miércoles, 31 de diciembre de 2014

Comienzan 48 horas decisivas en la causa contra Milani en Tucumán

El juez Bejas debe definir dos planteos de la defensa del militar; este año, el magistrado sobreseyó al ministro Manzur, acusado de enriquecimiento ilícito

Por Fabián López  | Para LA NACION


SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- En las próximas 48 horas podría quedar echada la suerte del jefe del Ejército, teniente general César Milani, en la causa en la que fue imputado por la desaparición del conscripto Alberto Ledo, ocurrida en 1976, en esta provincia.

Entre hoy y mañana, el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, debe resolver varias cuestiones para el desarrollo de la investigación. En primer lugar, tendrá que decidir si el expediente es habilitado como asunto de feria, teniendo en cuenta que pasado mañana comienza el receso judicial de enero. Según estimaron fuentes judiciales consultadas por LA NACION, el juez estaría evaluando la posibilidad de postergar el caso para febrero de 2015, cuando vuelva la actividad a los tribunales.

El fiscal federal Carlos Brito, quien la semana pasada imputó a Milani por falsedad de documentos públicos y encubrimiento en el crimen del soldado Ledo y pidió que sea citado a declarar, requerirá que el tema se declare asunto de feria, siguiendo instrucciones del fiscal general Gustavo Gómez. De todas maneras, es Bejas quien tiene la última palabra y, según estimaron las mismas fuentes, "por sus antecedentes en otras causas que involucran a funcionarios, se tomaría su tiempo para adoptar decisiones importantes".

Otra definición valiosa que deberá adoptar el juez es si hace lugar a un planteo de la defensa de Milani para que se excluya como prueba la documentación supuestamente falsificada en 1976 por el militar, en la que se hizo figurar como "desertor" a Ledo, cuando desapareció.

Los abogados del militar objetaron esa documentación con el argumento de que se trata de una copia certificada y no del original.

"Si se cae esta prueba, se cae la causa, porque a Milani se lo acusa de haber falsificado esa acta, haciendo aparecer a Ledo como desertor, cuando en realidad lo hizo desaparecer el gobierno de facto, y fue por la firma de esa documentación que también se lo imputó por encubrimiento del crimen del soldado", explicó a LA NACION una fuente judicial.

Por otro lado, el magistrado debe resolver por estas horas el planteo de recusación que los abogados del jefe del Ejército presentaron contra el fiscal Brito "por temor de falta de objetividad".

Si Bejas hiciera lugar a ese requerimiento de la defensa, la causa quedaría en manos de Pablo Camuña, quien jurará hoy como titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán. Camuña, simpatizante de La Cámpora y muy cercano a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, fue quien solicitó el archivo de la primera causa en la que se investigaba la vinculación de Milani con tareas de represión durante la última dictadura. Por esa actuación, cuando estaba al frente de la Unidad Fiscal de Investigación de Violaciones de los Derechos Humanos en Tucumán, la oposición rechazó recientemente el pliego de Camuña al ser tratado en el Senado, donde fue ungido fiscal gracias al voto del oficialismo.

Al respecto, el diputado nacional José Cano (UCR-Tucumán) advirtió que "hay que estar atentos porque el kirchnerismo intentará garantizar que la causa caiga, desplazando a Brito y colocando al frente a Camuña, que ya favoreció a Milani".
Los fallos del juez Bejas

Ésta no es la primera vez que Bejas tiene en sus manos una causa que involucra a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. El magistrado llevó adelante el expediente por enriquecimiento ilícito contra el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, a quien sobreseyó después de cuatro años (la causa había sido iniciada en 2010 por el abogado y peronista disidente Oscar López).

En la sentencia, que fue apelada por la querella y hoy está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones, Bejas consideró que la investigación no logró demostrar que Manzur se haya enriquecido de manera ilegal.

Antes de ser designado en el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, en 2010, Bejas se desempeñó como apoderado del PJ local entre 1984 y 1996, mientras que entre 2003 y 2005 fue abogado de dos empresas del gobernador José Alperovich..

miércoles, 10 de diciembre de 2014

Los condenados por la megacausa Jefatura Arsenal II : ¡¡son enviados a sus domicilios !!

La Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación, con el voto mayoritario de los jueces de cámara Eduardo R. Riggi y Liliana Catucci, y el voto en minoría con una disidencia parcial de la Dra. Ana María Figueroa resolvió que 34 de los 37 ex militares y policías condenados por masivos delitos de lesa humanidad en la  MEGACAUSA Arsenales II-Jefatura II, vuelvan a prisiones domiciliarias, cesando así la imposición de cárcel común resuelta por el TOFC de Tucumán.

Este proceso fue el más grande del NOA Argentino realizado hasta el momento. Allí se debatió la responsabilidad de 41 personas acusadas de múltiples homicidios calificados, privaciones ilegitimas de la libertad, torturas y abusos sexuales cometidos en  dos de los CCD más grandes de Tucumán. En uno de estos, “Arsenales” a partir del impulso dado por los familiares querellantes en la causa y las organizaciones de DDHH de Tucumán,  se encontraron las fosas donde fueron inhumados clandestinamente los desparecidos luego de ser torturados y ejecutados.

Consideramos que actuando con displicencia, Casación resolvió que los 37 acusados vuelvan a sus casas a gozar de privilegios que por ejemplo, la mayoría de los encausados y condenados por delitos comunes, no tienen. Por la decisión de la Sala III, los genocidas están otra vez en las calles, entre nosotros.

Estos miembros del aparato judicial no se detuvieron ni un segundo a pensar en la seguridad de los cientos de testigos que declararon en contra de los imputados,  tampoco en su integridad psicológica, al saber que sus captores, sus torturadores están nuevamente libres.

Algunos de los acusados de delitos de lesa humanidad fueron enviados a sus domicilios particulares, en prisiones domiciliarias que NINGUNA fuerza de seguridad controla, por lo que sabemos que se trata de una ilusión.

DENUNCIAMOS  LA IMPUNIDAD que GENERA UNA JUSTICIA OBSCURANTISTA.

Consideramos que el primer paso para la impunidad lo dio la mayoría del Tribunal Oral de Tucumán (conformada por los Jueces Gabriel Casas y Carlos E. Jiménez Montilla), quienes absolvieron a 4 imputados en la sentencia definitiva de la megacausa y le impusieron penas irrisorias a las cabezas del sistema represivo: los oficiales de inteligencia del Ejército. Los imputados Varela, Torres, Ojeda Fuentes, Ocaranza Moore, especializados en Inteligencia y por lo tanto, cabeza y corazón operativo de los delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán, fueron quienes recibieron las penas más bajas. Penas vergonzosas para personas encontradas responsables de la autoría mediata de decenas de homicidios calificados cometidos en el marco del Delito de Desaparición Forzada de Personas.
Este pacto de la justicia con la impunidad, lo viene a sellar la Cámara de Casación Penal, con lo resuelto en el día de ayer que además deja la resolución sobre la forma del cumplimiento de la pena, sujeta  que la sentencia quede firme. Nos preguntamos: ¿Cuántos años tendremos que esperar para que la sentencia quede firme? ¿Cuántos años tienen que pasar para que el Tribunal de Casación se digne a resolver los recursos pendientes, y luego haga lo propio la Corte Suprema?

LOS NÚMEROS DE LA MEGACAUSA Y LA BURLA DE LA VERGONZOSA CÁMARA DE CASACIÓN

40 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA - 13 MESES DE DEBATE ORAL Y PUBLICO
212 VÍCTIMAS - 41 IMPUTADOS - 400 TESTIGOS ORALES - 400 TESTIGOS INCORPORADOS POR LECTURA - 150 LEGAJOS DE CONADEP - 10.000 FOJAS
37 CONDENAS - 4 PRISIONES PERPETUAS.

¿QUIÉNES SERÁN LOS RESPONSABLES DE CUIDAR QUE LOS GENOCIDAS CUMPLAN CON LA PRISIÓN DOMICILIARIA HASTA QUE LA CONDENA QUEDE FIRME? ¿LA POLICÍA TUCUMANA?

