martes, 1 de octubre de 2013

Piden ampliar acusaciones contra 23 de los imputados

Fiscales y querellantes requirieron que se los juzgue por abusos sexuales y por robos. El Tribunal Oral Federal tucumano deberá decidir si admite que se le imputen nuevos delitos a los acusados.

Relatos de abusos sexuales. Detalles sobre robos en casas y negocios. Descripciones de quiénes habrían participado de las ejecuciones al borde de las fosas. Esos aportes de gran parte de los más de 350 testigos que ya declararon en la megacausa "Arsenales II- Jefatura II" motivaron al Ministerio Público Fiscal (MPF) y a las querellas particulares a efectuar un planteo que podría cambiar el rumbo del debate. A poco de que concluyera la etapa de producción de pruebas en el proceso (juzga a 41 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 210 víctimas durante el terrorismo de estado), plantearon la ampliación de la acusación. Es decir, que se enrostren nuevos delitos o agravantes a los acusados. El Tribunal Oral Federal (TOF)

os fiscales Leopoldo Peralta Palma, Pablo Camuña y Patricio Rovira consideraron que durante las 60 audiencias se conocieron hechos inéditos. "Se produjeron circunstancias novedosas que permiten tener por probados hechos que integran lo que en doctrina se llama continuidad delictiva. Es decir, que están vinculados a la imputación primigenia", argumentó Camuña. Explicó que los crímenes están relacionados con una secuencia común en torno a la desaparición forzada (secuestro-traslado a un centro clandestino-tortura y "disposición final").

El requerimiento fue dividido en cuatro instancias. La primera refiere a los delitos sexuales presuntamente cometidos en los dos centros clandestinos. Camuña mencionó tres casos: los de T.G, C.M y E.C (se reserva la identidad por el protocolo de protección de víctimas). Una testigo protegida relató que T.G le habría comentado -ambas habrían estado en el Arsenal- que fue violada delante de su marido, también secuestrado. El MPF requirió que se impute por ello al ex militar Luis Varela como autor mediato y a Ernesto Rivero, Héctor Montes de Oca, Fernando Torres y Tomás Adolfo Güemes como partícipes necesarios.

C.M había declarado que en el Arsenal había sufrido agresiones sexuales. Camuña recordó que la desnudez y las amenazas de violación, como las mencionadas por la víctima, constituyen actos de violencia sexual. Solicitó que se enrostre a Varela ser autor mediato de abuso deshonesto y a Rivero, Montes de Oca, Torres y Güemes el desempeñarse como presuntos partícipes necesarios.

Los ataques contra E.C, en cambio, habrían ocurrido en los calabozos de la Jefatura. Pidió que por ellos se acuse de supuesta violación agravada a Roberto Albornoz (autor mediato) y Juan Abraham, Oscar Sánchez, Rolando Reyes, Luisa Acosta, Miguel Chuchuy Linares, Javier Figueroa, Humberto Gómez, Felix Insaurralde, Pedro Pasteris, Guillermo Ugarte, Antonio Vercellone y Luis De Cándido (partícipes necesarios).

En una segunda parte, los representantes del MPF afirmaron que el robo de bienes de secuestrados "era parte de un patrón operativo de los imputados", dado que se consideraban "botines de guerra". Enumeraron una serie de siete hechos en los que viviendas y comercios fueron desmantelados. También incluyeron robos de vehículos. Solicitaron que se acuse, por los diferentes episodios a Jorge Lazarte, Albornoz y Varela como autores mediatos. Mientras que a Gómez, De Cándido, Abraham, Sánchez, Reyes Quintana, Acosta, Chuchuy Linares, Figueroa, Insaurralde, Pasteris, Ugarte, Vercellone, Torres, Güemes y Ramón Ojeda Fuentes como necesarios.

En una tercera instancia, requirieron que se les enrostre la participación dolosa en homicidios cometidos en el Arsenal a los jefes de Gendarmería, al entender que conocían que sus subordinados participaban de las ejecuciones. Se trata de Rivero, Montes de Oca, José Sowinski y Güemes. Rovira aclaró que sólo habían sido acusados hasta ahora por los secuestros y torturas. Por último, el MPF opinó que los entonces jefes de la Compañía de Arsenales- Hugo Soto y Pedro Caballero- deberían ser juzgados por los delitos cometidos en el centro clandestino que funcionó allí. Afirmaron que no podría haber operado sin la logística que habrían facilitado.

Las querellas también pidieron ampliaciones. El TOF determinó que pudieran hacerlo (la normativa sólo prevé que las requiera el MPF). Los abogados defensores Facundo Maggio y Ciro Lo Pinto plantearon la nulidad de esta resolución.

"El TOF decidirá si levanta la barrera para que pase la acusación. Si hace lugar, las defensas podrán aportar las pruebas que considere", adelantó Rovira.

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