lunes, 27 de febrero de 2012

El Arzobispado.... (como mínimo) encubridor

Para diciembre de 2010, el Arzobispado de Tucumán gestionó y depositó una caución de 115 mil pesos para liberar al cura José Eloy Mijalchyk, después del procesamiento. Por entonces, el arzobispo aún era Juan Villalba, famoso en diciembre de 2002 cuando se opuso en una homilía a la candidatura de José Alperovich por su condición de judío, y segundo hasta el cambio de autoridades de Jorge Bergoglio en la Conferencia Episcopal.

En una presentación hecha ante el juzgado, el abogado de Mijalchyk indica que para llegar al total del dinero de la fianza que le impuso el juzgado de 150 mil pesos, el cura ofrecía una camioneta que estaba a su nombre, valuada en 35 mil pesos, y el resto del monto lo iba a poner el Arzobispado. El 20 de enero de 2011 se terminó todo el trámite con la orden de depósito al Banco Nación. Por entonces todavía no se había producido el cambio de arzobispos en la cabeza de la Iglesia tucumana. Después de doce años seguía en su puesto el arzobispo Luis Héctor Villalba, que saltó a la fama en diciembre de 2002 cuando, en medio de la crisis y los problemas de desnutrición de su provincia, usó una de las homilías para oponerse a la candidatura de Alperovich. En julio del año pasado, cuando se despedía de su comunidad durante el Tedéum, habló por última vez y habló de la memoria: “Conmemorar es recordar nuestro origen, los hechos. Debemos tener memoria histórica sin distorsionarla, sin ideologizarla. Debemos ponernos ante nuestra verdad histórica”.

Los borradores del cura

En la causa están los apuntes de inteligencia que tomó el cura José Eloy Mijalchyk, párroco de la Iglesia Cristo Obrero entre sus vecinos del barrio El Colmenar de Tucumán. Los documentos aportados en la causa en 2010 por un sobreviviente que logró guardarlos muestran cómo el padre Pepe, con libre acceso al centro clandestino de Arsenales, daba cuenta de lo que hacían sus vecinos, entre los que según sus indicaciones había un “posible militante del ERP”.

En la primera página, bajo el título “Iglesia José Obrero (El Colmenar)”, se lee: “Hay un tipo barbudo que todas las noches duerme en la Capilla de Granja Modelo, viste ropa verde”. Luego, aparte: “Ruta 205, frente a una escuela, vive un tal Villarreal, éste hace contacto con un tal Riojano, este vive detrás de la estafeta de Granja Modelo. Según varias personas, se siente cavar todas las noches”. Después de un pie donde se lee “para Casa de Gobierno”, dibuja un croquis de la Granja con las referencias necesarias. Enseguida escribe unas fichas con los datos de las personas:

“Benito Villarreal, 23 años, pelo negro enrulado, 1,70 de estatura, sin trabajo (siempre porta dinero, viaja a Buenos Aires ida y vuelta en avión, período 73-75). Posible ERP”, dice subrayado. “Reuniones semanales con el boliviano en su domicilio. Conoció sobre la muerte de dos japoneses que vivían en (no se entiende). Fue visto dos veces con el desconocido de la Iglesia.”

Luego da los datos de “boliviano; filiación: no conozco; domicilio: detrás de la estafeta de Granja Modelo. Reuniones semanales (días variables) en su domicilio con Benito Villarreal y desconocidos sobre todo en horario nocturno”. Finalmente también consigna los datos del desconocido: “Barbudo, delgado, 1,80 de estatura (...) Duerme en la Iglesia (secretaría)... Para su alimentación, se constató dos veces con Villarreal”.

La lista de acusados

La elevación a juicio contempla a 21 represores. Además del cura José Eloy Mijalchyk y el escribano Juan Carlos Jesús Benedicto, serán juzgados Ernesto Arturo Alais, ex jefe del Regimiento 19 de Infantería; Miguel Alfredo Manuel Paz, ex segundo jefe y ex jefe del Estado Mayor del mismo Regimiento 19; Camilo Angel Colotti, su sucesor; Augusto Leonardo Neme, mayor del Ejército y ex oficial del Estado Mayor de la V Brigada de Infantería; Ariel Rolando Valdiviezo, teniente primero y ex jefe de la compañía C del Regimiento 19 y jefe de la fuerza de tareas Aconquija; Carlos Eduardo Trucco, teniente primero, ex jefe de la compañía A y jefe de personal del Regimiento 19; Luis Orlando Varela, segundo jefe del destacamento de Inteligencia 142 con base en Tucumán; Luis Daniel De Urquiza, ex capitán e integrante del destacamento de inteligencia 142.; Adolfo Ernesto Moore, ex capitán y jefe de dos grupos de inteligencia 142; Ramón Alfredo Ojeda Fuente, jefe del grupo Situación Subversiva de Inteligencia 142; Fernando Torres, ex jefe de la Primera Sección Ejecución y jefe del grupo Situación General del Destacamento 142; Hugo Enzo Soto, ex mayor de Infantería del Ejército y ex jefe de Arsenal 5 Miguel de Azcuénaga; Pedro Osvaldo Caballero, su sucesor; Tomás Adolfo Güemes, ex segundo comandante de Gendarmería Nacional Argentina, encargado del CCD bajo órdenes de la Vª Brigada de Infantería y luego para el Destacamento 142; Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, ex primer alférez de Gendarmería Nacional y ex jefe del Destacamento móvil 2 de Villa María, Córdoba, a cargo de Arsenal, revistando normalmente en casa de gobierno y en el Comando de la V Brigada; Ernesto Rivero, ex primer alférez de Gendarmería Nacional y ex jefe del Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, interrogador del Arsenal; José Carlos Sowinski, ex alférez de Gendarmería y segundo jefe del Destacamento Móvil 2 de Villa María Córdoba; Roberto Heriberto Albornoz, ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales/D2 de la Policía de la Provincia de Tucumán; Marcelo Omar Godoy, ex sargento de Gendarmería, con servicios en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, Buenos Aires, asignado a Arsenal, y Celso Alberto Barraza, ex primer alférez de Gendarmería, con servicios en el Destacamento Móvil 2 de Villa María, Córdoba y asignado a Arsenal.

