domingo, 1 de septiembre de 2013

Confirmado el procesamiento de un juez tucumano por delitos de lesa humanidad

Un garante de la impunidad

El ex magistrado Manlio Torcuato Martínez deberá responder por delitos con penas de hasta 20 años de prisión. Entre 1975 y 1976 el ex magistrado rechazó 325 acciones de hábeas corpus. La Cámara señaló que “rendía cuentas de su labor” ante los represores.
El ex juez Manlio Martínez, cuya designación fue impulsada por Adel Vilas, jefe del Operativo Independencia.

La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento del ex juez Manlio Torcuato Martínez por encubrir desde el Poder Judicial los crímenes de la dictadura en esa provincia. La designación de Martínez en 1975 había sido impulsada por el general Adel Vilas, ex jefe del Operativo Independencia, como se conoce a la antesala del terrorismo de Estado, y en apenas un año rechazó 325 hábeas corpus que los familiares presentaban tras la desaparición de sus seres queridos. En línea con la apelación presentada por el fiscal general Antonio Gómez, los camaristas Ernesto Clemente Wayar, Juan Carlos Reynaga y Graciela Fernández Vecino sostuvieron que Martínez garantizó “impunidad a los autores” con “tolerancia y encubrimiento de las prácticas del aparato represivo del Estado”. Con la confirmación y ampliación del procesamiento, que incluye la figura de asociación ilícita rechazada por el juez Daniel Bejas, “el camino hacia el juicio oral y público se acorta considerablemente”, informó la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público en Tucumán. “Martínez deberá responder en esa instancia por delitos con penas de hasta 20 años de prisión”, precisó.

El 20 de mayo de 1976 el Ejército fusiló a los militantes montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz en una vivienda de calle Azcuénaga 1816 de San Miguel de Tucumán, crímenes que se probaron en un juicio que concluyó en 2011. El fiscal Carlos Brito impulsó luego la acusación contra Martínez por su inacción ante las ejecuciones y destacó que cumplía de esa forma la promesa que había hecho al ser designado, de no entorpecer la represión ilegal en Tucumán y garantizar la impunidad de Vilas, Bussi & Cía.

Martínez reconoció que estuvo presente en el lugar el día de la masacre y no ordenó ninguna medida de investigación, dando por cierta la versión del “enfrentamiento” pese a las evidencias en contrario. La fiscalía puntualizó una veintena de medidas que podría haber adoptado, y señaló que esa inacción implicaba incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de los autores de delitos. La Cámara puntualizó ahora que esa conducta tuvo “el propósito de consolidar el hecho de que los autores de los homicidios (delitos de lesa humanidad) permanezcan fuera del alcance de la Justicia”.

Una segunda imputación se relaciona con la persecución penal del propietario de la casa donde ocurrió el fusilamiento, Miguel Romano, a quien indagó sin abogado defensor, recluyó en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía y entregó al ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía, Roberto “El Tuerto” Albornoz. La fiscalía ponderó que Martínez mantuvo detenido a Romano durante más de un año y luego lo sobreseyó con las mismas pruebas por las que había decidido detenerlo. Durante ese tiempo lo privó de las medicinas que necesitaba por sus problemas de salud mental, y Romano terminó internado en una clínica psiquiátrica. El ex juez fue procesado por esos hechos por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada.

“No estamos ante errores humanos en la gestión judicial sino frente a la tolerancia y encubrimiento de las prácticas del aparato represivo del Estado, garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”, estableció la Cámara, y recordó que esa acción fue consecuente con un modo de obrar: entre 1975 y 1976 el ex magistrado rechazó 325 acciones de hábeas corpus motivadas en el secuestro de personas por parte de las fuerzas armadas y de seguridad. Martínez “tenía un rol asignado en la cadena de mandos del aparato represivo y rendía cuentas de su labor frente a los estratos superiores del mismo”, apuntó la Cámara, y en ese sentido “formó parte de una asociación criminal cuyo objetivo principal fue eliminar opositores políticos o ideológicos del régimen”.

Fuente: Pagina 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada