domingo, 27 de abril de 2014

Detuvieron en Tucumán a un peligroso ex represor prófugo de la justicia desde el año 2011

Se trata de Roberto Díaz, acusado de decenas de delitos de lesa humanidad en nuestra provincia, entre los que se cuenta el secuestro del abogado santiagueño Abdala Auad. Una tarea conjunta entre federales de Santiago y Tucumán, comandada por el juez Guillermo Molinari logró su captura. El ex policía Roberto Díaz Cura, alias “Sifón”, acusado de graves delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y prófugo de la Justicia Federal santiagueña desde mediados de 2011, fue detenido anoche en San Miguel de Tucumán.

El represor, procesado entre otras causas por el crimen del abogado Abdala Auad, tenía pedido de captura internacional emitido por el juez federal local Guillermo Molinari.
Además, el Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación ofrecía por Díaz Cura, una recompensa de $ 100 mil a quien brindase datos sobre su paradero.
Según informaron calificadas fuentes judiciales, la detención se produjo cuando el ex prófugo salía de un edificio que alberga estudiantes en compañía de un familiar, y se dirigía a cenar.
El operativo estuvo a cargo de un cuerpo especial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria encargada de la búsqueda de represores, y las acciones llevadas adelante en forma conjunta entre autoridades judiciales de Tucumán y de Santiago del Estero, bajo la coordinación del juez Molinari.
El ahora detenido miembro del grupo de tareas local, estaba bajo la mira de los investigadores, que lo buscaban incesantemente. Al cierre de esta edición, Díaz Cura había sido trasladado al aeropuerto internacional de Tucumán, donde tiene su sede la PSA, y era sometido a un interrogatorio de identificación y la toma de huellas dactilares.
Se esperaba que tras la revisión médica el ex policía sea trasladado a la cárcel federal de Colonia Pinto, en Villa Robles.
Díaz Cura formó parte del grupo de tareas que comandó el ex represor Musa Azar Curi (con triple condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y encarcelado en el Penal de Ezeiza).

SECUESTRO, TORTURA, HOMICIDIO
Un prontuario que revela su accionar en la dictadura

Roberto Díaz Cura integró el grupo de tareas que actuó en los ‘70 en la órbita del Departamento de Informaciones Policiales (DIP) o “Side” local y que funcionó también como un centro clandestino de detención, bajo el mando de Musa Azar Curi.
Díaz Cura está procesado en causas en la que se denuncian secuestros, torturas y desaparición forzada de personas (en su caso puntual por el crimen del abogado Abdala Auad) y que engrosan los casos de las denominadas Megacausa I y II, cuyos juicios se celebraron con el ex policía como el gran ausente.
A mediados de 2011, el ex integrante de la “Side” santiagueña gozaba del beneficio de la excarcelación, pero dejó de asistir al Juzgado Federal y a través de un familiar dijo que se mantendría oculto.
Además del juez Molinari, la Fiscalía Federal General y la Secretaría de Derechos Humanos también venían trabajando arduamente para dar con el paradero de este peligroso represor.

viernes, 25 de abril de 2014

Detuvieron a ex juez federal de Tucumán Manlio Martínez: a la cárcel por sumarse a la represión

A la cárcel por sumarse a la represión

El ex magistrado está procesado, entre otros hechos, por no haber investigado un allanamiento ilegal en el que fueron asesinadas cinco personas. También hay registro de que estuvo en distintos centros clandestinos de detención.

El ex juez federal de Tucumán Manlio Martínez fue detenido ayer en la capital de la provincia, en una causa en la que está procesado, entre otros hechos, por no haber investigado un allanamiento ilegal en el que fueron asesinadas cinco personas, realizado en mayo de 1976 por militares y policías. El ex magistrado quedó arrestado con prisión preventiva en el penal de Villa Urquiza.

La captura de Martínez había sido pedida por el fiscal Carlos Alfredo Brito, que la semana pasada elevó la causa contra el ex magistrado a juicio oral. El fiscal sostuvo que las pruebas demuestran que el ex juez fue “parte del esquema de terrorismo de Estado”.

Martínez fue nombrado juez federal de Tucumán en 1975 por recomendación del general Acdel Vilas, que estaba a cargo del Operativo Independencia. El represor se quejaba de que los funcionarios judiciales tucumanos entorpecían la tarea del Ejército y pidió por esto que fueran removidos y reemplazados por “personas de inequívoca ortodoxia”.