 Por Alejandra Dandan

Iglesia y corporación judicial, socias de la represión ilegal

Elevan a juicio oral la causa por el centro clandestino Miguel de Azcuénaga

En Tucumán empezará a ser juzgado el cura José Eloy Mijalchyk, quien está acusado de participar en torturas y entregar a militantes. Junto a una veintena de represores también llegará a juicio el escribano Juan Carlos Jesús Benedicto.

 Por Alejandra Dandan

El cura José Eloy Mijalchyk era el “padre Pepe” dentro del centro clandestino del Arsenal Miguel de Azcuénaga, de Tucumán. Lo vieron varios sobrevivientes. Uno de ellos alguna vez se lo topó frente a un grupo de secuestrados, encapuchados, tirados en el piso. Le preguntó al cura si iba a rezar por ellos, pero Mijalchyk le respondió: “¡Para lo que les va a servir!”. Entre las tareas, se tomó el trabajo de persuadir a los prisioneros para que colaborasen con sus captores, les pedía que diesen la información que ellos tanto buscaban. Presenció sesiones de tortura. Y como entonces además era el párroco de la Iglesia Cristo Obrero, del barrio El Colmenar, en su entusiasmo colaboró con el régimen llenando planillas de inteligencia con datos de sus vecinos. Tal vez en agradecimiento, Mijalchyk pasó a ser capellán del Ejército y muchos años después, en 2006, cuando las investigaciones judiciales comenzaron a cercarlo, el papa Benedicto XVI lo premió con el título de prelado de honor.

En febrero, Mijalchyk quedó incluido en la resolución que eleva a juicio oral la causa por los crímenes en el centro clandestino del Arsenal Miguel de Azcuénaga, de Tucumán. Al cura –que el año pasado consiguió la libertad con una fianza pagada por el obispado tucumano–, se lo considera “autor material por el delito de asociación ilícita agravada y partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad agravada y torturas agravadas en perjuicio de Félix Viterbo Corbalán; María Angélica Mazzamuto de Romero; Antonio Raúl Romero y Roberto Romero”.

Con su nombre, el juez federal Daniel Bejas elevó a juicio a otros veinte represores, entre los que están los jefes más importantes del Regimiento 19 de Infantería, los jefes e integrantes de los grupos de tareas que pertenecieron al Destacamento de Inteligencia 142, con base en Tucumán, los gendarmes que estuvieron en el centro clandestino e interrogatorios, un policía y un civil: el escribano Juan Carlos Jesús Benedicto, parte de los estudios más encumbrados de la provincia, a quien los testigos recuerdan como El Escribano y que integró los grupos de la ultraderecha que, según la resolución, colaboraron “vocacionalmente” con el régimen. Benedicto, que no es el Papa pero lleva la figura de la Iglesia como parte de su nombre, está acusado formalmente de privación ilegítima de la libertad, torturas y torturas seguidas de muerte en el caso del estudiante de ciencias exactas de 22 años Gustavo Adolfo Fochi. De momento nadie sabe si cuando empiece el juicio estará sentado entre los acusados: desde el año pasado está prófugo de la Justicia.

“Las acusaciones muestran que actuó un complejo de varias puertas: participó gente de derecha y civiles que son ilustrativos de las complicidades del terrorismo de Estado y a esta altura ésa es una de las cosas más importantes –dice Julia Vitar, querellante de la causa–. Para nosotros este juicio es importante porque Arsenal es un lugar muy emblemático, uno de los centros más grandes, que funcionó durante uno de los períodos más largos, entre 1976 y 1978, y no sólo era un centro clandestino sino que fue un lugar para el destino final de víctimas: se ejecutaba y enterraban clandestinamente a los detenidos.”
En el nombre de Dios

El cura Mijalchyk es parte de esa Iglesia que funcionó en complicidad con la dictadura y de la que están apareciendo pruebas en los juicios de distintos puntos del país. Su nombre quedó identificado hace varios años y pese a que hubo testimonios que lo situaron dentro del centro de detención, las pruebas en su contra sólo cobraron solidez para procesarlo en 2010, cuando un sobreviviente de la Jefatura de Policía aportó en ese juicio oral una documentación que había logrado guardar con listas de desaparecidos y documentos de inteligencia que terminaron de cerrar la relación de Mijalchyk con el centro.

