viernes, 13 de diciembre de 2013

Megacausa : de los 41 imputados sólo 4 condenados a prisión perpetua

Megacausa: cuatro condenados a prisión perpetua

Se dictó la sentencia a los 41 imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad. Incidentes en la sala.



LA GACETA / FOTO GABRIELA BAIGORRI VÍA MÓVIL

Después de 13 meses de proceso, se dictó la sentencia a los 41 imputados en el juicio por la megacausa “Arsenales II-Jefatura II”. El fallo se llevó a cabo en la sala del Tribunal Oral Federal (TOF) de Chacabuco y Cristóstomo Alvarez.

En el proceso se juzgó a 41 personas y se investigó los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, abuso deshonesto agravado, violaciones agravadas y homicidio calificado, cometidos en perjuicio de 208 víctimas.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas, Juan Carlos Reynaga (subrogante) y Hugo Cataldi (sustituto).
La Fiscalía había solicitado prisión perpetua para 33 de los acusados, en tanto requirió penas de entre 4 y 25 años para los otro ocho imputados. Sin embargo, sólo cuatro acusados fueron imputados a la pena máxima. Ellos fueron Luis Orlando Varela (militar), Roberto Heriberto Albornoz (policía), Ricardo Oscar Sánchez (policía) y Luis Armando Decándido (policía).
Sobre el final, hubo incidentes e indignación del público y familiares por las absoluciones y bajas penas luego de esperar 37 años por justicia.

Las condenas
Marcelo Omar Godoy, 18 años. Ernesto Rivero, 18 años. Tomás Adolfo Güemes, 18 años. Benito Palomo, 18 años. Alberto Montes de Oca, 18 años. José Carlos Sowinski, 17 años. Ramón Ojeda Fuentes, 20 años. Benito Palomo, 18 años. Alberto Moore, 20 años. Fernando Torres, 16 años. Ángel Colotti, 16 años. Augusto L. Neme, 18 años. Pedro Osvaldo Caballero, 15 años. Ramón Cooke, 16 años. Hugo Soto, 15 años. Juan A. Abraham, 16 años. Reyes Quintana, 16 años. Hugo Figueroa, 16 años. Oscar H. Gómez, 16 años. Félix Insaurralde, 16 años. Antonio Vercellone, 16 años. Ángel C. Moreno, 16 años. Guillermo A. Ugarte, 15 años. Jorge Lazarte, 10 años. Rolando Valdiviezo, 14 años. Carlos Trucco, 14 años. Mario D'ursi, 12 años. Luis Ocaranza, 10 años. Chuchuy Linares, 14 años. Luisa Acosta de Barraza, 10 años. Pedro Pateris, 10 años. López Guerrero, 4 años. Ramón Jodar, 4 años. María E. Guerra, 2 años.

En tanto, Celso Barraza (gendarme), Luis de Urquiza (militar), José Eloy Mijalchik (sacerdote) y Juan Benedicto (escribano) quedaron absueltos.
Caos vehicular

Desde primera hora de la mañana está cortado el tránsito en las calles aledañas. Hasta la tarde no se podrá transitar por Crisóstomo Alvarez, desde Ayacucho hasta Buenos Aires; y por Chacabuco, desde 24 de Septiembre hasta San Lorenzo.
Por un pedido específico de la organizacion Hijos y el colectivo de Abogados Andhes, la seguridad estuvo a cargo, exclusivamente, de la Gendarmería Nacional, y no de la Policía provincial.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Un año del jucio de Jefaura

Un año de justicia
Publicado por Gabriela Cruz
 
Vctimas: 118 de Jefatura, 97 de ‘el Arsenal’. 55 víctimas tenían hijos. 4 mujeres estaban embarazadas, 3 hombres esperaban el nacimiento de sus hijos. No los conocieron. Números que son más que eso, son historias. Historias de vidas que por más de 30 años parecían que iban a quedar solamente en la memoria de quienes los amaron. Historias que un puñado de hombres, que se creían dueños de todo, decidieron cambiar. Que hoy, a pesar de todo lo hecho por silenciarlas, se cuentan, se escriben, se gritan.

El martes 12 se cumple un año desde que empezó el juicio por delitos de lesa humanidad más grande del noroeste argentino, la ‘megacausa’ Jefatura II Arsenales. A lo largo de este año pasaron más de 400 testigos y se leyó el testimonio de otras 400 personas. Se visitó uno a uno los lugares donde muchos de esos sobrevivientes padecieron el infierno. Jefatura de Policía, Escuela de Educación Física, Reformatorio, Nueva Baviera, ‘Escuelita’ de Famaillá, Comisaría de Monteros, Caspinchango, Santa Lucía, Arsenales. Y los lugares que preservaron los restos, la prueba irrefutable: las fosas en el Arsenal y el Pozo de Vargas. Y llegó el momento de los alegatos, “la justicia está en los alegatos”, dice una de las familiares. Es que allí no solo se habla, se reivindica, e independientemente de la sentencia, se hace justicia en la palabra y con la palabra.

El jueves 7 terminaron de presentar los alegatos todas las querellas. Entre los últimos en hacerlo estuvieron Daniel Mendivil y Juan Cárlos Véliz. Los abogados hablaron de la usurpación del inmueble de calle Frías Silva al 200. En esa vivienda vivía el matrimonio de Diana Oesterheld y Carlos Araldi. La pareja alquilaba la casa a don Onésimo Marini cuando, en 1976, Diana fue secuestrada junto a su hijo de poco más de un año. Carlos fue asesinado y el pequeño fue abandonado en la Casa Cuna de donde fue retirado por sus abuelos paternos. Diana, que estaba embarazada de más de 6 meses, permanece desaparecida. La propiedad en la que el matrimonio se encontraba viviendo fue ocupada, según indican varios testimonios,  por María Elena Guerra. Ella y Roberto Heriberto Albornoz, quien estuvo a cargo del secuestro de Oesterheld, habrían mantenido una relación amorosa. María Elena Guerra se encuentra imputada por esta usurpación.

Los querellantes indicaron que la imputada no pudo explicar cómo llegó a vivir en la propiedad de los Marini. Sostuvieron que se contradijo en las diferentes declaraciones. Que los testigos presentados por la defensa incurrieron en falso testimonio. Solicitaron que la fiscalía los investigue por este delito, al igual que a los abogados defensores quienes, según indicaron, actuaron con ‘mala fe procesal’. Finalmente hicieron la petición de la pena de tres años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, por el delito de usurpación de la propiedad, con calificación de delito de lesa humanidad.

A continuación se refirieron al caso de la familia Osores. Carlos Osores, militante comunista, permanece desaparecido. La familia fue víctima de tres operativos en los que los saquearon y los golpearon. En el primero de ellos violaron a una menor de 15 años que se encontraba en la vivienda. Los testimonios presentados por esta causa contaron con detalle lo sucedido. Afirmaron haber reconocido, entre los secuestradores, a Francisco ‘Pancho’ Orce y a Mario ‘Malevo’ Ferreyra. Mendivil y Véliz no pidieron pena para Ernesto Rivero y Héctor Montes de Oca – imputados en esta causa- por no tener la querella formal, pero sí hicieron valoración de las pruebas producidas a lo largo del proceso.

El último querellante en hablar fue Daniel Villagra, representante de la causa de la desaparición del empresario José Guetas Chebaia. Chebaia, que además fuera secretario de planeamiento, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976. El abogado Daniel Villagra, que tampoco pudo pedir pena para los imputados, dijo que estaba seguro que la fiscalía supliría con creces esta falta.

domingo, 3 de noviembre de 2013

Para 23 de los imputados piden prisión perpetua por delito de genocidio

Querellantes requirieron que el escribano Juan Carlos Benedicto sea condenado a 15 años como presunto autor material de tormentos. Los alegatos comenzaron el jueves y se extenderán durante todo el mes. En el TOF esperan que la sentencia sea en diciembre.

"Esta es la familia Rondoletto. Quiero hablar de quiénes eran. Porque detrás de cada unas de estas fotos (las de los desaparecidos que estaban en la sala) hay historias". La abogada Julia Vitar levantó la imagen en blanco y negro que reúne a los cinco integrantes detenidos-desaparecidos. En la primera fila, Marta Rondoletto, la única miembro que sobrevivió, abrazaba otra imagen de sus parientes.

Vitar y su co-querellante Inés Lugones alegaron durante la mañana de ayer en la megacausa "Arsenales II-Jefatura II". Recordaron el secuestro del que hoy se cumplen 37 años; el saqueo de la vivienda y la imprenta; los dichos de testigos que vieron a sus miembros en el Arsenal y la minuciosa declaración del ex gendarme Antonio Cruz sobre el fusilamiento y posterior quema de los dos hombres (padre e hijo) del grupo familiar. De la misma manera, y tras una extensa argumentación técnica, las letradas repasaron las historias de las 13 víctimas de los casos que representan: Pedro, María, Silvia y Jorge Rondoletto y Azucena Bermejo de Rontoletto (embarazada); Nélida Sosa de Forti; María Margarita Laskowski (sobreviviente) y Adolfo Méndez Brander; José Díaz Saravia y Teresa Guerrero de Díaz Saravia; Ricardo Salinas y Silvina Parrile de Salinas y Enrique Campos.

