domingo, 16 de noviembre de 2014

Piden que los ocho condenados que estarían libres y los 24 con domiciliaria vuelvan a la cárcel

La Fiscalía requirió al Tribunal Oral Federal (TOF) que revoque las excarcelaciones y las prisiones preventivas en sus casas de una treintena de condenados de la megacausa. Advirtió sobre el riesgo de que los penados se fuguen o de que pretendan intimidar a los testigos y víctimas. Organismos de derechos humanos se congregarán el martes en el Tribunal.

FUNDAMENTOS. En marzo, los condenados recibieron la sentencia completa. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO (ARCHIVO)

A casi un año del fallo de la histórica megacausa “Arsenales II-Jefatura II”, ocho de los represores condenados por delitos de lesa humanidad se encontrarían en libertad y otros 24 cumplirían prisión domiciliaria, de acuerdo con los registros del Ministerio Público Fiscal (MPF), que aclaró que el Tribunal Oral Federal (TOF) aún no le informó el listado oficial.

La resolución de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -a instancias de una presentación del defensor Ciro Lo Pinto- devolvió a principios de mes a los acusados a la situación procesal que tenían antes del comienzo del megajuicio. Incluía también a Roberto “El Tuerto” Albornoz y a Jorge Lazarte (tenían domiciliaria), pero el TOF ordenó su vuelta al penal para garantizar la continuidad del debate de la megacausa “Villa Urquiza”, en la que están imputados.

El MPF efectuó el viernes un planteo en el Tribunal Oral Federal (TOF) para requerir que se revoquen las excarcelaciones y las prisiones preventivas domiciliarias de la treintena de ex policías, ex gendarmes y ex militares. Entre los crímenes por los que se encontraban presos se encuentran desde secuestros y torturas hasta abusos sexuales y homicidios contra 215 víctimas.

Leopoldo Peralta Palma (fiscal subrogante ante el TOF), Pablo Camuña (fiscal ad hoc a cargo de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad) y Patricio Rovira (fiscal ad hoc) pidieron que los condenados vuelvan a las cárceles en las que se encontraban alojados.

Riesgos

“Existe una fundada presunción de que, en caso de permanecer en libertad o en modalidades morigeradas de cumplimientos de prisión preventiva, los imputados intentarán eludir el accionar de la Justicia y/o realizarán nuevas acciones tendientes a desbaratar u obstaculizar el avance del presente proceso y de otros. Tal escenario requiere la adopción de nuevas medidas que garanticen los fines del proceso”, consignaron los fiscales en el documento.

Entre los riesgos enumerados en la presentación se encuentra el de que se produzcan fugas. Mencionaron antecedentes como los de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, quienes se escaparon en un traslado tras ser condenados en Buenos Aires, y el del escribano Juan Carlos Benedicto en Tucumán (fue absuelto por el beneficio de la duda en la megacausa). Para los acusadores, estos episodios dan cuenta de la vigencia de un “aparato clandestino” con poder para entorpecer el avance de las investigaciones. Recordaron que Benedicto, por ejemplo, pudo evadir la Justicia durante seis meses y que, inclusive, estuvo radicado en el exterior.

En cuanto al peligro de las pesquisas en marcha, precisaron que se trata de expedientes como “Jefatura 3” y “Arsenales 3”, cuyas víctimas involucraron a algunos de los ex miembros de fuerzas en cuestión. Por otro lado, los condenados Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis De Cándido, Ramón Jodar y Lazarte están procesados en la megacausa “Operativo Independencia”. Añadieron que ya solicitaron también que se indague a otros 13 penados.

“Se sigue avanzando en la identificación de desaparecidos a partir de las tareas en el Arsenal y en el Pozo de Vargas y que los condenados podrían tener interés en obstaculizar”, opinaron. Las fosas halladas en el Arsenal fueron prueba clave para la megacausa, porque los peritos rescataron de ellas restos de detenidos desaparecidos.