¿LA CÁMARA DE CASACIÓN GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD DE LAS CIENTOS DE VICTIMAS Y FAMILIARES DE VICTIMAS O SERA CÓMPLICE DE UN POSIBLE NUEVO JULIO LOPEZ?

Hemos creído  en la justicia, porque la hemos buscado, convencidos que es el único camino posible dentro de una sociedad democrática y hemos contribuido a construir esa justicia. Hemos luchamos toda la vida para ver a los genocidas presos, y ahora pareciese que tendremos que luchar el resto de la vida para que permanezcan presos.

¿Porqué estos jueces creen que no hay peligro en dejar a estos genocidas en sus domicilios sin ningún tipo de control? Estamos hablando de personas que desde hace más de 30 años ocultan información sobre nuestros desaparecidos, saben qué les pasó, dónde están y NUNCA en todo este tiempo hicieron un acto de constricción y dijeron lo que saben.

Tuvimos que ver absoluciones de asesinos probos, tuvimos que soportar condenas irrisorias para los hacedores de los crímenes más horrorosos, atravesamos 13 meses de juicio, y el dolor de los relatos de cientos de familiares y víctimas, predispuestos a revivir el horror con la esperanza de que por una vez, haya justicia.

¿CUÁNTO TIEMPO MÁS CREE LA JUSTICIA QUE TENEMOS QUE ESPERAR PARA QUE HAYA JUSTICIA? ¿40 AÑOS NO SON SUFICIENTES?

Los derechos de los que gozamos en esta democracia por la que hemos luchado desde siempre, no debe implicar soluciones facilistas e injustas escudándose en que la estructura de la Justicia no puede garantizar cárceles acorde al estado de salud de los genocidas. Sostenemos que la Justicia se está lavando las manos y apuesta al punto final biológico para resolver la pesada carga de hacer su trabajo.

Firman:
H.I.J.O.S. Tucumán - Fundación Memorias e Identidad del Tucumán - ANDHES – FADETUC - APDH Tucumán - Asociación ex Presos Políticos de Tucumán –

viernes, 28 de noviembre de 2014

Celina "Queca" Kofman, declara en el juicio "Villa Urquiza"

Celina “Queca” Kofman, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, declaró este martes en Tucumán en la megacausa por delitos de lesa humanidad “Villa Urquiza”, en la que su hijo es una de las víctimas, y aseguró que “sabemos que estuvo aquí porque nos envió fotos y cartas”.

Con su pañuelo blanco en la cabeza y con una enorme foto de su hijo, Jorge Kofman, sobre el pecho, “Queca” Kofman, de 91 años, contó las circunstancias de la desaparición del estudiante de Filosofía y miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de 23 años.

Jorge Kofman estudiaba en Córdoba, pero por su militancia se encontraba en Tucumán cuando fue secuestrado y según su madre “Sabemos que estuvo aquí porque nos envió fotos y cartas”.

Como prueba, exhibió una foto de su hijo en la Casa Histórica en la capital tucumana, fechada de puño y letra por la víctima, en mayo de 1975.
Después contó que la siguiente noticia que tuvo de su hijo fue que lo habían detenido ya que en agosto de 1975 “nos avisó un compañero de militancia, (Enrique) Gorriarán Merlo”.

La familia residía en Santa Fe y apenas supieron sobre lo ocurrido, viajaron a Tucumán para tratar de encontrarlo. En la provincia contactaron al abogado radical Ángel Gerardo Pisarello, quien “presentó un habeas corpus, con resultado negativo”, relató. “Por él supimos que había estado herido y que lo había cuidado una familia cerca de Famaillá”, aclaró.

Según el relato de testigos, Jorge Kofman pasó por el centro clandestino de detención “La Escuelita” de Famaillá, donde lo habrían visto en muy mal estado de salud por las torturas, y por las cárceles de Concepción y Villa Urquiza.

Queca Kofman fue contundente al describir que en esa época “Tucumán era una ciudad sitiada y Pisarello nos recomendó que no anduviéramos solos por la calle y que no habláramos en los taxis; creímos estar en el infierno mismo”.

“No sólo nos arrebataron a nuestros hijos y los mataron en campos de concentración sino que también quisieron borrarlos, no nos dieron ni el consuelo de un duelo porque se creyeron dioses, dueños de la vida y la muerte” finalizó..

Julia Vitar, querellante de la familia Kofman, destacó el valor del testimonio brindado. “Celina logró que haya un juicio con todas las garantías de la ley por el secuestro y la desaparición de su hijo, es un ejemplo auténtico de militancia y compromiso de una madre que se formó a la luz de la lucha”, afirmó la letrada.

“Por otro lado, las investigaciones que realizó durante los años 75 y 76, aportaron información concreta en relación al destino de su hijo”, manifestó la abogada. La megacausa “Villa Urquiza” determinará las responsabilidades de 10 ex guardiacáceles, ex policías y ex militares.

Vitar también hizo referencia al Habeas Corpus colectivo que se presentó ante el tribunal, por la decisión de la Justicia de liberar a 15 condenados en la megacausa “Jefatura II- Arsenales II” y darle prisión domiciliaria al resto.

El Habeas Corpus está firmado por Organizaciones de Derechos Humanos de Tucumán, con adhesiones de organizaciones del NOA.

domingo, 16 de noviembre de 2014

Piden que los ocho condenados que estarían libres y los 24 con domiciliaria vuelvan a la cárcel

La Fiscalía requirió al Tribunal Oral Federal (TOF) que revoque las excarcelaciones y las prisiones preventivas en sus casas de una treintena de condenados de la megacausa. Advirtió sobre el riesgo de que los penados se fuguen o de que pretendan intimidar a los testigos y víctimas. Organismos de derechos humanos se congregarán el martes en el Tribunal.

FUNDAMENTOS. En marzo, los condenados recibieron la sentencia completa. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO (ARCHIVO)

A casi un año del fallo de la histórica megacausa “Arsenales II-Jefatura II”, ocho de los represores condenados por delitos de lesa humanidad se encontrarían en libertad y otros 24 cumplirían prisión domiciliaria, de acuerdo con los registros del Ministerio Público Fiscal (MPF), que aclaró que el Tribunal Oral Federal (TOF) aún no le informó el listado oficial.

La resolución de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -a instancias de una presentación del defensor Ciro Lo Pinto- devolvió a principios de mes a los acusados a la situación procesal que tenían antes del comienzo del megajuicio. Incluía también a Roberto “El Tuerto” Albornoz y a Jorge Lazarte (tenían domiciliaria), pero el TOF ordenó su vuelta al penal para garantizar la continuidad del debate de la megacausa “Villa Urquiza”, en la que están imputados.

El MPF efectuó el viernes un planteo en el Tribunal Oral Federal (TOF) para requerir que se revoquen las excarcelaciones y las prisiones preventivas domiciliarias de la treintena de ex policías, ex gendarmes y ex militares. Entre los crímenes por los que se encontraban presos se encuentran desde secuestros y torturas hasta abusos sexuales y homicidios contra 215 víctimas.

Leopoldo Peralta Palma (fiscal subrogante ante el TOF), Pablo Camuña (fiscal ad hoc a cargo de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad) y Patricio Rovira (fiscal ad hoc) pidieron que los condenados vuelvan a las cárceles en las que se encontraban alojados.

Riesgos

“Existe una fundada presunción de que, en caso de permanecer en libertad o en modalidades morigeradas de cumplimientos de prisión preventiva, los imputados intentarán eludir el accionar de la Justicia y/o realizarán nuevas acciones tendientes a desbaratar u obstaculizar el avance del presente proceso y de otros. Tal escenario requiere la adopción de nuevas medidas que garanticen los fines del proceso”, consignaron los fiscales en el documento.