El sobreviviente es Juan Carlos Clemente, que fue además testigo de aquella respuesta del cura Pepe. Clemente aportó los documentos de inteligencia con información que suministraba el cura. Desde entonces, Mijalchyk se defiende. “Esto es cosa de zurdos –dijo alguna vez–. Me quieren agarrar porque soy capellán castrense y asisto espiritualmente al general Menéndez, como se la di a Zimmermann y Cattáneo hasta que murieron y a Bussi hasta que lo trasladaron.”

Para la Justicia, a esta altura está probado que el cura “se desempeñaba como párroco de la Iglesia Cristo Obrero de El Colmenar teniendo libre acceso al CCD Arsenal y colaboraba directamente con las fuerzas de seguridad en la Compañía de Arsenales 5 Miguel de Azcuénaga siendo fictamente el capellán de dicho CCD”. Las acciones desarrolladas por él, sigue la resolución, “contribuyeron –al menos– a la formación de la atmósfera de apoyo, fomento, cobertura, clandestinidad e impunidad que imperaba en el centro clandestino dentro del cual se cometieron los delitos a la par que, conforme a los testimonios, ‘persuadía’ a los detenidos de colaborar con sus captores entregándoles la información que éstos les requerían”.

El rol de Mijalchyk fue relevante, dice el escrito: “Al menos, en relación con la tortura de las personas en cautiverio dándoles un sufrimiento adicional a los tormentos físicos, tratos inhumanos y degradantes, al utilizar su calidad de religioso y los conocimientos propios de su oficio para lograr el quebrantamiento de su voluntad”. En ese sentido, el juzgado llama a recordar “el rol que le cupo a la Iglesia Católica en aquella época y los numerosos casos que se registran similares a éste”. Un contexto en el que el sacerdote “contribuyó a la implementación del plan criminal dentro de un dispositivo represivo, resultando ejecutor de delitos cometidos en el marco de la represión ilegal”.
Don Jesús

La decisión del juez Bajas también es importante en cuanto a la línea de las complicidades civiles que se investigan en varias causas: la acusación sobre Juan Carlos Jesús Benedicto muestra el carácter que tuvo la ultraderecha civil, que se sumó “por vocación” a la llamada lucha contra la subversión.

“Se encuentra acreditado que los oficiales del Destacamento 142 de Inteligencia comandaban las denominadas ‘patotas’ –dice el escrito–: es decir, las fuerzas de tareas que se encargaban de salir del centro clandestino para cumplir con el circuito de secuestro-interrogación–extracción de información. Esas fuerzas estaban conformadas además por personal civil de inteligencia a las órdenes del Destacamento 142 y también por personas que de manera vocacional se sumaron a las tareas de represión ilegal, provenientes de organizaciones políticas de ultraderecha”. Benedicto, sigue la resolución, “formaba parte de los grupos de tareas o grupos operativos (‘patotas’) del centro clandestino Arsenal y desde esa posición formó parte de llamada ‘lucha antisubversiva’ (...). Así, constituyó un eslabón en la implementación del plan criminal cumpliendo órdenes de represión clandestinas e ilegales, dentro de un dispositivo represivo, resultando ejecutor de delitos cometidos en el marco de la represión ilegal”.

En esta etapa, el juzgado lo acusa de asociación ilícita agravada; privación ilegítima de la libertad agravada y torturas agravadas en perjuicio de Adolfo Méndez Brander y Margarita Laskowski; homicidio triplemente calificado en perjuicio de Gustavo Adolfo Fochi.
Otros avances

Además de los acusados, la elevación de la causa de Arsenal tiene varios datos importantes. Entre otros, la imputación por el delito de violación sexual y abuso deshonesto en perjuicio de cinco víctimas. El juez Bejas ya lo había anticipado en 2010 durante los procesamientos y la resolución marcó un hito porque fue la primera que consideró las violaciones separadas de los tormentos y las consideró crímenes de lesa humanidad, un criterio que luego adoptaron otros tribunales hasta alcanzar la semana pasada un fallo de la Cámara de Casación que se define en otra causa, pero en la misma línea.

Otro punto importante es que Bejas considera que los crímenes se cometieron en el contexto del delito internacional del genocidio. Es una posición habitual del magistrado y, según Julia Vitar, es importante porque, entre otras cosas, no sólo define el contexto sino que esa figura, y la lógica del exterminio, permite pensar en penas de prisión perpetua en todos los casos aunque no exista la acusación específica por el delito de homicidio (la única con perpetua para el Código Penal argentino). De todos modos, es posible que esa posición no prospere al término del juicio oral. Desde el primero de los juicios por la llamada causa Vargas Aignasse, el Tribunal Oral repite la posición de la mayor parte de los tribunales de todo el país: es decir que no pueden condenar por genocidio, entre otras razones procesales, porque no está tipificado en el código argentino. Entre otras cosas, recuerdan que el Estatuto de Roma, que es el que contempla esa figura, excluyó ex profeso la figura de los perseguidos políticos. En esa lógica, exhortan al Congreso a pronunciarse sobre esto

