lunes, 26 de marzo de 2012

Condenan a 13 años en cárcel común al Comisario Moreno por torturas

El ex policía Miguel Angel Moreno fue condenado el viernes a 13 años de prisión en una cárcel común, al ser encontrado culpable por las torturas que sufrió Emma Aguirre, secuestrada durante la última dictadura militar. Además Moreno queda Inhabilitado para ejercer cargos públicos y dispuso su destitución de la fuerza policial.

El Tribunal Oral Federal, presidido por Gabriel Casas, dictó la sentencia del primer juicio por delito de lesa humanidad que se realizó en Tucumán, en donde la víctima relató lo sufrido luego de ser secuestrada de su casa por un grupo de encapuchados en febrero de 1977.

Los jueces dispusieron que Moreno sea trasladado al penal de Villa Urquiza para cumplir con la condena.

Sin embargo, aclararon que solicitarán que una junta médica, compuesta por tres profesionales de la salud con específico conocimiento de diabetes, examine al imputado e informe si las condiciones de salud pemiten que cumpla la condena en esa unidad penintenciaria.

El fallo determinó además que Moreno queda Inhabilitado para ejercer cargos públicos y dispuso su destitución de la fuerza policial, por ser coautor material penalmente responsable de la comisión de delitos de asociación ilícita agravada y autor material penalmente responsable del delito de tortura.

También se estableció que los cargos contra Moreno son calificados como delitos de lesa humanidad.

El fiscal había pedido 20 años de prisión en una cárcel común para Moreno, en tanto el defensor del acusado solicitó su absolución.

El fallo fue escuchado por Aguirre, la mujer de 67 años que fue víctima de la represión durante el último régimen militar y que durante el juicio afirmó que Moreno la torturó cumpliendo órdenes del ex gobernador y represor Antonio Domingo Bussi.

Moreno fue el único imputado que participó del proceso porque el represor Luciano Benjamín Menéndez fue separado por problemas de salud, mientras que se extinguieron los cargos, por fallecimiento, contra Bussi y Alberto Mario Albano Zimmermann.

La mujer relató en primera persona las vejaciones sufridas mientras estuvo detenida entre el 17 de febrero y el 6 de marzo de 1977.

Aguirre fue secuestrada de su casa por un grupo de civiles encapuchados, que la llevaron con los ojos vendados hasta una comisaría y luego al ex ingenio Nueva Baviera, en la localidad de Famaillá, donde la tuvieron varios días atada de pies y manos con alambres.

Durante su cautiverio, según manifestó, fue brutalmente torturada y aseguró que no le dejaron "ni un sólo lugar del cuerpo sin moretones", aunque aclaró que nunca fue violada sexualmente.

Tras permanecer varios días en un centro clandestino de detención, finalmente fue liberada y 35 años después pudo contar su historia y escuchar la condena de la persona que la torturó, aunque no quedó satisfecha con el castigo.

"La sentencia es injusta: tendrían que haberle dado más años. Ustedes no saben lo que fue pasar por esto", señaló Aguirre al ser consultada por Télam cuando abandonaba la sala donde se desarrolló el juicio acompañada por sus hijos.

Mientras se señalaba la pierna, la mujer resaltó que "esas marcas son de la picana eléctrica" y recordó que también "me metieron una botella de vidrio con agua en la boca y eso no lo voy a olvidar mientras viva".

La víctima del accionar de los militares afirmó que no está "tranquila ni satisfecha" con la finalización del juicio y el fallo que condena a Moreno.

"Hay muchas personas que pasaron por esto y deseo que ellos también tengan justicia porque yo no fui la única victima", indicó.

Distinta fue la opinión del fiscal, Leopoldo Oscar Peralta Palma, quien si bien había pedido 20 años de cárcel para el imputado dijo que está conforme con el fallo.

"Estos son delitos horrendos que se cometieron en un tiempo que a nosotros, a los tucumanos, nos duele mucho", indicó el fiscal.

jueves, 15 de marzo de 2012

Ex general Menéndez elude otro juicio por delitos de lesa humanidad

El ex general Luciano Benjamín Menéndez eludió hoy un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, porque no está en "condiciones físicas apropiadas", según fuentes judiciales.

El Tribunal Oral Federal de la ciudad de Tucumán ordenó hoy separar a Menéndez de la causa abierta por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones y tormentos a Emma del Valle Aguirre, tras recibir un informe médico de integrantes del Cuerpo Médico Forense.

Los jueces ordenaron un monitoreo del estado de salud de Menéndez y su evolución mediante exámenes médicos bimestrales y suspendieron su participación en el juicio oral y público hasta que se encuentre en condiciones de afrontarlo.

Ménendez, de 84 años, tiene ya condenas por siete delitos de lesa humanidad.