Los fiscales advirtieron, por último, la situación de vulnerabilidad de los 358 testigos del juicio, la mayoría, víctimas. Muchos de ellos mencionaron a varios de sus captores o los reconocieron mediante fotografías. En este punto habían hecho hincapié también los organismos de Derechos Humanos en un comunicado que repudió la decisión de Casación. Habían denunciado que ninguna fuerza controla el cumplimiento de las domiciliarias. El martes, a las 9, se congregarán en la puerta del TOF (Crisóstomo y Chacabuco) para manifestarse.

El juicio se desarrolló durante 13 meses y fue el de mayor magnitud por delitos de lesa humanidad. Los magistrados Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga condenaron en diciembre de 2013 a 37 de los 41 imputados (el resto fue absuelto por el beneficio de la duda). Consideraron a los acusados como responsables de lo sucedido en los centros de detención y exterminio más grandes de la provincia: la Jefatura y el Arsenal. Según el fallo, formaron parte de un aceitado sistema represivo -basado en centros clandestinos y en tareas de inteligencia- que se esforzó para ocultar lo ocurrido.

Los sobrevivientes no dudaron en caracterizar a los centros como “el infierno”. Los jueces, en tanto, los compararon con campos de concentración nazis.

La situación que tendrían los condenados

EN LIBERTAD: Ramón Ojeda Fuente (condena de 20 años)
EN LIBERTAD: Ernesto Rivero (condena de 18 años)
EN LIBERTAD: Alberto Montes de Oca (condena de 18 años)
EN LIBERTAD: José Sowinski (condena de 17 años)
EN LIBERTAD: Fernando Torres (condena de 16 años)
EN LIBERTAD: Hugo Soto (condena de 15 años)
EN LIBERTAD: Pedro Caballero (condena de 15 años)
EN LIBERTAD: Miguel Chuchuy Linares (condena de 14 años)
DOMICILIARIA: Luis Varela (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Luis De Cándido (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Orcar Sánchez (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Adolfo Moore (condena de 20 años)
DOMICILIARIA: Marcelo Godoy (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Benito Palomo (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Tomás Güemes (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Ramón Cooke (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Camilo Colotti (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Ángel Moreno (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Juan Abraham (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Rolando Reyes Quintana (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Hugo Figueroa (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Oscar Gómez (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Félix Insaurralde (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Antonio Vercellone (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Augusto Neme (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Guillermo Ugarte (condena de 15 años)
DOMICILIARIA: Mario D’Ursi (condena de 12 años)
DOMICILIARIA: Luis Ocaranza (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: María Luisa Acosta de Barraza (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: Pedro Joaquín Pasteris (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: Ramón Jodar (condena de 4 años)
DOMICILIARIA: María Elena Guerra (condena de 2 años)

martes, 12 de agosto de 2014

Nomina de detenidas politicas embarazadas que estuvieron secuestras en centros clandestinos

En nuestra provincia, hay una veintena de mujeres embarazadas que estuvieron secuestradas en centros clandestinos, y que continúan desaparecidas, tal como los bebés que pudieron haber nacido en ese tiempo. Entre 1975 y 1979 fueron detenidas y desaparecidas: Olga Cristina González (cuatro a seis meses), Amalia Moavro (tres meses y medio), Rosa López (cinco meses), Nilda Zelarayán (seis meses), Nora Abdala (ocho meses), Alicia Pérez (tres meses), Lucrecia Lescano (cuatro a cinco meses), Alicia Cerrota (dos meses), Mónica García (dos meses) y María Angélica Cisterna (seis meses).











martes, 15 de julio de 2014

Jorge Alberto D'Amico será juzgado por el secuestro del conscripto Germán Cantos López

Nuevo juicio en Tucumán

El represor fue uno de los jefes del Batallón 141 y se encargó de la Inteligencia del Departamento de Informaciones Policiales (D-2). Luego fue carapintada y funcionario del juarismo. Ya fue condenado por crímenes de lesa humanidad.

