sábado, 19 de mayo de 2012

Marcha en Jujuy para respaldar investigación de la complicidad de Ledesma con la dictadura

En la calle para que el tribunal no afloje

Hubo alegría por los avances registrados en la causa en el último tiempo y preocupación por la ausencia de Pedro Blaquier y su salida del país. El presidente de la asociación de ex presos políticos denunció el intento de secuestro de su nieto.

 Por Alejandra Dandan

Desde San Salvador de Jujuy

Desde una vasija, al frente de la marcha, se expandía una columna de humo con romero, coba e incienso. Los que estaban ahí decían que esa combinación de distintas plantas, mezcladas entre el humo, adelante de los marchantes, subía para llamar a los ancestros del pueblo de Jujuy. “Se los convoca a la manifestación. Con esto volvemos a las ceremonias en las que pedimos a nuestros espíritus que en cada acción que hagamos nos acompañen”, dijo el hombre de la vasija, Diego Ruiz, delegado del pueblo guaraní de la Tupac Amaru, intendente del Talar.

Detrás de ese humo que subía entre la montaña hasta el cielo, decenas de miles de jujeños (cien mil según los números de las organizaciones nucleadas en torno de la Tupac Amaru de Milagro Sala, eje del movimiento) caminaban siete kilómetros desde las afueras de San Salvador hasta la plaza central.

En el día de ayer se repitió la experiencia del 24 de marzo: una marcha en la que confluyeron las organizaciones políticas y sociales con los organismos de derechos humanos. Aquella vez se juntaron para reclamar por la impunidad en el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad y, en especial, por la causa de la Noche del Apagón. Esta vez, la marcha era distinta: para apoyar los avances que sí hubo, pero sobre todo a lo que advierten como el fin del período de impunidad para el presidente del ingenio, Pedro Blaquier.

“Es un día de celebración”, se escuchó en el final de la marcha, sobre el escenario. “Blaquier arrugó”, se dijo. “Lo hicimos dejar el país.” Ese nombre que, como quedó dicho allí, tiene el poder de reunir las deudas del pasado y del presente, explica la potencia que vienen teniendo las movilizaciones. “Blaquier defiende sus intereses a costa de la vida de miles de jujeños –dijo Milagro Sala en el escenario–: por eso es posible esta unidad y por eso es posible que seamos miles.” Habló Irma Peña, de Madres de Jujuy, y explicó que estaba “triste y preocupada”, que entendía que éste era un día histórico porque proponía un nuevo “reto para luchar contra la impunidad”, pero a la vez marcó esa sensación de “estar convencida de que estos cobardes, civiles del terrorismo de Estado, una vez más han tomado el camino de ampararse en artilugios legales”.

Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que llegó desde Buenos Aires para sumarse a la marcha, encuadró el presente en una celebración. “Hoy estoy acá –dijo–, y los veo, los toco, los siento, estoy acá representando a los treinta mil detenidos desaparecidos que están levantando los pulgares diciendo: no se desanimen, llegó el día, ya se sentará Blaquier, ya se sentarán tantos otros, no se desanimen.”

En el escenario también habló Hugo Condorí, presidente de la asociación de ex presos políticos. Condorí, que fue compañero de los dirigentes obreros de la obra social de Ledesma que están desaparecidos, denunció que el jueves por la tarde intentaron secuestrar a su nieto a la salida del jardín. Por un hecho fortuito, el secuestrador, que tomó al niño por detrás y salió corriendo, tropezó en un pequeño desnivel y cayó al suelo, lo que le permitió al nieto de Condorí escapar y volver a la escuela.

La marcha con forma de larga caminata empezó con una concentración en la cancha de Gimnasia y Esgrima y la autopista de entrada a la ciudad, vecina a los barrios cooperativos de viviendas de la Tupac que sirvieron de punto de encuentro. Los jóvenes, miles de ellos, llevaban los estandartes sostenidos por las cañas de los cañaverales. Había logos del Ingenio Ledesma con la gorra militar y la palabra genocidas multiplicados en cada cuerpo. Fotos de Blaquier con el traje a rayas. Una remera que decía: “Campesino, tu patrón no comerá más de tu pobreza”. Muchos pibes. Muchos. Uno de ellos, en un carromato tirado por otros, agitaba a los que venían detrás con las canciones de protestas celebradas en tono de fiesta.