El juicio comenzó con la presencia de otro de los acusados, el excomisario Miguel Ángel Moreno. En la causa inicialmente también estaban imputados Antonio Domingo Bussi y Alberto Mario Albino Zimmermann, ya fallecidos.

La víctima, Emma del Valle Aguirre, fue secuestrada el 17 de febrero de 1977 por un grupo de personas encapuchadas y vestidas de civil que irrumpieron en su domicilio y fue torturada en un centro de detención ilegal de Tucumán hasta su liberación, el 6 de marzo de ese mismo año

martes, 13 de marzo de 2012

En Tucumán, la víctima frente al torturador

El juicio por el secuestro de Emma del Valle Aguirre en 1977.

El jueves empezará en Tucumán el juicio por el secuestro y las torturas aplicadas a Emma del Valle Aguirre en 1977 en el centro clandestino de detención que funcionó en el ingenio azucarero Nueva Baviera. El ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez y el comisario retirado Miguel Angel Moreno son los dos imputados en el juicio que permanecen con vida –el ex gobernador Antonio Bussi y el coronel retirado Alberto Zimmerman fallecieron sin ser juzgados por este caso–. Sin embargo, aún resta que el Tribunal Oral Federal Número 1, presidido por Gabriel Casas, se pronuncie sobre el informe del médico forense Cristian Rando, de la Corte Suprema de Justicia, quien recomendó que, por su estado de salud, Menéndez no puede ser juzgado bajo ningún procedimiento. “La fiscalía tiene tiempo hasta hoy para impugnar la decisión de los peritos médicos. En base a eso, el tribunal decidirá, aunque lo más probable es que quede fuera del juicio”, señaló a este diario el secretario del tribunal, Mariano García Zavalía.

La causa fue elevada a juicio oral por el juez federal Daniel Bejas quien, tomando como eje la declaración de Aguirre, acusó a Menéndez y Moreno por la violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones y tormentos en perjuicio de la mujer.

Aguirre sobrevivió a los tormentos recibidos y pudo contar su historia a Bejas. El 17 de febrero de 1977, varias personas de civil, todas encapuchadas, llegaron hasta su domicilio de Ruta Nacional 38, antes de llegar al camino viejo que va hacia la localidad tucumana de Simoca, contó la mujer. Tiraron la puerta de su casa a patadas, la encontraron y la sacaron. Con los ojos vendados, la subieron a una camioneta.

La mujer, que hoy tiene 67 años, relató que en el lugar donde permaneció detenida fue atada de pies y manos con alambres y sometida a torturas reiteradas. En una ocasión, comentó, se le cayó la venda de los ojos y pudo ver que “el genocida Bussi” daba las instrucciones mientras era vejada. En esa ocasión también pudo ver quién era que le ponía una botella en la boca: Moreno, el ahora retirado comisario de la localidad de León Rougés. En la madrugada del 6 de marzo de 1977 la dejaron en el campo, detrás de un montículo de áridos cerca de Acheral. Por la descripción efectuada del lugar donde Aguirre estuvo privada de su libertad, Bejas llegó a la conclusión de que se trata del ex ingenio Nueva Baviera, en el departamento de Famaillá, en el sur de la provincia.

“El juicio es importante en la provincia porque se trata del primero en el que la víctima está viva y puede contar su historia frente a los jueces, frente a sus torturadores”, remarcó García Zavalía. El proceso será corto y constará de tan sólo cuatro audiencias. El jueves, luego de la lectura de la elevación a juicio, Aguirre reconstruirá su historia nuevamente, precedida por su marido y sus hijos. El resto de los diez testigos que participarán del juicio, todos propuestos por la fiscalía –no hay querella–, se dividirán entre la segunda y tercera jornada –el viernes y el miércoles–. La sentencia llegará una semana después del inicio.

Si bien aún falta la decisión final del TOF Nº1, la presencia de Menéndez en el juicio está en duda. Según el informe médico forense que fue acercado a las partes, el represor, que ya recibió siete condenas por delitos de lesa humanidad, “no se encuentra en condiciones físicas apropiadas” para confrontar las instancias de un proceso judicial en ninguna de sus modalidades: presencial o teleconferencia. “Aún resta que la fiscalía decida qué hacer y, sobre eso, que los jueces tomen la decisión final”, concluyó García Zavalía.

lunes, 12 de marzo de 2012

“Un caso emblemático de impunidad”

El fiscal Auar criticó la actuación del juez Olivera Pastor

El coordinador de la Unidad de seguimiento de las causas de lesa humanidad habló de “una inacción concreta y palmaria”.