Por delitos de lesa humanidad cometidos contra más de siete decenas de personas durante la última dictadura cívico-militar en su provincia, Santiago del Estero, el represor Jorge Alberto D’Amico purga condenas de veinte y cuatro años de encierro. Probablemente no sean las únicas: la semana próxima el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán comenzará a juzgarlo por el secuestro, las torturas y el homicidio del conscripto Germán Cantos López, que tuvieron lugar durante aquellos años. Se prevé que, a partir del 25 de julio, cerca de 20 testigos cuenten a los jueces Juan Carlos Reynaga, Hugo Norberto Cataldi y Marcelo Juárez Almaraz lo que saben acerca de Cantos López, el soldado integrante de una familia diezmada por el terrorismo de Estado.

Germán fue secuestrado en septiembre de 1976 y fue el primer miembro de la familia en desaparecer. El sorteo lo había dejado afuera del servicio militar, pero las fuerzas militares de su provincia lo citaron igual. Recibió la carta en Buenos Aires, donde estudiaba Psicología. En agosto se presentó en lo que fue el Batallón 141. Su primera salida iba a ser el 3 de septiembre, pero no lo logró: fue retenido por orden de sus superiores sin explicársele los motivos.

Su familia, en Santiago del Estero, lo buscó incansablemente, pero sin éxito. Recibió de él cartas hasta fines de 1977. En ellas, Germán les informó escueto de detalles que estaba en Tucumán y les pidió que no lo buscaran. Durante el último juicio que en esa provincia ventiló los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como Jefatura y Arsenal, varios testigos aseguraron haberlo visto en este último.

Allí también habrían estado detenidos de manera clandestina los primos de Germán, Anabel Cantos Sanabria y Luis Cantos Carrascosa. Ella fue secuestrada en noviembre de 1976, mientras paseaba a su hijo por las calles de Santiago del Estero. A su esposo, el militante del PRT-ERP Hugo Miguel Caldera, lo había asesinado el Ejército en el operativo Independencia, en febrero de 1975. En abril de 1977, las fuerzas fueron a buscar a Luis Cantos al departamento que compartía con amigos en la ciudad de Buenos Aires.

Como sus primos, Germán permanece desaparecido. El juez federal de Tucumán Daniel Bejas clausuró la instrucción sobre su destino con una triple acusación contra D’Amico, a quien le endilgó los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y homicidio calificado triplemente agravado, de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Justicia Federal de Tucumán.

D’Amico purga en la actualidad una condena de 20 años de encierro y otra por otros cuatro más, en base a la responsabilidad que la Justicia le otorgó en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra unas setenta personas. Fue autoridad del Batallón 141 desde fines de 1975 y un año después se encargó de la Inteligencia de la institución, área que también supervisaba en el Departamento de Informaciones Policiales (D-2). Siempre fue cercano a Muza Azar, junto con quien fue condenado en los dos últimos juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados en la provincia. Se convirtió en carapintada con el advenimiento de la democracia. Fue detenido, pero las leyes de impunidad le devolvieron la libertad con la que logró ser secretario de Seguridad del gobierno de los Juárez.

miércoles, 4 de junio de 2014

Santa Lucía : Investigarán un sótano hallado en un centro clandestino



Víctimas y lugareños habían señalado que había una estructura subterránea donde se habrían alojado a detenidos ilegales en los ‘70.
 
Por Gaby Baigorri
Una construcción rectangular inmersa en la oscuridad. Paredes de ladrillo a la vista, cortadas con arcadas prolijas. Escaleras, también de ladrillo, cuyo destino está sellado con cemento. Tachos volcados y desperdicios por doquier. Ese es el aspecto del sótano del ex Ingenio Santa Lucía, en la comuna homónima del departamento Monteros, cuya existencia constataron miembros de la Unidad Fiscal que se encarga de las causas por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en Tucumán, encabezada por el fiscal Pablo Camuña.

En esa fábrica funcionó “La Base”, uno de los primeros centros clandestinos de detención del país durante el Operativo Independencia (desde 1975). Decenas de vecinos y de testigos que declararon durante la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” habían dado cuenta de la existencia de una dependencia subterránea e inclusive, de túneles. Esto último fue descartado.