Explicaron, citando doctrina y jurisprudencia, que pedirían que los crímenes fueran considerados no sólo como de lesa humanidad, sino como integrantes del delito internacional de genocidio. Requirieron penas -de cumplimiento efectivo en cárceles - para la mayoría de los 41 imputados por violación de domicilio (por las víctimas que fueron sacadas de sus casas), privación ilegítima de la libertad con apremios, tormentos agravados y homicidio calificado (a excepción de Laskowski).

Requirieron prisión perpetua para Camilo Colotti, Luis Ocaranza, Roberto Albornoz, Luis Varela, Fernando Torres y Ramón Ojeda Fuentes (autores mediatos) y Luis De Cándido, Luisa Acosta, Ángel Moreno, Rolando Reyes Quintana, Ricardo Sánchez, Félix Insaurralde, Antonio Vercellone, Guillermo Ugarte,Juan Abraham, Pedro Pasteris, Miguel Chuchuy Linares, Oscar Gómez, Tomás Güemes, Ernesto Rivero, Alberto Montes de Oca, José Sowinski, Benito Palomo (partícipes necesarios). Pidieron 20 años de cárcel para Pedro Caballero y Hugo Soto (partícipes secundarios). Por último, solicitaron que el escribano Juan Carlos Benedicto fuera condenado a 15 años de prisión por considerarlo autor material de tormentos agravados contra Méndez Brander.

En sus justificaciones, las querellantes habían detallado cómo funcionaron los centros clandestinos que, según la Justicia, funcionaron en el Arsenal y la Jefatura en los 70 y otros más pequeños del "circuito represivo". También hicieron hincapié en las docenas de testimonios que dieron cuenta de actos de violencia sexual a los que habrían sido sometidos los cautivos.

"Este juicio traerá paz y tranquilidad para muchos tucumanos. Aunque esto no implique para las familias que sus seres queridos vuelvan. Sí será un acto de justicia y de reparación. Será una forma de poner en práctica algo que Marta Rondoletto manifestó en su declaración: 'No nos han vencido'. Es así, porque 30 años después, nosotros seguimos pidiendo justicia y haciendo memoria", concluyó Vitar.
Apuntes del juicio

Tareas de inteligencia.- Las querellantes remarcaron que las tareas de inteligencia eran desarrolladas por el Ejército, la Policía y la Side y luego, centralizadas. Detallaron que la "Comunidad Informativa" (con representantes de todas las fuerzas) valoraba la información y confeccionaban listas de futuros detenidos. Luego de que "las patotas" secuestraban, seguían los interrogatorios y las torturas. De allí, afirmaron, obtenían nuevos datos para nuevas detenciones ilegales.

Secuelas para cuatro generaciones.- La abogada Lugones recordó que especialistas mencionaron en la megacausa que existe un "daño transgeneracional" de los crímenes de lesa humanidad. "El daño atraviesa hasta cuatro generaciones. Porque, por ejemplo, no se efectúan los ritos funerarios, no hay duelo", afirmó.

En las fosas.- Los restos de una de las víctimas representada por la querella Vitar-Lugones fueron reconocidos en una de las fosas comunes del Arsenal. Se trata de Ricardo Salinas. Había sido secuestrado el en enero de 1977 en Jujuy.

"Toda la población era el enemigo".- Vitar explicó que el Operativo Independencia fue un "plan sistemático de violación de Derechos Humanos". "Para los ejecutores, toda la población civil era el enemigo 'subversivo'", fundamentó. Argumentó que, de acuerdo con la doctrina militar, todo el que no estaba de acuerdo con el modelo que pretendían implementar era considerado un "elemento" a eliminar.

Violencia sexual en CCD.- "Los actos de violencia sexual como violaciones, desnudez colectiva, esterilización forzada, abortos y mutilación de órganos sexuales fueron sistemáticos", concluyeron las letradas tras enumerar testimonios de cruentos ataques sexuales que habían ocurrido en la Jefatura y el Arsenal.

Apropiación de niños.- La querella hizo hincapié en la posible apropiación de niños, porque la víctima Azucena Bermejo estaba embarazada de cuatro meses. "No sabemos el destino de ese hijo. Estos jóvenes, como él, tienen entre 35 y 40 años y siguen estando secuestrados porque tienen su identidad apropiada", consignó Vitar. Citó testimonios acerca de supuestos abortos inducidos en los CCD.

Más alegatos.- Al cierre de esta edición alegaban los abogados de Andhes, Valentina García Salemi y Daniel Weisemberg. Luego, lo haría Emilio Guagnini.

Fuente: La Gaceta

sábado, 5 de octubre de 2013

Megacausa Jefatura II - Arsenales II Ampliaron imputaciones contra 18 represores por delitos sexuales


El Tribunal Oral Federal de Tucumán hizo lugar al pedido de la Fiscalía y abogados querellantes y se decidió ampliar imputaciones por delitos sexuales contra 18, en su mayoría ex policías, de los 41 acusados que tiene el juicio.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán hizo lugar, ayer, al pedido de la Fiscalía que encabeza Leopoldo Peralta Palma y los abogados de las querellas, para que se amplíe la imputación contra varios acusados por crímenes de lesa humanidad, ahora por delitos sexuales, cometidos durante la dictadura, en los centros clandestinos de detención de Jefatura de Policía y la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga.

En el caso de delitos sexuales cometidos contra EC, se hizo lugar la ampliación contra Roberto "el Tuerto" Albornoz (ex policía de Tucumán, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura). Por los abusos contra TG y CM fueron acusados Ernesto Rivero (Gendarme, CCD Arsenal), Tomás Adolfo Güemes (Gendarme, CCD Arsenal y 5ta Brigada de Infantería) y Fernando Torres (Militar, Oficial del 142), como partícipes necesarios. Como autor mediato, se imputó a Luis Varela (Militar, Oficial del 142).

También se amplía la acusación por el caso de Calabró contra erto Barraza (Gendarme, CCD Arsenal), Hugo Javier Figueroa (ex Policía, Miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura) y Félix Insaurralde (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura). Por ese mismo delito se imputó a Juan Abraham (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Ricardo Sánchez (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Rolando Reyes Quintana (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura) como partícipes necesarios.

María Rosa Acosta de Barraza (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Miguel Chuchuy Linares (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Guillermo Ugarte (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), fueron imputados como partícipes necesarios del delito de violación. Lo mismo que Luis De Cándido (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Félix Insaurralde y Pedro Pasteris (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura).

Tanto Rivero como Torres hicieron uso de la palabra y afirmaron no conocer a las víctimas de los delitos que se les imputa. Por su parte el imputado Figueroa, también imputado como partícipe necesario en el delito de violación sexual, dijo que “inocente de las aberraciones de las que lo acusan”.

No se hizo lugar, en cambio, al pedido de ampliación por delitos de robo doblemente agravado, que también había pedido la Fiscalía.

El tribunal dispuso que las defensas tendrán hasta el 17 de octubre para preparar las pruebas.

El jueves que viene continuará la recepción de testimoniales.

En la causa por los crímenes de secuestro, tortura, homicidio agravado y desaparición de personas hay 41 imputados, entre los cuales hay ex militares, ex policías, ex gendarmes, civiles y un sacerdote.

Fuente: Tucuman Hoy

jueves, 3 de octubre de 2013

Inspección ocular en Santa Lucía y Caspinchango


Publicado por Gabriela Cruz
El jueves 26 de setiembre se realizó la ultima inspección ocular del juicio por la megacausa Jefatura II – Arsenales.

La medida inició en la Comuna Rural ‘Santa Lucía’ donde, en febrero de 1975, se instaló la Base Militar. En ese lugar, según indican los testimonios, se encontraba un sótano en el que se torturaba.

Los testigos que participaron de esta inspección fueron: Juan Manuel Quinteros, Domingo Antonio Jeréz, Manuel Humberto Suarez, Lucía Mercado, María Candelaria Moyano, Oscar Godoy, Julio Antonio Ahumada, María del Valle Segura, Francisco Vega y Lucía Aguilar.

Luego se realizó el reconocimiento en la Localidad de Teniente Berdina (Caspichango). En la zona conocida como la ‘Chimenea Mota’ estuvo instalada una base. Testigos sobrevientes indicaron los lugares donde fueron sometidos a torturas.