“... Y dale alegría, alegría a mi corazón, la sangre de los caídos se revelooó / y vas a ver las balas que vos tiraste van a volver...” Y luego, el “Olé olé olá a donde vayan los iremos a buscar”. Y otros. Y más.

Una mujer con una pechera sostenía en un tramo la bandera de doscientos metros con las imágenes de los treinta mil desaparecidos que entraba en la ciudad. Estaba ahí decía, por Ledesma, la empresa responsable de los 400 secuestros, de la sucesión de noches de julio de 1976 recordadas como la Noche del Apagón. “Tienen que caer todos”, explicaba Dolores Isaguirre y razonaba: “Porque imagínese otra persona, un pobre, roba una gallina o un pedazo de pan y va preso: ¿Por qué esta persona no?”.

Había banderas de la Textil del Carmen, Copas de Leche, cooperativas de viviendas que son partes de las 26 organizaciones que confluyen en la Tupac. Pero no eran las únicas. También confluyeron una de las escisiones de la Corriente Clasista y Combativa, el grupo de Quique Mosquera y había representaciones políticas del PC, del PCR y del Partido Humanista. Luego, a la tarde, cuando la primera marcha ya había terminado, se lo vio al Perro Santillán con las organizaciones que lo acompañan también caminar hacia la plaza.

Durante el día, así como llegó Taty Almeida, los organismos de derechos humanos recibieron los llamados de Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y del fiscal Jorge Auat, de la Unidad de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración, a quienes agradecieron haber sostenido en los últimos meses el proceso que terminó con los pedidos de indagatorias. Más tarde llegaron los diputados de La Cámpora Horacio Pietragalla y Marcelo Santillán.

El gobernador Eduardo Fellner hizo ayer un comentario público sobre el caso y puso a disposición a su gobierno por las denuncias de espionaje ilegal de Ledesma. Los organismos de derechos humanos habían criticado su silencio. Inés Peña también le habló a él en su discurso: “Exhortamos al gobierno de Jujuy –dijo– a tomar las medidas necesarias para que cesen estas políticas contra nosotros”.

Arriba del escenario se marcaron los hitos del proceso: la marcha del 7 de marzo en la que las organizaciones se plantaron frente al juzgado de Carlos Olivera Pastor para reclamarle una reunión. Y la marcha del 24 de marzo que reunió a 70 mil personas y que “precipitó”, dijeron, la renuncia de Olivera Pastor. Luego asumió un nuevo juez, Fernando Poviña, que en sólo dos semanas ordenó allanamientos que nunca se habían realizado a la empresa de Blaquier y promovió los pedidos de indagatorias para él y su gerente de administración, Alberto Lemos. En ese momento, cuando Raúl, el esposo de Milagro, hacía el repaso, se escuchó la respuesta de la plaza: “Y dale, dale al bombo –cantaron–, si no va preso va a haber quilombo”.

viernes, 18 de mayo de 2012

Jujuy: Intento de secuestro al nieto de un ex-detenido y querellante contra Ledesma

Sugestivamente en la víspera de la indagatoria a Alberto Lemos, administrador de Ledesma, el nieto de 8 años de Hugo Condorí, ex-sindicalista de Ledesma y ex-preso político, sufrió un intento de secuestro a la salida de su colegio, al promediar las 5 de la tarde del miércoles 16 de mayo. Por un hecho fortuito el aún ignoto secuestrador, que tomó al niño por detrás y echó a correr, tropezó en un pequeño desnivel y cayó al suelo permitiendo al niño escapar de sus designios. Por Colectivo Radio Pueblo

El miércoles 16 de mayo fueron las vísperas de un evento histórico para la lucha por los derechos humanos en Jujuy, tal como es la posibilidad de hacer comparecer por primera vez en la justicia a los conductores del ingenio Ledesma cuando la dictadura, el entonces administrador, Lemos, y su aún dueño, Blaquier, por las represiones y desapariciones durante la última dictadura, cuyo capítulo más oscuro fue la tristemente célebre “noche del apagón” (en realidad una semana durante la cual al resguardo de cortes nocturnos de la luz suministrada por Ledesma desaparecieron a cerca de 400 personas con el apoyo de vehículos de la misma empresa y entre ellos trabajadores de la misma).

