sábado, 5 de octubre de 2013

Megacausa Jefatura II - Arsenales II Ampliaron imputaciones contra 18 represores por delitos sexuales


El Tribunal Oral Federal de Tucumán hizo lugar al pedido de la Fiscalía y abogados querellantes y se decidió ampliar imputaciones por delitos sexuales contra 18, en su mayoría ex policías, de los 41 acusados que tiene el juicio.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán hizo lugar, ayer, al pedido de la Fiscalía que encabeza Leopoldo Peralta Palma y los abogados de las querellas, para que se amplíe la imputación contra varios acusados por crímenes de lesa humanidad, ahora por delitos sexuales, cometidos durante la dictadura, en los centros clandestinos de detención de Jefatura de Policía y la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga.

En el caso de delitos sexuales cometidos contra EC, se hizo lugar la ampliación contra Roberto "el Tuerto" Albornoz (ex policía de Tucumán, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura). Por los abusos contra TG y CM fueron acusados Ernesto Rivero (Gendarme, CCD Arsenal), Tomás Adolfo Güemes (Gendarme, CCD Arsenal y 5ta Brigada de Infantería) y Fernando Torres (Militar, Oficial del 142), como partícipes necesarios. Como autor mediato, se imputó a Luis Varela (Militar, Oficial del 142).

También se amplía la acusación por el caso de Calabró contra erto Barraza (Gendarme, CCD Arsenal), Hugo Javier Figueroa (ex Policía, Miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura) y Félix Insaurralde (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura). Por ese mismo delito se imputó a Juan Abraham (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Ricardo Sánchez (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Rolando Reyes Quintana (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura) como partícipes necesarios.

María Rosa Acosta de Barraza (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Miguel Chuchuy Linares (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Guillermo Ugarte (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), fueron imputados como partícipes necesarios del delito de violación. Lo mismo que Luis De Cándido (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura), Félix Insaurralde y Pedro Pasteris (ex policía, miembro del SIC/D2 y del CCD Jefatura).

Tanto Rivero como Torres hicieron uso de la palabra y afirmaron no conocer a las víctimas de los delitos que se les imputa. Por su parte el imputado Figueroa, también imputado como partícipe necesario en el delito de violación sexual, dijo que “inocente de las aberraciones de las que lo acusan”.

No se hizo lugar, en cambio, al pedido de ampliación por delitos de robo doblemente agravado, que también había pedido la Fiscalía.

El tribunal dispuso que las defensas tendrán hasta el 17 de octubre para preparar las pruebas.

El jueves que viene continuará la recepción de testimoniales.

En la causa por los crímenes de secuestro, tortura, homicidio agravado y desaparición de personas hay 41 imputados, entre los cuales hay ex militares, ex policías, ex gendarmes, civiles y un sacerdote.

Fuente: Tucuman Hoy

jueves, 3 de octubre de 2013

Inspección ocular en Santa Lucía y Caspinchango


Publicado por Gabriela Cruz
El jueves 26 de setiembre se realizó la ultima inspección ocular del juicio por la megacausa Jefatura II – Arsenales.

La medida inició en la Comuna Rural ‘Santa Lucía’ donde, en febrero de 1975, se instaló la Base Militar. En ese lugar, según indican los testimonios, se encontraba un sótano en el que se torturaba.

Los testigos que participaron de esta inspección fueron: Juan Manuel Quinteros, Domingo Antonio Jeréz, Manuel Humberto Suarez, Lucía Mercado, María Candelaria Moyano, Oscar Godoy, Julio Antonio Ahumada, María del Valle Segura, Francisco Vega y Lucía Aguilar.

Luego se realizó el reconocimiento en la Localidad de Teniente Berdina (Caspichango). En la zona conocida como la ‘Chimenea Mota’ estuvo instalada una base. Testigos sobrevientes indicaron los lugares donde fueron sometidos a torturas.

De esta última instancia participó Domingo Antonio Jeréz (ex conscripto) y Juan Manuel Quinteros.
Fotografías de Agencia Infoto

Fue en Santa Lucía y Caspinchango, donde grupos del Ejército montaron bases en antiguos ingenios azucareros para comandar la represión en la zona durante la dictadura. El objetivo del procedimiento judicial fue que víctimas y testigos reconocieran los sitios donde se cometieron los crímenes.
Ambos lugares habían funcionado como ingenios azucareros, pero durante la dictadura fueron utilizados por grupos del Ejército para comandar la represión en la zona. Las bases instaladas en pleno monte dependían de los regimientos N° 19 de Tucumán y N° 28 de Tartagal.

El objetivo de las inspecciones oculares fue que víctimas y testigos reconocieran los sitios, que fueron ocupados por las fuerzas armadas desde 1975 por el llamado “Operativo Independencia”.  Los integrantes del tribunal,  los fiscales  y testigos, recorrieron los lugares junto al público, entre el que había abogados, familiares de víctimas y vecinos.

"Fueron dos pueblos intervenidos militarmente entre 1975 y 1979. Durante todo el tiempo hicieron un control de la población, con secuestros, allanamientos ilegales y abusos sexuales dentro de la misma vivienda de las víctimas. La experiencia concentracionaria se extendió a todo el pueblo", había explicado la semana pasada Camuña.