Entre los riesgos enumerados en la presentación se encuentra el de que se produzcan fugas. Mencionaron antecedentes como los de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, quienes se escaparon en un traslado tras ser condenados en Buenos Aires, y el del escribano Juan Carlos Benedicto en Tucumán (fue absuelto por el beneficio de la duda en la megacausa). Para los acusadores, estos episodios dan cuenta de la vigencia de un “aparato clandestino” con poder para entorpecer el avance de las investigaciones. Recordaron que Benedicto, por ejemplo, pudo evadir la Justicia durante seis meses y que, inclusive, estuvo radicado en el exterior.

En cuanto al peligro de las pesquisas en marcha, precisaron que se trata de expedientes como “Jefatura 3” y “Arsenales 3”, cuyas víctimas involucraron a algunos de los ex miembros de fuerzas en cuestión. Por otro lado, los condenados Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis De Cándido, Ramón Jodar y Lazarte están procesados en la megacausa “Operativo Independencia”. Añadieron que ya solicitaron también que se indague a otros 13 penados.

“Se sigue avanzando en la identificación de desaparecidos a partir de las tareas en el Arsenal y en el Pozo de Vargas y que los condenados podrían tener interés en obstaculizar”, opinaron. Las fosas halladas en el Arsenal fueron prueba clave para la megacausa, porque los peritos rescataron de ellas restos de detenidos desaparecidos.

Los fiscales advirtieron, por último, la situación de vulnerabilidad de los 358 testigos del juicio, la mayoría, víctimas. Muchos de ellos mencionaron a varios de sus captores o los reconocieron mediante fotografías. En este punto habían hecho hincapié también los organismos de Derechos Humanos en un comunicado que repudió la decisión de Casación. Habían denunciado que ninguna fuerza controla el cumplimiento de las domiciliarias. El martes, a las 9, se congregarán en la puerta del TOF (Crisóstomo y Chacabuco) para manifestarse.

El juicio se desarrolló durante 13 meses y fue el de mayor magnitud por delitos de lesa humanidad. Los magistrados Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga condenaron en diciembre de 2013 a 37 de los 41 imputados (el resto fue absuelto por el beneficio de la duda). Consideraron a los acusados como responsables de lo sucedido en los centros de detención y exterminio más grandes de la provincia: la Jefatura y el Arsenal. Según el fallo, formaron parte de un aceitado sistema represivo -basado en centros clandestinos y en tareas de inteligencia- que se esforzó para ocultar lo ocurrido.

Los sobrevivientes no dudaron en caracterizar a los centros como “el infierno”. Los jueces, en tanto, los compararon con campos de concentración nazis.

La situación que tendrían los condenados

EN LIBERTAD: Ramón Ojeda Fuente (condena de 20 años)
EN LIBERTAD: Ernesto Rivero (condena de 18 años)
EN LIBERTAD: Alberto Montes de Oca (condena de 18 años)
EN LIBERTAD: José Sowinski (condena de 17 años)
EN LIBERTAD: Fernando Torres (condena de 16 años)
EN LIBERTAD: Hugo Soto (condena de 15 años)
EN LIBERTAD: Pedro Caballero (condena de 15 años)
EN LIBERTAD: Miguel Chuchuy Linares (condena de 14 años)
DOMICILIARIA: Luis Varela (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Luis De Cándido (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Orcar Sánchez (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Adolfo Moore (condena de 20 años)
DOMICILIARIA: Marcelo Godoy (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Benito Palomo (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Tomás Güemes (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Ramón Cooke (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Camilo Colotti (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Ángel Moreno (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Juan Abraham (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Rolando Reyes Quintana (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Hugo Figueroa (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Oscar Gómez (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Félix Insaurralde (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Antonio Vercellone (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Augusto Neme (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Guillermo Ugarte (condena de 15 años)
DOMICILIARIA: Mario D’Ursi (condena de 12 años)
DOMICILIARIA: Luis Ocaranza (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: María Luisa Acosta de Barraza (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: Pedro Joaquín Pasteris (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: Ramón Jodar (condena de 4 años)
DOMICILIARIA: María Elena Guerra (condena de 2 años)

martes, 12 de agosto de 2014

Nomina de detenidas politicas embarazadas que estuvieron secuestras en centros clandestinos

En nuestra provincia, hay una veintena de mujeres embarazadas que estuvieron secuestradas en centros clandestinos, y que continúan desaparecidas, tal como los bebés que pudieron haber nacido en ese tiempo. Entre 1975 y 1979 fueron detenidas y desaparecidas: Olga Cristina González (cuatro a seis meses), Amalia Moavro (tres meses y medio), Rosa López (cinco meses), Nilda Zelarayán (seis meses), Nora Abdala (ocho meses), Alicia Pérez (tres meses), Lucrecia Lescano (cuatro a cinco meses), Alicia Cerrota (dos meses), Mónica García (dos meses) y María Angélica Cisterna (seis meses).











martes, 15 de julio de 2014

Jorge Alberto D'Amico será juzgado por el secuestro del conscripto Germán Cantos López

Nuevo juicio en Tucumán

El represor fue uno de los jefes del Batallón 141 y se encargó de la Inteligencia del Departamento de Informaciones Policiales (D-2). Luego fue carapintada y funcionario del juarismo. Ya fue condenado por crímenes de lesa humanidad.

Por delitos de lesa humanidad cometidos contra más de siete decenas de personas durante la última dictadura cívico-militar en su provincia, Santiago del Estero, el represor Jorge Alberto D’Amico purga condenas de veinte y cuatro años de encierro. Probablemente no sean las únicas: la semana próxima el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán comenzará a juzgarlo por el secuestro, las torturas y el homicidio del conscripto Germán Cantos López, que tuvieron lugar durante aquellos años. Se prevé que, a partir del 25 de julio, cerca de 20 testigos cuenten a los jueces Juan Carlos Reynaga, Hugo Norberto Cataldi y Marcelo Juárez Almaraz lo que saben acerca de Cantos López, el soldado integrante de una familia diezmada por el terrorismo de Estado.

Germán fue secuestrado en septiembre de 1976 y fue el primer miembro de la familia en desaparecer. El sorteo lo había dejado afuera del servicio militar, pero las fuerzas militares de su provincia lo citaron igual. Recibió la carta en Buenos Aires, donde estudiaba Psicología. En agosto se presentó en lo que fue el Batallón 141. Su primera salida iba a ser el 3 de septiembre, pero no lo logró: fue retenido por orden de sus superiores sin explicársele los motivos.

Su familia, en Santiago del Estero, lo buscó incansablemente, pero sin éxito. Recibió de él cartas hasta fines de 1977. En ellas, Germán les informó escueto de detalles que estaba en Tucumán y les pidió que no lo buscaran. Durante el último juicio que en esa provincia ventiló los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como Jefatura y Arsenal, varios testigos aseguraron haberlo visto en este último.

Allí también habrían estado detenidos de manera clandestina los primos de Germán, Anabel Cantos Sanabria y Luis Cantos Carrascosa. Ella fue secuestrada en noviembre de 1976, mientras paseaba a su hijo por las calles de Santiago del Estero. A su esposo, el militante del PRT-ERP Hugo Miguel Caldera, lo había asesinado el Ejército en el operativo Independencia, en febrero de 1975. En abril de 1977, las fuerzas fueron a buscar a Luis Cantos al departamento que compartía con amigos en la ciudad de Buenos Aires.

Como sus primos, Germán permanece desaparecido. El juez federal de Tucumán Daniel Bejas clausuró la instrucción sobre su destino con una triple acusación contra D’Amico, a quien le endilgó los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y homicidio calificado triplemente agravado, de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Justicia Federal de Tucumán.

D’Amico purga en la actualidad una condena de 20 años de encierro y otra por otros cuatro más, en base a la responsabilidad que la Justicia le otorgó en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra unas setenta personas. Fue autoridad del Batallón 141 desde fines de 1975 y un año después se encargó de la Inteligencia de la institución, área que también supervisaba en el Departamento de Informaciones Policiales (D-2). Siempre fue cercano a Muza Azar, junto con quien fue condenado en los dos últimos juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados en la provincia. Se convirtió en carapintada con el advenimiento de la democracia. Fue detenido, pero las leyes de impunidad le devolvieron la libertad con la que logró ser secretario de Seguridad del gobierno de los Juárez.

miércoles, 4 de junio de 2014

Santa Lucía : Investigarán un sótano hallado en un centro clandestino



Víctimas y lugareños habían señalado que había una estructura subterránea donde se habrían alojado a detenidos ilegales en los ‘70.
 