También fue la antesala de un día que significaba un pequeño gran avance en la investigación sobre la patronal ideóloga de la última dictadura militar.

Pero para Hugo Condorí, más conocido como “El Coya” Condorí, ex-sindicalista de Ledesma, ex-preso político, testigo en las causas (muchas unificadas merced a la lucha popular) por la desaparición de Luis Aredez, Jorge Weisz, Carlos Patrignani y Crescencio Vargas, así como querellante en una de las causas de Ledesma, para el Coya el día tuvo un curioso aditamento.

Sugestivamente en la víspera de este día clave el nieto del Coya Condorí, de 8 años, sufrió un intento de secuestro a la salida de su colegio, al promediar las 5 de la tarde. Por un hecho fortuito el aún ignoto secuestrador, que tomó al niño por detrás y echó a correr, tropezó en un pequeño desnivel y cayó al suelo permitiendo al niño escapar de sus designios.

Este sugerente modo de operación parece transformarse en un modus operandi si sumamos a este hecho que hace unos años, al finalizar el coya su participación en un documental sobre la historia de la lucha por los derechos humanos en Jujuy, llamado “Nadie Olvida Nada”, fue una hija suya quien sufrió también un intento de secuestro.

Pese a todo, en esta Jujuy librada a los aprietes, a las dilaciones judiciales o a la contradictoria política nacional de tener como socio burgués a una empresa manchada con el genocidio, la valentía de testigos inéditos, de viejos denunciantes como el coya y de una fuerte movilización social ha logrado poner en la agenda el cobro de una vieja deuda social hacia aquellos que, lejos de ser socios del poder de turno, han significado el poder mismo, el que siempre está de turno... hoy parece haberle llegado el turno.

El temor es comprensible.

Colectivo Radio Pueblo - ANRed- E (redaccion@anred.org)

jueves, 17 de mayo de 2012

La impunidad conocida : Blaquier ni a la indagatoria ni se sabe dónde está

Salió del país y alegó problemas de salud para no presentarse a la indagatoria

Un viejo truco para ganar tiempo

El presidente del Ingenio Ledesma debía declarar hoy por la Noche del Apagón. Sus abogados pidieron diferir la citación y, además, Migraciones confirmó que Blaquier viajó a Uruguay hace un mes y no volvió. Las querellas pedirían su captura internacional.
 Por Alejandra Dandan - Desde Jujuy

Pedro Blaquier volvió a patear el tablero: no se presentará a la indagatoria de hoy. Sus abogados presentaron en el Juzgado Federal de Jujuy un escrito “para acreditar una dolencia de salud”. El presidente del Ingenio Ledesma, citado a indagatoria por su participación en la privación ilegal de 27 personas en la causa por la Noche del Apagón, consiguió de esa manera “diferir” la citación. El juez federal Fernando Poviña, que aceptó la presentación, dijo que la indagatoria se posponía “solo por única vez” y pidió de todas maneras un perito del Cuerpo Médico Forense para que acredite ese estado. Aun así, mientras esa noticia se confirmaba en Jujuy, donde la indagatoria de Blaquier era esperada por un acampe multitudinario de organizaciones políticas y sociales y organismos de derechos humanos, este diario pudo conocer que en realidad nadie sabe si los peritos van a poder ver alguna vez al empresario: según los datos de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, Blaquier salió del país el último 15 de abril con destino a Uruguay y todavía no regresó. Los organismos de derechos humanos que forman parte de la querella anunciaron que, si se confirma en forma oficial que Blaquier permanece fuera del país, pedirían su captura internacional. En el juzgado, sin embargo, fueron más cautos: dicen que como la indagatoria fue técnicamente “diferida” deben esperar el informe de los peritos para tomar una decisión.

Ninguno de los acampantes se levantó de la plaza de San Salvador cuando se conoció que Blaquier no se presentaría. Los carteles preparados durante toda la noche por las organizaciones –como la Tupac Amaru, de Milagros Sala– para esperar el momento de la indagatoria multiplicaban en las calles miles de imágenes con el logo del Ingenio Ledesma, ahora dibujado con una gorra militar y la palabra “genocidas”.

