miércoles, 21 de diciembre de 2016

En homenaje a las tres militantes de HIJOS-Tucumán, fallecidas

En homenaje a las tres militantes de HIJOS-Tucumán, recientemente fallecidas:
Natalia Ariñez (de la agrupación H.I.J.O.S. Tucumán), Marianella Triunfetti (periodista del colectivo de Comunicación Popular La Palta) y Alejandra Würschmidt –docente; reproducimos el testimonio que diera en junio de 2016, Natalia Ariñez.
Operativo Independencia: justicia en las palabras de una hija
27/06/16
Fotografía de Julio Pantoja | Agencia Infoto

La sala llena. “Que pase Natalia Ariñez”, dijo el presidente del Tribunal Oral Federal Gabriel Casas. La puerta se abrió y la militante y referente de la agrupación HIJOS caminó con la cabeza erguida y la pisada firme hasta el centro de la sala. Sonreía. Nervios, satisfacción, alegría y responsabilidad parecían conjugarse en esa sonrisa. Sonriendo prestó juramento “por sus creencias”, como acostumbra enunciar el juez. “Buen día, Natalia”, la saludó el abogado querellante Pablo Gargiulo. La familiaridad con la que se dirigió a ella no era solo la de un abogado representante y su representada. Los une mucho más que eso. Los unen la historia, las luchas y sus historias.

“Soy la hija de Jorge de la Cruz Agüero. Lo que voy a contar es mi reconstrucción de los relatos de mi madre, de mi familia, de los amigos y compañeros de mi papá”, explicó la mujer que todavía no había nacido cuando Jorge fue secuestrado. Jorge tenía 17 años. Era estudiante del Instituto Técnico y estaba de novio con Silvia Sandoval. “Mi mamá estaba embarazada de tres meses.  Yo nací exactamente seis meses después del secuestro de mi papá”, detalló Natalia. Y explicó por qué sus padres no vivían juntos: “Como mi papá era menor de edad necesitaba el permiso de mis abuelos para poder casarse y la condición que pusieron mis abuelos fue que viviesen, hasta tanto se casasen, cada uno en la casa de sus padres”.

Jorge de la Cruz fue sacado de su domicilio el 13 de enero de 1976. “Mi abuela me contó que cerca de las 3:30 de la mañana, mientras estaban durmiendo, entraron personas que se identificaron como policías”, reconstruyó Natalia que había descripto palmo a palmo la disposición de cada espacio en la casa de su abuela paterna. “Rompieron la puerta, los amenazaron. Mi papá estaba durmiendo y evidentemente lo llevaron envuelto en las sábanas de su cama y no le permitieron vestirse”, agregó sabiendo que ese no era un detalle menor. Más tarde fue ella misma la que retomó ese detalle para reforzar por qué es incomprensible la excusa de una guerra.

Esa misma noche se realizaron otros operativos en los domicilios de ex estudiantes del mismo colegio al que asistía Jorge. Uno de esos operativos fue en la casa de Rafael Coria. “Entraron a su casa golpearon al padre de Rafael, pero Rafael pudo escaparse por los fondos”, contó Natalia en esta reconstrucción que hizo a partir de, como dijera al principio, los relatos de su madre, familiares y amigos. “En ese momento que escapa va a la casa de mi mamá”, dijo y explicó que la distancia entre una casa y la otra era de 12 cuadras. “Le cuenta lo que había sucedido y le dice que lo vayan a buscar al ‘negro’. Así le decían a mi papá”, aclaró. Desde la parte de atrás de la sala de audiencias Silvia Sandoval escucha el relato. La historia de esa noche en boca de su hija. La noche en que apenas Rafael le advirtió lo que estaba pasando, salió con lo puesto. La escena que encontró. Los hermanos de Jorge en el zaguán.

“No la dejan entrar en ese momento”, contó Natalia. Lo que sí hizo la madre de Jorge fue sacar de la habitación unas hojitas escritas. “Sin saber estaba recuperando lo único que quedó, al menos para mí, de sus palabras, de su cartitas y de su regocijo y de la felicidad de mi llegada”, dijo Natalia. Doña Pabla, la madre de Jorge, le entregó a Silvia, en un sobre de papel madera, esos escritos de su hijo, al que acababan de sacar de su casa. Hoy son hojas amarillentas. Unas lisas, otras rayadas. Otras hojas cuadriculadas que, posiblemente, cambiaron su destino y pasaron de la carpeta de matemáticas a ser soporte de la poesía. “Porque mi papá era poeta”, dijo con algo que se parece bastante al orgullo, pero que lo supera.