Análisis y pericias

La inspección, , se originó tras la denuncia de una vecina que trabaja en un comedor comunitario que funciona sobre el sótano. En la medida, que fue conducida por el fiscal Patricio Rovira, participó un perito del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Se detalló que el Laboratorio Químico de la Policía Federal realizará un peritaje. Se espera que, mediante un análisis, se determine la posible presencia de fluidos humanos y, de encontrarse ese tipo de rastros, la consecuente extracción de muestras de ADN para su eventual identificación.

Como los ingresos originales estaban sellados, los funcionarios judiciales tuvieron que ingresar por una abertura que se generó como consecuencia de la erosión del suelo. “El espacio cuenta con cuatro especies de galerías divididas por tres hileras de columnas. El techo presenta una estructura abovedada y en su punto más alto alcanza los 2,57 metros de altura”, describió la Fiscalía en el acta. También, añadió que se trata de un ambiente cerrado de 10 metros por 20 metros, sin ventanas. Mientras que, tal como muestran las fotos, hay una escalera clausurada. Detallaron que se encontraron indicios de que podría haber contado con una instalación eléctrica.

El fiscal Rovira dispuso que una consigna permanente de la Policía Federal custodie el ingreso.

El 27 de septiembre, el Tribunal Oral Federal (TOF) concretó una inspección en dos centros clandestinos del sur de la provincia que formaron parte del circuito represivo, Santa Lucía y Caspinchango. Sucedió en el marco de las audiencias del juicio por la megacausa (se condenó a 37 militares y policías retirados por crímenes contra 215 víctimas). La visita había sido seguida por víctimas y por una decena de lugareños que se había acercado para aportar datos. Si bien el predio del ex Ingenio fue modificado y achicado, todos habían podido reconocerlo como el lugar ocupado por militares y en donde se alojaron a detenidos ilegales.

Se había accedido en esa oportunidad al interior del ex ingenio y también se habían recorrido los alrededores. Frente a las instalaciones actuales hay una serie de casas viejas y galpones. Bajo una de las estructuras está ubicado el sótano descubierto. Vecinos afirmaron que, de acuerdo a versiones, en ese lugar también podría haberse mantenido a secuestrados. Ante estos dichos, se había ingresado hasta donde habría estado un acceso a la pieza subterránea.

El ingenio era el corazón de esa localidad, hasta que fue cerrado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía en los 60, al igual que otros establecimientos azucareros de la provincia. Luego, el edificio se convirtió, paradójicamente, en el centro, pero de la ocupación militar.

El fallo de la megacausa -dictado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga- dedicó un párrafo especial a la situación del poblado. “El pueblo estuvo tomado por el asentamiento militar desde febrero de 1975, un gran número de camiones, jeeps, camionetas, carpas y soldados con ametralladores tomaron las calles. Eran los militares quienes digitaban la vida del pueblo (…). La prueba testimonial reunida en el debate con relación al modo en que operó en la zona de Santa Lucía el aparato organizado de poder instalado en el país en la década del 70 evoca, sin lugar a dudas, una experiencia totalitaria”, sentenciaron los magistrados.

jueves, 29 de mayo de 2014

Seis condenas a prisión perpetua por el crimen del “Tordo” De Benedetti

Los jueces dieron por probado que el 21 de junio de 1978 Ariel Rolando Valdiviezo, Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri y Camilo Ángel Colotti estuvieron involucrados en el homicidio del militante del PRT, que había estado detenido durante cuatro años.

 Por: María Eugenia Ludueña, desde Tucumán.


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua a los seis acusados por el homicidio del militante Osvaldo Sigfrido “Tordo” De Benedetti. Los jueces dieron por probado que el 21 de junio de 1978 Ariel Rolando Valdiviezo, Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri y Camilo Ángel Colotti estuvieron involucrados en el homicidio del hombre que había estado detenido durante cuatro años.