Por Gaby Baigorri
Una construcción rectangular inmersa en la oscuridad. Paredes de ladrillo a la vista, cortadas con arcadas prolijas. Escaleras, también de ladrillo, cuyo destino está sellado con cemento. Tachos volcados y desperdicios por doquier. Ese es el aspecto del sótano del ex Ingenio Santa Lucía, en la comuna homónima del departamento Monteros, cuya existencia constataron miembros de la Unidad Fiscal que se encarga de las causas por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en Tucumán, encabezada por el fiscal Pablo Camuña.

En esa fábrica funcionó “La Base”, uno de los primeros centros clandestinos de detención del país durante el Operativo Independencia (desde 1975). Decenas de vecinos y de testigos que declararon durante la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” habían dado cuenta de la existencia de una dependencia subterránea e inclusive, de túneles. Esto último fue descartado.

Análisis y pericias

La inspección, , se originó tras la denuncia de una vecina que trabaja en un comedor comunitario que funciona sobre el sótano. En la medida, que fue conducida por el fiscal Patricio Rovira, participó un perito del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Se detalló que el Laboratorio Químico de la Policía Federal realizará un peritaje. Se espera que, mediante un análisis, se determine la posible presencia de fluidos humanos y, de encontrarse ese tipo de rastros, la consecuente extracción de muestras de ADN para su eventual identificación.

Como los ingresos originales estaban sellados, los funcionarios judiciales tuvieron que ingresar por una abertura que se generó como consecuencia de la erosión del suelo. “El espacio cuenta con cuatro especies de galerías divididas por tres hileras de columnas. El techo presenta una estructura abovedada y en su punto más alto alcanza los 2,57 metros de altura”, describió la Fiscalía en el acta. También, añadió que se trata de un ambiente cerrado de 10 metros por 20 metros, sin ventanas. Mientras que, tal como muestran las fotos, hay una escalera clausurada. Detallaron que se encontraron indicios de que podría haber contado con una instalación eléctrica.

El fiscal Rovira dispuso que una consigna permanente de la Policía Federal custodie el ingreso.

El 27 de septiembre, el Tribunal Oral Federal (TOF) concretó una inspección en dos centros clandestinos del sur de la provincia que formaron parte del circuito represivo, Santa Lucía y Caspinchango. Sucedió en el marco de las audiencias del juicio por la megacausa (se condenó a 37 militares y policías retirados por crímenes contra 215 víctimas). La visita había sido seguida por víctimas y por una decena de lugareños que se había acercado para aportar datos. Si bien el predio del ex Ingenio fue modificado y achicado, todos habían podido reconocerlo como el lugar ocupado por militares y en donde se alojaron a detenidos ilegales.

Se había accedido en esa oportunidad al interior del ex ingenio y también se habían recorrido los alrededores. Frente a las instalaciones actuales hay una serie de casas viejas y galpones. Bajo una de las estructuras está ubicado el sótano descubierto. Vecinos afirmaron que, de acuerdo a versiones, en ese lugar también podría haberse mantenido a secuestrados. Ante estos dichos, se había ingresado hasta donde habría estado un acceso a la pieza subterránea.

El ingenio era el corazón de esa localidad, hasta que fue cerrado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía en los 60, al igual que otros establecimientos azucareros de la provincia. Luego, el edificio se convirtió, paradójicamente, en el centro, pero de la ocupación militar.

El fallo de la megacausa -dictado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga- dedicó un párrafo especial a la situación del poblado. “El pueblo estuvo tomado por el asentamiento militar desde febrero de 1975, un gran número de camiones, jeeps, camionetas, carpas y soldados con ametralladores tomaron las calles. Eran los militares quienes digitaban la vida del pueblo (…). La prueba testimonial reunida en el debate con relación al modo en que operó en la zona de Santa Lucía el aparato organizado de poder instalado en el país en la década del 70 evoca, sin lugar a dudas, una experiencia totalitaria”, sentenciaron los magistrados.

jueves, 29 de mayo de 2014

Seis condenas a prisión perpetua por el crimen del “Tordo” De Benedetti

Los jueces dieron por probado que el 21 de junio de 1978 Ariel Rolando Valdiviezo, Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri y Camilo Ángel Colotti estuvieron involucrados en el homicidio del militante del PRT, que había estado detenido durante cuatro años.

 Por: María Eugenia Ludueña, desde Tucumán.


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua a los seis acusados por el homicidio del militante Osvaldo Sigfrido “Tordo” De Benedetti. Los jueces dieron por probado que el 21 de junio de 1978 Ariel Rolando Valdiviezo, Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri y Camilo Ángel Colotti estuvieron involucrados en el homicidio del hombre que había estado detenido durante cuatro años.

Ema y Miguel, hermanos del “Tordo”, escucharon la sentencia desde la primera fila y aplaudieron, junto con la sala repleta, cada una de las condenas. Llegaron ayer desde Santa Fe, donde viven, para escuchar el fallo del tribunal integrado por Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Los compañeros de la militancia del “Tordo” en el ERP -algunos de ellos con la estrella roja en la solapa del saco- también viajaron desde Santiago del Estero, Córdoba -su ciudad natal- y Santa Fe para asistir a esta audiencia en la que estuvieron presentes familiares de detenidos y desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S.

A pocos metros de ellos, sólo uno de los imputados escuchaba su sentencia: Colotti estaba sentado a un lado de la sala -presidida por un crucifijo-, con la mirada imperturbable y el gesto concentrado en un cuaderno donde había tomado apuntes. Impávido escuchó su condena. Gorleri y Lucena la supieron a través de videoconferencia desde la Cámara Federal de Casación Penal. Chilo y Navarro, desde la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Valdiviezo, desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Un televisor reproducía las caras de los represores. También estuvo imputado Luciano Benjamín Menéndez, pero fue apartado del proceso por afrontar otros dos juicios orales en La Rioja y Córdoba.

El tribunal decidió revocar la prisión docimiliaria de quienes cumplen preventiva, y disponer el traslado de Lucena y Gorleri al hospital del Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza. Además dispuso que Navarro y Chilo sean trasladados para cumplir su condena en el complejo penitenciario Bower en Córdoba. Valdiviezo y Colotti cumplirán la preventiva en las unidades del Hospital Penitenciario de Ezeiza y de Villa Urquiza respectivamente.

“Las condenas a perpetua son una satisfacción. Es una gran alegría que se haga Justicia. A mi hermano mayor -un tipo alegre, brillante, carismático- lo mataron después de estar cuatro años preso. Eso es fruto del odio. Pero nosotros no queríamos venganza, queríamos Justicia”, dijo Ema, su hermana, a Infojus Noticias después de que el tribunal considerara culpables de autoría material y mediata a los seis acusados.

El “Tordo” era un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) que estaba detenido desde 1974, procesado por el delito de asociación Ilícita, a disposición del Poder Ejecutivo y del Juzgado Federal de Tucumán. En 1978, Benedetti fue asesinado. Los militares intentaron encubrir el crimen con la excusa de que EL Tordo había intentado fugarse.

Desde la querella, Bernardo Lobo Bugeau, evaluó que “las penas han avalado que el 20 de junio de 1978 De Benedetti fue sacado de la cárcel de Villa Urquiza y desde que salió hasta que lo mataron se articularon e intervinieron fuerzas y batallones de Inteligencia para cumplir esa orden. El proceso se hizo con todas las garantías y procedimientos del derecho, el tribunal ha evaluado la prueba acertadamente. Las penas aplicadas hablan de un hecho gravísimo. Nos parece muy importante que sean de cumplimiento efectivo”.

Esta tarde los dos hermanos del Tordo, sus compañeros del ERP y organismos de DDHH le rendirán homenaje en el cementerio local.

Los alegatos fueron la semana pasada. Los abogados que representan a los hijos de Benedetti y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo, pidieron prisión perpetua para los imputados. Ariel Valdiviezo y Camilo Colotti, ya fueron condenados en la megacausa Arsenales II-Jefatura II. Al primero lo acusaron de ser el autor material del presunto asesinato y al segundo, de haber transmitido la orden proveniente de autoridades militares de Córdoba.

miércoles, 28 de mayo de 2014

Juicio fusilamento del "Tordo" De Bendetti : Cartas de los padres : "Allí estaba nuestro sueño interrumpido."

"Nuestro único tema era el enemigo de adentro"
Ríos Ereñú, exjefe del Ejército, sorprendió con sus palabras en la audiencia de ayer. En el primero de los alegatos la querella pidió las penas máximas para los responsables del asesinato del militante. Y solicitó al tribunal instruya nuevas causas contra el ex juez federal Manlio Martínez y dos oficiales del ejército.
Por: Gabriela Cruz, desde Tucumán

El primero de los tres alegatos en el juicio por el asesinato de Osvaldo ‘Tordo’ De Benedetti pidió prisión perpetua para dos de los acusados: Ariel Orlando de Valdiviezo y Camilo Ángel Colotti. Los querellantes Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo, quienes realizan una doble representación –por la Secretaría de Derechos Humanos y por los familiares de la víctima- pidieron la pena máxima y de cumplimiento efectiva. Solicitaron prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, y que se declare “infame traidor a la patria” a Valdiviezo, por ser autor material del asesinato de De Benedetti, y a Camilo Ángel Colotti, como autor mediato del mismo delito doblemente agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas.

La audiencia de ayer fue extensa y comenzó con la declaración testimonial de Héctor Luis Ríos Ereñú. El máximo responsable de la represión en el norte provincial explicó cómo funcionaban los ‘equipos de combate’ que dependían del Regimiento 19. Ante la pregunta de la defensa sobre la supuesta actuación de estos equipos en el conflicto con Chile, el testigo sorprendió a los abogados: “Nada tenía que ver Chile con nosotros. Nuestra único tema era el enemigo que teníamos adentro”. Ríos Ereñú está detenido en el penal de Ezeiza tras haber sido condenado, por delitos de lesa humanidad, en diciembre del año pasado.

En la última audiencia prestaron declaración dos peritos de la Policía Federal, quienes analizaron un documento en el que consta que el Tordo De Benedetti fue retirado por Ariel Valdiviezo del penal de Villa Urquiza el mismo día en que fue asesinado. La pericia caligráfica hecha por la oficial Alejandra Rejas determinó categóricamente que la firma estampada en el ‘acta de entrega’ pertenece al imputado. Si bien, según el peritaje, no se puede determinar de manera concluyente la antigüedad del documento, Sergio Díaz, perito en documentología, aseguró que este no fue adulterado.

En la sala se vivió un clima de emoción cuando se leyeron las cartas escritas por los padres del Tordo. En ellas contaban la manera en que se enteraron de la muerte de su hijo. “En su pecho noble y bueno ha quedado una inmensa ventana, en ella se puede ver cómo fue todo”, decía la carta de su madre, refiriéndose a la herida de bala que recibió Osvaldo. “Juntitos los dos solitos recibimos el chapuzón. Al día siguiente viajamos a Tucumán, allí estaba nuestro sueño interrumpido. Llegamos el 28 y el 29 pudimos dejarlo dormidito en la tierra del azúcar y la melaza” había escrito -entre códigos y metáforas- Osvaldo Lincoln De Benedetti a sus familiares, que estaban en el exilio.

“Estoy seguro que una persona que es capaz de morir con la dignidad con la que murió Osvaldo Sigfrido De Benedetti, recibiendo los disparos en el pecho y no en la espalda, de frente como le dijo que iba a hacerlo a su madre, seguramente es una persona imposible de olvidar”, dijo Pablo Gargiulo sobre el final de su alegato. “Lo único que espero es que ese recuerdo permanezca siempre con el señor Valdiviezo y le recuerde no solamente la criminalidad de su acción sino también la cobardía con la que la llevó a cabo”, concluyó el querellante.

En los alegatos los querellantes pidieron al tribunal que al momento de dictar sentencia ordene la remisión de las piezas pertinentes al fiscal federal de turno, para que instruya causa por posibles delitos de lesa humanidad cometidos por los oficiales del ejército Eduardo Cubas y Antonio Llamas. La misma solicitud se hizo extensiva al ex juez federal de Tucumán Manlio Torcuato Martínez. Este pedido se sustenta en la prueba testimonial producida durante las audiencias pasadas. La audiencia se reanuda el miércoles 28 con los últimos alegatos a cargo de la fiscalía y la defensa.

El reclamo de su compañera Liliana Montanaro

Liliana fue la penúltima testigo en este proceso que juzga la responsabilidad de seis imputados en el asesinato del ‘Tordo’ De Benedetti. Un militante del PRT que dejó, en todos los que lo conocieron, el recuerdo de un hombre solidario, comprometido y alegre. Liliana se emocionó, pero siguió adelante dibujando con sus palabras el perfil del hombre con el que tuvo dos hijos. “Era un gran compañero y el poco tiempo que estuvo fue un gran padre”, dijo sobre el final de su declaración. Pidió justicia por el ‘Tordo’ y por todos los detenidos, torturados y exiliados. Es que aunque este juicio tenga una sola víctima en la causa que juzga, las víctimas son muchas más y la justicia que se haga aquí aporta a nuestra historia, la de los De Benedetti-Montanaro y la de cientos de jóvenes que con sus aciertos y errores habían decidido, como dijera Liliana, “luchar por un país mejor, por un mundo mejor”.

domingo, 18 de mayo de 2014

Para la viuda de De Benedetti, el juez Manlio Martínez estuvo directamente implicado en el asesinato

Liliana Montanaro prestó declaración ante el TOF de Tucumán por videoconferencia

Tucumán.- Una testigo del juicio oral por el crimen del militante Osvaldo De Benedetti, cometido en 1978, declaró que "fue muy difícil vivir en la clandestinidad" durante esa época y resaltó que "siempre éramos perseguidos". El Tribunal Federal Oral (TOF) retomó ayer las audiencias con otra extensa jornada que incluyó el testimonio de Liliana Montanaro, esposa y madre de los hijos de De Benedetti, quien contó cómo fue su relación con la víctima, a quien conoció en su época de
estudiante universitaria. "A Osvaldo lo conocí en la militancia, en luchas estudiantiles y en las luchas contra la Guerra de Vietnam", contó Montanaro y señaló que "a pesar que nuestra situación como militantes era muy riesgosa, decidimos tener dos hijos, el mayor, Pablo, nació en la cárcel y el menor, Gabriel, nació en Tucumán, pero tuvo que ser inscripto en Santa Fé a raíz de la represión".

"Nuestra vida fue muy difícil en la clandestinidad, siempre éramos perseguidos,pero a pesar de ello tratábamos de que nuestros hijos la pasaran lo mejor posible", remarcó a través de una videoconferencia. "Cuando Osvaldo fue detenido en septiembre de 1974 en Tucumán, yo no estaba con él porque en ese momento vivía en Rosario, en la clandestinidad, con mis dos hijos, así que me enteré por la radio que había sido detenido en un allanamiento en Tucumán", agregó.
  
"Nosotros habíamos quedado en encontrarnos en Tucumán y no pudo ser. Eso fue lo que nos salvó la vida, a mí y a mis hijos", contó en su relato y recordó que "una vez detenido, no lo volví a ver porque jamás pude visitarlo y tampoco me dejaron mandarle carta argumentando que no estábamos casados".

"A Osvaldo le armaron una causa judicial por asociación ílícita", indicó la mujer y señaló que "el Juez que intervino fue Manlio Martínez, quien desde mi punto de vista estuvo directamente implicado en el asesinato ya que era el brazo civil de los militares".