La militancia que une y sostiene

Silvia se fue esa misma madrugada  a la ciudad de Córdoba. Camino a la estación de trenes que funcionaba en la zona de El Bajo, al este de la ciudad, pasó por la casa de una compañera que le prestó una camperita. Silvia sabía que tenía que escapar para preservar su embarazo y su propia vida. Se habían conocido con Jorge en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). “Mi papá había empezado a militar desde muy chico. A los 14 o 15 años militaba en el Centro de Estudiantes del colegio y dentro del Centro de Estudiantes Socialistas (CES). Después comenzó a participar de la Organización Comunista Poder Obrero”, contó Natalia.  “Mi mamá venía de militar también en el CES y después militó en el Ardes (una organización socialista tucumana)”, detalló la hija que enarbola la bandera de la militancia.

Silvia y Jorge se pusieron de novios a poco de conocerse. Compartían discusiones políticas, ideales y banderas. “Estaban de novios hacía mucho tiempo y ese mes, el mes de enero pensaban casarse precisamente a raíz de mi llegada”, contó Natalia en una declaración que duró casi una hora. Un 13 de julio nació Natalia. Por razones de salud Silvia había vuelto a Tucumán y aquí dio a luz a la niña. Los padres de Jorge habían hecho todas las gestiones posibles para encontrar a su hijo. Las presentaciones realizadas en el Juzgado Federal a cargo del juez Manlio Torcuato Martínez solo recibieron negativas. Pero a la búsqueda hubo que salir a militarla. Su abuela empezó a encontrarse con otras madres, “con la hermosa ‘Pirucha’ Campopiano, con Faride  de Adris”, enumeró recordando a dos de las primeras Madres de Tucumán. 

    “Mi mamá me regaló infinitamente más libros que muñecas y efectivamente qué hay más subversivo que leer, que pensar, que organizarse, que juntarse.”

— Natalia Ariñez

A esa ‘búsqueda militada’ se sumó Natalia de la mano de su mamá. “Debí de ser muy chiquita porque recuerdo que la veía grandota y no estaría siendo muy alta mi mamá”, soltó a modo de chascarrillo y de referencia. Juntas marcharon por la Plaza Independencia exigiendo aparición con vida. Creció y tuvo que aprender que eran otras las consignas y las exigencias. “Esa misma mujer”, dijo refiriéndose a su abuela, la que presentó hábeas corpus, la que había marchado buscando a su hijo, “cuando yo tenía 25 años me dice que una de las cosas que más lamentaba era sentir que mi papá estaba en algún lugar y ella no lo podía ayudar”. Casi de inmediato soltó: “25 años hacía que lo habían asesinado y ella todavía pensaba que quizás había perdido la memoria y que estaba en algún lugar. Eso es lo más perverso de la desaparición de personas”, sentenció.

La niña que militó sin elegir, eligió la militancia. Juicio y castigo fue su bandera en la agrupación HIJOS donde participa activamente desde hace 20 años. “Tengo más años de militancia que mi papá tuvo de vida”, dijo y el silencio en la sala se hizo más profundo. “Cuando entré a la organización estudiábamos y aprendíamos y entendíamos y leí por primera vez lo que significaba la palabra genocidio”, dijo Natalia y recordó el listado de canciones y de libros considerados ‘subversivos’. “También entendí que en mi casa se escuchaba sólo música subversiva”, agregó. Mercedes Sosa, el Cuarteto Supay, Serrat. “Mi mamá me leía todos los cuentos que otros consideraban que eran subversivos”, continuó. “Mi mamá me regaló infinitamente más libros que muñecas y efectivamente qué hay más subversivo que leer, que pensar, que organizarse, que juntarse”.

Su militancia, su bandera, sus compañeros en estos años de lucha, estaban llenando la sala de audiencias. “Y entendí porque efectivamente los hijos éramos una pieza clave, porque quizás un día si no nos robaban, si no nos sacaban de esos ámbitos, si no nos hacían salir de esos lugares. Si no evitaban que nos canten esas canciones, que nos lean esos libros, que nos cuenten esos cuentos, un día íbamos a estar presentes acá y ese día también había que eliminar”, reflexionó Natalia, la que hoy, al tiempo que ve que al fin los juicios son un hecho, sigue buscando a esos otros hijos que aún no conocen su identidad. “Pero bueno, algunos estamos acá”, concluyó y con su dedo índice señaló a su derecha donde un ‘hijo’ estaba sentado como abogado querellante de sus padres. Señaló a su espalda, donde otros ‘hijos’ sostenían los carteles con los rostros de los desaparecidos. Señaló hacia arriba, a la sala de prensa donde estaban unos, hijos biológicos de sobrevivientes y de desaparecidos y otros, ‘hijos de la misma historia’.