Blaquier está representado en la causa por el abogado Horacio Aguilar, ex juez federal de la provincia de Jujuy. Aguilar fue el juez que tuvo en sus manos la causa del Ingenio Ledesma que nunca avanzó, y quien dejó como sucesor a Carlos Olivera Pastor, que siguió sus pasos y terminó obligado a renunciar por las movilizaciones multitudinarias del último 24 de marzo. Poviña es el nuevo juez subrogante. Viene de Tucumán porque no se consiguieron jueces ni en Jujuy ni en Salta. Asumió en la causa el 16 de abril, sugestivamente un día después de la partida de Blaquier. El fue el juez que ordenó dos allanamientos simultáneos a las sedes de la empresa Ledesma el 26 de abril, y el 3 de mayo le prohibió a Blaquier la salida del país y lo convocó a indagatoria. En la causa no hay ningún dato acerca del viaje de Blaquier. Los únicos datos que hay en el expediente son los que entregaron sus abogados el martes pasado, 14 de mayo. En esos escritos pidieron posponer la indagatoria por razones de salud. Avalaron la presentación con certificados expedidos en Argentina, por médicos de instituciones de Buenos Aires. En los informes dicen que Blaquier debe someterse a interconsultas en el exterior. En ese contexto, el juez pidió ese mismo martes al cuerpo médico forense un perito para que acredite esa situación de salud. Y ahora espera la respuesta.

Los abogados no informaron ese día sobre el viaje de Blaquier, pero los investigadores dicen que, si bien hubiese sido adecuado hacerlo, la omisión no es ilegal. Blaquier podría estar en este momento en una casa de Punta del Este o en cualquier otro lugar y volver al país cuando los peritos lo requieran. El asunto es que a esta altura nadie cree demasiado en esta supuesta buena voluntad. Quienes conocen de estos temas aseguran que aquellos que buscan salir del país para evitar una causa penal suelen hacerlo a través de países limítrofes y luego desde ahí tomar otro rumbo. En ese escenario, los investigadores dicen que deben esperar el informe de los peritos antes de tomar alguna decisión. Las querellas, en cambio, acostumbradas a las prácticas dilatorias que caracterizaron a esta causa, ayer ya abrieron el paraguas. Pablo Pelazzo, representante legal de los organismos de derechos humanos y querellante, presentó un escrito para que el juzgado autorice un perito particular y para que pida informes a Migraciones sobre la salida del país. “Si Migraciones dice oficialmente que Blaquier no está en el país, pediremos la captura internacional para que se vuelva a presentar”, explicó a Página/12.

Un dato curioso son los certificados médicos. Los escritos son del 13 de abril. Si Blaquier salió del país el día 15, se hicieron dos días antes. Uno de los datos llamativos es que los médicos, con esas fechas, se adelantaron al pedido de indagatoria: Poviña la ordenó después de los allanamientos, el día 3 de mayo.

Pero éstas no fueron las únicas noticias del día. Durante la mañana, las organizaciones fueron llegando al centro de San Salvador para acampar en la plaza y esperar al primero de los indagados civiles de la compañía. A las cinco de la tarde debía presentarse en el juzgado federal el ex administrador de Ledesma, Alberto Lemos, a quien las querellas señalan como el brazo ejecutor de los secuestros de la Noche del Apagón. Para esa hora, las organizaciones habían proyectado una movilización con el tono de una vigilia. Al final, tampoco eso salió como se suponía.

El ex administrador de Ledesma, representado por el mismo abogado de Blaquier, se presentó anticipadamente en el juzgado, a la mañana temprano, acompañado por varios hombres con pinta de custodios y sus defensores. Lemos le pidió al juez adelantar unas horas la indagatoria, probablemente para evitar la marcha. El juzgado lo consultó con el fiscal Domingo Batule, y se aceptó. Durante el trámite, Lemos se negó a declarar pero dejó un escrito con un descargo. Pese al pedido de prisión que hicieron los organismos de derechos humanos, el juzgado lo dejó en libertad. La medida tampoco parece causal: el problema de la indagatoria de Lemos y el pedido de prisión parece derivar del modo en que la fiscalía lo imputó por los cargos: lo acusó por “privación ilegal de la libertad” de 27 personas, una carga que tiene un máximo de seis años de prisión, y no lo imputó por los cargos de tormentos y desapariciones que reclaman los querellas. En ese contexto, aunque el juez tiene diez días hábiles para decidir si lo procesa, si no cambian las cosas podría dejarlo en libertad. Una situación que podría repetirse con Blaquier: está imputado por los mismos cargos.

