miércoles, 18 de mayo de 2016

Allanaron el Ingenio La Fronterita y secuestraron información de víctimas del Operativo Independencia

La fábrica se utilizó, a partir de febrero de 1975, como una base militar desde donde se desplegó la denominada Fuerza de Tareas Rayo. 

La planta se encuentra cinco kilómetros al oeste de la ciudad de Famaillá

Allanan el Ingenio La Fronterita, en Tucumán, en el marco de la causa por el Operativo IndependenciaLa Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó el martes pasado, por orden del juez federal Daniel Bejas, el Ingenio azucarero La Fronterita, ubicado en la localidad de Famaillá, en Tucumán, en el marco de la causa de lesa humanidad que se sigue por los delitos que se cometieron durante el Operativo Independencia entre 1975 y 1978.Según consignó el sitio Fiscales, los procedimientos fueron requeridos por el titular de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal federal Pablo Camuña. También se allanaron las oficinas de la firma José Minetti & Cia, situadas en Córdoba capital, propietaria de este ingenio Tucumano.     Según pudo establecer la fiscalía, La Fronterita se utilizó, a partir de febrero de 1975, como una base militar desde donde se desplegó la denominada Fuerza de Tareas Rayo, formada por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. En ese lugar funcionó además un centro clandestino de detención (CCD) "con el objeto de reunir personas secuestradas con el fin de extraerles información por medio de torturas y que estas personas en general luego eran trasladadas a otros lugares de mayor envergadura".Durante uno de los procedimientos, en el que participó el fiscal Camuña, se secuestró en la sede del ingenio los legajos de víctimas de delitos de lesa humanidad que pasaron por la Base y el CCD. Además, se recopilaron recibos de sueldos de la época, libros de personal, archivos de litigios laborales y otros documentos, en tanto que en Córdoba se requisaron libros contables y de balances.En la causa se investigan la desaparición de al menos 43 personas que vivían en los alrededores de Famaillá y que eran trabajadores de la empresa. (Télam)
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó el martes pasado, por orden del juez federal Daniel Bejas, el Ingenio azucarero La Fronterita, ubicado en la localidad de Famaillá, en Tucumán, en el marco de la causa de lesa humanidad que se sigue por los delitos que se cometieron durante el Operativo Independencia entre 1975 y 1978.

Según consignó el sitio Fiscales, los procedimientos fueron requeridos por el titular de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal federal Pablo Camuña. También se allanaron las oficinas de la firma José Minetti & Cia, situadas en Córdoba capital, propietaria de este ingenio tucumano.  

Según pudo establecer la fiscalía, La Fronterita se utilizó, a partir de febrero de 1975, como una base militar desde donde se desplegó la denominada Fuerza de Tareas Rayo, formada por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. En ese lugar funcionó además un centro clandestino de detención (CCD) "con el objeto de reunir personas secuestradas con el fin de extraerles información por medio de torturas y que estas personas en general luego eran trasladadas a otros lugares de mayor envergadura".

Durante uno de los procedimientos, en el que participó el fiscal Camuña, se secuestró en la sede del ingenio los legajos de víctimas de delitos de lesa humanidad que pasaron por la Base y el CCD. Además, se recopilaron recibos de sueldos de la época, libros de personal, archivos de litigios laborales y otros documentos, en tanto que en Córdoba se requisaron libros contables y de balances.En la causa se investigan la desaparición de al menos 43 personas que vivían en los alrededores de Famaillá y que eran trabajadores de la empresa, 

viernes, 6 de mayo de 2016

La Corte Tucumana abre sus archivos por los chicos apropiados

En busca de los que faltan

El máximo tribunal provincial ordenó el relevamiento de juicios civiles iniciados entre 1975 y 1983 con el fin de encontrar datos que permitan identificar a hijos de desaparecidos. La medida fue adoptada por unanimidad de los cinco magistrados.

Desde Tucumán

La Corte Suprema de Tucumán, decidió, por primera vez en su historia, abrir los archivos judiciales para dar a conocer como fueron adoptados y dejados en adopción en instituciones de menores los niños y niñas que nacieron entre 1975 y 1983.

La medida fue adoptada a través de la resolución 28/2016. Los años que comprende dicha medida no son casuales. Abarca no sólo la dictadura cívicomilitar sino también la etapa previa con la llegada del denominado “Operativo Independencia” a la provincia, que comenzó en febrero de 1975, y donde se inauguraron no sólo los centros clandestinos de detención, sino también los nacimientos clandestinos.