De esta última instancia participó Domingo Antonio Jeréz (ex conscripto) y Juan Manuel Quinteros.
Fotografías de Agencia Infoto

Fue en Santa Lucía y Caspinchango, donde grupos del Ejército montaron bases en antiguos ingenios azucareros para comandar la represión en la zona durante la dictadura. El objetivo del procedimiento judicial fue que víctimas y testigos reconocieran los sitios donde se cometieron los crímenes.
Ambos lugares habían funcionado como ingenios azucareros, pero durante la dictadura fueron utilizados por grupos del Ejército para comandar la represión en la zona. Las bases instaladas en pleno monte dependían de los regimientos N° 19 de Tucumán y N° 28 de Tartagal.

El objetivo de las inspecciones oculares fue que víctimas y testigos reconocieran los sitios, que fueron ocupados por las fuerzas armadas desde 1975 por el llamado “Operativo Independencia”.  Los integrantes del tribunal,  los fiscales  y testigos, recorrieron los lugares junto al público, entre el que había abogados, familiares de víctimas y vecinos.

"Fueron dos pueblos intervenidos militarmente entre 1975 y 1979. Durante todo el tiempo hicieron un control de la población, con secuestros, allanamientos ilegales y abusos sexuales dentro de la misma vivienda de las víctimas. La experiencia concentracionaria se extendió a todo el pueblo", había explicado la semana pasada Camuña.

Cabe recordar que el viernes 20 se inspeccionó el Pozo de Vargas -una fosa común en un aljibe-  y antes se hizo lo propio en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, en la Escuelita de Famaillá, en el ex Ingenio Nueva Baviera y en la comisaría de Monteros. El proceso, en el que se juzgan las responsabilidades que tendrían 41 imputados en 206 casos sobre privaciones de libertad, torturas, homicidios y delitos sexuales, está ingresando a las etapas finales; se estima que los alegatos tendrán lugar a fines de octubre.

martes, 1 de octubre de 2013

Piden ampliar acusaciones contra 23 de los imputados

Fiscales y querellantes requirieron que se los juzgue por abusos sexuales y por robos. El Tribunal Oral Federal tucumano deberá decidir si admite que se le imputen nuevos delitos a los acusados.

Relatos de abusos sexuales. Detalles sobre robos en casas y negocios. Descripciones de quiénes habrían participado de las ejecuciones al borde de las fosas. Esos aportes de gran parte de los más de 350 testigos que ya declararon en la megacausa "Arsenales II- Jefatura II" motivaron al Ministerio Público Fiscal (MPF) y a las querellas particulares a efectuar un planteo que podría cambiar el rumbo del debate. A poco de que concluyera la etapa de producción de pruebas en el proceso (juzga a 41 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 210 víctimas durante el terrorismo de estado), plantearon la ampliación de la acusación. Es decir, que se enrostren nuevos delitos o agravantes a los acusados. El Tribunal Oral Federal (TOF)

os fiscales Leopoldo Peralta Palma, Pablo Camuña y Patricio Rovira consideraron que durante las 60 audiencias se conocieron hechos inéditos. "Se produjeron circunstancias novedosas que permiten tener por probados hechos que integran lo que en doctrina se llama continuidad delictiva. Es decir, que están vinculados a la imputación primigenia", argumentó Camuña. Explicó que los crímenes están relacionados con una secuencia común en torno a la desaparición forzada (secuestro-traslado a un centro clandestino-tortura y "disposición final").

El requerimiento fue dividido en cuatro instancias. La primera refiere a los delitos sexuales presuntamente cometidos en los dos centros clandestinos. Camuña mencionó tres casos: los de T.G, C.M y E.C (se reserva la identidad por el protocolo de protección de víctimas). Una testigo protegida relató que T.G le habría comentado -ambas habrían estado en el Arsenal- que fue violada delante de su marido, también secuestrado. El MPF requirió que se impute por ello al ex militar Luis Varela como autor mediato y a Ernesto Rivero, Héctor Montes de Oca, Fernando Torres y Tomás Adolfo Güemes como partícipes necesarios.

C.M había declarado que en el Arsenal había sufrido agresiones sexuales. Camuña recordó que la desnudez y las amenazas de violación, como las mencionadas por la víctima, constituyen actos de violencia sexual. Solicitó que se enrostre a Varela ser autor mediato de abuso deshonesto y a Rivero, Montes de Oca, Torres y Güemes el desempeñarse como presuntos partícipes necesarios.

Los ataques contra E.C, en cambio, habrían ocurrido en los calabozos de la Jefatura. Pidió que por ellos se acuse de supuesta violación agravada a Roberto Albornoz (autor mediato) y Juan Abraham, Oscar Sánchez, Rolando Reyes, Luisa Acosta, Miguel Chuchuy Linares, Javier Figueroa, Humberto Gómez, Felix Insaurralde, Pedro Pasteris, Guillermo Ugarte, Antonio Vercellone y Luis De Cándido (partícipes necesarios).

En una segunda parte, los representantes del MPF afirmaron que el robo de bienes de secuestrados "era parte de un patrón operativo de los imputados", dado que se consideraban "botines de guerra". Enumeraron una serie de siete hechos en los que viviendas y comercios fueron desmantelados. También incluyeron robos de vehículos. Solicitaron que se acuse, por los diferentes episodios a Jorge Lazarte, Albornoz y Varela como autores mediatos. Mientras que a Gómez, De Cándido, Abraham, Sánchez, Reyes Quintana, Acosta, Chuchuy Linares, Figueroa, Insaurralde, Pasteris, Ugarte, Vercellone, Torres, Güemes y Ramón Ojeda Fuentes como necesarios.

En una tercera instancia, requirieron que se les enrostre la participación dolosa en homicidios cometidos en el Arsenal a los jefes de Gendarmería, al entender que conocían que sus subordinados participaban de las ejecuciones. Se trata de Rivero, Montes de Oca, José Sowinski y Güemes. Rovira aclaró que sólo habían sido acusados hasta ahora por los secuestros y torturas. Por último, el MPF opinó que los entonces jefes de la Compañía de Arsenales- Hugo Soto y Pedro Caballero- deberían ser juzgados por los delitos cometidos en el centro clandestino que funcionó allí. Afirmaron que no podría haber operado sin la logística que habrían facilitado.

Las querellas también pidieron ampliaciones. El TOF determinó que pudieran hacerlo (la normativa sólo prevé que las requiera el MPF). Los abogados defensores Facundo Maggio y Ciro Lo Pinto plantearon la nulidad de esta resolución.

"El TOF decidirá si levanta la barrera para que pase la acusación. Si hace lugar, las defensas podrán aportar las pruebas que considere", adelantó Rovira.

domingo, 22 de septiembre de 2013

Andhes denuncia y repudia actos intimidatorios a sus querellantes en el Megajuicio

Cerca del final del sexto juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Tucumán, un proceso penal con todas las garantías, desde andhes hacemos público y repudiamos actos con claros fines intimidatorios contra nuestros letrados querellantes, por parte de quienes se resisten al avance de la verdad histórica y la justicia en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado en nuestro país.

El día 4 del corriente, la Dra. Valentina García Salemi fue víctima de un robo, de particulares características, en su domicilio particular; mientras seis días después se produjo una clara intimidación telefónica recibida por la familia del letrado Daniel Weisemberg, ambos querellantes de andhes en la Megacausa “Jefatura II-Arsenales”que se desarrolla en nuestra provincia.

Los hechos fueron debidamente denunciados y la justicia se encuentra investigando, así como también ha tomado cartas en el asunto el Tribunal Oral Federal de Tucumán,en aras de garantizar el libre ejercicio de la profesión por parte de querellantes en juicios de lesa humanidad.

La grave situación que hoy denunciamos, denota la importancia de profundizar debates democráticos hacia adentro de las instituciones de seguridad. En particular lo acontecido  refleja la presencia en la actualidad de células anacrónicas, pero aún vigentes, que mediante prácticas propias de esquemas ilegales y del terror, pretenden evitar los contundentes avances en materia de investigación y juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico-militar.

No es la primera vez que situaciones como estas se presentan en el marco de procesos de juzgamiento de la dictadura genocida que se llevan adelante a largo del país. De allí,remarcaron desde andhes, la importancia procesal y objetiva de la prisión preventiva como modalidad cautelar y de la cárcel común a todos aquellos que resulten condenados en estos juicios. En este contexto, finalizaron desde la ONG, estos acontecimientos no pueden sino entenderse como intentos vanos de frenar y obstaculizar el desarrollo de los juicios, la construcción colectiva de la memoria y el descubrimiento de la verdad histórica que se produce paso a paso en cada fosa hallada, con cada resto identificado y en cada restitución a su familia de quienes durante más de 37 años permanecieron como desaparecidos.

