domingo, 22 de septiembre de 2013

Andhes denuncia y repudia actos intimidatorios a sus querellantes en el Megajuicio

Cerca del final del sexto juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Tucumán, un proceso penal con todas las garantías, desde andhes hacemos público y repudiamos actos con claros fines intimidatorios contra nuestros letrados querellantes, por parte de quienes se resisten al avance de la verdad histórica y la justicia en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado en nuestro país.

El día 4 del corriente, la Dra. Valentina García Salemi fue víctima de un robo, de particulares características, en su domicilio particular; mientras seis días después se produjo una clara intimidación telefónica recibida por la familia del letrado Daniel Weisemberg, ambos querellantes de andhes en la Megacausa “Jefatura II-Arsenales”que se desarrolla en nuestra provincia.

Los hechos fueron debidamente denunciados y la justicia se encuentra investigando, así como también ha tomado cartas en el asunto el Tribunal Oral Federal de Tucumán,en aras de garantizar el libre ejercicio de la profesión por parte de querellantes en juicios de lesa humanidad.

La grave situación que hoy denunciamos, denota la importancia de profundizar debates democráticos hacia adentro de las instituciones de seguridad. En particular lo acontecido  refleja la presencia en la actualidad de células anacrónicas, pero aún vigentes, que mediante prácticas propias de esquemas ilegales y del terror, pretenden evitar los contundentes avances en materia de investigación y juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico-militar.

No es la primera vez que situaciones como estas se presentan en el marco de procesos de juzgamiento de la dictadura genocida que se llevan adelante a largo del país. De allí,remarcaron desde andhes, la importancia procesal y objetiva de la prisión preventiva como modalidad cautelar y de la cárcel común a todos aquellos que resulten condenados en estos juicios. En este contexto, finalizaron desde la ONG, estos acontecimientos no pueden sino entenderse como intentos vanos de frenar y obstaculizar el desarrollo de los juicios, la construcción colectiva de la memoria y el descubrimiento de la verdad histórica que se produce paso a paso en cada fosa hallada, con cada resto identificado y en cada restitución a su familia de quienes durante más de 37 años permanecieron como desaparecidos.

Arsenales II -Jefatura II : Las víctimas y los peritos recrearon el horror del Arsenal

Los familiares presenciaron parte del recorrido por el centro de detención y exterminio

TORTURAS. El sobreviviente Ramón Brizuela mostró dentro del "Galpón N° 9" cómo los detenidos debían mantenerse en pie durante todo el día. LA GACETA / FOTOS DE JORGE OLMOS SGROSSO
Una carta ("Abuelo te extraño. Santi"); dos plantines con flores; cuatro retratos de víctimas y claveles blancos desparramados. Familiares de víctimas del terrorismo de Estado dejaron esos recuerdos sobre un montículo. El altar se armó espontáneamente frente a la enorme estructura -de 35 por 20 metros- que cubre las cinco fosas comunes en la que se hallaron restos de desaparecidos en el ex Arsenal "Miguel de Azuénaga" (Las Talitas).

La imagen resume lo vivido ayer durante la inspección ocular celebrada allí por la megacausa "Arsenales II-Jefatura II". Los peritos hicieron hablar a las huellas del horror y los relatos de los sobrevivientes llevaron a los presentes a sus días de terror. Sin embargo, los familiares de víctimas, con cánticos, fotos y lágrimas, hicieron que la muerte retrocediera y que los ausentes estuvieran allí.

La entrada al infierno
O.T. (testigo protegido) escudriñó el paisaje y dictaminó que sobre los caminos había un poco más de árboles y de maleza que hace 37 años. Junto a los geólogos y arqueólogos del Giaat y del Camit, el ex gendarme guió al Tribunal Oral Federal (TOF) y a los abogados defensores (los oficiales no asistieron) y querellantes en la primera parte de la inspección. El testimonio del hombre, que cumplió funciones en el Arsenal en los 70', fue clave para la causa porque aportó detalles precisos del funcionamiento del lugar y de la ubicación de las fosas. El Arsenal es considerado el centro clandestino de detención y exterminio (CCD) más grande del NOA. Habría funcionado desde principios de 1976, según los testimonios. Allí eran trasladados los secuestrados que estaban alojados en centros más chicos. El terreno tiene varias hectáreas, parte de ellas de monte. Al CCD se entraba por un camino de tierra, paralelo a la ruta Nº 9. Es conocido como "camino histórico". El trazado fue reabierto para la inspección, en base a estudios de peritos. También había una red de senderos que unían distintas áreas del centro. A mitad del trayecto, O.T. mostró los restos de la llamada "Casa Vieja", donde vivían los gendarmes (se habrían encargado de la custodia de detenidos). "Era bastante antigua. Estas que están en el piso son las tejas que tenía", recordó. Mientras, removía con el pie una y otra vez las ruinas de la construcción. El perito Ruy Zurita explicó que habría sido volteada con una pala mecánica. Otra parada en el recorrido fue en el "Galponcillo", una casita cuyas paredes internas están cubiertas con brea. Pruebas científicas incluidas en el expediente dan cuenta de que en el piso se hallaron manchas que podrían ser de sangre humana.