Por su parte, Bernardo Lobo Bugeau, abogado de organismos de derechos humanos, señaló que "Montanaro es una testigo clave, ya que fue la compañera de De Benedetti, con quien además mantenían una militancia común en el Partido Revolucionario de los Trabajadores". "Ella dio detalles del peligro existente que tenían los militantes de organizaciones revolucionarias y de toda la complejidad que implicaba tomar contacto con su compañero una vez que fue detenido", indicó. Lobo Bugeau le explicó a Télam que "ella conoció la búsqueda que efectuó la familia en los sucesivos traslados que padeció la víctima que culmina con el asesinato de De Benedetti".

El TOF dispuso el pase a cuarto intermedio hasta la semana próxima cuando se realizará una nueva audiencia del juicio.

domingo, 11 de mayo de 2014

Testigo aseguró que a De Benedetti lo mataron por militar en el ERP

El constante pedido de cárcel común para los genocidas

Así dijo en su testimonio Fernando Sosa Padilla ayer en una nueva audiencia por el crimen del militante cordobés Osvaldo De Benedetti asesinado en 1978 en plena dictadura militar.

Una nueva jornada del juicio oral en el marco de la causa De Bendetti se llevó a cabo ayer en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán. Osvaldo De Benedetti fue asesinado en 1978, en el contexto del terrorismo de Estado.

Uno de los testimonios más conmovedores de la jornada fue el de Fernando Sosa Padilla. "Recuerdo que De Benedetti me dijo que lo iban a matar porque lo tenían catalogado como el tercero en importancia dentro del ERP", expresó.

El testigo aseguró que mientras estuvo detenido escuchó decir que De Benedetti ya no volvería más.

Por otro lado el histórico militante peronista  recordó que "después del 24 de marzo, los presos políticos pasamos a ser rehenes del terrorismo de Estado".

En este sentido sostuvo que "intentar la más mínima resistencia era imposible". Por último Sosa Padilla reivindicó al Ministerio Público de la Defensa, valoró la posibilidad de defenderse de los imputados.

Otro de los testigos que declaró ayer fue Enrique Mario Asbert. Lo hizo a través del sistema de teleconferencia desde Córdoba.

Asbert era abogado de Amnistía Internacional, fue detenido en 1975 y estuvo preso hasta 1982. Estuvo detenido en el D2 de Córdoba, en la Unidad Penitenciaria 1, Sierra Chica, Caseros y Rawson

Asbert explicó en qué consistía "el argot al que llamaban 'ley de fuga'". Con este mecanismo se explicó el asesinato de De Benedetti.

La Ley de fuga es la conceptualización del mecanismo que explica la ejecución extrajudicial. Bajo esta forma se simulaba que en el marco de un traslado el detenido intentaba fugarse y al no responder a la voz de alto el guardia o custodio abría fuego y le daba muerte para evitar su escape. Esta argumentación fue creada para liberar de responsabilidad a los ejecutores.

Este fue el eufemismo que los responsables aplicaron para "blanquear" los fusilamientos. Ante la opinión pública se afirmaba que a los detenidos se les había aplicado la Ley de Fuga porque intentaron escaparse, lo que al mismo tiempo posibilitaba la utilización de esta información para afirmar la existencia de una "guerra", y difundir el miedo en la población en general y en las organizaciones en particular.

Un caso previo paradigmático fue el hecho ocurrido el 22 de agosto de 1972, conocido como la Masacre de Trelew, donde fueron fusilados 16 militantes políticos, dentro de la Base Aeronaval Almirante Zar.

También declaró Heraldo Ernesto Biolatto, coronel retirado, dijo no saber cómo funcionaba el Ejército durante los 70 porque era un cadete egresado en 1979.

La defensa pidió un cuarto intermedio para hablar con los imputados porque "el testigo es de vital importancia". A pesar de la oposición de la defensa que testifiquen Ramón Ariza, Félix Carranza y Julián Contreras, los testigos declararon. Eran miembros del Servicio Penitenciario de Unidad Penitenciaria Nº 1 de Córdoba

Los tres testigos sostuvieron que quienes se encargaban de los presos políticos, entre los que estuvo De Benedetti, eran miembros del ejército.

Los imputados son los ex militares Camilo Colotti (el único en Tucumán); Ariel Valdiviezo, Jorge Gorleri, Alberto Lucena, Héctor Chilo y Jorge González Navarro (participan por videoconferencia). También estaban acusados Luciano Benjamín Menéndez (fue separado porque es juzgado en otros procesos orales) y Jorge Rafael Videla (falleció).

De Benedetti, que habría pertenecido al ERP, fue detenido en 1974. Cumplió un derrotero de traslados por diversos penales. En 1978 fue traído a Tucumán y alojado Villa Urquiza.


Apareció muerto en el sur de la provincia.

La versión oficial dio cuenta de que fue "abatido" en un supuesto intento de fuga. Las querellas, sin embargo, aseguran que fue fusilado.

domingo, 27 de abril de 2014

Detuvieron en Tucumán a un peligroso ex represor prófugo de la justicia desde el año 2011

Se trata de Roberto Díaz, acusado de decenas de delitos de lesa humanidad en nuestra provincia, entre los que se cuenta el secuestro del abogado santiagueño Abdala Auad. Una tarea conjunta entre federales de Santiago y Tucumán, comandada por el juez Guillermo Molinari logró su captura. El ex policía Roberto Díaz Cura, alias “Sifón”, acusado de graves delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y prófugo de la Justicia Federal santiagueña desde mediados de 2011, fue detenido anoche en San Miguel de Tucumán.

El represor, procesado entre otras causas por el crimen del abogado Abdala Auad, tenía pedido de captura internacional emitido por el juez federal local Guillermo Molinari.
Además, el Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación ofrecía por Díaz Cura, una recompensa de $ 100 mil a quien brindase datos sobre su paradero.
Según informaron calificadas fuentes judiciales, la detención se produjo cuando el ex prófugo salía de un edificio que alberga estudiantes en compañía de un familiar, y se dirigía a cenar.
El operativo estuvo a cargo de un cuerpo especial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria encargada de la búsqueda de represores, y las acciones llevadas adelante en forma conjunta entre autoridades judiciales de Tucumán y de Santiago del Estero, bajo la coordinación del juez Molinari.
El ahora detenido miembro del grupo de tareas local, estaba bajo la mira de los investigadores, que lo buscaban incesantemente. Al cierre de esta edición, Díaz Cura había sido trasladado al aeropuerto internacional de Tucumán, donde tiene su sede la PSA, y era sometido a un interrogatorio de identificación y la toma de huellas dactilares.
Se esperaba que tras la revisión médica el ex policía sea trasladado a la cárcel federal de Colonia Pinto, en Villa Robles.
Díaz Cura formó parte del grupo de tareas que comandó el ex represor Musa Azar Curi (con triple condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y encarcelado en el Penal de Ezeiza).

SECUESTRO, TORTURA, HOMICIDIO
Un prontuario que revela su accionar en la dictadura

Roberto Díaz Cura integró el grupo de tareas que actuó en los ‘70 en la órbita del Departamento de Informaciones Policiales (DIP) o “Side” local y que funcionó también como un centro clandestino de detención, bajo el mando de Musa Azar Curi.
Díaz Cura está procesado en causas en la que se denuncian secuestros, torturas y desaparición forzada de personas (en su caso puntual por el crimen del abogado Abdala Auad) y que engrosan los casos de las denominadas Megacausa I y II, cuyos juicios se celebraron con el ex policía como el gran ausente.
A mediados de 2011, el ex integrante de la “Side” santiagueña gozaba del beneficio de la excarcelación, pero dejó de asistir al Juzgado Federal y a través de un familiar dijo que se mantendría oculto.
Además del juez Molinari, la Fiscalía Federal General y la Secretaría de Derechos Humanos también venían trabajando arduamente para dar con el paradero de este peligroso represor.

viernes, 25 de abril de 2014

Detuvieron a ex juez federal de Tucumán Manlio Martínez: a la cárcel por sumarse a la represión

A la cárcel por sumarse a la represión

El ex magistrado está procesado, entre otros hechos, por no haber investigado un allanamiento ilegal en el que fueron asesinadas cinco personas. También hay registro de que estuvo en distintos centros clandestinos de detención.