Ema y Miguel, hermanos del “Tordo”, escucharon la sentencia desde la primera fila y aplaudieron, junto con la sala repleta, cada una de las condenas. Llegaron ayer desde Santa Fe, donde viven, para escuchar el fallo del tribunal integrado por Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Los compañeros de la militancia del “Tordo” en el ERP -algunos de ellos con la estrella roja en la solapa del saco- también viajaron desde Santiago del Estero, Córdoba -su ciudad natal- y Santa Fe para asistir a esta audiencia en la que estuvieron presentes familiares de detenidos y desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S.

A pocos metros de ellos, sólo uno de los imputados escuchaba su sentencia: Colotti estaba sentado a un lado de la sala -presidida por un crucifijo-, con la mirada imperturbable y el gesto concentrado en un cuaderno donde había tomado apuntes. Impávido escuchó su condena. Gorleri y Lucena la supieron a través de videoconferencia desde la Cámara Federal de Casación Penal. Chilo y Navarro, desde la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Valdiviezo, desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Un televisor reproducía las caras de los represores. También estuvo imputado Luciano Benjamín Menéndez, pero fue apartado del proceso por afrontar otros dos juicios orales en La Rioja y Córdoba.

El tribunal decidió revocar la prisión docimiliaria de quienes cumplen preventiva, y disponer el traslado de Lucena y Gorleri al hospital del Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza. Además dispuso que Navarro y Chilo sean trasladados para cumplir su condena en el complejo penitenciario Bower en Córdoba. Valdiviezo y Colotti cumplirán la preventiva en las unidades del Hospital Penitenciario de Ezeiza y de Villa Urquiza respectivamente.

“Las condenas a perpetua son una satisfacción. Es una gran alegría que se haga Justicia. A mi hermano mayor -un tipo alegre, brillante, carismático- lo mataron después de estar cuatro años preso. Eso es fruto del odio. Pero nosotros no queríamos venganza, queríamos Justicia”, dijo Ema, su hermana, a Infojus Noticias después de que el tribunal considerara culpables de autoría material y mediata a los seis acusados.

El “Tordo” era un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) que estaba detenido desde 1974, procesado por el delito de asociación Ilícita, a disposición del Poder Ejecutivo y del Juzgado Federal de Tucumán. En 1978, Benedetti fue asesinado. Los militares intentaron encubrir el crimen con la excusa de que EL Tordo había intentado fugarse.

Desde la querella, Bernardo Lobo Bugeau, evaluó que “las penas han avalado que el 20 de junio de 1978 De Benedetti fue sacado de la cárcel de Villa Urquiza y desde que salió hasta que lo mataron se articularon e intervinieron fuerzas y batallones de Inteligencia para cumplir esa orden. El proceso se hizo con todas las garantías y procedimientos del derecho, el tribunal ha evaluado la prueba acertadamente. Las penas aplicadas hablan de un hecho gravísimo. Nos parece muy importante que sean de cumplimiento efectivo”.

Esta tarde los dos hermanos del Tordo, sus compañeros del ERP y organismos de DDHH le rendirán homenaje en el cementerio local.

Los alegatos fueron la semana pasada. Los abogados que representan a los hijos de Benedetti y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo, pidieron prisión perpetua para los imputados. Ariel Valdiviezo y Camilo Colotti, ya fueron condenados en la megacausa Arsenales II-Jefatura II. Al primero lo acusaron de ser el autor material del presunto asesinato y al segundo, de haber transmitido la orden proveniente de autoridades militares de Córdoba.

miércoles, 28 de mayo de 2014

Juicio fusilamento del "Tordo" De Bendetti : Cartas de los padres : "Allí estaba nuestro sueño interrumpido."