 Por Alejandra Dandan

El juez Carlos Olivera Pastor volvió a frenar la causa del ingenio Ledesma, por la llamada Noche del Apagón. Como sucede hace años, esta vez rechazó un pedido de indagatoria de la fiscalía sobre el empresario Pedro Blaquier por su presunta responsabilidad en la privación ilegal de la libertad y tormentos de las víctimas. Los organismos de derechos humanos jujeños cuestionaron su decisión y su política frente a las causas de lesa humanidad provocó una nueva denuncia de la Procuración General de la Nación: “Jujuy es un caso emblemático de impunidad”, dijo Jorge Auat, fiscal general y coordinador de la Unidad Fiscal de seguimiento de las causas de lesa humanidad. “Yo no hablo de una resolución, hablo de una inacción concreta y palmaria que va más allá del caso Blaquier: en Jujuy hubo más de 130 víctimas del terrorismo de Estado, no es un caso que hay que probar, la provincia no tuvo juicios habiendo sido de las más castigadas.”

Auat estuvo en Jujuy el fin de semana. “El tema es serio”, dijo a Página/12. “Cuestionamos al juez ya no por una causa, sino por lo que sistemáticamente hace con todos los planteos: esto termina ahora con la cuestión de Blaquier, y yo no cuestiono que su argumento sea bueno o malo; lo que digo es que es el último episodio, pero se da en el mismo contexto en que no avanza ninguna causa, no importa si es Blaquier o cómo se llame. Las causas tienen un cepo de impunidad porque, cuando incluso avanzan, lo hacen en forma fragmentada, lo cual también alimenta la impunidad.”

Olivera Pastor ya tiene un expediente abierto en el Consejo de la Magistratura por demorar las causas. El jueves pasado rechazó el pedido de indagatoria de Blaquier. También rechazó un pedido similar para Alberto Lemos, quien fue administrador del ingenio. En su descargo explicó que necesita más testigos “en el afán de descubrir la verdad real acerca de los hechos investigados e individualizar a sus partícipes”. Pero, con el evidente afán de defenderse, reveló que le pidió a la empresa un informe sobre las camionetas y pick up que usó en esa época y de los logos de identificación de los que hablaron los sobrevivientes. Para las querellas, el tema es delicado: les pareció un intento de poner a la empresa sobre aviso. “Es como si alguien que investiga a una persona por un robo de bicicleta, en vez de allanarle la casa, le pregunta en una carta si tiene o no tiene la bicicleta”, dice Pablo Pelazzo, querellante.

Olivera Pastor no es juez titular sino subrogante, pero es el único que tiene las causas de lesa humanidad en la provincia mientras no se designe a nuevo magistrado. Su política de “mora” fue una de las primeras razones por las que fue citado hace años por la Comisión Interpoderes. Más tarde, la Procuración lo denunció porque sus rechazos sistemáticos a los pedidos de indagatorias se convirtieron en un método de frenar las causas con la figura de la “falta de mérito”. El juez consiguió algún aval de la Cámara de Apelaciones de Salta que en cierto momento defendió lo que hacía, en informes luego refutados por la Procuración. Y ahora consigue algo de aire en el Consejo de la Magistratura; el expediente con su caso está en manos del consejero Ricardo Recondo, declarado antikirchnerista y, según reconoció el consejero Hernán Ordiales la semana pasada, está “en el mismo estado”.

sábado, 3 de marzo de 2012

Los tribunales argentinos tienen la obligación de investigar la complicidad de la corporación Ledesma en el terrorismo de Estado

El pedido de indagatoria del empresario Pedro Blaquier sólo es el primer paso
 
NOTA DE PRENSA

El pedido de indagatoria del empresario Pedro Blaquier sólo es el primer paso

Berlin, 27 de febrero de 2012. Las investigaciones en las causas con relación a la empresa Ledesma deben seguir. En abril de 2011, el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) presentó un amicus curiae en varias causas que afectan a la empresa Ledesma, sobre su complicidad corporativa en violaciones de derechos humanos. En este informe, el ECCHR resaltó que el gobierno y el poder judicial argentino están obligados a investigar la responsabilidad de los agentes empresariales en relación con las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Está demostrado que, desde los juicios del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, la investigación sobre el papel de los agentes económicos es parte de la lucha contra los crímenes del Estado.

En octubre 2011, dos de las causas fueron elevados a juicio. Mientras tanto el fiscal firmó un pedido de indagatoria con respecto a Pedro Blaquier, el patriarca de la familia Ledesma, que es dueña del imperio azucarero. El pedido se refiere a la presunta responsibilidad de Blaquier en la privación ilegal de la libertad de las víctimas de la llamada “Noche del Apagón”, en julio de 1976. En ese incidente, aproximadamente 400 personas, la mayoría empleados de Ledesma, fueron llevadas en camiones, algunos con logos de la empresa. 55 personas aún permanecen desaparecidas. Además, hace poco se incorporó en la causa una carta del empresario al ministro de la dictadura Martínez de Hoz, de junio 1978 en la cual Blaquier habla de su “profunda admiración” por todo lo que se estaba haciendo para “la recuperación de la Argentina”. La nota demuestra cómo los empresarios cooperaron con la dictadura.