Inés Peña, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, es una de las que se quedó pasmada con la rapidez de todo el trámite de Lemos. “Es una impresión subjetiva –dijo–, pero uno espera que en una indagatoria el otro declare”, explicó. “Sin embargo, el hecho de que haya ido a la indagatoria es reparatorio para los familiares, ahora nos preocupan las medidas que tome la Justicia para que no se fugue, porque no es cualquier represor, es uno de los pesos pesados.” Algo de eso, se entendía también dentro del juzgado. En ese lugar, frente al cual hace poco más de un mes todavía estaba Olivera Pastor, ahora se están presentado los abogados de los acusados: “Ahora traen papeles y documentos, piden exenciones de prisión: antes ni siquiera lo hacían”.

Pedido de juicio ya

“Queremos que haya juicio ya”, dijo Milagro Sala de la Tupac Amaru. “Hay que recordar que en julio del ’76, durante un apagón en Calilegua, detuvieron y torturaron a 400 compañeros, de los cuales 30 permanecen todavía hoy desaparecidos. En ese entonces, la empresa Ledesma puso toda la infraestructura en contra de quienes militaban por la justicia social. Hoy, después de 36 años, estamos viendo una pequeña luz de esperanza de que estos tipos paguen por todo lo que hicieron. En Jujuy estamos en democracia y se tienen que sentar en el banquillo para rendir cuentas por los delitos que cometieron durante la última dictadura.”

domingo, 13 de mayo de 2012

Blaquier ordenó ocultar las pruebas del caso Ledesma

Personal del Ingenio azucarero retiró documentación de al menos cinco dependencias, incluso en la residencia del empresario, que podría probar la complicidad con el genocidio.

La justicia decidió impedir días atrás la salida del país al empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma
En las madrugadas de los últimos cuatro días, entre el miércoles pasado y ayer, varios testigos denunciaron que vieron cómo personal del Ingenio Ledesma se movilizó en camionetas de la empresa, y sacó material en cajas de cartón, azules y color madera, de por lo menos cinco dependencias que la planta tiene en Jujuy.

A raíz de ello, los querellantes en la causa por la desaparición del ex intendente Luis Aredez, que llevará a Carlos Pedro Blaquier a declarar como imputado esta semana, reclaman a la justicia que adopte las medidas necesarias para evitar la destrucción de posibles pruebas que vinculen a las autoridades del Ingenio Ledesma con la dictadura.

El miércoles y jueves pasados, entre las 0 y las 4 de la mañana, el lugar elegido para los operativos fue La Rosadita, residencia principal que la familia Blaquier tiene dentro del Ingenio, en la esquina de Arrieta y Paulina, del llamado Barrio Ledesma. Testigos presenciales del operativo señalaron que los empleados se trasladaron en camionetas Ford Ranger doble cabina, y en otras con carrocería cubierta, tipo Traffic, sin identificación. Cargaron los vehículos con bultos, presumiblemente con documentación de la empresa.

En ese punto, y desde hace varios años, se encuentra ubicado uno de los archivos administrativos y contables más importantes de la planta. Se trata de varios ambientes que forman parte de una construcción emblemática, que la familia Blaquier utiliza como residencia principal.

“El lugar está pegado a lo que los lugareños llaman ‘Vieja Lechería’ y que hoy funciona como sector encargado de repartir leche en polvo a los operarios”, dijo a Tiempo Argentino una fuente que vio el operativo.

Lo que alertó a los vecinos de la región fue el despliegue, y sobre todo la hora en que se produjo. Ninguno de los lugares en donde se registraron esos movimientos fue allanado por la justicia, como ocurrió el pasado 26 de abril con oficinas donde fueron incautadas numerosas pruebas que demuestran la vinculación del Ingenio con la dictadura.