El ex juez federal de Tucumán Manlio Martínez fue detenido ayer en la capital de la provincia, en una causa en la que está procesado, entre otros hechos, por no haber investigado un allanamiento ilegal en el que fueron asesinadas cinco personas, realizado en mayo de 1976 por militares y policías. El ex magistrado quedó arrestado con prisión preventiva en el penal de Villa Urquiza.

La captura de Martínez había sido pedida por el fiscal Carlos Alfredo Brito, que la semana pasada elevó la causa contra el ex magistrado a juicio oral. El fiscal sostuvo que las pruebas demuestran que el ex juez fue “parte del esquema de terrorismo de Estado”.

Martínez fue nombrado juez federal de Tucumán en 1975 por recomendación del general Acdel Vilas, que estaba a cargo del Operativo Independencia. El represor se quejaba de que los funcionarios judiciales tucumanos entorpecían la tarea del Ejército y pidió por esto que fueran removidos y reemplazados por “personas de inequívoca ortodoxia”.

En el año que siguió a su asunción, Martínez rechazó 325 hábeas corpus que los familiares presentaban tras la desaparición de sus seres queridos. De la misma manera dejó sin investigar cientos de denuncias por hallazgos de cadáveres y secuestros.

El 20 de mayo de 1976, fuerzas del Ejército y la policía realizaron un allanamiento ilegal en el que fusilaron a los militantes montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz en una casa de la calle Azcuénaga 1816, de San Miguel de Tucumán. Estos crímenes fueron probados en un juicio que concluyó en 2011. El fiscal Brito impulsó luego la acusación contra Martínez por su inacción ante las ejecuciones.

Martínez reconoció que estuvo en el lugar de la masacre y que no ordenó ninguna medida de investigación, dando por cierta la versión del “enfrentamiento”, pese a las evidencias que mostraban lo contrario.

La fiscalía concluyó que el ex juez cumplía de esta manera con la promesa de no entorpecer la represión ilegal formulada al ser designado.

“Las actuaciones judiciales llevadas adelante en la causa –dijo el fiscal sobre los fusilamientos–, patentizaron la función del ex juez dentro del esquema de terrorismo de Estado imperante para esa fecha.” Para Brito no hay ninguna duda de que “sus acciones y omisiones produjeron voluntariamente la legitimación de la ejecución extrajudicial de las cinco víctimas y aseguraron impunidad para sus autores”.

La detención de Martínez fue concretada en la medianoche del miércoles, por orden del juez federal Daniel Bejas, quien dispuso que el ex magistrado deberá esperar en prisión el inicio del juicio oral.

El acusado deberá enfrentar cargos para los que se prevén penas de hasta 20 años de prisión. Otra de las imputaciones de la causa es la persecución penal que sufrió el dueño de la casa donde ocurrieron los fusilamientos, Miguel Romano, a quien Martínez indagó sin abogado defensor, recluyó en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía y entregó al ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía Roberto “El Tuerto” Albornoz.

El ex juez mantuvo preso a Romano durante más de un año y luego sobreseyó con las mismas pruebas por las que había decidido arrestarlo. Durante ese tiempo privó al detenido de las medicinas que necesitaba, por lo que Romano terminó internado en una clínica psiquiátrica.

Contra el ex juez hay, finalmente, registro de que estuvo en centros clandestinos de detención como la Jefatura de Policía, la Escuelita de Famaillá, el así llamado “puesto de comando táctico” del Operativo Independencia, y en el que funcionó en la cárcel de Villa Urquiza, donde ahora está detenido.

Su enjuiciamiento avanza en el campo de las complicidades civiles del terrorismo de Estado. En este sentido, al confirmar el procesamiento del ex juez, la Cámara de Apelaciones señaló, en la misma línea que la fiscalía, que Martínez “tuvo un rol asignado en la cadena de mandos del aparato represivo y rendía cuentas de su labor frente a los estratos superiores”. Por esto, la Cámara concluyó que el ex juez federal “formó parte de una asociación criminal, cuyo objetivo principal fue eliminar opositores políticos o ideológicos del régimen”.

miércoles, 16 de abril de 2014

Comenzó el juicio por el traslado desde el penal de Villa Urquiza, de Osvaldo De Benedetti, militante del PRT-ERP en 1978

-Me van a matar, compañeros –dijo, minutos antes del traslado.

 La causa De Benedetti tiene muchas pruebas sobre la práctica de terrorismo de Estado

Las responsabilidades de seis sospechosos en el secuestro y homicidio del militante santafesino Osvaldo Sigfrido De Benedetti, ocurrido en 1978, serán juzgadas durante el juicio que comenzó esta tarde en los tribunales federales de la provincia. Continúa el 24 de abril.

En la primera jornada, el Tribunal Oral Federal (TOF) integrado por los jueces Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, dio lectura a las imputaciones de las acusaciones y concedió a los imputados la posibilidad de hacer uso de la palabra.

Bernardo Lobo Bugeau, a cargo de la querella, dijo que "esta causa tiene muchas pruebas sobre la práctica de terrorismo de Estado en varios niveles y se van a recolectar muchas más durante el juicio".

"Sin dudas que la operación de traslado para ejecución de De Benedetti fue una pieza de auténtica relojería e inteligencia", apuntó Lobó Bugeau.

Los imputados son Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge González Navarro, Alberto Carlos Lucena, Ariel Rolando Valdiviezo y Camilo Ángel Colotti.

Los dos primeros participan del debate mediante videoconferencia desde la Cámara Federal de Casación Penal, González Navarro y Lucena lo hacen desde la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, y Valdiviezo desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza.

Solo estuvo presente en la sala Colotti, quien junto a Validiezo fueron condenados en la Megacausa Jefatura II - Arsenales II.

El juicio prevé la declaración de 39 testigos, en su gran mayoría oriundos de Córdoba, pero también llegarán desde Santa Fe y Buenos Aires, inclusive uno de España y otro de Suiza, además de la lectura de testimoniales de personas fallecidas.

Según consta en la causa, el 3 de julio de 1978 De Benedetti, quien estaba detenido por el delito de asociación ilícita a disposición del Juzgado Federal de Tucumán y del Poder Ejecutivo Nacional, habría sido trasladado a Tucumán e ingresado vivo en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza, en la capital provincial.  Los padres de De Benedetti intentaron conseguir información en Córdoba sobre su suerte sin éxito, hasta que supieron que había sido abatido en un supuesto enfrentamiento.

El juicio continuará el 24 de abril.
Fuente: Tucuman Hoy

¿Quién era Osvaldo De Benedetti?

A Osvaldo Sigfrido De Benedetti le decían “El Tordo”. Fue combatiente del PRT-ERP y en esa calidad integró la Compañia del Monte. De acuerdo a los testimonios en el juicio de la Masacre de Capilla del Rosario, el 12 de agosto de 1974,  el santafesino De Benedetti formó parte del grupo que zafó de la represión tras el frustado intento de copamamiento del Regimiento 17 de Aerotransportada de Catamarca, que regresó a los montes tucumanos, en tanto 14 fueron fusilados tras entregarse con vida, y 12 fueron apresados.

Había sido detenido en las gobiernos militares de Onganía, Levingston y Lanusse por su actividad política, siendo su última detención en la Unidad Penitenciaria número 1 (UP 1) del barrio San Martín de Córdoba durante la dictadura cívico militar de 1976. Según el expediente militar figuraba en calidad de "rehén", cuando en julio de 1978 fue trasladado a Tucumán, y luego asesinado. Sus padres intentaron conseguir información en Córdoba sin éxito, hasta que supieron que había sido abatido en un supuesto “enfrentamiento”, por lo que luego pudieron recuperar sus restos.