Con ésta decisión, la Corte tucumana, ordenó el relevamiento de juicios civiles iniciados entre 1975 y 1983 con el fin de buscar datos que permitan identificar a hijos de desaparecidos.

Lo que también pondera la acordada firmada por los jueces en pleno es la conformación de un grupo de trabajo bajo la órbita de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, para realizar un trabajo de investigación de “legajos de adopciones, guardas temporales, hallazgo de menores no identificados e inscripción tardía de personas”, dice el texto. El equipo designado por la Corte dependerá de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, la abogada Lourdes Bascary está al frente de dicho organismo y trabajará con la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Oficina Tucumán), ambas dependientes de la Procuración General de la Nación.

Para la Corte, no sólo hubo un plan sistemático de exterminio (siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia nacional) sino que también existió un plan de apropiación de menores durante la represión dirigida casi en su totalidad por el genocida Antonio Domingo Bussi.

Lo que se tratará de determinar es que si los expedientes de adopciones y guardas legales apilados en los juzgados del fuero de Familia y Sucesiones podrían contener información clave para la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos, apropiados a través del plan sistemático que llevó a cabo la última dictadura militar.

La acordada 28/2016 fue firmada el 3 de febrero por los cinco integrantes del máximo tribunal: Antonio Gandur, René Mario Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse (ex secretario de Derechos Humanos de la gestión del gobernador José Alperovich).

Lo que el texto deja en claro es que también se analizarán protocolos de sentencias, o sea de qué manera los jueces otorgaron tutelas y demás a los padres adoptivos durante la dictadura.

Según los magistrados, durante la dictadura se llevó adelante, “una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños. La primera por medio del ingreso del niño al sistema de minoridad y consecuentemente a una probable adopción por parte de terceros, y la segunda por medio de simulación del embarazo de la apropiadora y la inscripción posterior del niño como hijo biológico del matrimonio apropiador. Las primeras búsquedas de las Abuelas de Plaza de Mayo fueron por ese lado, evidenciando el plan sistemático de apropiación”, dijeron.

La noticia fue celebrada por Abuelas de Plaza de Mayo, quienes a través de su titular, Estela de Carlotto, le enviaron una carta al presidente de la Corte tucumana, para agradecer la acción concreta. “A 40 años del golpe genocida más terrible de nuestro país, seguimos buscando a los casi 400 nietos que aún faltan en el abrazo fraterno de sus familias. Esperamos que este tipo de iniciativas puedan replicarse en el resto de las provincias, para seguir consolidando una política de Estado que es ejemplo a nivel mundial”, afirmó Carlotto.

Comenzaron las audiencias por la causa Operativo Independencia, en la que se juzga a 20 represores

La primera huella del terrorismo de Estado

Se prevé que durante más de un año, más de mil testigos describirán ante los jueces la forma en que los represores ensayaron el plan de exterminio que se extendería al país tras el golpe de marzo de 1976. La fiscalía puso el acento en los delitos sexuales.

 Por Ramiro Rearte - Desde Tucumán

La primera audiencia en la sala del Tribunal Oral Federal de Tucumán por el Operativo Independencia.
Imagen: Télam.
Tucumán comenzó ayer a escuchar parte de su historia reciente pese a que muchos sectores políticos y sociales hubieran preferido no hacerlo: empezaron las audiencias de la megacausa por los hechos ocurridos desde febrero de 1975 hasta marzo del 76 en el marco del denominado Operativo Independencia. Veinte represores están imputados y se busca determinar el destino de 269 víctimas que estuvieron en diversos centros clandestinos de detención en la provincia. En ese territorio fue donde empezaron a montarse los centros de tormento como la “Escuelita de Famaillá” Diego de Rojas.

Ayer, desde muy temprano las inmediaciones del Tribunal Oral Penal Federal (TOF) se colmaron de organizaciones sociales que acompañaron a los familiares y a los querellantes en la extensa jornada de lectura de la imputación para cada uno de los veinte represores.

Días antes del inicio de las audiencias, los jueces tuvieron que armar el circuito para que los represores pudieron escuchar la lectura del Ministerio Público Fiscal. Estuvieron algunos presentes y otros desde Comodoro Py, por el sistema de teleconferencias. Como es habitual en las primeras jornadas de estos juicios, los abogados defensores hicieron planteos para demorar el inicio de la audiencia. A los 25 minutos de comenzada la jornada se tuvo que pasar a un cuarto intermedio para que los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Reynaga evaluaran un pedido para separar del juicio a uno de los imputados. Hicieron lugar al planteo y Enrique Benjamín Bonifacino no será juzgado por su estado de salud. Sufriría Alzheimer y permanecerá bajo prisión domiciliaria en Buenos Aires. El informe del perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue determinante para que los magistrados accedieron al pedido de su defensor.