El infierno

El "Galpón N°9" fue el "infierno" para los secuestrados. La segunda parte del reconocimiento se desarrolló allí. Desde afuera, la edificación parece más pequeña que lo que es. De forma rectangular y techo a dos aguas, conserva su forma original. Parte de la cerca alambrada que la rodea también sería de aquella época. Las que no están son las casillas prefabricadas que se habrían usado para las torturas y que se ubicaban en las esquinas del perímetro cerrado.

El Galpón está dividido en dos, con entradas independientes. Las pequeñas ventanas -son las originales- apenas dejan entrar la luz y el aire. Por ello, la tensión y la angustia hicieron que adentro casi no se pudiera respirar. Allegados de Luis Falú y Ana Sosa-víctimas de la causa- se quebraron al conocer el tétrico espacio. Sobre todo, porque los sobrevivientes mencionaron las celdas en las que vieron a sus seres queridos.

Cada una de las salas habría albergado entre 30 y 40 personas. Ramón Brizuela fue una de ellas. "Aquí estaba yo ¿saben cómo nos tenían? Así, parados contra la pared todo el día", demostró con poses el hombre que fue secuestrado en mayo de 1976. En la penumbra, sólo brillaban dos focos que colgaban del techo y sus ojos, húmedos, iban y venían mientras dibujaba con las manos los tabiques de madera que separaban a una víctima de otra. Los peritos encontraron marcas de cómo estaba dividido el espacio en celdas ínfimas. "Aquí pasé momentos terribles, por la opresión y los golpes. De aquí se escuchaban los gritos de las torturas", relató Brizuela. "Una vez conté y había 25 pies de cada lado", aportó Ernestina Yackel (secuestrada en marzo de 1976). "Aquí estaba 'Lucho' Falu y aquí Enrique Sánchez", mostró Cristina Rodríguez (secuestrada en septiembre de 1976). O.P. (testigo protegido) fue una de las víctimas que más tiempo pasó recluido (entre julio de 1976 y junio de 1977). "La salida del sol marcaba la gloria de haber sobrevivido un día más", resumió tras dar datos precisos del lugar.

Peritos policiales expusieron sobre las pruebas que se efectuaron en los muros para hallar manchas de sangre y para detectar disparos. Detectaron huellas que podrían ser del fluido y orificios que serían compatibles con impactos de armas.

En una de las habitaciones, estaba exhibido un tacho que se habría usado para sumergir a los detenidos. Ese era uno de los métodos de tortura. Los sobrevivientes describieron terribles muertes de compañeros como consecuencia de esas prácticas: dijeron que vieron a algunos enterrados hasta el cuello y a otros, colgados. También coincidieron en que escuchaban ráfagas de disparos con frecuencia. Una prueba para constatar esto último estremeció a todos. Un soldado hizo dos disparos al aire a 100 metros del Galpón, donde están las fosas . Ambas detonaciones se escucharon con claridad y sobresaltaron a los participantes.

El final

Los restos hallados en las cinco fosas comprenden las pruebas más irrefutables de lo ocurrido en el CCD. Ocurre que, detenidos que fueron vistos en las celdas por testigos terminaron en los pozos de inhumación común, según las 12 identificaciones efectuadas por el EAAF. El antropólogo Juan Nóbile detalló cómo fue el minucioso trabajo que realizaron. Describió que los cuerpos fueron quemados y las fosas, removidas con máquinas y reutilizadas, y que eso no permitió que hubiera más identificaciones por el momento. Mostró que también se encontraron proyectiles asociados a los esqueletos.

Mientras exponía, familiares le hacían la misma consulta: "¿puede haber aquí más identificaciones?". Esperaban una respuesta, confiaron, con la ilusión de tener algún día donde recordar a los suyos aunque sea con un pequeño altar.

