, Daniel Bejas, documentación oficial del Ejército que probaría que en 1975, el entonces subteniente César Milani, hoy Jefe del Ejército, estuvo bajo el mando del fallecido ex represor Antonio Domingo Bussi. Ayer, las abogadas del soldado Alberto Agapito Ledo pidieron que dicha documentación se incorpore a la causa de la desaparición del conscripto en 1976.En el año 2010 el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, presentó ante el juez Bejas "evidencias que permitirían establecer la participación de Milani y del coronel Esteban Sanguinetti en la segunda etapa del Operativo Independencia y que eran personal de Inteligencia bajo el mando del general Antonio Domingo Bussi" dijo Romero a la prensa.Entre los documentos, confeccionados en 1975 por la Inteligencia de la 5ta. Brigada y Tercer Cuerpo de Ejército, presentados nuevamente, hay una copia de un organigrama donde se afirma que Ledo era integrante del "Frente Armado Estudiantil, en la Universidad Nacional de Tucumán, como Responsable Gremial y Reivindicativo". 

Las abogadas de la familia Ledo, Viviana y María Elisa Reynoso y Adriana Mercado Luna se reunieron ayer con la secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal N°1de Tucumán, Virginia Duffy quien les confirmó la existencia de esa documentación pero agregada a la causa del Operativo Independencia, por lo cual le solicitaron que la anexe formalmente a la causa Ledo. Entienden las letradas que "si en 1975 Ledo ya es taba ‘fichado' como enemigo interno, según la doctrina de la seguridad nacional, es evidente que fue trasladado ex profeso a Tucumán, ya con la in tención de hacerlo desaparecer y Milani no puede alegar ignorancia de esto, siendo que Ledo era su asistente". Además "prueba que Milani sí participó en la represión del Operativo Independencia, contradiciendo el dictamen del fiscal Pablo Camuña, "quien ante la denuncia de los legisladores radicales negó que Milani haya tenido participación en esa represión".

Mientras tanto el juez Daniel Bejas no resolvió la recusación del fiscal Carlos B rito, presentada por la defensa oficial del Tte. Gral. Milani, que además solicitó la ampliación del plazo para ampliar la recusación. También Milani denunció al fiscal Brito ante la jefa de los fiscales, la procuradora Gils Carbó, basándose en "discrepancias con el requerimiento fiscal y esto lo hace con la evidente intención de separar, por otra vía, al fiscal Brito de la causa Ledo" señalaron las abogadas.Bejas tampoco resolvió aún sobre el pedido de Milani de no tener en cuenta la fotocopia con su firma del acta de la falsa deserción del soldado Ledo. Entienden las abogadas que el juez Bejas "ya no tiene ningún margen como para no citar a indagatoria a Milani, lo cual ya no debe tener más dilación".

Finalmente la audiencia de Milani paso para este viernes a las 10

Puede que Milani no sea indagado hasta agosto

La resolución de los planteos que articuló la defensa del jefe del Ejército supone un trámite judicial capaz de prolongarse durante meses

El mismo día que el fiscal federal N°1, Carlos Brito, imputó a César Milani, jefe del Ejército, la supuesta comisión de delitos relativos a la desaparición del conscripto Alberto Ledo y solicitó a Daniel Bejas, juez federal N°1, que indague al militar, la defensa del imputado pidió al magistrado que separe a Brito de la causa. Esa recusación “por temor de falta de objetividad” ralentiza el trámite de la investigación penal puesto que el magistrado ha de resolver primero si aparta o no al fiscal. En paralelo, Bejas ha de definir otro planteo formulado por Milani para excluir de la causa una prueba decisiva: la copia del legajo de la deserción de Ledo. Todo ello expone al caso a un trámite susceptible de prolongarse más allá de las elecciones primarias de agosto.

La recusación ya acarreó la postergación de la audiencia con el Ministerio Público y la defensa prevista en el Código Procesal Penal de la Nación en vigor. Ese acto iba a ser sustanciado el 29 de diciembre, pero, una hora antes del comienzo, los defensores oficiales Adolfo Bertini y Manuel Bonnin solicitaron la postergación con el argumento de que deseaban ampliar los fundamentos de la recusación planteada el 22 de diciembre. A continuación, el juzgado a cargo de Bejas concedió plazo hasta ayer a los abogados de Milani para que presenten por escrito los hechos nuevos. Fuentes de la Justicia Federal informaron que la audiencia en cuestión, que habilita al magistrado para tomar una decisión sobre la recusación, tendrá lugar este viernes a partir de las 10.