Arsenales II -Jefatura II : Las víctimas y los peritos recrearon el horror del Arsenal

Los familiares presenciaron parte del recorrido por el centro de detención y exterminio

TORTURAS. El sobreviviente Ramón Brizuela mostró dentro del "Galpón N° 9" cómo los detenidos debían mantenerse en pie durante todo el día. LA GACETA / FOTOS DE JORGE OLMOS SGROSSO
Una carta ("Abuelo te extraño. Santi"); dos plantines con flores; cuatro retratos de víctimas y claveles blancos desparramados. Familiares de víctimas del terrorismo de Estado dejaron esos recuerdos sobre un montículo. El altar se armó espontáneamente frente a la enorme estructura -de 35 por 20 metros- que cubre las cinco fosas comunes en la que se hallaron restos de desaparecidos en el ex Arsenal "Miguel de Azuénaga" (Las Talitas).

La imagen resume lo vivido ayer durante la inspección ocular celebrada allí por la megacausa "Arsenales II-Jefatura II". Los peritos hicieron hablar a las huellas del horror y los relatos de los sobrevivientes llevaron a los presentes a sus días de terror. Sin embargo, los familiares de víctimas, con cánticos, fotos y lágrimas, hicieron que la muerte retrocediera y que los ausentes estuvieran allí.

La entrada al infierno
O.T. (testigo protegido) escudriñó el paisaje y dictaminó que sobre los caminos había un poco más de árboles y de maleza que hace 37 años. Junto a los geólogos y arqueólogos del Giaat y del Camit, el ex gendarme guió al Tribunal Oral Federal (TOF) y a los abogados defensores (los oficiales no asistieron) y querellantes en la primera parte de la inspección. El testimonio del hombre, que cumplió funciones en el Arsenal en los 70', fue clave para la causa porque aportó detalles precisos del funcionamiento del lugar y de la ubicación de las fosas. El Arsenal es considerado el centro clandestino de detención y exterminio (CCD) más grande del NOA. Habría funcionado desde principios de 1976, según los testimonios. Allí eran trasladados los secuestrados que estaban alojados en centros más chicos. El terreno tiene varias hectáreas, parte de ellas de monte. Al CCD se entraba por un camino de tierra, paralelo a la ruta Nº 9. Es conocido como "camino histórico". El trazado fue reabierto para la inspección, en base a estudios de peritos. También había una red de senderos que unían distintas áreas del centro. A mitad del trayecto, O.T. mostró los restos de la llamada "Casa Vieja", donde vivían los gendarmes (se habrían encargado de la custodia de detenidos). "Era bastante antigua. Estas que están en el piso son las tejas que tenía", recordó. Mientras, removía con el pie una y otra vez las ruinas de la construcción. El perito Ruy Zurita explicó que habría sido volteada con una pala mecánica. Otra parada en el recorrido fue en el "Galponcillo", una casita cuyas paredes internas están cubiertas con brea. Pruebas científicas incluidas en el expediente dan cuenta de que en el piso se hallaron manchas que podrían ser de sangre humana.

El infierno

El "Galpón N°9" fue el "infierno" para los secuestrados. La segunda parte del reconocimiento se desarrolló allí. Desde afuera, la edificación parece más pequeña que lo que es. De forma rectangular y techo a dos aguas, conserva su forma original. Parte de la cerca alambrada que la rodea también sería de aquella época. Las que no están son las casillas prefabricadas que se habrían usado para las torturas y que se ubicaban en las esquinas del perímetro cerrado.

El Galpón está dividido en dos, con entradas independientes. Las pequeñas ventanas -son las originales- apenas dejan entrar la luz y el aire. Por ello, la tensión y la angustia hicieron que adentro casi no se pudiera respirar. Allegados de Luis Falú y Ana Sosa-víctimas de la causa- se quebraron al conocer el tétrico espacio. Sobre todo, porque los sobrevivientes mencionaron las celdas en las que vieron a sus seres queridos.

Cada una de las salas habría albergado entre 30 y 40 personas. Ramón Brizuela fue una de ellas. "Aquí estaba yo ¿saben cómo nos tenían? Así, parados contra la pared todo el día", demostró con poses el hombre que fue secuestrado en mayo de 1976. En la penumbra, sólo brillaban dos focos que colgaban del techo y sus ojos, húmedos, iban y venían mientras dibujaba con las manos los tabiques de madera que separaban a una víctima de otra. Los peritos encontraron marcas de cómo estaba dividido el espacio en celdas ínfimas. "Aquí pasé momentos terribles, por la opresión y los golpes. De aquí se escuchaban los gritos de las torturas", relató Brizuela. "Una vez conté y había 25 pies de cada lado", aportó Ernestina Yackel (secuestrada en marzo de 1976). "Aquí estaba 'Lucho' Falu y aquí Enrique Sánchez", mostró Cristina Rodríguez (secuestrada en septiembre de 1976). O.P. (testigo protegido) fue una de las víctimas que más tiempo pasó recluido (entre julio de 1976 y junio de 1977). "La salida del sol marcaba la gloria de haber sobrevivido un día más", resumió tras dar datos precisos del lugar.

Peritos policiales expusieron sobre las pruebas que se efectuaron en los muros para hallar manchas de sangre y para detectar disparos. Detectaron huellas que podrían ser del fluido y orificios que serían compatibles con impactos de armas.

En una de las habitaciones, estaba exhibido un tacho que se habría usado para sumergir a los detenidos. Ese era uno de los métodos de tortura. Los sobrevivientes describieron terribles muertes de compañeros como consecuencia de esas prácticas: dijeron que vieron a algunos enterrados hasta el cuello y a otros, colgados. También coincidieron en que escuchaban ráfagas de disparos con frecuencia. Una prueba para constatar esto último estremeció a todos. Un soldado hizo dos disparos al aire a 100 metros del Galpón, donde están las fosas . Ambas detonaciones se escucharon con claridad y sobresaltaron a los participantes.

El final

Los restos hallados en las cinco fosas comprenden las pruebas más irrefutables de lo ocurrido en el CCD. Ocurre que, detenidos que fueron vistos en las celdas por testigos terminaron en los pozos de inhumación común, según las 12 identificaciones efectuadas por el EAAF. El antropólogo Juan Nóbile detalló cómo fue el minucioso trabajo que realizaron. Describió que los cuerpos fueron quemados y las fosas, removidas con máquinas y reutilizadas, y que eso no permitió que hubiera más identificaciones por el momento. Mostró que también se encontraron proyectiles asociados a los esqueletos.

Mientras exponía, familiares le hacían la misma consulta: "¿puede haber aquí más identificaciones?". Esperaban una respuesta, confiaron, con la ilusión de tener algún día donde recordar a los suyos aunque sea con un pequeño altar.

Otros sectores.- La inspección ocular incluyó también recorridos por la Compañía de Arsenales, ubicada en otro punto del predio militar. Allí, testigos reconocieron puestos de control, galpones y dependencias que mencionaron en sus declaraciones. También se hizo lo mismo en el frente del edificio en el que funcionó el CCD denominado "El Motel", frente al Arsenal. Al cierre de esta edición estaba previsto que el TOF y las partes recorrieran también el Instituto San Benito.

Fosas comunes.- Las fosas comunes fueron descubiertas en 2009. Los primeros restos humanos se hallaron en 2011. De los 13 esqueletos encontrados, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó a 12. El restante estaba demasiado quemado como para obtener material genético, explicaron los especialistas. En los pozos fueron inhumados de manera clandestina una cantidad de víctimas que no se puede determinar.

LOS IDENTIFICADOS.- En la fosa 4 se reconocieron restos de 12 hombres que pasaron de ser desaparecidos a ser ciudadanos asesinados durante la dictadura. Se trata de: José Máximo Tapia, Damián Octavio Márquez, Pedro Guillermo Corroto, Juan Ángel Jiménez, Avelino Alarcón, Miguel Avelino Alarcón, Hugo Marcelo Alarcón, Ricardo Salinas, Felipe Urueña, Rosario Argañaraz, Eduardo Vizcarra y José Luis Maldonado.

Así sigue el juicio.- El debate comenzó hace 10 meses. Las víctimas suman más de 220 y los imputados, 41. Está previsto que el 10 de octubre las partes comiencen con los alegatos.

Todos presentes.- De las inspecciones participaron los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas, Juan Carlos Reynaga y Hugo Cataldi; los fiscales Leopoldo Peralta Palma, Pablo Camuña y Patricio Rovira; los abogados querellantes y los defensores particulares de los imputados.

domingo, 1 de septiembre de 2013

Confirmado el procesamiento de un juez tucumano por delitos de lesa humanidad

Un garante de la impunidad

El ex magistrado Manlio Torcuato Martínez deberá responder por delitos con penas de hasta 20 años de prisión. Entre 1975 y 1976 el ex magistrado rechazó 325 acciones de hábeas corpus. La Cámara señaló que “rendía cuentas de su labor” ante los represores.
El ex juez Manlio Martínez, cuya designación fue impulsada por Adel Vilas, jefe del Operativo Independencia.