Otros sectores.- La inspección ocular incluyó también recorridos por la Compañía de Arsenales, ubicada en otro punto del predio militar. Allí, testigos reconocieron puestos de control, galpones y dependencias que mencionaron en sus declaraciones. También se hizo lo mismo en el frente del edificio en el que funcionó el CCD denominado "El Motel", frente al Arsenal. Al cierre de esta edición estaba previsto que el TOF y las partes recorrieran también el Instituto San Benito.

Fosas comunes.- Las fosas comunes fueron descubiertas en 2009. Los primeros restos humanos se hallaron en 2011. De los 13 esqueletos encontrados, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó a 12. El restante estaba demasiado quemado como para obtener material genético, explicaron los especialistas. En los pozos fueron inhumados de manera clandestina una cantidad de víctimas que no se puede determinar.

LOS IDENTIFICADOS.- En la fosa 4 se reconocieron restos de 12 hombres que pasaron de ser desaparecidos a ser ciudadanos asesinados durante la dictadura. Se trata de: José Máximo Tapia, Damián Octavio Márquez, Pedro Guillermo Corroto, Juan Ángel Jiménez, Avelino Alarcón, Miguel Avelino Alarcón, Hugo Marcelo Alarcón, Ricardo Salinas, Felipe Urueña, Rosario Argañaraz, Eduardo Vizcarra y José Luis Maldonado.

Así sigue el juicio.- El debate comenzó hace 10 meses. Las víctimas suman más de 220 y los imputados, 41. Está previsto que el 10 de octubre las partes comiencen con los alegatos.

Todos presentes.- De las inspecciones participaron los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas, Juan Carlos Reynaga y Hugo Cataldi; los fiscales Leopoldo Peralta Palma, Pablo Camuña y Patricio Rovira; los abogados querellantes y los defensores particulares de los imputados.

domingo, 1 de septiembre de 2013

Confirmado el procesamiento de un juez tucumano por delitos de lesa humanidad

Un garante de la impunidad

El ex magistrado Manlio Torcuato Martínez deberá responder por delitos con penas de hasta 20 años de prisión. Entre 1975 y 1976 el ex magistrado rechazó 325 acciones de hábeas corpus. La Cámara señaló que “rendía cuentas de su labor” ante los represores.
El ex juez Manlio Martínez, cuya designación fue impulsada por Adel Vilas, jefe del Operativo Independencia.

La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento del ex juez Manlio Torcuato Martínez por encubrir desde el Poder Judicial los crímenes de la dictadura en esa provincia. La designación de Martínez en 1975 había sido impulsada por el general Adel Vilas, ex jefe del Operativo Independencia, como se conoce a la antesala del terrorismo de Estado, y en apenas un año rechazó 325 hábeas corpus que los familiares presentaban tras la desaparición de sus seres queridos. En línea con la apelación presentada por el fiscal general Antonio Gómez, los camaristas Ernesto Clemente Wayar, Juan Carlos Reynaga y Graciela Fernández Vecino sostuvieron que Martínez garantizó “impunidad a los autores” con “tolerancia y encubrimiento de las prácticas del aparato represivo del Estado”. Con la confirmación y ampliación del procesamiento, que incluye la figura de asociación ilícita rechazada por el juez Daniel Bejas, “el camino hacia el juicio oral y público se acorta considerablemente”, informó la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público en Tucumán. “Martínez deberá responder en esa instancia por delitos con penas de hasta 20 años de prisión”, precisó.

El 20 de mayo de 1976 el Ejército fusiló a los militantes montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz en una vivienda de calle Azcuénaga 1816 de San Miguel de Tucumán, crímenes que se probaron en un juicio que concluyó en 2011. El fiscal Carlos Brito impulsó luego la acusación contra Martínez por su inacción ante las ejecuciones y destacó que cumplía de esa forma la promesa que había hecho al ser designado, de no entorpecer la represión ilegal en Tucumán y garantizar la impunidad de Vilas, Bussi & Cía.

Martínez reconoció que estuvo presente en el lugar el día de la masacre y no ordenó ninguna medida de investigación, dando por cierta la versión del “enfrentamiento” pese a las evidencias en contrario. La fiscalía puntualizó una veintena de medidas que podría haber adoptado, y señaló que esa inacción implicaba incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de los autores de delitos. La Cámara puntualizó ahora que esa conducta tuvo “el propósito de consolidar el hecho de que los autores de los homicidios (delitos de lesa humanidad) permanezcan fuera del alcance de la Justicia”.