En el año que siguió a su asunción, Martínez rechazó 325 hábeas corpus que los familiares presentaban tras la desaparición de sus seres queridos. De la misma manera dejó sin investigar cientos de denuncias por hallazgos de cadáveres y secuestros.

El 20 de mayo de 1976, fuerzas del Ejército y la policía realizaron un allanamiento ilegal en el que fusilaron a los militantes montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz en una casa de la calle Azcuénaga 1816, de San Miguel de Tucumán. Estos crímenes fueron probados en un juicio que concluyó en 2011. El fiscal Brito impulsó luego la acusación contra Martínez por su inacción ante las ejecuciones.

Martínez reconoció que estuvo en el lugar de la masacre y que no ordenó ninguna medida de investigación, dando por cierta la versión del “enfrentamiento”, pese a las evidencias que mostraban lo contrario.

La fiscalía concluyó que el ex juez cumplía de esta manera con la promesa de no entorpecer la represión ilegal formulada al ser designado.

“Las actuaciones judiciales llevadas adelante en la causa –dijo el fiscal sobre los fusilamientos–, patentizaron la función del ex juez dentro del esquema de terrorismo de Estado imperante para esa fecha.” Para Brito no hay ninguna duda de que “sus acciones y omisiones produjeron voluntariamente la legitimación de la ejecución extrajudicial de las cinco víctimas y aseguraron impunidad para sus autores”.

La detención de Martínez fue concretada en la medianoche del miércoles, por orden del juez federal Daniel Bejas, quien dispuso que el ex magistrado deberá esperar en prisión el inicio del juicio oral.

El acusado deberá enfrentar cargos para los que se prevén penas de hasta 20 años de prisión. Otra de las imputaciones de la causa es la persecución penal que sufrió el dueño de la casa donde ocurrieron los fusilamientos, Miguel Romano, a quien Martínez indagó sin abogado defensor, recluyó en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía y entregó al ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía Roberto “El Tuerto” Albornoz.

El ex juez mantuvo preso a Romano durante más de un año y luego sobreseyó con las mismas pruebas por las que había decidido arrestarlo. Durante ese tiempo privó al detenido de las medicinas que necesitaba, por lo que Romano terminó internado en una clínica psiquiátrica.

Contra el ex juez hay, finalmente, registro de que estuvo en centros clandestinos de detención como la Jefatura de Policía, la Escuelita de Famaillá, el así llamado “puesto de comando táctico” del Operativo Independencia, y en el que funcionó en la cárcel de Villa Urquiza, donde ahora está detenido.

Su enjuiciamiento avanza en el campo de las complicidades civiles del terrorismo de Estado. En este sentido, al confirmar el procesamiento del ex juez, la Cámara de Apelaciones señaló, en la misma línea que la fiscalía, que Martínez “tuvo un rol asignado en la cadena de mandos del aparato represivo y rendía cuentas de su labor frente a los estratos superiores”. Por esto, la Cámara concluyó que el ex juez federal “formó parte de una asociación criminal, cuyo objetivo principal fue eliminar opositores políticos o ideológicos del régimen”.

miércoles, 16 de abril de 2014

Comenzó el juicio por el traslado desde el penal de Villa Urquiza, de Osvaldo De Benedetti, militante del PRT-ERP en 1978

-Me van a matar, compañeros –dijo, minutos antes del traslado.

 La causa De Benedetti tiene muchas pruebas sobre la práctica de terrorismo de Estado

Las responsabilidades de seis sospechosos en el secuestro y homicidio del militante santafesino Osvaldo Sigfrido De Benedetti, ocurrido en 1978, serán juzgadas durante el juicio que comenzó esta tarde en los tribunales federales de la provincia. Continúa el 24 de abril.

En la primera jornada, el Tribunal Oral Federal (TOF) integrado por los jueces Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, dio lectura a las imputaciones de las acusaciones y concedió a los imputados la posibilidad de hacer uso de la palabra.

Bernardo Lobo Bugeau, a cargo de la querella, dijo que "esta causa tiene muchas pruebas sobre la práctica de terrorismo de Estado en varios niveles y se van a recolectar muchas más durante el juicio".