"Nuestro único tema era el enemigo de adentro"
Ríos Ereñú, exjefe del Ejército, sorprendió con sus palabras en la audiencia de ayer. En el primero de los alegatos la querella pidió las penas máximas para los responsables del asesinato del militante. Y solicitó al tribunal instruya nuevas causas contra el ex juez federal Manlio Martínez y dos oficiales del ejército.
Por: Gabriela Cruz, desde Tucumán

El primero de los tres alegatos en el juicio por el asesinato de Osvaldo ‘Tordo’ De Benedetti pidió prisión perpetua para dos de los acusados: Ariel Orlando de Valdiviezo y Camilo Ángel Colotti. Los querellantes Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo, quienes realizan una doble representación –por la Secretaría de Derechos Humanos y por los familiares de la víctima- pidieron la pena máxima y de cumplimiento efectiva. Solicitaron prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, y que se declare “infame traidor a la patria” a Valdiviezo, por ser autor material del asesinato de De Benedetti, y a Camilo Ángel Colotti, como autor mediato del mismo delito doblemente agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas.

La audiencia de ayer fue extensa y comenzó con la declaración testimonial de Héctor Luis Ríos Ereñú. El máximo responsable de la represión en el norte provincial explicó cómo funcionaban los ‘equipos de combate’ que dependían del Regimiento 19. Ante la pregunta de la defensa sobre la supuesta actuación de estos equipos en el conflicto con Chile, el testigo sorprendió a los abogados: “Nada tenía que ver Chile con nosotros. Nuestra único tema era el enemigo que teníamos adentro”. Ríos Ereñú está detenido en el penal de Ezeiza tras haber sido condenado, por delitos de lesa humanidad, en diciembre del año pasado.

En la última audiencia prestaron declaración dos peritos de la Policía Federal, quienes analizaron un documento en el que consta que el Tordo De Benedetti fue retirado por Ariel Valdiviezo del penal de Villa Urquiza el mismo día en que fue asesinado. La pericia caligráfica hecha por la oficial Alejandra Rejas determinó categóricamente que la firma estampada en el ‘acta de entrega’ pertenece al imputado. Si bien, según el peritaje, no se puede determinar de manera concluyente la antigüedad del documento, Sergio Díaz, perito en documentología, aseguró que este no fue adulterado.

En la sala se vivió un clima de emoción cuando se leyeron las cartas escritas por los padres del Tordo. En ellas contaban la manera en que se enteraron de la muerte de su hijo. “En su pecho noble y bueno ha quedado una inmensa ventana, en ella se puede ver cómo fue todo”, decía la carta de su madre, refiriéndose a la herida de bala que recibió Osvaldo. “Juntitos los dos solitos recibimos el chapuzón. Al día siguiente viajamos a Tucumán, allí estaba nuestro sueño interrumpido. Llegamos el 28 y el 29 pudimos dejarlo dormidito en la tierra del azúcar y la melaza” había escrito -entre códigos y metáforas- Osvaldo Lincoln De Benedetti a sus familiares, que estaban en el exilio.

“Estoy seguro que una persona que es capaz de morir con la dignidad con la que murió Osvaldo Sigfrido De Benedetti, recibiendo los disparos en el pecho y no en la espalda, de frente como le dijo que iba a hacerlo a su madre, seguramente es una persona imposible de olvidar”, dijo Pablo Gargiulo sobre el final de su alegato. “Lo único que espero es que ese recuerdo permanezca siempre con el señor Valdiviezo y le recuerde no solamente la criminalidad de su acción sino también la cobardía con la que la llevó a cabo”, concluyó el querellante.

En los alegatos los querellantes pidieron al tribunal que al momento de dictar sentencia ordene la remisión de las piezas pertinentes al fiscal federal de turno, para que instruya causa por posibles delitos de lesa humanidad cometidos por los oficiales del ejército Eduardo Cubas y Antonio Llamas. La misma solicitud se hizo extensiva al ex juez federal de Tucumán Manlio Torcuato Martínez. Este pedido se sustenta en la prueba testimonial producida durante las audiencias pasadas. La audiencia se reanuda el miércoles 28 con los últimos alegatos a cargo de la fiscalía y la defensa.