La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento del ex juez Manlio Torcuato Martínez por encubrir desde el Poder Judicial los crímenes de la dictadura en esa provincia. La designación de Martínez en 1975 había sido impulsada por el general Adel Vilas, ex jefe del Operativo Independencia, como se conoce a la antesala del terrorismo de Estado, y en apenas un año rechazó 325 hábeas corpus que los familiares presentaban tras la desaparición de sus seres queridos. En línea con la apelación presentada por el fiscal general Antonio Gómez, los camaristas Ernesto Clemente Wayar, Juan Carlos Reynaga y Graciela Fernández Vecino sostuvieron que Martínez garantizó “impunidad a los autores” con “tolerancia y encubrimiento de las prácticas del aparato represivo del Estado”. Con la confirmación y ampliación del procesamiento, que incluye la figura de asociación ilícita rechazada por el juez Daniel Bejas, “el camino hacia el juicio oral y público se acorta considerablemente”, informó la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público en Tucumán. “Martínez deberá responder en esa instancia por delitos con penas de hasta 20 años de prisión”, precisó.

El 20 de mayo de 1976 el Ejército fusiló a los militantes montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz en una vivienda de calle Azcuénaga 1816 de San Miguel de Tucumán, crímenes que se probaron en un juicio que concluyó en 2011. El fiscal Carlos Brito impulsó luego la acusación contra Martínez por su inacción ante las ejecuciones y destacó que cumplía de esa forma la promesa que había hecho al ser designado, de no entorpecer la represión ilegal en Tucumán y garantizar la impunidad de Vilas, Bussi & Cía.

Martínez reconoció que estuvo presente en el lugar el día de la masacre y no ordenó ninguna medida de investigación, dando por cierta la versión del “enfrentamiento” pese a las evidencias en contrario. La fiscalía puntualizó una veintena de medidas que podría haber adoptado, y señaló que esa inacción implicaba incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de los autores de delitos. La Cámara puntualizó ahora que esa conducta tuvo “el propósito de consolidar el hecho de que los autores de los homicidios (delitos de lesa humanidad) permanezcan fuera del alcance de la Justicia”.

Una segunda imputación se relaciona con la persecución penal del propietario de la casa donde ocurrió el fusilamiento, Miguel Romano, a quien indagó sin abogado defensor, recluyó en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía y entregó al ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía, Roberto “El Tuerto” Albornoz. La fiscalía ponderó que Martínez mantuvo detenido a Romano durante más de un año y luego lo sobreseyó con las mismas pruebas por las que había decidido detenerlo. Durante ese tiempo lo privó de las medicinas que necesitaba por sus problemas de salud mental, y Romano terminó internado en una clínica psiquiátrica. El ex juez fue procesado por esos hechos por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada.

“No estamos ante errores humanos en la gestión judicial sino frente a la tolerancia y encubrimiento de las prácticas del aparato represivo del Estado, garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”, estableció la Cámara, y recordó que esa acción fue consecuente con un modo de obrar: entre 1975 y 1976 el ex magistrado rechazó 325 acciones de hábeas corpus motivadas en el secuestro de personas por parte de las fuerzas armadas y de seguridad. Martínez “tenía un rol asignado en la cadena de mandos del aparato represivo y rendía cuentas de su labor frente a los estratos superiores del mismo”, apuntó la Cámara, y en ese sentido “formó parte de una asociación criminal cuyo objetivo principal fue eliminar opositores políticos o ideológicos del régimen”.

Fuente: Pagina 12

Después de 37 años, volvieron al lugar de su secuestro, en la Escuela de Educación Física

MEGACAUSA JEFATURA II - ARSENALES II
Se realizó esta mañana un reconocimiento del centro clandestino de detención que funcionaba en el predio universitario de avenida Benjamín Aráoz al 800.
"EL REFORMATORIO". Durante la tarde se realizó un reconocimiento ocular. 
Después de 37, volvieron al lugar donde fueron secuestrados y torturados
"En este lugar convivíamos todo el tiempo con la muerte. Me sentía como muerta en vida", dice Juana Peralta, y recuerda que vivió tres intentos de fusilamiento en la Escuela de Educación Física. "Me despedí miles de veces", relata, mientras recorre, después de 37 años, el centro clandestino donde estuvo secuestrada y fue torturada.

Esta mañana se realizó un reconocimiento del lugar de detención ilegal que funcionaba en la locación universitaria de avenida Benjamín Aráoz al 800, como parte del juicio por crímenes de tortura, secuestro, homicidio y otras violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Operativo Independencia y luego del golpe militar de 1976. Hoy, en el lugar (en la planta alta) hay oficinas.

Cuando Juana declaró ante el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas, y Juan Carlos Reynaga, contó sobre las torturas recibidas mientras estuvo embarazada.

También Francisco Rafael Díaz, Teresita Yackel y Ramón Brizuela, testigos en la Megacausa "Jefatura de Policía II-Arsenales II", recorrieron el lugar. Recordaron los espacios, los ruidos, reconocieron la escalera por la que fueron llevados y el trampolín de la pileta, que pudieron ver mientras estaban secuestrados.

Durante la tarde, en tanto, se realizó el reconocimiento ocular en el CCD conocido como "El Reformatorio" (Francisco de Aguirre al 500).

Fuente: la Gaceta

Estremecedor testimonio de Juana Peralta de Pedregosa en el juicio por Arsenales
"Se ensañaron con mi panza. Mi hijo nació prematuro y quebrado por los golpes que me daban"
 
Una mujer que fue secuestrada y torturada durante la última dictadura realizó hoy un reconocimiento del lugar de detención ilegal que funcionaba en la Escuela de Educación Física de Tucumán y aseguró que este espacio "era un infierno, donde conviviamos todo el tiempo con la muerte". Juana Rosa Peralta de Pedregosa, una de las testigos que declaró en la megacausa "Jefatura de Policía II-Arsenales II", recorrió hoy el lugar donde estuvo detenida. La inspección ocular fue ordenada por los jueces del Tribunal Oral Federal Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas, y Juan Carlos Reynaga se realizó en el marco del juicio oral por la megacausa conocida como "Jefatura-Arsenales".
"Hoy reviví el horror", aseguró Peralta de Pedregoza al finalizar el recorrido y recordó que "cuando estábamos aquí no sabíamos si saliamos vivos o muertos". Cuando Peralta de Pedregosa declaró ante el Tribunal Oral Federal que lleva adelante la megacusa contó sobre las torturas recibidas mientras estuvo embarazada.

"Se ensañaron con mi panza y mi hijo varón nació en cautiverio a los seis meses y medio de embarazo, prematuro y quebrado por los golpes que me daban", apuntó e indicó que "esas secuelas lo acompañaron toda la vida y hoy, con 37 años, tiene problemas en las caderas y piernas".

En declaraciones realizadas luego de la inspección, la mujer sostuvo que "a partir de lo que viví creo en los milagros y esto es importante para mi porque el deseo de justicia es más grande que el miedo".

Hoy volvió al lugar donde permaneció en cautiverio y reconoció parte del edificio, incluyendo la zona de vestuarios de mujeres. "Eso era un infierno viviente", insistió y destacó que en uno de los traslados que eran sometidos "pude saber que también estaba mi marido", Manuel Francisco Pedregosa, que sigue desaparecido. "Sentí que convivía con la muerte, destruyeron mi juventud y una parte de mi vida. De eso uno no se olvida jamás", expresó.
  
A Peralta de Pedregosa la secuestran el 13 de marzo de 1976 de la casa de su madre por averiguación de antecendentes y el mismo día llevaron a su esposo, que era empleado ferroviario y cumplía funciones en la estación de Ranchillos.
  
También recorrieron el edificio Francisco Rafael Díaz, Teresita Yackel y Ramón Brizuela, testigos en la megacausa "Jefatura de Policía II-Arsenales II".
  
Recordaron los espacios y reconocieron la escalera por la que fueron llevados y el trampolín de la pileta, que pudieron ver mientras estaban secuestrados.
  
De esta forma se completó otra jornada del juicio que tiene 41 imputados acusados de tortura, secuestro, homicidio y otras violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Operativo Independencia y luego del golpe militar de 1976.

Mafalda Margarita y María Elena expresaron sus sentimientos al enterarse que identificaron los restos de su hermano en Pozo de Vargas.

"Hoy comenzamos a cerrar una larga y dura historia”

Mafalda Margarita Ybarra y María Elena Ybarra de Bargós .
 Días atrás se dio a conocer que los restos de Emilio Antonio Ybarra, un bandeño desaparecido el 13 de marzo de 1976 fueron identificados por un grupo de antropólogos en una fosa de la localidad de Pozo de Vargas, en la provincia de Tucumán.  Sus hermanas Mafalda Margarita Ybarra y María Elena Ybarra de Bargós recibieron la noticia y comenzaron el camino “para concluir lo que fue una larga historia de lucha y espera”. En diálogo exclusivo con Nuevo Diario repasaron la cruda etapa que vivieron y que hoy intentan cerrar. “Teníamos 30 y 31 años cuando Emilio desapareció, él era nuestro hermano mayor y el hecho destrozó a nuestra familia”, dijeron entre lágrimas.