Una segunda imputación se relaciona con la persecución penal del propietario de la casa donde ocurrió el fusilamiento, Miguel Romano, a quien indagó sin abogado defensor, recluyó en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía y entregó al ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía, Roberto “El Tuerto” Albornoz. La fiscalía ponderó que Martínez mantuvo detenido a Romano durante más de un año y luego lo sobreseyó con las mismas pruebas por las que había decidido detenerlo. Durante ese tiempo lo privó de las medicinas que necesitaba por sus problemas de salud mental, y Romano terminó internado en una clínica psiquiátrica. El ex juez fue procesado por esos hechos por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada.

“No estamos ante errores humanos en la gestión judicial sino frente a la tolerancia y encubrimiento de las prácticas del aparato represivo del Estado, garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”, estableció la Cámara, y recordó que esa acción fue consecuente con un modo de obrar: entre 1975 y 1976 el ex magistrado rechazó 325 acciones de hábeas corpus motivadas en el secuestro de personas por parte de las fuerzas armadas y de seguridad. Martínez “tenía un rol asignado en la cadena de mandos del aparato represivo y rendía cuentas de su labor frente a los estratos superiores del mismo”, apuntó la Cámara, y en ese sentido “formó parte de una asociación criminal cuyo objetivo principal fue eliminar opositores políticos o ideológicos del régimen”.

Fuente: Pagina 12

Después de 37 años, volvieron al lugar de su secuestro, en la Escuela de Educación Física

MEGACAUSA JEFATURA II - ARSENALES II
Se realizó esta mañana un reconocimiento del centro clandestino de detención que funcionaba en el predio universitario de avenida Benjamín Aráoz al 800.
"EL REFORMATORIO". Durante la tarde se realizó un reconocimiento ocular. 
Después de 37, volvieron al lugar donde fueron secuestrados y torturados
"En este lugar convivíamos todo el tiempo con la muerte. Me sentía como muerta en vida", dice Juana Peralta, y recuerda que vivió tres intentos de fusilamiento en la Escuela de Educación Física. "Me despedí miles de veces", relata, mientras recorre, después de 37 años, el centro clandestino donde estuvo secuestrada y fue torturada.

Esta mañana se realizó un reconocimiento del lugar de detención ilegal que funcionaba en la locación universitaria de avenida Benjamín Aráoz al 800, como parte del juicio por crímenes de tortura, secuestro, homicidio y otras violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Operativo Independencia y luego del golpe militar de 1976. Hoy, en el lugar (en la planta alta) hay oficinas.

Cuando Juana declaró ante el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas, y Juan Carlos Reynaga, contó sobre las torturas recibidas mientras estuvo embarazada.

También Francisco Rafael Díaz, Teresita Yackel y Ramón Brizuela, testigos en la Megacausa "Jefatura de Policía II-Arsenales II", recorrieron el lugar. Recordaron los espacios, los ruidos, reconocieron la escalera por la que fueron llevados y el trampolín de la pileta, que pudieron ver mientras estaban secuestrados.

Durante la tarde, en tanto, se realizó el reconocimiento ocular en el CCD conocido como "El Reformatorio" (Francisco de Aguirre al 500).

Fuente: la Gaceta

Estremecedor testimonio de Juana Peralta de Pedregosa en el juicio por Arsenales
"Se ensañaron con mi panza. Mi hijo nació prematuro y quebrado por los golpes que me daban"
 
Una mujer que fue secuestrada y torturada durante la última dictadura realizó hoy un reconocimiento del lugar de detención ilegal que funcionaba en la Escuela de Educación Física de Tucumán y aseguró que este espacio "era un infierno, donde conviviamos todo el tiempo con la muerte". Juana Rosa Peralta de Pedregosa, una de las testigos que declaró en la megacausa "Jefatura de Policía II-Arsenales II", recorrió hoy el lugar donde estuvo detenida. La inspección ocular fue ordenada por los jueces del Tribunal Oral Federal Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas, y Juan Carlos Reynaga se realizó en el marco del juicio oral por la megacausa conocida como "Jefatura-Arsenales".
"Hoy reviví el horror", aseguró Peralta de Pedregoza al finalizar el recorrido y recordó que "cuando estábamos aquí no sabíamos si saliamos vivos o muertos". Cuando Peralta de Pedregosa declaró ante el Tribunal Oral Federal que lleva adelante la megacusa contó sobre las torturas recibidas mientras estuvo embarazada.

"Se ensañaron con mi panza y mi hijo varón nació en cautiverio a los seis meses y medio de embarazo, prematuro y quebrado por los golpes que me daban", apuntó e indicó que "esas secuelas lo acompañaron toda la vida y hoy, con 37 años, tiene problemas en las caderas y piernas".

