domingo, 26 de agosto de 2012

Querellantes evitaron que se retrase el megajuicio Arsenales-Jefatura

Todavía es incierto si el represor Luciano Benjamín Menéndez se sentará en el banquillo de los acusados en el que se convertirá el juicio más grande de la historia de derechos humanos en la provincia. Si bien los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán habían decidido separarlo del debate -por razones de salud-, ahora dieron marcha atrás con la medida y solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que envíe a sus peritos forenses para que determinen si está en condiciones físicas de afrontar el juicio.

Esto sucede cuando el ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército es juzgado por delitos de lesa humanidad por un Tribunal Federal de La Rioja, en base a un informe médico de Córdoba que afirmaba que Menéndez sí estaba apto para someterse al juicio.

El tribunal federal de Tucumán había dispuesto suspender la citación a juicio de las partes hasta tanto se practique al Menéndez una junta médica que determine su aptitud para concurrir a juicio. Pero los jueces dieron marcha atrás al dar lugar a un recurso de reposición presentado por abogados querellantes Pablo Gargiulo, Julia Vitar y Daniel Weisemberg.

Los abogados alertaron que la decisión del TOF –de dilatar el trámite del juicio- implicaba “un injustificado, ilegítimo y arbitrario retardo” en la tramitación de la causa.

En la resolución firmada el 16 de agosto pasado, los jueces del TOF, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, también ordenaron que en un plazo de diez días hábiles las partes examinen las actuaciones, los documentos y ofrezcan las pruebas. Paso siguiente, se fijará la fecha del histórico debate en el que se juzgarán a unos 40 imputados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Arsenales y ex Jefatura de Policía, los centros clandestinos más sangrientos que funcionaron durante la última dictadura militar en la provincia.

miércoles, 22 de agosto de 2012

Demandan a la Justicia Federal celeridad en los juicios por crímenes de lesa humanidad

La dirigente Lita Alberstein se solidarizó con el federal general, Antonio Gómez, y señaló que la Cámara Federal de Tucumán debería "preocuparse por enmendar los graves errores".

"A partir de haber logrado hace 10 años la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, los juicios en nuestro país fueron generando expectativas de que se haga justicia. Se avanzó en las condenas a genocidas, aunque algunos de ellos, como (Antoniol) Bussi, tuvieron una privilegiada prisión domiciliaria", recordó en un artículo Clarisa "Lita" Alberstein, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores en Proyecto Sur

El texto continúa al expresar que "tenemos que decir que de ninguna manera se avanzó lo necesario para juzgar a todos los militares y policías asesinos, ni en la investigación que permita juzgar y condenar a todos sus cómplices civiles, económicos, y eclesiásticos. Los últimos juicios, reiteran en muchos casos, condenas a los altos mandos militares que ya fueron condenados a perpetua y no avanza con los miles que aún no tuvieron su merecido castigo.

Lita recordó que a los largo de estos últimos años, hubo una infinidad de movilizaciones convocadas por organizaciones de Derechos Humanos, partidos políticos, sindicatos, para reclamar que se aceleraran las causas, "ya que las largas décadas de lucha, estaban impidiendo que muchos de los familiares y testigos estuvieran vivos para declarar en los juicios, y permitiendo que a muchos de los acusados, les llegara el punto final biológico, antes de que se los enjuiciara y condenara". En ese mismo sentido, se reclamó que "se unificaran las causas por campo de concentración, lo que hubiera permitido acortar los tiempos y avanzar en la merecida condena. En Tucumán se ha unificado sólo una: Jefatura II y Arsenales II".

Alberstein advirtió que muchos más fueron los pedidos en ese sentido en la provincia de Tucumán, "donde el genocidio fue terrible; se desencadenó a partir del 75, con el Operativo Independencia y hubo miles de víctimas de la brutal represión".

La dirigente política reconoció que se puede permanecer ajenos a la polémica sobre la situación de los juicios por crímenes de lesa humanidad en los tribunales federales de Tucumán, que ha tomado estado público en estos días. "Al Fiscal Federal General de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, se lo cuestiona por querer impulsar y acelerar las causas por delito de lesa humanidad cometido durante la última dictadura militar, para lo cual dispuso que los fiscales federales de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero pidieran la habilitación de la feria judicial del mes de julio", dijo.

Sostuvo que "el fiscal Justificó su resolución ante las demoras inadmisibles en las causas, muchas de las cuales llevan más de 10 años de trámite. En respuesta, la Cámara Federal de Tucumán en pleno denunció al fiscal, porque se sintió ofendida por el término “demoras inadmisibles” y lo hizo ante el Procurador General de la Nación".

Frente a este cuadro de situación, Alberstein manifestó que "cabe preguntarnos si no son demoras inadmisibles que haya causas que lleven 10 años de trámite. ¿Acaso no son demoras inadmisibles que la causa por el homicidio en manos de la dictadura del abogado Angel Gerardo Pisarello, quien fuera senador provincial radical, esté sin ningún tipo de movimiento desde el año 2009, cuando es uno de los asesinatos más emblemáticos?"