Nuevo juicio a Videla por el asesinato de Osvaldo De Benedetti

El ex presidente de facto, Jorge Rafael Videla, uno de los principales ideólogos del golpe de Estado de 1976 y responsable por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los "años de plomo" en Argentina, será juzgado en Tucumán a partir del próximo 15 de marzo.
El proceso, que será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF), se enmarca en la causa por el asesinato de Osvaldo De Benedetti, ocurrido en 1978.
Estaba previsto que el juicio, en el que también están imputados los represores Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Lorenzo Chilo, Luciano Benjamín Menéndez y Jorge González Navarro, se realice en octubre del año pasado, pero el TOF postergó el inicio del debate por pedido del Ministerio Público Fiscal y de las defensas de los acusados.
En consecuencia, el Tribunal fijó para el próximo jueves 15 de marzo, a las 9.30, como fecha de inicio de las audiencias de debate.
Asimismo, se resolvió que las audiencias se desarrollarán los días jueves y viernes de cada semana.

Los hechos

Osvaldo De Benedetti, según se lee en autos de elevación a juicio de la causa, "fue procesado por asociación ilícita y detenido en la Unidad penitenciaria N° 1 de Córdoba a disposición del Juzgado Federal de Tucumán y del Poder Ejecutivo Nacional por decreto N° 1761/74, en carácter de 'rehén' junto a otros presos provenientes de diferentes cárceles del país".
Según el expediente, el 3 de julio de 1978 fue retirado de dicho establecimiento carcelario por orden del Área 311 y trasladado a la Unidad Penitenciaria de Tucumán donde ingresó en la misma fecha. Posteriormente, y siempre conforme se desprende de las piezas acusatorias, en fecha y hora aún no determinadas con exactitud, pero posiblemente el día 21 de julio de 1978, en un lugar aún no identificado de Tucumán, De Benedetti habría sido asesinado por personal militar perteneciente al III cuerpo del Ejército en un simulado intento de fuga".

martes, 21 de febrero de 2012

La connivencia del Ingenio Ledesma con el terrorismo de Estado

La carta de Blaquier para su querido Joe

En la causa que investiga a las víctimas de la Noche del Apagón, en 1976, se incorporó una nota del empresario al ministro de la dictadura Martínez de Hoz. Blaquier habla de su “profunda admiración” por lo que se estaba haciendo por “la recuperación de la Argentina”.

 Por Alejandra Dandan

La carta tiene el tono de una charla entre dos amigos. El entonces presidente del directorio del ingenio Ledesma se despide con su nombre de pila, “Carlos Pedro”, no necesita mencionar su apellido: Blaquier. En el comienzo, escribe “Querido Joe” dirigiéndose al entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. La carta no fue enviada al despacho del ministro, sino al departamento de calle Florida 1065, 4 piso, departamento G: según los que saben, la casa del ministro.

“Ayer por la tarde –empieza Blaquier– recibí la visita del doctor Horacio Agulla, quien venía acompañado del señor Harry Steinbreder Jr., que es director de la revista Time para special advertising projects (...) Agulla explicó que vos habías sugerido una lista de empresas a ser visitadas con el objeto de obtener ocho carillas de avisos en Time a un costo de aproximadamente 300 mil dólares a ser aportados por 30 o 40 empresas (...) para que publique en el mismo número un artículo de cuatro carillas en el que se daría una imagen real de la Argentina”, sigue (ver aparte la carta completa).

La carta es del 29 de junio de 1978, recién concluido el Mundial, mientras continuaban los secuestros y las desapariciones. A días de la muerte de Amalia Lacroze de Fortabat, y mientras su nombre se escucha en medio del juicio oral por el asesinato de un abogado de los obreros de Loma Negra, la carta vuelve a mostrar cómo los empresarios del establishment operaron con la dictadura. Blaquier habla de “una profunda admiración por todo lo que está haciendo (el ministro) para la recuperación de la Argentina”. Y muestra sus gestiones. Ahora, la carta es parte de las pruebas de la causa que investiga al dueño del ingenio Ledesma por la llamada Noche del Apagón.

El documento apareció en 1985 en el libro de Enrique Vázquez PRN. La última. En 2004, lo reprodujo Reynaldo Castro, docente e investigador de la Universidad de Jujuy en Con vida los llevaron. Y ya integra el expediente de las víctimas del Apagón, causa en la que el fiscal federal Domingo Batule solicitó la indagatoria del empresario. El único juez federal de Jujuy dedicado a las causas de lesa humanidad, Carlos Olivera Pastor, debe revisar esas pruebas. Pero si algo no cambia, seguramente las rechace, como viene haciendo con el resto de las causas.

“En el libro, Ledesma era un contexto que no se podía obviar”, dice Castro. “Hubo dos apagones fuertes y hay muchos testimonios en los que es clarísima la relación con la empresa, sobre todo prestando los camiones con los que llevaban y trasladaban usualmente al personal.” Numerosos testimonios dieron cuenta de esa relación en los operativos de julio de 1976, desde el Nunca Más en adelante. Para Castro, la carta va en esa misma línea y da cuenta del acercamiento amistoso entre Blaquier y Martínez de Hoz.