Cuando entraron los imputados a la sala los familiares de desaparecidos levantaron las imágenes de sus seres queridos, mientras que los familiares de los represores imputados, levantaron una bandera argentina y comenzaron a cantar el Himno Nacional. Cada sector marcaba su presencia, divididos por gendarmes.

Luego llegó el turno de la acusación de los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit, quienes se dividieron la lectura de la imputación, en la que detallaron el accionar represivo instalado en Tucumán, con la instrumentación del Operativo Independencia. A través de los diarios personales del genocida Abdel Vilas, se reconstruyó cómo la provincia fue dividida militarmente, y de qué forma “nació” la “Escuelita” de Famaillá como centro del terror.

“Fue el propio Vilas quien dijo que la comisaría de la localidad de Famaillá estaba en muy malas condiciones por lo que debían buscar un lugar alternativo para alojar de los detenidos subversivos. Fue ahí cuando se eligió a la Escuela Diego de Rojas, establecimiento construido entre 1972 y 1974. Allí los represores tuvieron entre 30 y 40 detenidos porque era la capacidad de la escuela”, sostuvo Camuña frente a los jueces.

“Es más, a la última aula de la escuela se la utilizó como sala de torturas. Allí había un equipo de grabación para tomar registro de las declaraciones bajo tormento y una radio, entre otras cosas. Entre febrero de 1975 y abril de 1976 pasaron por allí 1507 personas quienes fueron torturadas. Este lugar se encuentra a 36 kilómetros de San Miguel de Tucumán”, aseguró el fiscal.

Un apartado muy importante de parte de los fiscales Chit y Camuña fueron los delitos sexuales en contra de las mujeres desde que comenzó el Operativo Independencia. Violaciones en las casas, frente a sus maridos. Manoseos constantes en todos los puntos de control en la provincia. Violaciones y vejaciones en todos los campos de concentración. Se inauguró así por primera vez en la Argentina la violencia sexual en contra de la mujer, de forma sistemática. Muchas de las mujeres que sobrevivieron relataron su padecimiento. Muchas otras no pudieron hacerlo, porque murieron”, aseveró Camuña en parte de su relato.

Los acusados son Luis Armando De Candido, Ricardo Oscar Sánchez, Ramón César Jodar, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Néstor Rubén Castelli, Enrique José Del Pino, Jorge Gerónimo Capitán, Miguel Angel Moreno, Alfredo Alberto Svendsen, Pedro Adolfo López, Casiano Pedro Burtnik, Julio César Meroi, Omar Edgardo Parada, Manuel Rubén Vila, Francisco Camilo Orce, José Luis del Valle Figueroa, José Ernesto Cuestas y José Roberto Abba.

Por el volumen de casos que se relevarán y el ofrecimiento de más de 1400 testigos, se calcula que el juicio durará más de un año. Las audiencias seguirán todos los jueves (jornada completa) y los viernes (media jornada), según lo dispuso el Tribunal Oral Federal.

Estuvieron presentes autoridades nacionales, provinciales y legisladores del Frente para la Victoria, como la presidenta de la Comisión de Educación, Silvia Rojkés de Temkin, quien dijo a Página/12, “vengo como una militante más a acompañar este proceso que sin dudas es muy doloroso, pero necesario para encontrar verdad y justicia”.

El horror íntimo

Una de las primeras imágenes que Fabiana Rousseaux retuvo de Tucumán fue la “intervención” de los militares en los álbumes de fotos de los cumpleaños. Ella es ex directora del Centro Ulloa de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de Estado y una de las especialistas convocadas a declarar en el debate por el Operativo Independencia como testigo de contexto. Ella habla de cómo la “ocupación” habilitó la idea del “centro clandestino a cielo abierto” donde “la escuela, las casas, el almacén, los clubes, todo estaba tomado bajo ese ‘terror naturalizado’”.

–¿Cómo entiende la ocupación?