En un operativo especial comandado por los altos jefes del circuito represivo tucumano, De Benedetti había sido detenido el 29 de septiembre de 1974 junto al abogado laboralista y defensor de presos políticos Ricardo Ripodas, Humberto Tumini y Alberto Raul Genoud. En ese grupo también estaban Orlando Luis Meloni y Silvano "Lalo" Castro, ambos fallecidos después de haber recuperado su libertad en 1983. "Fue procesado por asociación ilícita y detenido en la Unidad penitenciaria N° 1 de Córdoba a disposición del Juzgado Federal de Tucumán y del Poder Ejecutivo Nacional por decreto N° 1761/74, en carácter de 'rehén' junto a otros presos provenientes de diferentes cárceles del país", rezan los autos de elevación a juicio.

Según consta en la causa, el 3 de julio de 1978 De Benedetti fue requerido por el Área 311 del Ejército, “alegando el falso propósito de ser interrogado”. El mismo día fue trasladado a Tucumán. Ingresó con vida en la Unidad Penitenciaria de esa provincia, pero al poco tiempo fue asesinado.

-Me van a matar, compañeros –dijo, minutos antes del traslado.

Esas habrían sido sus últimas palabras, según lo que relataron sus excompañeros de celda. Ellos fueron los testigos finales: lo abrazaron antes de que lo esposaran y se lo llevaran por tiempo indeterminado. El Ejército informaría luego que había muerto "en un enfrentamiento". Ninguno de sus familiares creyó en esa versión, dicha tantas veces para ocultar los fusilamientos de los represores. Un comando militar perteneciente al Tercer Cuerpo del Ejército lo habría matado el 21 de julio de ese año en un simulado intento de fuga.

viernes, 28 de febrero de 2014

Identifican a Gloria Susana Figueria y a Julio Oscar Zurita, desaparecidos en el Pozo de Vargas

Identifican a una desaparecida santiagueña en Pozo de Vargas
Los restos pertenecen a Gloria Susana Figueroa, desaparecida en junio de 1976, cuando tenía 19 años y estudiaba abogacía.

El Juzgado Federal de Tucumán envió una notificación a la familia comunicando el hallazgo de los restos y la identificación de los mismos como Gloria Susana Figueroa, una joven santiagueña que a sus 19 años fue
víctima de la dictadura militar cuando cursaba la carrera de abogacía en Tucumán. Ella vivía junto a tres compañeras en una pensión de la calle Piedras.
Sus hermanos, Raúl Enrique y Ana María expresaron sus sensaciones ante las cámaras de Noticiero 7 por la identificación de los restos de Gloria. Raúl manifestó: ‘Es un triunfo de la verdad y poco a poco de la justicia, porque se vence el silencio, la oscuridad y el ocultamiento. Empieza a aparecer la verdad y va tomando fuerza con el tiempo’.
A su turno, Ana María, visiblemente emocionada dijo: ‘Yo tenía fe en que la iba a encontrar, dónde, no lo sabía, pero tenía fe de que la íbamos a hallar...’, luego se quebró y retomó el diálogo su hermano: ‘Ella es la que más ha luchado para encontrarla, y esto la golpea más porque en cierta manera es como coronar sus esfuerzos’.
Tanto Ana María como Raúl esperan que el caso de sus hermanos sea incluido en algunas de las megacausas que se encuentran aún abiertas y en proceso: ‘Esperamos conservar estos fragmentos y esperar que continúen los trabajos y en un tiempo breve podamos recuperar los demás restos, y en ese caso llegar a una sepultura. La verdad nos da fuerza para seguir luchando’.
 
TESTIMONIO
"Tenía la ilusión de que apareciera vivo, pero me entregaron sus restos"
La mamá de Julio Oscar Zurita contó la tristeza y angustia que vivió la familia desde el 3 de noviembre de 1976.
 FAMILIA. Olga (en el medio) concedió la entrevista junto a su hija Graciela (derecha) y su yerno Bianco.
 El pasado martes, integrantes de la familia Zurita vivieron una jornada inesperada. El Juez Federal Dr. Daniel Bejas, los convocó a un encuentro en Tucumán para informarles que los restos de Julio Oscar, estudiante de Arquitectura en esa provincia, fueron identificados entre las muestras obtenidas en el Pozo de Vargas (Francisco de Aguirre al 4.500) la fosa común que funcionó durante la dictadura.
Con ese dato “cerramos una etapa muy dura en nuestras vida”, Olga Gladys Gómez de Zurita, mamá del joven santiagueño oriundo de la ciudad de Frías, que perdiera la vida en manos de la represión, por lo que la lleva a reflexionar: “Si bien no sabemos qué le han hecho y por qué le han hecho esto a mi hijo, pero por lo menos ahora vamos a poder ponerle aunque sea una flor”.
Casi cuatro décadas pasaron para finalmente conocerse que el chico de 20 años fue asesinado y arrojado a una fosa común, lugar que tiene entre sus secretos más íntimos, hechos siniestros que llevaron adelante integrantes de la junta militar, “porque ellos se encargaron de eliminar a una generación de intelectuales. Entre ellos a mi hijo”, ahondó Olga luego de una breve pausa para rememorar aquel hecho que marcó para siempre a los integrantes de su familia.
En ese encuentro que mantuvieron con el juez, tomaron conocimiento de muchos datos, los cuales algunos de ellos siguen siendo inexplicables para la mamá de Julio, como el que no hay información precisa que indique que el estudiante de arquitectura haya tenido la participación en algún partido político o gremio. “Sin embargo lo sacaron de la pensión y nunca más supimos de él”, agregó.
“Tenía la ilusión de que apareciera vivo”, esgrimió con un destello de tristeza en sus ojos, Olga, “pero fueron tantos años que cuando me dieron la noticia ya no me quedaban lágrimas para llorarlo. Todos los días de mi vida, durante varios años, he llorado la pérdida de mi hijo”, añadió.
Por su parte, Graciela Zurita de Bianco, hermana de Julio, contó que nunca participaron de ninguna actividad política en la familia. “Por eso es muy difícil de entender por qué le hicieron eso a mi hermano. Fue un chico al que le gustaban las reuniones familiares, y jamás mostró alguna inclinación hacia algún movimiento político, pero lo mismo lo mataron. Hoy podemos decir que cerramos una etapa”, finalizó.

Olga y su marido recorrieron parte del país buscando a Julio
Publicado el 26/02/2014 - Con el ímpetu de un padre y con el valor de un héroe, Julio César Zurita, papá de Julio (joven secuestrado y asesinado en la última dictadura), desde el momento en que se enteró que su hijo había desaparecido, comenzó una búsqueda incansable para dar con su paradero, pero en el 2005, luego de haber luchado hasta con sus propios miedos por no encontrarlo con vida, falleció.
Olga, quien lo acompañó en todo momento, que “adonde nos decían que habían visto a mi hijo nos íbamos, sin importar adonde fuera. Nos llegaban datos de que estuvo en Córdoba, Jujuy, Chaco, Salta, en cualquier punto del país y junto con mi marido recorríamos miles de kilómetros para encontrarlo. Pero siempre nos dábamos con el mismo resultado: no aparecía”.
Tras 38 años de aquel acontecimiento que marcó sus vidas, teniendo en cuenta que el 3 de noviembre de 1976 Julio fue visto por última vez con vida, la mamá del estudiante asesinado narró que cuando llegaron a la pensión donde vivía su hijo, encontraron todo en orden, salvo la almohada, que no tenía funda. “Con los años nos enteramos que la utilizaron para taparle la cabeza”, detalló.
También recordó que un día se fue junto a su marido a la universidad donde estudió durante 3 años su hijo, y se dio con la mala noticia de que no había ningún dato sobre él. “Muchos años vivimos con esa incertidumbre, de pensar que nuestro hijo nos había mentido. Hasta que un día llegó una invitación de la Facultad, en donde recordarían a los desaparecidos, y entre ellos estaba Julio”.