Pablo Pelazzo es abogado querellante de las causas y está preocupado no sólo por lo que pase con Blaquier sino también por las demoras del proceso: hasta ahora no hay más de diez procesados en una provincia que no hizo juicios orales. Después de los reclamos que hizo el año pasado la Procuración General de Nación porque el juez Olivera Pastor rechazaba sistemáticamente los pedidos indagatoria, el juzgado elevó tramos parciales con muy pocos procesados y la mayoría está con detención domiciliaria. A esos problemas se suman las respuestas de la Cámara de Apelaciones de Salta, que dictó “falta de mérito” a los acusados de torturas, una figura que paraliza la situación de los imputados. Y el último problema fue el pedido del ahora ex defensor oficial del represor Luciano Benjamín Menéndez que, a contramano de lo que viene sucediendo en todo el país, pidió juicios con el viejo Código: es decir, por escrito, no públicos y sin las querellas.



TEXTO COMPLETO DE LA CARTA
El círculo del poder
Querido Joe:

Ayer por la tarde recibí la visita del doctor Horacio Agulla, quien venía acompañado del señor Harry Steinbreder Jr., que es director de la revista Time para special advertising projects, y un colaborador de éste, el señor Lee Carny. También vino el doctor Rodolfo Martínez, y por nuestra parte lo recibimos Rodolfo, mi hermano, y yo.

El doctor Agulla explicó que vos habías sugerido una lista de empresas a ser visitadas con el objeto de obtener ocho carillas de avisos en el Time a un costo de aproximadamente 300.000 dólares a ser aportados por 30 o 40 empresas, esto es, a razón de ocho a diez mil dólares por empresa, para que esta revista publique en el mismo número un artículo de cuatro carillas en el que se daría una imagen real de la Argentina. Entonces yo mostré algunos ejemplares de Time donde tenía marcados con rojo los infundios que vienen divulgando sobre nuestro país, y les pregunté a los americanos cuánto habían cobrado por publicarlos. Me contestaron que nada, que se trataba de material periodístico habitual, y aclararon que ellos nada tenían que ver con esa área pues su misión específica era la de conseguir avisos. Que entre ambas secciones de Time existe una separación “como entre la iglesia y el Estado” (sic). Le respondí que, como previamente me habían hablado de publicar un artículo que daría la imagen real de la Argentina, yo suponía que Time había cambiado sus puntos de vista, en cuyo caso lo correcto era rectificar los errores sin cobrar por ello porque se trata de un acto que hace a la responsabilidad con que debe ser ejercida la libertad de prensa. Entonces el señor Steinbreder, sin más ambages, me explicó que de lo que se trataba era de comprar un artículo, porque de otro modo no podía publicarse. Ubicado así claramente el problema, le propuse que pagáramos el artículo directamente sin hacer ninguna clase de publicidad porque me parecía un tanto infantil que después de ocho carillas de avisos de empresas argentinas apareciera un artículo diciendo que en nuestro país ya no se comen los chicos crudos como lo han venido sosteniendo hasta ahora. El señor Lee Carny tuvo entonces la ingenuidad de explicarme que ello iba contra la “ética periodística”, por lo cual se veían precisados a facturarnos publicidad. Contesté que, con la misma franqueza con que ellos me habían propuesto el negocio, yo les decía que Ledesma no estaba dispuesta a hacer publicidad en una revista que ha venido deformando la realidad argentina a un punto tal que cabe preguntarse si es sólo atribuible a un error o si es que hay algo más detrás de ello. Que desde ya, los aproximadamente 10.000 dólares que tendría que aportar Ledesma estaban a disposición dado el interés invocado del Ministerio de Economía, por quien siento una profunda admiración por todo lo que está haciendo para la recuperación de la Argentina en medio de enormes dificultades. Que una salida podría ser que Ledesma entregase su aporte a otra empresa que quisiese aparecer en Time, y que sumados ambos aportes esta empresa pudiese hacer un aviso de doble tamaño. El doctor Agulla finalizó este tema diciendo que se trataba de un problema formal y que no habría inconveniente en encontrarle una solución adecuada.

Posteriormente, el señor Steinbreder se explayó sobre la conveniencia para la Argentina de que la prensa internacional hable bien de ella y me recalcó que eso cuesta mucho dinero (por supuesto que hablar mal es gratis). Le contesté que tenía mis serias dudas sobre esa conveniencia porque los argentinos nunca nos hemos sentido tan unidos como ahora porque nos atacan desde afuera. Basta con haber visto cómo aplaudieron a rabiar en las canchas de fútbol al Presidente Videla y las ulteriores manifestaciones populares de adhesión que recibió. No sea que si la prensa extranjera empieza a decir que somos “chicos buenos”, agregué, desaparezca uno de los grandes factores aglutinantes de nuestro presente.

Les dije, para terminar, que había tratado de ser muy sincero para que pudieran llevarse una impresión muy clara de una manera de pensar que no es sólo mía sino de la gran mayoría de los argentinos por lo que a mí me consta, y que si otros empresarios a quienes visitan no les expresan cosas parecidas no crean que es porque opinan de un modo diferente sino simplemente porque son mejor educados. Los dos americanos me agradecieron muy efusivamente la oportunidad que yo les había brindado para tener una conversación en términos tan francos.

Antes de retirarse, en un aparte, el doctor Agulla, a requerimiento mío, me contestó que consideraba que la reunión había sido positiva porque es necesario que quienes nos atacan desde afuera sepan, además de la verdad, que los argentinos estamos indignados. También me aseguró que el artículo a publicarse en Time llevará tu visto bueno porque así ha sido convenido.