Ahora el juez en cargo, Carlos Olivera Pastor, debe decidir si acepta la solicitud del fiscal de investigar Blaquier. “Es sumamente importante que el juez Pastor acepte el pedido de indagatoria. Teniendo en cuenta las obligaciones de Argentina de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, esas causas no deben atrasarse aún más”, dijo Wolfgang Kaleck, el Secretario General del ECCHR. “Después de tantos años de impunidad, no sólo los crímenes de los militares, sino también la complicidad de Ledesma y otras empresas en los crímenes de Estado tiene que ser investigada. La verdad de lo que pasó en ‘La Noche del Apagón’ debe salir a la luz.”

El European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) es una organización independiente, sin ánimo de lucro, con fines legales y educativos, que trabaja por la defensa de derechos civiles y humanos. Fue fundado en 2007 por un pequeño grupo de renombrados abogados, para hacer cumplir y proteger los Derechos Humanos, tal y como se garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en otras declaraciones internacionales y textos constitucionales nacionales. El ECCHR practica una innovadora litigación estratégica, a través del derecho europeo, internacional y nacional, para lograr el cumplimiento de los derechos humanos y para hacer responsables a los actores gubernamentales y no gubernamentales por sus graves abusos. Visite www.ecchr.eu.

Para más información contacte:
ECCHR, Wolfgang Kaleck, info@ecchr.eu

Saludos,
Annelen Micus
 ECCHR - European Center for Constitutional and Human Rights
Zossener Str. 55-58, Aufgang D
D-10961 BERLIN
Phone: +49(0)30 - 40 04 85 90
Fax: +49(0)30 - 40 04 85 92
Mail:info@ECCHR.eu
www.ECCHR.eu
Council: Michael Ratner, Lotte Leicht, Dieter Hummel, Christian Bommarius
General Secretary: Wolfgang Kaleck
Berlin, 27 de febrero de 2012. Las investigaciones en las causas con relación a la empresa Ledesma deben seguir. En abril de 2011, el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) presentó un amicus curiae en varias causas que afectan a la empresa Ledesma, sobre su complicidad corporativa en violaciones de derechos humanos. En este informe, el ECCHR resaltó que el gobierno y el poder judicial argentino están obligados a investigar la responsabilidad de los agentes empresariales en relación con las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Está demostrado que, desde los juicios del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, la investigación sobre el papel de los agentes económicos es parte de la lucha contra los crímenes del Estado.

En octubre 2011, dos de las causas fueron elevados a juicio. Mientras tanto el fiscal firmó un pedido de indagatoria con respecto a Pedro Blaquier, el patriarca de la familia Ledesma, que es dueña del imperio azucarero. El pedido se refiere a la presunta responsibilidad de Blaquier en la privación ilegal de la libertad de las víctimas de la llamada “Noche del Apagón”, en julio de 1976. En ese incidente, aproximadamente 400 personas, la mayoría empleados de Ledesma, fueron llevadas en camiones, algunos con logos de la empresa. 55 personas aún permanecen desaparecidas. Además, hace poco se incorporó en la causa una carta del empresario al ministro de la dictadura Martínez de Hoz, de junio 1978 en la cual Blaquier habla de su “profunda admiración” por todo lo que se estaba haciendo para “la recuperación de la Argentina”. La nota demuestra cómo los empresarios cooperaron con la dictadura.

Ahora el juez en cargo, Carlos Olivera Pastor, debe decidir si acepta la solicitud del fiscal de investigar Blaquier. “Es sumamente importante que el juez Pastor acepte el pedido de indagatoria. Teniendo en cuenta las obligaciones de Argentina de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, esas causas no deben atrasarse aún más”, dijo Wolfgang Kaleck, el Secretario General del ECCHR. “Después de tantos años de impunidad, no sólo los crímenes de los militares, sino también la complicidad de Ledesma y otras empresas en los crímenes de Estado tiene que ser investigada. La verdad de lo que pasó en ‘La Noche del Apagón’ debe salir a la luz.”

El European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) es una organización independiente, sin ánimo de lucro, con fines legales y educativos, que trabaja por la defensa de derechos civiles y humanos. Fue fundado en 2007 por un pequeño grupo de renombrados abogados, para hacer cumplir y proteger los Derechos Humanos, tal y como se garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en otras declaraciones internacionales y textos constitucionales nacionales. El ECCHR practica una innovadora litigación estratégica, a través del derecho europeo, internacional y nacional, para lograr el cumplimiento de los derechos humanos y para hacer responsables a los actores gubernamentales y no gubernamentales por sus graves abusos. Visite www.ecchr.eu.

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Saludos,
Annelen Micus
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