El reclamo de su compañera Liliana Montanaro

Liliana fue la penúltima testigo en este proceso que juzga la responsabilidad de seis imputados en el asesinato del ‘Tordo’ De Benedetti. Un militante del PRT que dejó, en todos los que lo conocieron, el recuerdo de un hombre solidario, comprometido y alegre. Liliana se emocionó, pero siguió adelante dibujando con sus palabras el perfil del hombre con el que tuvo dos hijos. “Era un gran compañero y el poco tiempo que estuvo fue un gran padre”, dijo sobre el final de su declaración. Pidió justicia por el ‘Tordo’ y por todos los detenidos, torturados y exiliados. Es que aunque este juicio tenga una sola víctima en la causa que juzga, las víctimas son muchas más y la justicia que se haga aquí aporta a nuestra historia, la de los De Benedetti-Montanaro y la de cientos de jóvenes que con sus aciertos y errores habían decidido, como dijera Liliana, “luchar por un país mejor, por un mundo mejor”.

domingo, 18 de mayo de 2014

Para la viuda de De Benedetti, el juez Manlio Martínez estuvo directamente implicado en el asesinato

Liliana Montanaro prestó declaración ante el TOF de Tucumán por videoconferencia

Tucumán.- Una testigo del juicio oral por el crimen del militante Osvaldo De Benedetti, cometido en 1978, declaró que "fue muy difícil vivir en la clandestinidad" durante esa época y resaltó que "siempre éramos perseguidos". El Tribunal Federal Oral (TOF) retomó ayer las audiencias con otra extensa jornada que incluyó el testimonio de Liliana Montanaro, esposa y madre de los hijos de De Benedetti, quien contó cómo fue su relación con la víctima, a quien conoció en su época de
estudiante universitaria. "A Osvaldo lo conocí en la militancia, en luchas estudiantiles y en las luchas contra la Guerra de Vietnam", contó Montanaro y señaló que "a pesar que nuestra situación como militantes era muy riesgosa, decidimos tener dos hijos, el mayor, Pablo, nació en la cárcel y el menor, Gabriel, nació en Tucumán, pero tuvo que ser inscripto en Santa Fé a raíz de la represión".

"Nuestra vida fue muy difícil en la clandestinidad, siempre éramos perseguidos,pero a pesar de ello tratábamos de que nuestros hijos la pasaran lo mejor posible", remarcó a través de una videoconferencia. "Cuando Osvaldo fue detenido en septiembre de 1974 en Tucumán, yo no estaba con él porque en ese momento vivía en Rosario, en la clandestinidad, con mis dos hijos, así que me enteré por la radio que había sido detenido en un allanamiento en Tucumán", agregó.
  
"Nosotros habíamos quedado en encontrarnos en Tucumán y no pudo ser. Eso fue lo que nos salvó la vida, a mí y a mis hijos", contó en su relato y recordó que "una vez detenido, no lo volví a ver porque jamás pude visitarlo y tampoco me dejaron mandarle carta argumentando que no estábamos casados".

"A Osvaldo le armaron una causa judicial por asociación ílícita", indicó la mujer y señaló que "el Juez que intervino fue Manlio Martínez, quien desde mi punto de vista estuvo directamente implicado en el asesinato ya que era el brazo civil de los militares".

Por su parte, Bernardo Lobo Bugeau, abogado de organismos de derechos humanos, señaló que "Montanaro es una testigo clave, ya que fue la compañera de De Benedetti, con quien además mantenían una militancia común en el Partido Revolucionario de los Trabajadores". "Ella dio detalles del peligro existente que tenían los militantes de organizaciones revolucionarias y de toda la complejidad que implicaba tomar contacto con su compañero una vez que fue detenido", indicó. Lobo Bugeau le explicó a Télam que "ella conoció la búsqueda que efectuó la familia en los sucesivos traslados que padeció la víctima que culmina con el asesinato de De Benedetti".

El TOF dispuso el pase a cuarto intermedio hasta la semana próxima cuando se realizará una nueva audiencia del juicio.