"Sin dudas que la operación de traslado para ejecución de De Benedetti fue una pieza de auténtica relojería e inteligencia", apuntó Lobó Bugeau.

Los imputados son Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge González Navarro, Alberto Carlos Lucena, Ariel Rolando Valdiviezo y Camilo Ángel Colotti.

Los dos primeros participan del debate mediante videoconferencia desde la Cámara Federal de Casación Penal, González Navarro y Lucena lo hacen desde la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, y Valdiviezo desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza.

Solo estuvo presente en la sala Colotti, quien junto a Validiezo fueron condenados en la Megacausa Jefatura II - Arsenales II.

El juicio prevé la declaración de 39 testigos, en su gran mayoría oriundos de Córdoba, pero también llegarán desde Santa Fe y Buenos Aires, inclusive uno de España y otro de Suiza, además de la lectura de testimoniales de personas fallecidas.

Según consta en la causa, el 3 de julio de 1978 De Benedetti, quien estaba detenido por el delito de asociación ilícita a disposición del Juzgado Federal de Tucumán y del Poder Ejecutivo Nacional, habría sido trasladado a Tucumán e ingresado vivo en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza, en la capital provincial.  Los padres de De Benedetti intentaron conseguir información en Córdoba sobre su suerte sin éxito, hasta que supieron que había sido abatido en un supuesto enfrentamiento.

El juicio continuará el 24 de abril.
Fuente: Tucuman Hoy

¿Quién era Osvaldo De Benedetti?

A Osvaldo Sigfrido De Benedetti le decían “El Tordo”. Fue combatiente del PRT-ERP y en esa calidad integró la Compañia del Monte. De acuerdo a los testimonios en el juicio de la Masacre de Capilla del Rosario, el 12 de agosto de 1974,  el santafesino De Benedetti formó parte del grupo que zafó de la represión tras el frustado intento de copamamiento del Regimiento 17 de Aerotransportada de Catamarca, que regresó a los montes tucumanos, en tanto 14 fueron fusilados tras entregarse con vida, y 12 fueron apresados.

Había sido detenido en las gobiernos militares de Onganía, Levingston y Lanusse por su actividad política, siendo su última detención en la Unidad Penitenciaria número 1 (UP 1) del barrio San Martín de Córdoba durante la dictadura cívico militar de 1976. Según el expediente militar figuraba en calidad de "rehén", cuando en julio de 1978 fue trasladado a Tucumán, y luego asesinado. Sus padres intentaron conseguir información en Córdoba sin éxito, hasta que supieron que había sido abatido en un supuesto “enfrentamiento”, por lo que luego pudieron recuperar sus restos.

En un operativo especial comandado por los altos jefes del circuito represivo tucumano, De Benedetti había sido detenido el 29 de septiembre de 1974 junto al abogado laboralista y defensor de presos políticos Ricardo Ripodas, Humberto Tumini y Alberto Raul Genoud. En ese grupo también estaban Orlando Luis Meloni y Silvano "Lalo" Castro, ambos fallecidos después de haber recuperado su libertad en 1983. "Fue procesado por asociación ilícita y detenido en la Unidad penitenciaria N° 1 de Córdoba a disposición del Juzgado Federal de Tucumán y del Poder Ejecutivo Nacional por decreto N° 1761/74, en carácter de 'rehén' junto a otros presos provenientes de diferentes cárceles del país", rezan los autos de elevación a juicio.

Según consta en la causa, el 3 de julio de 1978 De Benedetti fue requerido por el Área 311 del Ejército, “alegando el falso propósito de ser interrogado”. El mismo día fue trasladado a Tucumán. Ingresó con vida en la Unidad Penitenciaria de esa provincia, pero al poco tiempo fue asesinado.

-Me van a matar, compañeros –dijo, minutos antes del traslado.

Esas habrían sido sus últimas palabras, según lo que relataron sus excompañeros de celda. Ellos fueron los testigos finales: lo abrazaron antes de que lo esposaran y se lo llevaran por tiempo indeterminado. El Ejército informaría luego que había muerto "en un enfrentamiento". Ninguno de sus familiares creyó en esa versión, dicha tantas veces para ocultar los fusilamientos de los represores. Un comando militar perteneciente al Tercer Cuerpo del Ejército lo habría matado el 21 de julio de ese año en un simulado intento de fuga.