Me contó el doctor Agulla que el martes 27 estuvo con los funcionarios de Time hablando dos horas contigo. ¡Pobre de vos! Por si te interesa, te informo que el señor Steinbreder comió anoche en el restaurante Ligure, donde con un baby beef ingirió dos vasos tamaño whisky pero, detalle, conteniendo gin puro. Con el postre se tomó una botella de vino y sus compañeros de mesa tuvieron que sostenerlo discretamente para que pudiera salir del local sin mayores tropiezos.

Recibe un fuerte y cariñoso abrazo de tu amigo, Carlos Pedro [Blaquier]

Esta carta, fechada el 29 de junio de 1978 y con el membrete personal de Blaquier, no fue dirigida a las oficinas del Ministerio de Economía sino al domicilio particular de Martínez de Hoz. Fue reproducida en: Enrique Vázquez, PRN La última, Buenos Aires, Eudeba, 1985, pp. 78-80 y luego en Reynaldo Castro, Con vida los llevaron. Memorias de madres y familiares de detenidos-desaparecidos de San Salvador de Jujuy, Argentina, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2004.

lunes, 20 de febrero de 2012

Apagón Ingenio Ledesma: quieren que declare el empresario Blaquier

A 36 años de la noche del apagón en el Ingenio Ledesma, quieren que declare el empresario
Un fiscal pidió indagar a Blaquier

Camiones de la empresa de Pedro Blaquier cargaron a unas 400 personas, 55 permanecen desaparecidas. El fiscal de Jujuy Domingo Batule pidió la citación a indagatoria del dueño del Ingenio. El juez Olivera Pastor tiene que resolver.

 Por Alejandra Dandan

Después de la represión de julio del año pasado en Jujuy, el nombre del Ingenio Ledesma vuelve a la Justicia. El fiscal Domingo Batule, de Jujuy, firmó un pedido de indagatoria sobre el poderoso empresario Pedro Blaquier por su presunta responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de las víctimas de lo que se conoce como La Noche del Apagón, de julio de 1976, cuando camiones con logos de su empresa cargaron a unas 400 personas, entre las que permanecen 55 desaparecidas. En línea con el impulso que los organismos de derechos humanos intentan dar en el país a las investigaciones sobre la responsabilidad civil de los empresarios con la dictadura, Batule firmó el pedido de indagatoria sobre ésa y otra causa. La decisión, que es un avance y en cualquier otro distrito del país sería un modo de acelerar el camino de la Justicia, en Jujuy corre el peligro de tener sólo un efecto simbólico: la evaluación está en manos del juez Jorge Olivera Pastor, denunciado una y otra vez por los organismos de derechos humanos. El juez tiene causas abiertas en el Consejo de la Magistratura, y la Procuración General de la Nación lo denunció por denegar sistemáticamente los pedidos de indagatorias de los represores como una estrategia para obstruir los procesos de justicia.

“Lo más contundente de las pruebas son las declaraciones de los desaparecidos que sobrevivieron a la llamada Noche del Apagón”, dice Pablo Pelazzo, uno de los abogados querellantes de las causas. “Muchos trabajaban en el interior del Ingenio o para el Ingenio, pero también había jóvenes que eran militantes o estudiantes universitarios ligados a los dirigentes sindicales de Ledesma. Los testimonios coinciden en que lo que se llama la Noche del Apagón, que fue la noche que más cantidad de personas secuestraron, los cargaron en vehículos con el logo del Ingenio Ledesma y después fueron haciendo un circuito con paradas adentro del Ingenio en lugares como el destacamento de Gendarmería y luego los llevaron a todos a Guerrero, un centro clandestino en las afueras.”

Son conocidas desde hace años las denuncias que vinculan al Ingenio con la sucesión de operativos que se hicieron entre las noches del 20 al 27 de julio de 1976 en la localidad de Libertador General San Martín, sede del Ingenio, y la vecina localidad de Calilegua. Bajo el amparo de los cortes de luz, el Ejército fue levantando a las víctimas con vehículos del Ingenio y se cree que algunas de ellas las levantaron desde adentro de la fábrica. Las investigaciones sin embargo no prosperaron en la Justicia jujeña y consiguieron en cambio una denuncia impulsada por la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento por delitos de lesa humanidad de la Procuración de la Nación, que el año pasado encuadró a Jujuy como la provincia con más problemas para avanzar con las causas. La Unidad, coordinada por Jorge Auat, señaló un problema que todavía persiste: “Que todas las causas han sido obstaculizadas desde un inicio por la inacción y la denegación de los pedidos fiscales por parte del juzgado federal a cargo de Carlos Olivera Pastor”.