La reconstrucción del cautiverio
FOTOGRAFÍA DE JULIO PANTOJA | AGENCIA INFOTO

“Mucho tiempo después mi mamá se enteró que un sobreviviente lo había visto en el centro clandestino de detención de jefatura”, dijo Natalia con respecto al primer testigo que compartió cautiverio con su padre. En el año 2011 ella misma se entrevistó con este sobreviviente. Juntos recorrieron el edificio al que no se había atrevido a entrar en las primeras inspecciones oculares realizadas en el marco uno de los juicios por delitos de lesa humanidad.  El sobreviviente, José Randace, “no solo es un sobreviviente del centro clandestino sino que era amigo de mi papá”, recordó Natalia.

José y Jorge habían sido compañeros del Instituto Técnico, jugaban juntos el rugby y se habían hecho muy amigos. “Él me contó que lo escuchó en el centro clandestino a mi papá”, dijo Natalia y reprodujo esos recuerdos ante todos los presentes.  “Él recuerda que fue duramente golpeado, torturado, que le preguntaban por personas que conocía, por personas que no conocía. Le preguntaron por los libros que leía y él mencionaba todos los libros que se le venían a la cabeza y aun así era salvajemente torturado”, relató a medida que reconstruía, quizás, el último momento de vida de Jorge. “Recuerda que estaban en un lugar, en un salón donde estaban atados de pies y manos contra la pared, en el piso, vendados y que en un momento escuchó la voz de la persona que estaba a su lado y se dio cuenta que era su amigo Jorge”, agregó.

Jorge jugaba al rugby. Había sido José el que lo había alentado a practicar ese deporte. “Al principio él no quería porque decía que era un deporte de pitucos y que un negrito proletario no tenía nada que hacer ahí”, contó Natalia. Sin embargo Jorge terminó siendo muy hábil en el ruby. Juntos gritaron algunos triunfos. El último recuerdo que José tiene de Jorge fue en ese piso contra la pared en ese salón que se usó para desaparecer personas. “Lo escuchó hablar, después lo escuchó gritar, se dio cuenta que estaba muy torturado, que estaba prácticamente delirando. La llamaba a mi mamá todo el tiempo: ‘Negra, Negra’, le repetía. En un momento empezó a gritar más y más fuerte y en este momento lo recogieron las personas que estaban en ese lugar”, continuó Natalia que cada tanto hacía una pausa como quien se intentaba reponer. “Cuando lo levantan y se lo llevan, José puede ver por debajo de la venda que en el lugar donde estaba mi papá había un gran charco de sangre. Fue la última vez que lo escuchó”, concluyó y con la cabeza en alto y el torso erguido respondió: “Mi papá decía ‘negra, negra no te voy a traicionar’".
El negrito poeta

Inoportuno
Gianino Ramazzotti

Inoportuno hasta para la muerte, te llevaron cuando menos debías irte.
Te llevaron dejando un amor por cosechar, una luna por parir, una revolución por celebrar.
Te llevaron dejándonos sin arte y sin razones.
Se llevaron esa boca torrencial desde donde se llovían palabrazos y poemas, aguaceros de verdades, rayos y adjetivos de tormenta.
Te llevaron con tu enorme carcajada melancólica, con tu estrellita roja, con las uvas verdes de tu Violeta Parra.
Te llevaron llevándose la mejor tristeza, la pena más hermosa, la pasión más militante. Te llevaron dejándonos sin ternura para odiar, sin violencia para amar.
Inoportuno incluso para los regresos.
Nunca esperas hasta la victoria siempre.
Sales de tu tumba de pájaros y vientos y vuelves en un diminuto sueño clandestino. Repartiendo esos mendrugos de utopías que nos dejan seguir sobreviviendo.
Inoportuno vuelve hoy, 40 años después, en mí: tu justicia.