Además de las cajas, los testigos vieron carpetas, folios, biblioratos y bolsas, aunque fue imposible distinguir su contenido.

domingo, 15 de abril de 2012

El testimonio de los huesos

Cuando se trata de la escena de un crimen perpetrado hace décadas, los antropólogos forenses son responsables de recabar evidencias que permitan dilucidar qué ocurrió. En nuestro país participan en investigaciones sobre delitos de lesa humanidad cometidos hace más de 30 años, durante la dictadura militar. Los expertos hablaron con LA GACETA sobre su compleja labor.

Álvaro Medina

En Argentina, la antropología forense es una disciplina que se desarrolló mediante la búsqueda y el análisis de cuerpos esqueletizados de las víctimas del terrorismo de Estado de los años 70 y principios de los 80. Debido al tiempo transcurrido hasta el momento de la investigación y a la magnitud de los hechos, fue necesaria la intervención de arqueólogos y antropólogos para localizar y leer las huellas del horror en los restos óseos. En estas condiciones, los antropólogos forenses aportaron pruebas elementales a la Justicia Federal en causas relacionadas con delitos de lesa humanidad y, al mismo tiempo, desarrollaron un camino metodológico que sentó precedentes y es valorado en todo el mundo. Esta disciplina, por sobre todas las cosas, permite devolver su identidad a los huesos de las víctimas, que los familiares conozcan el destino de sus seres queridos y que recuperen sus restos para inhumarlos según sus tradiciones y de manera digna.

Es posible que una persona haya sido golpeada al momento de ser secuestrada. Que esas heridas no hayan sido curadas y esto le provocara una infección. Tal vez los captores no la hayan alimentado bien, lo que derivó en un agudo estado de anemia. Es probable que mientras era torturada, la víctima haya sufrido diversos tipos de fracturas. Quizás el asesino haya disparado el arma a sangre fría y por la espalda, perforándole el cráneo. Más de 30 años después, al momento de la investigación que conduce a la exhumación de sus restos, las huellas de todo esto se conservan aún en ellos. Sin la intervención de los antropólogos forenses, nunca se podría acceder a este último testimonio contenido en los huesos.

Sus conocimientos contribuyen, además, a la reconstrucción histórica de lo sucedido durante la última dictadura militar. Respecto a esto, aportan pruebas terribles y concretas: identificación de centros clandestinos de detención, descubrimiento de fosas comunes, reconocimiento de circuitos represivos de traslado de prisioneros, localización e identificación de los restos de las víctimas.

Los equipos de trabajo

Con la llegada de la democracia, en 1983, familiares y organismos de derechos humanos profundizaron las averiguaciones para conocer el destino de personas desaparecidas. Se sospechaba que las tumbas NN de algunos cementerios podrían estar ocultando víctimas del terrorismo de Estado. Surgió entonces la necesidad de buscar alguna metodología científica que permitiera la identificación a través de restos óseos. Estas agrupaciones, en especial Madres de Plaza de Mayo, consultaron en diferentes universidades hasta dar con Clide Snow, un antropólogo forense norteamericano que, conjuntamente con estudiantes de antropología, conformó el grupo que posteriormente se constituiría como el Equipo Argentino de Antropología Forense

(EAAF).

"En 1983 y durante el juicio a las Juntas, los jueces ordenaron exhumaciones en los cementerios. En estas intervenía personal de la Policía, Bomberos y médicos, y tenían un doble aspecto negativo. Por un lado, no se usaban metodologías arqueológicas ni antropológicas para trabajar: se hacían exhumaciones masivas, se mezclaban y rompían los restos y se descontextualizaban los hallazgos. Por otro lado, varios de los que las realizaban habían participado también en la represión ilegal. De esta manera, nunca se llegaba a una respuesta. Frente a este contexto, el EAAF propuso un programa metodológico que consiste en diferentes etapas de investigación", señaló el perito Juan Nobile. (ver "Metodología")

En Tucumán, dos décadas más tarde y con un origen similar, se constituyen primero el Grupo Interdisciplinario de Antropología y Arqueología Forense (GIAAT) y posteriormente el Colectivo de Arqueología para la Memoria y la Identidad Tucumana (CAMIT). Ambos surgen, en un principio, gracias al esfuerzo de docentes y estudiantes universitarios de la carrera de Arqueología de la UNT. Junto con el EAAF, actualmente se encuentran realizando peritajes para la Justicia Federal en distintos sitios (ver "Sitios...").