“Esto fue una lucha que empezó nuestra madre hace 37 años y que luego de fallecer, la seguimos nosotras, fue difícil, no pensábamos que íbamos a llegar a esto, porque si bien es doloroso, a su vez nos da alegría saber que él ya no es más un desaparecido”, aseguraron Mafalda y María Elena, mientras recordaron cómo era su hermano Emilio, “él era una persona responsable, bueno con sus ideales, formas de pensar diferentes, de esa forma, nosotros lo aceptamos”, expresaron.

Emilio desapareció un 13 de marzo de 1976, a sus 33 años y sus familiares, también vivieron persecuciones en la época “fuimos perseguidas, juzgadas, siempre fuimos las “hermanas de”, simplemente por pensar diferente”, dijeron y agregaron “aún así queremos darle el honor que él se merece por haber sido una persona superadora en todos los aspectos”, aseguraron.

“Hoy nos entregan sus huesos, fue duro enterarnos, pensábamos que estábamos preparadas, pero es más duro de lo que imaginamos”, comentaron y para concluir dijeron: “Ahora el juez de Tucumán determinará el día que nos darán los restos, cuesta procesar lo que está pasando, pero tenemos la tranquilidad de que se cierra una larga historia, llena de contratiempos, al final llegaremos a darle una cristiana sepultura y recordarlo como lo que realmente fue. Está muerto y sabemos que ya descansa en paz junto con nuestros padres, esta fortaleza que tenemos viene de la fe, porque golpes como estos, lastiman profundamente”, confesaron.

Para concluir expresaron “quisiéramos ver a los responsables pagar por esto, todo ser humano tiene derecho a que con justicia se los juzgue y si a nuestro hermano, por tener pensamientos diferentes había que juzgarlo, lo tendría que haber hecho la justicia, y no ellos que lo hicieron desaparecer, quizás en un largo tiempo lo asimilemos, pero ya empezamos este camino”.
Fuente: http://www.nuevodiarioweb.com.ar

jueves, 29 de agosto de 2013

Otros tres desaparecidos recuperan su identidad en Pozo de Vargas

Marta Azucena Castillo, del estudiante Emilio Antonio Ybarra y del obrero ferroviario de Tafí Viejo Roque Marcelino Brizuela

El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó la identificación de los restos de la socióloga Marta Azucena Castillo, del estudiante Emilio Antonio Ybarra y del obrero ferroviario de Tafí Viejo Roque Marcelino Brizuela.

El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó la identificación de tres personas que fueron secuestradas entre 1976 y 1977. Los restos se habían hallado en Pozo de Vargas, es decir que ese lugar funcionó como fosa común durante ese periodo de tiempo.

La noticia la dio a conocer ayer Juzgado Federal Nº 2 a cargo del Juez Fernando Poviña. El Equipo Argentino de Antropología Forense, dentro del marco de los autos caratulados “Romero Enrique Fernando s/denuncia” Expte. 140/02, hizo entrega de los resultados genéticos alcanzados por el laboratorio genético EAAF-LIDMO en relación a las muestras óseas pertenecientes al conjunto de restos óseos exhumados.

Se trata de los restos de la socióloga Marta Azucena Castillo, del estudiante Emilio Antonio Ybarra y del obrero ferroviario de Tafí Viejo Roque Marcelino Brizuela. En los tres casos se trabajó sobre el perfil obtenido de la muestra de un fragmento de fémur derecho.

MARTA AZUCENA CASTILLO
Tenía 29 años y era socióloga. Trabajaba en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPVU), hasta que en el año 1975 fue cesanteada por el Gobernador Carlos Arturo Juárez. Siguió trabajando como docente, prestando servicios en la Escuela del Aibal, Departamento Figueroa hasta diciembre de 1976. En ese momento el IPVU llama a concurso para cubrir el cargo que Marta Castillo había ocupado hasta ser cesanteada. Se presenta y gana el concurso, pero es rechazada por un informe de la Policía (DIP) en el que la señalaban como “correo” de un grupo extremista. El 7 de febrero de 1977 sus familiares denuncian su desaparición.

Unos vecinos manifiestan que habían visto hombres sospechosos merodeando el domicilio de la familia Castillo, y que se fueron después de la desaparición de Marta Castillo.

En abril del mismo año estuvo detenida en el CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, de Tucumán, y fue trasladada a fines de 1977 al Penal de Mujeres de Santiago del Estero.

Hasta la fecha, permanece desaparecida.

EMILIO ANTONIO YBARRA
Detenido-Desaparecido el 13 de Marzo de 1976 en la ciudad de La Banda- Santiago del Estero.

BRIZUELA, ROQUE MARCELINO, 31 años casado - obrero ferroviario, Ferrocarril Belgrano, - desaparecido: 19 - 10 - 1976 – Secuestrado en Tafí Viejo. 

 Fuente: Tucuman Hoy

domingo, 25 de agosto de 2013

Nueva audiencia en el juicio contra represores en el marco de la Megacausa Jefatura II – Arsenales II

La primera testigo en declarar fue Josefa Nicolaza Oliva.
La violaron, torturaron y "dejaron deshecha mi vida"

Dijo en un testimonio escalofriante la testigo víctima Josefa Nicolaza Oliva, quien declaró ayer en el megajuicio contra represores. “Eran unos caníbales, te violaban, te agarraba uno, te agarraba otro y luego otro", relató en forma impactante.

Durante junio de 1976 se encontraba trabajando junto a otras personas en una finca cañera situada en Yacuchina, comuna rural “El Cercado”, Monteros. Al mediodía un grupo de militares ingresaron al lugar efectuando disparos interrogando y golpeando a los presentes y prendiendo fuego a los vehículos que estaban en el lugar. Posteriormente se llevaron detenidos al CCD de Santa Lucía. Allí Josefa Nicolaza Oliva fue brutalmente torturada y vejada por aproximadamente tres semanas. Luego fue trasladada a Jefatura de Policía, donde fue fotografiada y le asignaron un número. Tiempo después Josefa Nicolaza Oliva fue liberada en Monteros.

"Te tiraban arriba de ese camión como si fueras una bolsa de papa", contó sobre lo que padeció en su secuestro. “Eran unos caníbales, te violaban, te agarraba uno, te agarraba otro y luego otro", relató.

Josefa dijo que vio morir a alguien desangrado. También que a una mujer que estaba embarazada la dejaron ciega y cuando dio a luz la mataron. “Si vos hubieras dicho dónde está tu marido no te pasaba esto, le dijo Bussi y le dio un disparo”.

Con aberrante comportamiento los genocidas imputados comenzaron a reírse. La abogada querellante Inés Lugones pidió respeto. Por su parte el abogado defensor Maggio pidió pericias a la testigo.

"Era insoportable el olor a podrido", indicó Josefa en su escalofriante testimonio y agregó “si ustedes me dejaran yo mostraría mi cuerpo para que vean cómo quedé. Dejaron deshecha mi vida", dijo antes de retirarse y ser ovacionada por el público ante testimonio tan impactante.

Otro de los casos que se trató fue el de Joaquín Ariño, estudiante universitario, desaparecido el 3 de junio de 1977. Declaró su hermano Pascual quien aseguró que el imputado, ex policía, Chuchuy Linares le había dado información a sus padres sobre la desaparición de Joaquín. Linarez pidió la palabra, dijo que conoció a Pascual pero que no habló con sus padres.

También se abordó la causa sobre la desaparición de Luis Eduardo Falú, más conocido como "Lucho”, ocurrida el 14 de septiembre de 1976, era estudiante de Historia y militante de Juventud Peronista “fue asesinado por el propio Bussi (general Antonio Bussi) con su puño y con su pistola” según afirmaciones de su hermano José Ricardo Falú ministro de Gobierno de Tucumán en el año 2000, en los fondos del Arsenal “Miguel de Azcuénaga” en Tucumán, en 1976.

Por este caso declaró BM "soy víctima y sobreviviente del terrorismo de Estado", expresó en forma contundente. Contó que en junio de 1976 personas armadas con el rostro tapado ingresaron a su casa preguntando por ella.

Luego habló sobre las torturas que vivió en el CCD del Reformatorio. "Comenzó una experiencia terrible, de sensación de muerte” y añadió “me cuesta hablar sobre esta experiencia. Sobre esta experiencia yo cerré los ojos y bajé una cortina".

Respecto a sus interrogadores reconoció a "uno que se hacía llamar 'Vargas' y otro 'Pablo'”.

BM comentó que mientras estaba secuestrada le mostraron una 'tirilla' con fotos carnet de estudiantes universitarios, miembros del movimiento estudiantil. La obligaron a escribir una carta para su madre que decía que estaba detenida por un 'comando antiterrorista'”.