–Durante los viajes que hicimos a varias localidades de la región, como Santa Lucía y Monteros, supimos que ese cordón de pueblos estaba militarizado. Hubo lugares en el que ocurrieron hechos de este estilo, tengo muy presente un caso de Reconquista donde tomaron una vivienda y se instalaron por dos años al menos y utilizaron esa vivienda como base de operaciones pero también a quienes vivían allí. Pero si bien es cierto que esas cosas sucedieron en otras provincias, lo significativo de Tucumán es que tomó un cariz más “sistemático” por decirlo de algún modo. Durante años esos pueblos, esas familias, vivieron literalmente “intervenidos” en su intimidad, por las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

–¿Cómo alteró eso la vida cotidiana?

–Por ejemplo, me contaron en un viaje que hicimos que hay familias que tienen sus álbumes familiares de fotos donde los militares están ‘interviniendo’ los álbumes ¿De qué modo? Habiéndose incluido forzadamente en esas fotografías dado que si había una fiesta, un casamiento, una fiesta de 15 años o lo que fuera, ellos tomaban esos ámbitos privados como propios. Llegaban, comían la torta, se sacaban las fotos como si fueran parte de ese espacio familiar y hasta podían tomar a las mujeres como objetos a ser utilizados al igual que los demás objetos domésticos. Durante el viaje capacitábamos y consolidábamos equipos de profesionales para que estén en condiciones no sólo de asistir y acompañar a los sobrevivientes y familiares en los juicios, sino también para realizar evaluaciones en el marco de las leyes de reparación que el Estado otorga a las víctimas.

–¿Ahí aparece una nueva manera de mirar el efecto social?

–Eso configuró un escenario novedoso que podríamos definir como una suerte de CCD a cielo abierto, es decir, que ya no fue necesario configurar los secuestros sólo en un espacio métrico, sino que se aplicó esa tortura sobre toda una población. En una suerte de lógica de espacio topológico, por llamarlo de algún modo, donde el efecto de terror se diseminó entrando en los cuerpos a través de la convivencia con ese espacio. Así la escuela, las casas, el almacén, los clubes, todo estaba tomado bajo ese “terror naturalizado”. En la Escuelita de Famaillá hasta el día de hoy –según tengo entendido– persisten relatos de vecinos que aluden a sonoridades fantasmáticas, como resultado de los hechos atroces que allí se vivieron, por la convivencia forzada con ese horror, que nunca es sin consecuencias.

martes, 3 de mayo de 2016

Operativo Independencia : comienza el juicio más grande por delitos de lesa humanidad

Se espera que las audiencias se desarrollen desde el jueves y se extiendan durante al menos un año. Se abordarán 270 casos por diferentes delitos. Operativo Independencia reúne la mayor cantidad de víctimas que llega a la sala del TOF .
  
SALA DE AUDIENCIAS. El Tribunal Oral Federal aguarda la causa más grande que abordará hasta el momento por delitos en la última dictadura. 
Al menos por un año, la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal (TOF) será el escenario en el que se escudriñará el Operativo Independencia (OI), la incursión militar que ocupó parte de la provincia en 1975. 

El secretario del TOF, Mariano García Zavalía, confirmó que el debate en el que se juzgará a 20 ex miembros de las fuerzas de seguridad por delitos de lesa humanidad contra 270 víctimas comenzará el jueves, a las 9. Será el expediente más grueso que llega a juicio, en cantidad de casos. En la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” había 215 afectados. Las audiencias se concretarán todos los jueves y viernes desde entonces. Para presenciarlas sólo hay que ser mayor de edad y presentarse con el DNI en Chacabuco 125. 

García Zavalía consignó que la mitad de los sospechosos estará en la sala. La otra mitad, en tanto, seguirá el proceso mediante el sistema de videoconferencia desde diversos puntos del país. 

El tribunal está integrado por los mismos jueces que intervinieron en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” (2013): Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga.

Imputados

Los imputados son el multicondenado Roberto “El Tuerto” Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis Armando De Cándido, Jorge Lazarte, Ramón Jodar, Miguel Ángel Moreno, Pedro Rojas, Pedro López, Enrique José Del Pino, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Svendsen, Francisco Camilo Orce, José Luis Figueroa, Néstor Castelli, Julio Meroi, Omar Parada, Enrique Bonifacino, José Roberto Abba, Manuel Rubén Vila y Pedro Casiano Burtnik. 

Al menos seis de ellos fueron condenados en los juicios anteriores. Fuentes judiciales consignaron que se espera que con las audiencias ya en marcha nuevos imputados se sumen al juicio. Esta situación es controvertida por las defensas.