En declaraciones realizadas luego de la inspección, la mujer sostuvo que "a partir de lo que viví creo en los milagros y esto es importante para mi porque el deseo de justicia es más grande que el miedo".

Hoy volvió al lugar donde permaneció en cautiverio y reconoció parte del edificio, incluyendo la zona de vestuarios de mujeres. "Eso era un infierno viviente", insistió y destacó que en uno de los traslados que eran sometidos "pude saber que también estaba mi marido", Manuel Francisco Pedregosa, que sigue desaparecido. "Sentí que convivía con la muerte, destruyeron mi juventud y una parte de mi vida. De eso uno no se olvida jamás", expresó.
  
A Peralta de Pedregosa la secuestran el 13 de marzo de 1976 de la casa de su madre por averiguación de antecendentes y el mismo día llevaron a su esposo, que era empleado ferroviario y cumplía funciones en la estación de Ranchillos.
  
También recorrieron el edificio Francisco Rafael Díaz, Teresita Yackel y Ramón Brizuela, testigos en la megacausa "Jefatura de Policía II-Arsenales II".
  
Recordaron los espacios y reconocieron la escalera por la que fueron llevados y el trampolín de la pileta, que pudieron ver mientras estaban secuestrados.
  
De esta forma se completó otra jornada del juicio que tiene 41 imputados acusados de tortura, secuestro, homicidio y otras violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Operativo Independencia y luego del golpe militar de 1976.

Mafalda Margarita y María Elena expresaron sus sentimientos al enterarse que identificaron los restos de su hermano en Pozo de Vargas.

"Hoy comenzamos a cerrar una larga y dura historia”

Mafalda Margarita Ybarra y María Elena Ybarra de Bargós .
 Días atrás se dio a conocer que los restos de Emilio Antonio Ybarra, un bandeño desaparecido el 13 de marzo de 1976 fueron identificados por un grupo de antropólogos en una fosa de la localidad de Pozo de Vargas, en la provincia de Tucumán.  Sus hermanas Mafalda Margarita Ybarra y María Elena Ybarra de Bargós recibieron la noticia y comenzaron el camino “para concluir lo que fue una larga historia de lucha y espera”. En diálogo exclusivo con Nuevo Diario repasaron la cruda etapa que vivieron y que hoy intentan cerrar. “Teníamos 30 y 31 años cuando Emilio desapareció, él era nuestro hermano mayor y el hecho destrozó a nuestra familia”, dijeron entre lágrimas.

“Esto fue una lucha que empezó nuestra madre hace 37 años y que luego de fallecer, la seguimos nosotras, fue difícil, no pensábamos que íbamos a llegar a esto, porque si bien es doloroso, a su vez nos da alegría saber que él ya no es más un desaparecido”, aseguraron Mafalda y María Elena, mientras recordaron cómo era su hermano Emilio, “él era una persona responsable, bueno con sus ideales, formas de pensar diferentes, de esa forma, nosotros lo aceptamos”, expresaron.

Emilio desapareció un 13 de marzo de 1976, a sus 33 años y sus familiares, también vivieron persecuciones en la época “fuimos perseguidas, juzgadas, siempre fuimos las “hermanas de”, simplemente por pensar diferente”, dijeron y agregaron “aún así queremos darle el honor que él se merece por haber sido una persona superadora en todos los aspectos”, aseguraron.

“Hoy nos entregan sus huesos, fue duro enterarnos, pensábamos que estábamos preparadas, pero es más duro de lo que imaginamos”, comentaron y para concluir dijeron: “Ahora el juez de Tucumán determinará el día que nos darán los restos, cuesta procesar lo que está pasando, pero tenemos la tranquilidad de que se cierra una larga historia, llena de contratiempos, al final llegaremos a darle una cristiana sepultura y recordarlo como lo que realmente fue. Está muerto y sabemos que ya descansa en paz junto con nuestros padres, esta fortaleza que tenemos viene de la fe, porque golpes como estos, lastiman profundamente”, confesaron.

Para concluir expresaron “quisiéramos ver a los responsables pagar por esto, todo ser humano tiene derecho a que con justicia se los juzgue y si a nuestro hermano, por tener pensamientos diferentes había que juzgarlo, lo tendría que haber hecho la justicia, y no ellos que lo hicieron desaparecer, quizás en un largo tiempo lo asimilemos, pero ya empezamos este camino”.
Fuente: http://www.nuevodiarioweb.com.ar