En el mes de noviembre, el fiscal Batule firmó el pedido de indagatoria para Blaquier en dos de las causas más simbólicas de la provincia. Una es la llamada causa “Burgos y otros” que acumula los expedientes de las víctimas de la Noche del Apagón y la otra es el expediente conocido como “Aredez”, que reúne los datos por el secuestro y desaparición del médico pediatra Luis Aredez, intendente de Libertador General San Martín, durante los siete meses que siguieron a la asunción de Héctor Cámpora en mayo de 1973. En abril del año pasado, en el marco de ésas y otras causas, la fiscalía ya había impulsado la citación a indagatorias de 28 imputados, entre los que incluyó a Alberto Lemos y Mario Paz, dos empleados de la empresa, uno administrador y el otro gerente de personal ya fallecido. Batule los acusó por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio de 43 personas. El pedido recogió a lo largo del tiempo nuevas víctimas y acusados, pero quedaron estancados en el juzgado federal 2 que lleva adelante Olivera Pastor, juez subrogante. Según una fuente de la Justicia jujeña, Olivera Pastor sólo avanzó en alguno de los tramos de la causa con poco y nada: imputó a dos acusados en cada una de las causas, uno de los cuales es el ya condenado Luciano Benjamín Menéndez.

Adriana Aredez es una de las hijas de Luis Aredez. En marzo del año pasado se presentó en el juzgado de Olivera Pastor. La habían convocado para ampliar una declaración de su madre que a esa altura había muerto, pero ella en esa ocasión decidió ampliar la denuncia original y dar nombres y apellidos de los responsables. “Todo el mundo venía diciendo siempre el nombre de Ledesma –dice–, pero Ledesma era el nombre de una empresa y la responsabilidad en realidad era de una empresa, pero una empresa con un directorio con nombres y apellidos.”

En el juzgado, la primera impresión fue de sorpresa. Adriana dice que los empleados se levantaron súbitamente de las sillas para ir a preguntarle a Olivera Pastor si se podía “ampliar una denuncia”. Al comienzo, dice, “me miraron espantados, después aceptaron la ampliación, pero cuando les dije que iba a denunciar al empresario me respondieron: ‘Señora, acá nunca nadie da nombre y apellido’”. Más tarde, cuando empezó a mencionar uno a uno los nombres que estuvieron en el directorio de 1976, en el juzgado le preguntaron por qué recién entonces estaba haciendo esa denuncia: “Yo les respondí que era porque hasta ahora no estaban dadas las garantías”, dice la mujer.

Adriana espera que la Justicia le diga qué hicieron con su padre y con los desaparecidos. Luis Aredez había ganado la intendencia de Libertador General San Martín y durante sus siete meses de mandato obligó a Ledesma a pagar impuestos como no se había hecho hasta ese momento y, entre otras medidas, traspasó el hospital que estaba bajo la órbita de la empresa a la provincia. El 24 de marzo de 1976, lo secuestraron de su casa. “Llegaron en un Unimog del Ejército –dice Adriana– y con camionetas con choferes de Ledesma.” A Aredez lo llevaron primero al Concejo Deliberante, donde había otros secuestrados, luego a la entonces Escuela 38, al Escuadrón de Gendarmería ubicado dentro del predio de Ledesma y luego al centro clandestino de Guerrero. Pasó por el penal de Villa Gorriti y después lo llevaron incomunicado a la Unidad 9 de La Plata. “En noviembre pudimos ir a verlo, en febrero le dieron la libertad, pero unos 45 días más tarde lo secuestran a la salida del hospital de la localidad de Fraile Pintado, que era el lugar de su trabajo; con el tiempo supimos que el auto había sido abandonado en Buenos Aires y que había sido usado en otros operativos.”

Lo que pase en la causa de la Noche del Apagón está atado al peso que Blaquier sigue teniendo en la provincia y en el resto del país. “Es un personaje que sigue teniendo participación importante en la economía jujeña y a nivel nacional”, dice en este caso Pablo Pelazzo. “El Ingenio define lo que significa la actividad económica en la provincia, lo hicieron en el proceso de organización nacional, en el de reorganización nacional y lo siguen haciendo ahora: el conflicto y la matanza que hubo en Ledesma el año pasado tiene que ver con ellos mismos, una empresa que es la económicamente más fuerte de la provincia, está asentada sobre los derechos sobre la propiedad de la tierra que está directamente relacionada con su capacidad y su poder de acumulación: un proceso que es continuación de todo aquello.

Entramado de protección a empresarios

 Por Alejandra Dandan

Las causas que avanzan sobre la responsabilidad civil de los empresarios con la dictadura van a tranco lento. La Justicia hasta ahora sólo avanzó a paso firme en una causa de Salta, en la que el juez Leonardo Bavio llamó a indagatoria al propietario de la empresa de transportes La Veloz del Norte presuntamente vinculado al secuestro de un grupo de trabajadores afiliados a la Unión Tranviaria Automotor. Para los que siguen las causas de lesa humanidad, el caso de La Veloz del Norte y el Ingenio Ledesma tienen puntos en común en cuanto a las pruebas que explicarían por qué se pudo avanzar en estos expedientes y no en otros. En ambos, la participación de los empresarios aparecería fuertemente demostrada por el modo en el que exhibieron su participación. En un caso, los choferes de La Veloz sitúan a Marcos Levin, el dueño de la empresa, adentro de la comisaría que funcionó como centro clandestino. Y a la empresa como encargada de facilitarle los autos a la patota policial que hizo los secuestros. Algo de esto vuelve a verse en Ledesma cuando el ingenio aparece aportando los móviles para los traslados de los secuestrados, por ejemplo. Un tipo de pruebas que parecen más fáciles de probar en el interior del país donde la represión se llevó adelante de modo más visible y descarnada. La pregunta es si esas pruebas no están en el resto de las causas: en el juicio oral de Loma Negra, con el abogado laboralista que defendía a los trabajadores asesinados; en la causa Ford o Mercedes Benz. Desde la Procuración dieron hace un tiempo una hipótesis de explicación a Página/12: los problemas tienen mucho más que ver, dijeron, “con que hay personas cubiertas que siguen detentando poder dentro de la Justicia y elaboran argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llamaron a los empresarios”.