Se juzgarán delitos cometidos contra 270 ciudadanos
La megacausa concentra denuncias por delitos de violación de domicilio, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y homicidios contra 270 personas. Muchas de las víctimas permanecen desaparecidas. De acuerdo consta en los expedientes, en el conjunto de afectados hay obreros de fábricas; jornaleros del interior y sus familiares; dirigentes sindicales; comerciantes; empleados públicos; profesionales; estudiantes; militantes de diferentes partidos y miembros del ERP o Montoneros. “De la investigación surgiría con claridad que los sectores de población principalmente perseguidos y lesionados durante la vigencia del Operativo Independencia, fueron aquellos vinculados con la industria azucarera, la actividad rural, la dirigencia sindical y con la defensa de los derechos de los sectores más desprotegidos”, concluye el juez Daniel Bejas en la elevación a juicio. 

El decreto que desencadenó la incursión militar en la provincia
El 5 de febrero de 1975, la presidenta Estela Martínez de Perón firmó el decreto que ordenó al Ejército iniciar el Operativo Independencia. La determinación, puesta en marcha días después durante el gobierno constitucional, desató en la provincia un violento plan sistemático de exterminio de opositores mediante el terrorismo de Estado y con la complicidad de factores de la sociedad, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal.
A cargo del plan estuvo en un primer momento Acdel Edgardo Vilas y luego, Antonio Domingo Bussi. Tucumán fue un “tubo de ensayo” de las prácticas represivas y de terror que se extenderían a todo el país después del Golpe de Estado de mayo de 1976, según consta en el expediente.
Entre los principales ejes de las defensas de los imputados estará el hecho de que los hechos se dieron por orden de una Presidenta. 

Los expedientes: la primera denuncia fue en 2004 y se fue alimentando hasta ser un megacaso
La causa se había iniciado mediante una denuncia particular el 2 de agosto de 2004, por los hechos que perjudicaron a Néstor Zurita y María Rosa Zurita. En octubre de 2004, se había presentado la primera ampliación de requerimiento de investigación por las víctimas Antonio del Carmen Rivadeo. En mayo de 2005, la Fiscalía presentó un listado de 311 presuntos imputados en los hechos. Las ampliaciones se sucedieron hasta que en octubre de 2009, la Fiscalía pidió una nueva ampliación de requerimiento vinculada al universo procesal indicando como causas conexas 183 causas individuales, solicita se recaratule la causa como “Operativo Independencia”. En diciembre de 2011, se solicitó una nueva ampliación de requerimiento imputando un total de 269 casos investigados, e identifica como imputados a un total de 120 personas

Juicio número 12: la segunda megacausa por delitos de los 70’ que se celebrará en el TOF
El de la megacausa Operativo Independencia es el 12° juicio por delitos de lesa humanidad que se celebra en el Tribunal Oral Federal (TOF) local. El primero había sido “Vargas Aignasse”,  en 2008, por la desaparición forzada del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.  Fueron condenados entonces  Luciano Benjamín Menéndez (perpetua) y Antonio Bussi (perpetua). 
Dos años después se concretó “Jefatura I”, el primero que reunió varias causas. En 2011, en tanto, hubo dos:  “Romero Niklison”  y “Aguirre-Weiss”. 
En 2012 se juzgó a un ex comisario por el caso  “Emma del Valle Aguirre”. En 2013 hubo dos sentencias. La de la primera megacausa, “Arsenales II-Jefatura II”-el juicio duró un año-, y la de “Toledo de Ygel” (por las tierras de Capitán Cáceres). En 2014 hubo también dos por casos particulares: “De Benedetti” y “Cantos”.

El diario de Vilas: las anotaciones del primer líder del operativo están entre las pruebas
Acdel Vilas, comandante de la Brigada de Infantería con asiento en Tucumán, fue el encargado de liderar la primera etapa del Operativo. Llevó un diario de campaña en el que reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas y reconoció la comisión de delitos. Los escritos forman parte de las pruebas de la megacausa. “Sostenemos la necesidad de combatir hasta las últimas consecuencias las causas de la subversión, asumiendo como impostergable la acción armada, bien que proyectándola hacia los demás ámbitos de la vida colectiva. Queda expuesto, pues, el carácter imprescindible de que esa lucha integral sea liderada por las FF.AA. Ahora bien, con igual firmeza afirmamos que no basta una estrategia militar al estilo clásico”, había escrito. En otro pasaje, sostenía que entre el 1 de octubre al 2 de diciembre de 1975 “las bajas enemigas fueron aproximadamente de unos 40 o 50 subversivos”.