Los antropólogos forenses aplican las ciencias forenses, en especial la antropología y la arqueología, a la investigación de violaciones de los derechos humanos. "No es lo mismo trabajar en una escena de un crimen ocurrido hace pocos días que en la escena de un crimen ocurrido hace más de 30 años -aclaró Guillermo Ortiz, arqueólogo del GIAAT. En este período, existen una serie de procesos y agentes que actúan en el ambiente y que nos podrían ocultar información". Al respecto, Nobile agregó: "en esta tarea desplegamos técnicas de la arqueología que tienen que ver con la prospección. Esto es, dónde excavar, qué excavar y cómo excavar". Una vez que se localiza el lugar en donde fueron enterradas una o varias personas asesinadas, se excava y se recupera no sólo el esqueleto sino todos los elementos vinculados a estos restos, que en muchos casos suelen ser proyectiles de armas de fuego. La etapa final de este trabajo es el traslado de los restos al laboratorio donde, en caso de que sea posible, se identifica a la víctima (Ver "Metodología"). "Una vez cumplido este paso, y si terminó el proceso de excavación, se entregan los restos a los familiares", explicó María Gloria Colaneri, del CAMIT. Ruy Zurita, perteneciente a la misma agrupación, agrega: "en base a esa evidencia material y a esas situaciones que uno detalla y puede interpretar, se va escribiendo la historia de lo ocurrido". Como si las víctimas llevaran en sus huesos las claves para que nunca más existan dudas acerca de lo sucedido.

METODOLOGÍA
Todos los peritajes en los que intervienen antropólogos forenses son a pedido de la Justicia. Por lo general, se inician a partir de denuncias realizadas por sobrevivientes o por testigos de hechos producidos en centros clandestinos de detención. Estos peritajes se desarrollan sobre la base de tres unidades de trabajo, que son complementarias entre sí y que se detallan a continuación.

1- INVESTIGACIÓN INICIAL
Este paso se lleva a cabo mediante el relevamiento de testimonios y documentos: entrevistas a familiares, diarios de la época, registros en cementerios y cualquier otra prueba que permita reconstruir el contexto histórico y social en el que sucedieron los hechos.

2- TRABAJO EN EL CAMPO
Se utilizan técnicas de la antropología y la arqueología para recuperar los restos óseos, excavar de manera adecuada y conservarlos en la posición en la que fueron encontrados. También se registran los elementos asociados a estos restos, como proyectiles, rastros de vestimenta, etcétera.

3- LABORATORIO
Consiste en el análisis de los restos esqueletales. De esta forma es posible determinar el sexo, la edad, la estatura y la posible causa de muerte de una persona. Si es factible, se extrae una muestra de ADN, se realiza un mapa genético y se lo compara con el ADN de los familiares de desaparecidos que está disponible en el Banco Genético de la República Argentina.
En caso de coincidencia entre los datos que arroja el familiar -mediante la sangre- y los datos genéticos que contiene el hueso, se está en condiciones de identificar a la víctima.

lunes, 26 de marzo de 2012

Condenan a 13 años en cárcel común al Comisario Moreno por torturas

El ex policía Miguel Angel Moreno fue condenado el viernes a 13 años de prisión en una cárcel común, al ser encontrado culpable por las torturas que sufrió Emma Aguirre, secuestrada durante la última dictadura militar. Además Moreno queda Inhabilitado para ejercer cargos públicos y dispuso su destitución de la fuerza policial.

El Tribunal Oral Federal, presidido por Gabriel Casas, dictó la sentencia del primer juicio por delito de lesa humanidad que se realizó en Tucumán, en donde la víctima relató lo sufrido luego de ser secuestrada de su casa por un grupo de encapuchados en febrero de 1977.

Los jueces dispusieron que Moreno sea trasladado al penal de Villa Urquiza para cumplir con la condena.

Sin embargo, aclararon que solicitarán que una junta médica, compuesta por tres profesionales de la salud con específico conocimiento de diabetes, examine al imputado e informe si las condiciones de salud pemiten que cumpla la condena en esa unidad penintenciaria.