Seguidamente mencionó además que :"¿No son demoras inadmisibles que en la causa Pozo de Vargas ,donde se han encontrado restos humanos ,se haya pedido la declaración indagatoria de varios imputados hace años y el Juez Federal aún no ha ordenado una sola? ¿Cuántos juicios orales y públicos se han hecho en Tucumán en estos diez años? No más de cuatro. ¿Qué hanocurrido con las decenas de indagatorias a lo largo de todo este tiempo que aún no fueron ordenadas? ¿Cuántos son los expedientes que se están tramitando y cuál es la previsión de tiempo para que finalicen? Nadie puede responder a esta pregunta en Tucumán. Y van más de 36 años desde los hechos. Se pide acelerar los tiempos, algo que, ni a los demás fiscales y menos a los jueces federales, parece urgirlos".

Para llegar a toda la verdad y toda la justicia, "exigimos un informe público de la cantidad de causas penales por estos delitos que se están tramitando en la primera instancia; una auditoria externa completa–sea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Procuración General de la Nación o de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación- con la participación de organismos de DDHH, partidos políticos y sindicatos, que establezca con precisión en cuáles se ha pedido indagatoria, en cuáles fueron citados y cuántos procesamientos firmes hay que no hayan sido elevados a juicio aún; quiénes son los jueces y fiscales actuantes", reclamo Lita Alberstein.

Por último, sentenció que "el punto final biológico no es una opción. Diez años es algo más que una demora inadmisible. El fallo de la Cámara Federal de Tucumán muestra más su preocupación por denunciar al Fiscal Gómez que por enmendar los graves errores. No hay que matar al mensajero por el mensaje que nos trae".

domingo, 5 de agosto de 2012

Un aporte al contexto histórico sobre el CCD "Escuelita" de Famaillá

La señalización como Centro Clandestino de Detención de la "Escuelita" de Famaillá, realizada el pasado miércoles, coincidió con el día que secuestraron, hace 37 años a Néstor Juan Agustín Zurita, mi hermano, a la edad de 23 años.

Una reconstrucción de aquellos días por los que pasó la familia Zurita.

El miércoles pasado, 1º de Agosto se cumplieron 37 años de la detención y desaparición de Néstor Juan Agustín Zurita, mi hermano, a la edad de 23 años. Fue secuestrado por el Ejército Argentino, acantonado en Famaillá en el marco del Operativo Independencia. Lo sacaron  del hogar, en Villa Urquiza, cuando dormía, a las 2.30 de la madrugada, en un enorme  operativo militar. Esa madrugada fue nefasta para los militantes del barrio muchos de ellos fueron secuestrados.

Mi hermano vivía con mi madre y mi hermana, María Rosa Zurita de 20 años que, en plena mañana del 11 de noviembre de 1975, fuera secuestrada de su lugar de trabajo, en el quiosco de diarios y revistas de Venezuela y Avenida Mitre de nuestra propiedad. El grupo de cobardes parapetados en armas de grueso calibre desplegó una inusitada violencia  sobre mi hermana que se encontraba sola, los vecinos fueron testigos que a fuerza de patadas, trompadas, culatazos, arrastrada de los pelos fue introducida en un auto y llevada a Jefatura de Policía en Salta y Santa Fe sin poder obtener hasta la fecha otra información.

Mis hermanos pasaron a engrosar la larga  lista de los detenidos desaparecidos del Operativo Independencia establecido por decreto en el gobierno justicialista de Isabel Perón. Ese infame decreto, del 05 de febrero de 1975, fue firmado por casi todos sus ministros.

Mi hermano fue llevado a la Escuelita de Famaillá, hacia el 20 de agosto tomamos conocimiento que había sido fusilado.

El calvario de la desaparición forzada  sometió a mi madre  a peregrinar por todos los estamentos del estado provincial, con una única respuesta, “no están”, avalado por  la complicidad de la Justicia federal que  rechazaba los Habeas Corpus interpuestos.

Resultó coincidente que al cumplirse los 37 años de la detención desaparición de mi hermano, se realizó el descubrimiento del Señalamiento del centro clandestino de tortura y exterminio donde fuera recluido, fue allí que los asesinos del terrorismo estatal dispusieran su Disposición Final. Con contenida emoción los familiares estuvimos presentes.

Enorme sorpresa me depararon los discursos, la oportunidad con el marco propicio de hacer  referencia explicita del contexto histórico fue evitado, no se dijo que el accionar criminal fue en un gobierno constitucional, un año antes del golpe cívico militar, del mismo signo partidario de la gestión presente.

El accionar genocida del Operativo Independencia nos debe interpelar como Sociedad, no se puede soslayar nuestra responsabilidad como ciudadanos pero resulta vital para la vida democrática reclamar a todas las Instituciones, en especial a las partidarias, su cupo de responsabilidad ya que en forma tácita o expresa dieron su aprobación a la represión generalizada permitiendo  que el Estado terrorista dispusiera todo su aparato represivo para perseguir y exterminar a todos aquellos que fueron caracterizados como oponentes políticos.

El ejercicio de MEMORIA sacará a la luz la VERDAD, garantía de JUSTICIA HISTÓRICA.

Raquel Zurita