La Escuelita de la represión ilegal

Veintidos nuevos detenidos en la causa por el Operativo Independencia
Los arrestados son represores del Destacamento de Inteligencia 142, que estaba a cargo del centro de detención y torturas la Escuelita de Famaillá, y de un grupo de jefes y subjefes de unidades que participaron del Operativo Independencia.

La megacausa por el Operativo Independencia en Tucumán tuvo un nuevo impulso. Veintidós nuevos imputados –ex militares, ex gendarmes y ex policías– fueron detenidos la semana pasada como parte de los avances en la investigación a cargo del fiscal federal Pablo Camuña. Quince de ellos ya fueron indagados y, salvo en un caso de excarcelación, permanecen con arresto domiciliario.

Se trata de represores del Destacamento de Inteligencia 142, que estaba a cargo del centro de detención y torturas la Escuelita de Famaillá, y de un grupo de jefes y subjefes de unidades que participaron del Operativo Independencia, como el Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20) de Jujuy y el RIM 28 de Tartagal.

De los veintidós arrestados, quince fueron llevados a Tucumán para prestar declaración ante el fiscal y el juez federal Daniel Bejas. Otros siete detenidos alegaron estar impedidos de ser trasladados por motivos de salud, por lo que el juzgado evaluará la situación y probablemente decida tomarles indagatoria en sus domicilios.

Esta es la segunda tanda de imputados de la megacausa. Los detenidos del grupo que se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 142, que manejó la Escuelita de Famaillá, son Milagro Alberto Balderrama, Juan Carlos Ruda, Raymundo Máximo Viltes, Angel Fassola, Domingo Miguel Cruz, Marcelino Teodoro González, Gustavo Tomás Roque Cordero, Medardo Roberto Naranjo, Roberto Aquilino Barboza y Santiago Arriazu. Otros dos fueron oficiales de Gendarmería a cargo de la custodia y los traslados en el centro clandestino de detención, Casiano Pedro Burtnik y Enrique Pascual Avaca. A su vez, Manuel Rubén Vila y Eduardo Alfonso Pomponio habrían integrado el Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía.

La lista se completa con Omar Edgardo Parada –jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28–, Julio César Meroi –segundo jefe de la Compañía de Comunicaciones 5 de Tucumán–, Julio Luis Teodomiro Bidone –jefe del grupo de Artillería de Montaña 5 de Jujuy–, Rolando Rodríguez Argumedo –jefe del Regimiento de Infantería de Monte 20 de Jujuy–, Enrique Bonifacio –jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 11 de Tupungato–, Ernesto Alejandro Repossi –jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal–, Manuel Santos Véliz –del Servicio de Informaciones Confidenciales en la Jefatura de Policía– y Antonio Féliz Castelli –jefe de la Agrupación X San Juan de Gendarmería–. Los operativos de detención estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y abarcaron a diez provincias.

El centro clandestino que funcionó en la Escuelita de Famaillá fue para los investigadores el eje clave del Operativo Independencia, que comenzó durante el gobierno de Isabel Perón, en febrero de 1975, y se extendió hasta entrada la dictadura, en 1977, encabezado por el general Acdel Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi. Con el argumento de eliminar los “focos subversivos” del ERP en el monte tucumano, el operativo significó la ocupación militar de la provincia y la persecución de todo aquel que resultara sospechoso de simpatizar con la guerrilla. Por la Escuelita pasaron, según las denuncias acreditadas, al menos 1507 personas, acusadas por los represores de mantener una “relación estrecha con el enemigo”.

En esta misma megacausa hay otros dieciocho represores imputados para los que la fiscalía ya requirió la elevación a juicio oral. Ese grupo, encabezado por Mario Benjamín Menéndez, ya fue procesado por delitos como la privación ilegítima de la libertad y el uso sistemático de la tortura contra 270 víctimas. Este grupo de represores está así cerca de ser juzgado, aunque para que se fije fecha de inicio de las audiencias públicas y orales todavía resta que el juez Bejas responda a las apelaciones al requerimiento a juicio presentadas por sus defensores.

Por otra parte, el mes pasado el magistrado hizo otro avance en el expediente al procesar a Roberto Gordillo, “jefe de interrogadores” del Operativo Independencia, por los delitos de homicidio, torturas y violaciones. En su fallo, el juez señaló que los delitos “se cometieron en el contexto de un ataque sistemático desde el Estado contra un grupo nacional argentino identificado como ‘enemigo’ del pensamiento ‘occidental y cristiano’, en el marco del delito internacional de genocidio”.

La fiscalía de Camuña investiga delitos de lesa humanidad cometidos contra unas quinientas víctimas. Por el volumen de los hechos, en la fiscalía señalan que esta segunda tanda de imputados no será la última.