Cabe recordar que el viernes 20 se inspeccionó el Pozo de Vargas -una fosa común en un aljibe-  y antes se hizo lo propio en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, en la Escuelita de Famaillá, en el ex Ingenio Nueva Baviera y en la comisaría de Monteros. El proceso, en el que se juzgan las responsabilidades que tendrían 41 imputados en 206 casos sobre privaciones de libertad, torturas, homicidios y delitos sexuales, está ingresando a las etapas finales; se estima que los alegatos tendrán lugar a fines de octubre.

martes, 1 de octubre de 2013

Piden ampliar acusaciones contra 23 de los imputados

Fiscales y querellantes requirieron que se los juzgue por abusos sexuales y por robos. El Tribunal Oral Federal tucumano deberá decidir si admite que se le imputen nuevos delitos a los acusados.

Relatos de abusos sexuales. Detalles sobre robos en casas y negocios. Descripciones de quiénes habrían participado de las ejecuciones al borde de las fosas. Esos aportes de gran parte de los más de 350 testigos que ya declararon en la megacausa "Arsenales II- Jefatura II" motivaron al Ministerio Público Fiscal (MPF) y a las querellas particulares a efectuar un planteo que podría cambiar el rumbo del debate. A poco de que concluyera la etapa de producción de pruebas en el proceso (juzga a 41 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 210 víctimas durante el terrorismo de estado), plantearon la ampliación de la acusación. Es decir, que se enrostren nuevos delitos o agravantes a los acusados. El Tribunal Oral Federal (TOF)

os fiscales Leopoldo Peralta Palma, Pablo Camuña y Patricio Rovira consideraron que durante las 60 audiencias se conocieron hechos inéditos. "Se produjeron circunstancias novedosas que permiten tener por probados hechos que integran lo que en doctrina se llama continuidad delictiva. Es decir, que están vinculados a la imputación primigenia", argumentó Camuña. Explicó que los crímenes están relacionados con una secuencia común en torno a la desaparición forzada (secuestro-traslado a un centro clandestino-tortura y "disposición final").

El requerimiento fue dividido en cuatro instancias. La primera refiere a los delitos sexuales presuntamente cometidos en los dos centros clandestinos. Camuña mencionó tres casos: los de T.G, C.M y E.C (se reserva la identidad por el protocolo de protección de víctimas). Una testigo protegida relató que T.G le habría comentado -ambas habrían estado en el Arsenal- que fue violada delante de su marido, también secuestrado. El MPF requirió que se impute por ello al ex militar Luis Varela como autor mediato y a Ernesto Rivero, Héctor Montes de Oca, Fernando Torres y Tomás Adolfo Güemes como partícipes necesarios.

C.M había declarado que en el Arsenal había sufrido agresiones sexuales. Camuña recordó que la desnudez y las amenazas de violación, como las mencionadas por la víctima, constituyen actos de violencia sexual. Solicitó que se enrostre a Varela ser autor mediato de abuso deshonesto y a Rivero, Montes de Oca, Torres y Güemes el desempeñarse como presuntos partícipes necesarios.

Los ataques contra E.C, en cambio, habrían ocurrido en los calabozos de la Jefatura. Pidió que por ellos se acuse de supuesta violación agravada a Roberto Albornoz (autor mediato) y Juan Abraham, Oscar Sánchez, Rolando Reyes, Luisa Acosta, Miguel Chuchuy Linares, Javier Figueroa, Humberto Gómez, Felix Insaurralde, Pedro Pasteris, Guillermo Ugarte, Antonio Vercellone y Luis De Cándido (partícipes necesarios).

En una segunda parte, los representantes del MPF afirmaron que el robo de bienes de secuestrados "era parte de un patrón operativo de los imputados", dado que se consideraban "botines de guerra". Enumeraron una serie de siete hechos en los que viviendas y comercios fueron desmantelados. También incluyeron robos de vehículos. Solicitaron que se acuse, por los diferentes episodios a Jorge Lazarte, Albornoz y Varela como autores mediatos. Mientras que a Gómez, De Cándido, Abraham, Sánchez, Reyes Quintana, Acosta, Chuchuy Linares, Figueroa, Insaurralde, Pasteris, Ugarte, Vercellone, Torres, Güemes y Ramón Ojeda Fuentes como necesarios.

En una tercera instancia, requirieron que se les enrostre la participación dolosa en homicidios cometidos en el Arsenal a los jefes de Gendarmería, al entender que conocían que sus subordinados participaban de las ejecuciones. Se trata de Rivero, Montes de Oca, José Sowinski y Güemes. Rovira aclaró que sólo habían sido acusados hasta ahora por los secuestros y torturas. Por último, el MPF opinó que los entonces jefes de la Compañía de Arsenales- Hugo Soto y Pedro Caballero- deberían ser juzgados por los delitos cometidos en el centro clandestino que funcionó allí. Afirmaron que no podría haber operado sin la logística que habrían facilitado.

Las querellas también pidieron ampliaciones. El TOF determinó que pudieran hacerlo (la normativa sólo prevé que las requiera el MPF). Los abogados defensores Facundo Maggio y Ciro Lo Pinto plantearon la nulidad de esta resolución.

"El TOF decidirá si levanta la barrera para que pase la acusación. Si hace lugar, las defensas podrán aportar las pruebas que considere", adelantó Rovira.