jueves, 2 de febrero de 2012

Salen a la luz los vínculos de Peugeot con la dictadura de Bussi en Tucumán

Un juzgado federal de esa ciudad investiga una causa sobre crímenes de Lesa Humanidad contra Miguel Villaroel, gerente de Peugeot Argentina en el año 1977, y Jorge Lanati por estar involucrados como colaboradores del entonces gobernador Bussi.

Son graves las acusaciones de espionaje hechas por un grupo de ciudadanos tucumanos a los gerentes de las automotrices en esa provincia en los años de plomo. La dictadura militar que azotó la Argentina de los años 70, con su maquinaria de tortura, desapariciones y muerte, tuvo cómplices y socios en los gerentes de las automotrices y en particular, de la firma francesa Peugeot.

En aquella época ni Facebook, ni Twitter ni Google podían ayudar a los represores a buscar información sobre los “cómplices” de la guerrilla, pero no les faltó imaginación para obtener datos de los ciudadanos tucumanos que pasaron a la categoría de sospechosos por el simple hecho de tener algún tipo de relación humana con los dirigentes revolucionarios de aquellos años.

Según afirmaron a LPO fuentes que siguen las acusas de derechos humanos en Tucumán, Bussi acordó con Peugeot, a través de su gerente general, Miguel Villarroel, el intercambio de información de sus clientes para saber “quiénes compraban autos o camionetas, para qué o qué uso le darían , de dónde provenía el dinero, etc”.

A cambio, el gobernador de facto se comprometía a la compra de los productos de la automotriz y también a direccionar las ventas para esa empresa, beneficiándola económicamente.

Así, Bussi encontró a un cómplice perfecto que haría ese primer trabajo sucio de recolectar información para dársela a los organismos de inteligencia militar.

Los testimonios

Según un relato que consta en el expediente, un testigo de nombre Juan (su apellido se preserva ya que aún no declaró en el juzgado federal), recuerda que “cuando llega el golpe militar las empresas multinacionales que estaban en Tucumán comienzan a delegar la venta de los autos, porque les convenía mucho más económicamente. Dentro de ese esquema la empresa Peugeot pone al frente a Miguel Villaroel, gerente de la empresa, hijo de militares e idóneo para la tareas que buscaba el gobierno de facto tucumano”.

Por otra parte, el testigo contó la manera que se interconectaban los empresarios del sector para seguir con sus negocios con la Dictadura. “Yo sé que el empresario Jorge Lanatti, estuvo dentro del grupo que manejó ésta empresa. Es más, trató de hacer lo posible para no aceptar, pero dada las condiciones del país, no era fácil decirle que no a los milicos. En cambio Miguel Villaroel, sí aceptó el trato. Después Lanatti comenzó con la compra de hoteles por toda la provincia, como los sigue teniendo hasta nuestros días”.

En el caso de Miguel Villaroel, "sé que lo mandaron a España para protegerlo una vez devenida la democracia y hoy sigue siendo gerente de la empresa francesa”.

El sistema de información

Por otra parte, el testigo de la causa describió que “cuando cierra la empresa CITRONORT (de autos Citroen), comienzan a gestarse las concesionarias de autos, siempre en el período de la dictadura, porque les convenía mucho más”, relató y puntualizó que “la empresa de automotores francesa Peugeot –que tenía el concesionario más importante de Tucumán- aceptó la orden de Bussi y esa compañía debía informar “quién era el comprador y a qué precio lo hacia”, porque obviamente no estaba nada informatizado el sistema como ahora.

Y da un ejemplo: “iba a comprar un vehículo un terrateniente cañero y compraba tres autos y no había tanto problema para la concesionaria porque sabía de donde venía la plata y que además había acuerdo entre Bussi y los cañeros de la época. Y por ende, se direccionaba la venta de los autos, para que los compradores vayan a determinados lugares y no a otros donde los militares tenían información inmediata. Así hizo la fortuna Peugeot, acá en Tucumán” concluyó el testigo.

El testigo relata de qué manera se hacían los seguimientos de los nuevos compradores de autos y de los trabajos de inteligencia que las mismas empresas hacían con los clientes: “Ellos tomaban cualquier operación y se dividía en dos sectores, la gente conocida, porque la industriales en ese entonces era un grupo reducido, y las personas no conocidas, o sea a investigar. Sólo se informaba si era sospechoso el comprador para los empleados de Peugeot. Y la manera de compensar la información es a través de direccionar la compra de autos en ese concesionaria, mientras más complicidad más ventas de autos. Esa es la historia que conozco. Y por supuesto que había personas de inteligencia infiltradas dentro de la empresa, quienes eran los que manejan los datos a suministrar a sus jefes militares”, concluyó./lapoliticaonline