Antes de liberarla quisieron hacer un pacto con ella: liberarla y llevar a su hermana de 18 años. Ella se negó. Luego le dijeron que no haga denuncia, que no cuente lo que le había pasado, que sería vigilada. Tiempo después la citaron y se encontró en un bar con Vargas. La descripción coincidió con el imputado Varela, quien le hizo preguntas sobre Lucho Falú. Le dijo que vaya a su casa y arme una cita con él.

"Vos, creo que tenés tiempo, andate", le dijo BM a Lucho y éste le respondió que no se iría, que él no tenía militancia, ‘¿por qué me llevarían a mí?’, me respondió”.

En este sentido opinó que "era una presión contra la familia Falú, porque pensaron que los Falú se les habían escapado de las manos".

Por otro lado indicó que en el 'Reformatorio' reconoció la voz de OP, testigo que ya declaró en la causa. "Yo tenía 22 años y muchos sueños, que a pesar de todo no pudieron exterminarlos. Mis hijos y mis nietos quizás no tienen el mismo pensamiento que yo hace 40 años, pero esperan un mundo mejor, yo también”, destacó antes de retirarse entre aplausos.

"Se llevaron a mi tía en camisón y descalza"

Expresó en su testimonio María Mercedes Barrionuevo, sobrina de María Tránsito Barrionuevo. Tenía 31 años. Soltera. Argentina. Ama de casa. Secuestrada el 18 de mayo de 1977.

Mercedes contó que su padre fue preso político. Su tía llevaba adelante la causa de su padre. “En el 1976 fuimos una familia muy señalada", recordó. María Tránsito fue liberada en Tafí Viejo. "Teníamos que ser muy cuidadosos por temor de que pudiera volver a ocurrir".

"Mi suegra nunca más se acostó en una cama porque seguramente su hija no tenía una”

Dijo en su testimonio Amalia Beatriz González de Calabró, por la desaparición de Elda Leonor Calabró, apodada "Petisa” era abogada, tenía 38 años, soltera. Defensora de presos políticos. Militante en el peronismo combativo y auténtico. Secuestrada-desaparecida en la vía pública, en San Miguel de Tucumán, el 15 de junio de 1976.

Amalia contó que el día del secuestro, su esposo fue interceptado en la vía pública y se  llevaron a Elda que permanece desaparecida.

Además relató cómo los padres de Elda “entregaron dinero a todas las personas que les pudieran traer alguna información por mínima que sea".

En otro momento de su declaración dijo "ella desapareció, pero aquí mataron a toda la familia” y añadió "la mamá 'malvivió' esos 9 meses. Era un roble, pero la quebraron".

Tiempo después, por el testimonio de Raúl Elías, supieron que Elda Calabró estuvo detenida en Jefatura de Policía.

Fuente: Tucuman Hoy

domingo, 18 de agosto de 2013

Megacausa Jefatura II - Arsenales II Lo secuestraron junto a su padre: "nunca más lo ví"

Dijo en su testimonio Miguel Alberto Argañaráz quien fue secuestrado en 1977 junto a su padre Rosario cuyos restos fueron identificados en Arsenales y enterrados a principio de agosto de este año, luego de 35 años.

Uno de los testimonios más impactantes de la jornada del viernes fue el de Miguel Alberto Argañaráz, víctima de secuestro junto a su padre Rosario Argañaraz. Declaró que lo llevaron en un camión, junto a su papá (tenía 51 años) el 9 de enero 1977. Entre los captores había un policía que identificó como Víctor Gerardo Romano. Luego lo trasladaron a un lugar que parecía una escuela, con aulas, aunque ingresaron maniatados y vendados. Escuchó llantos de mujeres y disparos de armas de fuego.

En ese lugar (aparentemente el Ingenio Nueva Baviera) lo torturaron con 17 años, durante dos meses. Le preguntaban de donde "sacaban la plata", y también si estaban ligados al senador Dardo Molina. Estuvo dos meses en cautiverio y cuando se fue vio a su padre que luego, otros testimonios lo ubican trasladado a Arsenales según Alberto Augier). “Me largaron en marzo, antes hicieron despedirme de él. Nunca más lo vi".

El EAAF lo identificó en las fosas NN a Rosario Argañaraz a comienzo de 2012. A principio de agosto lo enterraron luego de 35 años.

Otro hermano del testigo Antonio Roberto Argañaraz también fue secuestrado en la casa de Simoca, el 10 de enero de 1977 y posteriormente liberado y arrojado moribundo en la ruta 9. Se incorporó por lectura el testimonio que brindó ante la Bicameral. Habló sobre la persecución que sufrió toda la familia y la desaparición forzada del padre, por ser agricultor autónomo, ligado al cooperativismo y sistemas alternativos de producción. "Los pobres eran sospechosos, sobre todo si tenían espíritu de desarrollarse". Finalmente el grupo de tareas de esa localidad les robó el tractor que no habían terminado de pagar.

Otros de los testigos de la jornada fue Carlos Pessa, por la causa de María Teresa 'Mori' Sanchez. Se conocían de la militancia peronista. Según figura en instrucción Mori era maestra diferencial. Vivía con su familia en la calle San Martín 1326, de San Miguel de Tucumán. La secuestraron el 2 de noviembre de 1976. A las 2.30 de la madrugada, fuerzas de seguridad ingresaron a la casa. Preguntaron Mori pero no estaba. Luego de esto los encerraron a los dos en su propia habitación, bajo llave El grupo de tareas se quedó en la casa toda la noche, por la mañana llegaron los hermanos a quienes también encerraron. Alrededor del mediodía llegó Mori de la escuela y el grupo la sorprendió. permanecieron en su casa hasta las 7 de la tarde.

Carlos, es médico, contó que el día del secuestro de 'Mori' también ingresaron a su casa. Pero él logró esconderse. Los secuestradores permanecieron allí hasta la madrugada. Igual situación ocurrió en la casa de Mori. El testigo contó que al día siguiente fue con su padre a presentar una denuncia. Los atendió Varela, le dijo que se vayan tranquilos y que él (Carlos) sería citado con posterioridad. Esa misma noche Carlos fue secuestrado de la casa de un amigo, fue llevado al Comando, donde lo torturaron. Le dijeron que 'Mori' había contado que él hacía curaciones a 'guerrilleros'.

Carlos fue trasladado a Jefatura, luego a Villa Urquiza y finalmente a Sierra Chica. Allí fue liberado.

Otro de los testimonios que se incorporó por lectura fue el de Eugenia Lorandi de Augier, esposa de sobreviviente Alberto Argentino Augier, impresionante relato sobre cuando reaparece Augier arrojado por las bandas de la muerte en Concepción. “Había adelgazado 18 kilos, con melena hasta los hombros y las cejas quemadas”.

Finalmente se incorporó por lectura el testimonio de Emma Jiménez de Giribaldi. Su hijo Osvaldo fue secuestrado y permanece desaparecido desde el 28 de mayo de 1976. Lo secuestraron en el Talar, donde trabajaba, y trasladado a Jujuy. Cuando su familia quiso averiguar de su paradero, un capellán les dijo que Osvaldo había sido trasladado a Tucumán donde fue “juzgado y fusilado”.

Las audiencias continuarán el jueves.
Fuente: Tucuman Hoy

sábado, 17 de agosto de 2013

Quedó detenido Esteban Sanguinetti, ex jefe de Milani


El Juez Federal Daniel Bejas dispuso procesarlo por la desaparición del soldado Ledo. Sanguinetti quedó bajo arresto domiciliario por su edad

TUCUMAN.- Un ex superior del actual jefe Ejército fue procesado hoy con prisión preventiva por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo durante la última dictadura, y se ordenó buscar a los responsables directos de ese crimen por el que fue denunciado el actual comandante castrense, quien podría ser convocado a declarar.

El procesamiento dispuesto por el juez federal tucumano Daniel Bejas recayó en Esteban Sanguinetti, ex jefe de la Compañía Ingenieros de Construcciones que le ordenó al entonces subteniente Milani un informe sobre la supuesta deserción del soldado quien, según entiende ahora la Justicia, fue secuestrado y asesinado.

Sanguinetti declaró y quedó bajo arresto domiciliario por su edad, y ahora se lo procesó como "presunto responsable penal como partícipe del delito de privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado, por omisión de los deberes especiales a su cargo, en perjuicio de Alberto Agapito Ledo".

El juez Bejas debe resolver ahora los pedidos de indagatoria a Milani, cuyo ascenso quedó en suspenso hasta diciembre por orden de la presidenta Cristina Fernández luego de que fracasó en el Senado un primer intento al conocerse estas denuncias por crímenes de lesa humanidad.

A instancias de Sanguinetti, Milani hizo un informe de ocho páginas donde relató circunstancias de deserción de Ledo, diciendo que en la noche del 17 de junio de 1976 "fugó del vivac que la subunidad tiene instalado en el Edificio de Construcción de Escuela de Comercio de la ciudad de Monteros".