El fallo determinó además que Moreno queda Inhabilitado para ejercer cargos públicos y dispuso su destitución de la fuerza policial, por ser coautor material penalmente responsable de la comisión de delitos de asociación ilícita agravada y autor material penalmente responsable del delito de tortura.

También se estableció que los cargos contra Moreno son calificados como delitos de lesa humanidad.

El fiscal había pedido 20 años de prisión en una cárcel común para Moreno, en tanto el defensor del acusado solicitó su absolución.

El fallo fue escuchado por Aguirre, la mujer de 67 años que fue víctima de la represión durante el último régimen militar y que durante el juicio afirmó que Moreno la torturó cumpliendo órdenes del ex gobernador y represor Antonio Domingo Bussi.

Moreno fue el único imputado que participó del proceso porque el represor Luciano Benjamín Menéndez fue separado por problemas de salud, mientras que se extinguieron los cargos, por fallecimiento, contra Bussi y Alberto Mario Albano Zimmermann.

La mujer relató en primera persona las vejaciones sufridas mientras estuvo detenida entre el 17 de febrero y el 6 de marzo de 1977.

Aguirre fue secuestrada de su casa por un grupo de civiles encapuchados, que la llevaron con los ojos vendados hasta una comisaría y luego al ex ingenio Nueva Baviera, en la localidad de Famaillá, donde la tuvieron varios días atada de pies y manos con alambres.

Durante su cautiverio, según manifestó, fue brutalmente torturada y aseguró que no le dejaron "ni un sólo lugar del cuerpo sin moretones", aunque aclaró que nunca fue violada sexualmente.

Tras permanecer varios días en un centro clandestino de detención, finalmente fue liberada y 35 años después pudo contar su historia y escuchar la condena de la persona que la torturó, aunque no quedó satisfecha con el castigo.

"La sentencia es injusta: tendrían que haberle dado más años. Ustedes no saben lo que fue pasar por esto", señaló Aguirre al ser consultada por Télam cuando abandonaba la sala donde se desarrolló el juicio acompañada por sus hijos.

Mientras se señalaba la pierna, la mujer resaltó que "esas marcas son de la picana eléctrica" y recordó que también "me metieron una botella de vidrio con agua en la boca y eso no lo voy a olvidar mientras viva".

La víctima del accionar de los militares afirmó que no está "tranquila ni satisfecha" con la finalización del juicio y el fallo que condena a Moreno.

"Hay muchas personas que pasaron por esto y deseo que ellos también tengan justicia porque yo no fui la única victima", indicó.

Distinta fue la opinión del fiscal, Leopoldo Oscar Peralta Palma, quien si bien había pedido 20 años de cárcel para el imputado dijo que está conforme con el fallo.

"Estos son delitos horrendos que se cometieron en un tiempo que a nosotros, a los tucumanos, nos duele mucho", indicó el fiscal.

jueves, 15 de marzo de 2012

Ex general Menéndez elude otro juicio por delitos de lesa humanidad

El ex general Luciano Benjamín Menéndez eludió hoy un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, porque no está en "condiciones físicas apropiadas", según fuentes judiciales.

El Tribunal Oral Federal de la ciudad de Tucumán ordenó hoy separar a Menéndez de la causa abierta por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones y tormentos a Emma del Valle Aguirre, tras recibir un informe médico de integrantes del Cuerpo Médico Forense.

Los jueces ordenaron un monitoreo del estado de salud de Menéndez y su evolución mediante exámenes médicos bimestrales y suspendieron su participación en el juicio oral y público hasta que se encuentre en condiciones de afrontarlo.

Ménendez, de 84 años, tiene ya condenas por siete delitos de lesa humanidad.

El juicio comenzó con la presencia de otro de los acusados, el excomisario Miguel Ángel Moreno. En la causa inicialmente también estaban imputados Antonio Domingo Bussi y Alberto Mario Albino Zimmermann, ya fallecidos.

La víctima, Emma del Valle Aguirre, fue secuestrada el 17 de febrero de 1977 por un grupo de personas encapuchadas y vestidas de civil que irrumpieron en su domicilio y fue torturada en un centro de detención ilegal de Tucumán hasta su liberación, el 6 de marzo de ese mismo año