En ese reporte de Milani se aseguró que, al fugarse, Ledo -un estudiante de historia- se llevó consigo una serie de elementos que se le habían entregado cuando ingresó como conscripto.
Los organismos de derechos humanos sostuvieron que "los sumarios de deserción fueron el modo de encubrir la desaparición de soldados durante el terrorismo de Estado".

Según el procesamiento, en la indagatoria Sanguinetti aseguró que dio la orden de hacer el acta de deserción y "esa orden recayó en el entonces Subteniente Milani convirtiéndolo en el oficial sumariante y responsable de la investigación profunda del caso y con la misión de dejar constancia por escrito de todo lo relacionado con ese hecho".

"No estábamos preparados para hacer trabajo de escritorio y es posible que el Subteniente Milani haya tenido que desplazarse a otro lugar para disponer de una máquina de escribir yseguramente de alguien que la operara (porque seguramente nosabía escribir a máquina) y es probable en consecuencia que sehaya demorado unas horas en su confección (...) El soldado Ledo para mí era un soldado más que yo no hubiese podido reconocer, porque como dije anteriormente tenía 150 soldados a mis órdenes", afirmó.

Según el juez, no puede sindicarse a Sanguinetti como autor material de la desaparición, por lo que "resulta pertinente recomendar al Ministerio Público Fiscal que profundice la investigación a efectos de poder determinar el modo como se produjo la desaparición forzosa de Alberto Agapito Ledo y para individualizar a los posibles responsables directos de la conducta delictiva".

"Corresponde analizar que Esteban Sanguinetti integraba una micro-estructura de poder que desarrollaba sus funciones al amparo de la vigencia en el país de un plan criminaldiseñado, planificado y ejecutado por las Fuerzas Armadas, quienes detentaban el poder estatal de facto, contra la población civil, y en particular, contra todos aquellos\as que eran discrecionalmente definidos como 'enemigos' del pensamiento político-ideológico que buscaba imponerse desde el gobierno de facto", añadió. (DyN)

viernes, 16 de agosto de 2013

"Nos dijeron que íbamos a 'inaugurar' el Arsenal"

Expresó SA, en su testimonio, ayer, en el marco de la Megacausa Jefatura II – Arsenales II. En su declaración identificó a varios de los integrantes que se encargaban de secuestros, torturas y a los que realizaban tareas de guardias.

Durante la jornada de ayer, en el marco de la Megacausa Jefatura II – Arsenales II declaró SA, a quien se le aplicó el Protocolo de Estocolmo, con el que se protege a víctimas de delitos sexuales en contextos de terrorismo de Estado, por lo que la sala del Tribunal Oral Federal fue desalojada de público y de los imputados. Tampoco puede reproducirse su nombre.

Era estudiante de arquitectura. Integraba, junto a dos compañeras, una célula de superficie del PRT-ERP. Según sus testimonio el 14 de abril de 1976 fue detenida, secuestrada, llevada al campo de concentración que funcionaba en la Escuela Universitaria de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán.

Pocos días después fue trasladada a otro campo, que funcionaba en la Colonia de Menores, conocido como "El Reformatorio". Allí, después de varias sesiones de tortura, brindó a sus captores la identidad y el domicilio de quien era en ese momento su novio, Osvaldo Pérez. Éste era estudiante de Ciencias Económicas y militaba en el Grupo de Base Independiente, una organización estrechamente vinculada al PRT-ERP. También integraba la Comisión del Comedor Universitario y era compañero y discípulo de uno de los más importantes dirigentes estudiantiles del Tucumán de esos años, José “El Macho” Luna.

Pérez logró eludir a los represores por pocos días. Fue capturado en el Chaco, su provincia de residencia. Fue salvajemente torturado en la Jefatura de Policía de Resistencia y después llevado a Tucumán por una patota militar que viajó expresamente para conducirlo al Reformatorio.

La testigo manifestó en todo momento que ella estuvo secuestrada, y que no puede hablarse de “colaboración” en el contexto de encierro en un campo de exterminio, como era el Arsenal. Cuando nos trasladaron allí, nos dijeron que íbamos a ‘inaugurar’ el lugar”, relató. Al sobrevivir, dijo que vió pasar por ese CCDD alrededor de 1000 detenidos.

Estuvo casi todo el tiempo que pasó detenida, según contó, con su entonces novio, Osvaldo Pérez “el Chaqueño”. En su testimonio nombró a varios integrantes de la “patota” que realizaba los secuestros, a los torturadores y a los guardias que quedaban a cargo de los detenidos una vez que se retiraban “los de Inteligencia” (los interrogadores). Entre los secuestradores recordó a una persona que le decían 'Juanca', 'Soplete' González, gendarme Velardez (de Tafí Viejo).

“En el Reformatorio pude hablar con Ernestina Jackel y escuché nombrar a una señora embarazada de dos meses. También estaba otra a la que le decían comadre o panzona, a la que un tal ‘Indio’ sacaba a caminar. Ella decía que, cuando naciera su hijo, la iban a matar. No sé quién era, y podía ver nada porque nos ponían apósitos en los ojos”, dijo S.A.

Ya en el Arsenal, comentó, que supo de la muerte del soldado Toledo Pimentel. “Escuché hablar de que lo habían matado ahí adentro, y esa noche se descargaron la bronca con los demás detenidos”, aseguró. También relató que fue obligada a señalar a gente y a dar nombres. Una de esas personas, dijo, era N.C, una mujer que también declaró bajo el paraguas del Protocolo de Estocolmo por haber sufrido reiteradas vejaciones.

En ese centro de exterminio, según lo denominó, conoció a Ana Cantos, hermana de Germán Cantos, y a Freddy Carbonell, todos ellos desaparecidos. Vio al doctor Argentino Augier, que sufrió aberrantes torturas, como el enterramiento, y que es uno de los sobrevivientes que contó el horror que se vivía dentro del Arsenal.

También vio enterrados al Bombo Abat, a Yolanda Borda. En el Arsenal a Víctor Hugo Safarov, que tenía una gangrena en el brazo, “fue dejado morir sin atención”, dijo. Agregó que López Guerrero (imputado) era parte de la patota de civil. “Lo reconozco porque es arquitecto”.

La testigo se negó a contestar las preguntas de la abogada Laura Figueroa, con quien tuvo entredichos. “Yo soy una sobreviviente, lo prueba el hábeas corpus que presentó mi madre cuando me secuestraron”, insistió.

Durante su testimonio reconoció que fue desnudada y le colocaron picanas en sus genitales pero aclaró que no fue violada.

Causa Medina

Por otra parfte, luego de un cuarto intermedio, continuaron las audiencias en el TOF con la declaracion, de Asunción de Jesús Cerrizuela, su esposo Ángel "Lito" Medina quien fue secuestrado el 27 de septiembre de 1976, a los 29 años. Era casado. Trabajaba de empleado del Banco de la Nación y políticamente se desempañaba como secretario del Partido Comunista. Fue secuestrado de su domicilio en Tucumán.

Asunción contó que esa noche, estaban junto a su esposo, reunidos en su casa, cuando ingresaron muchos hombres armados. Dijo que encañonaron a toda la familia, cuando se llevaron a su esposo, 'Lito'.

La mujer hizo la denuncia, no se quiso retirar de la comisaría hasta que no le den una constancia. Vivía en Monteros.

La testigo expresó que habló con el entonces jefe de la policía, coronel Mario Albino Zimmerman, quien la mandó a Nueva Baviera para que hable con Arrechea. Cuando llegó éste no estaba y habló con otra persona que le dijo que 'ellos habían estado en Fronterita' la noche del secuestro de Lito. Me dijeron que vuelva a mi casa a cuidar a mis hijos, sino me pasaría lo mismo.

Recordó el testimonio del doctor Augier, quien en su declaración dijo que estuvo secuestrado con Lito en Arsenal. En este sentido Asunción sostuvo que habló con Augier cuando éste fue liberado y le manifestó: “cuando yo salí él seguía con vida".

Por esta misma causa declaró Julia del Carmen Medina Gutierrez, hermana de Ángel Alfonso Medina. “Mi hermano en primer lugar era militante. Estaba orgulloso de su militancia. Por él y por los 30.000 desaparecidos lo único que pido es Justicia".

Más tarde declaró Augusto Medina, hijo de Ángel. Tenía 12 años cuando secuestraron a su padre. Habló de la persecución que sufrió su familia durante el Operativo Independencia. "Teníamos que ir a la escuela mirando los autos de frente".

Sobre su papá dijo: “me enseñó a no claudicar en mis ideales. Comprendí la lucha, comprendí el amor a la gente, el amor a un pueblo" y agregó “a mi padre lo sacaron de la casa, esos seres que eran traidores a la patria, porque mi padre era patria” por eso "tienen que ir a cárcel común, son ladrones de vida, son asesinos".

Fuente: Tucuman Hoy