“Mi papá tenía 17 años. Tanto mi mamá con mi familia me cuentan que era un chico muy bueno, alto, grandote, buen mozo. De una de esas sonrisas que iluminan”, dijo Natalia con el rostro sonriente y no hubo dudas que es una de las tantas cosas que heredó de ese hombre. “Era poeta, escribía. Me cuentan que sus profesores de literatura lo alentaban mucho para seguir escribiendo”, sostuvo sin que la sonrisa se le borre y con los ojos cada vez más iluminados.  “Además se presentó a muchos concursos literarios y los ganó, para el orgullo y beneplácito de sus compañeros ‘chupa tuercas’”, destacó. ‘Chupa tuercas’ es la forma en la que se les dice a los estudiantes del Instituto Técnico. “Les llegó a ganar a los chicos de Gymnasium que es otro colegio universitario que tienen más esa formación humanista”, agregó con un tono socarrón haciendo referencia a la histórica rivalidad entre los estudiantes de dos de las escuelas experimentales que dependen de la Universidad Nacional de Tucumán.

La sala explotó en aplausos. El abrazo entre la madre y la hija, largo, profundo, parecía decir ‘gracias’. “Nacimos en su lucha, viven en la nuestra”, se leyó en un gran cartel que los compañeros de militancia de Natalia levantaron. Antes de retirarse, Nati quiso homenajear a su padre, el negrito poeta, militante y luchador. “Inoportuno vuelve hoy, cuarenta años después, en mí: tu justicia”, fue la oración final que agregó al poema. Una ‘licencia poética’ que se tomara en la poesía que un amigo dedicara a Jorge de la Cruz Agüero.

Ultima audiencia Operativo Independencia

Pablo Gargiulo, abogado querellante llevó a sus hijas a la audiencia, para que sepan de sus abuelos

En la última audiencia del año juicio Operativo Independencia, el hecho destacado de ayer fue que el abogado querellante Pablo Gargiulo, quien tenía tres meses cuando secuestraron a sus padres, asistió a la audiencia junto a sus hijas de 7 y 11 años, que de ese modo comienzan a reconstruir la historia de sus abuelos desaparecidos.

El tribunal, integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, ya escuchó más de la mitad de los testimonios relacionados con las 271 víctimas y hasta el momento sólo se concretó una inspección en el ex Ingenio Lules, uno de los que fueron utilizados como centros clandestinos de detención.

Según informó el Secretario del TOF, Mariano García Zavalía en febrero o marzo se puede “terminar con la recepción de la prueba oral e iniciar la de la documentación".

A lo largo de la audiencia de ayer se trató el caso Héctor Gargiulo-Carmen Gómez, padres del querellante Pablo Gargiulo. Ambos fueron secuestrados en la madrugada del 5 de marzo de 1976 por un grupo de policías y permanecen desaparecidos. En la actualidad su hijo, que en el momento del secuestro del matrimonio tenía tres meses, es abogado y querellante de la causa y mediante un permiso especial que solicitó al tribunal sus hijas de 7 y 11 años estuvieron presentes en la audiencia, escuchando la historia de sus abuelos paternos

martes, 29 de noviembre de 2016

Los cómplices civiles de Bussi y Videla

Durante el juicio por la megacausa por el Operativo Independencia se conoció un informe con los designados en la Fiscalía de Estado entre mayo y octubre de 1976. Aparecen nombres como los de la jueza Hebe López Piossek, que el año pasado anuló las elecciones en Tucumán.

El juicio por la megacausa Operativo Independencia, que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán sigue arrojando luz sobre hechos ocurridos en 1.975, antes del golpe militar y durante el gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón.

Es considerado como una especie de laboratorio para llevar adelante, después del 24 de marzo de 1.976, una sanguinaria y feroz represión que incluía los métodos ensayados en Tucumán, centros clandestinos de detención (como la Escuelita de Famaillá), secuestros, torturas y desapariciones. Además de una estrecha colaboración entre fuerzas policiales, militares y actores civiles.

Entre los documentos que se acercaron al TOF, integrados por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla, Juan Carlos Reynaga y Hugo Cataldi (sustituto), se encuentra un informe de la Fiscalía de Estado de la Provincia, en el cual se consigna el personal nombrado en esa dependencia entre mayo y octubre de 1.976. Según el listado remitido al tribunal, en la Fiscalía fueron designados entre otros José Ricardo Abba, actualmente imputado en la Megacausa y Hebe López Piossek, jueza de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que el año pasado, junto a Norberto Salvador Ruiz, anularon las elecciones en la provincia. Posteriormente el fallo fue revocado por la Corte Suprema de Justicia.

López Piossek ingresó el 27 de mayo de 1.975 como asesora legal ya con la dictadura de Jorge Videla instalada en la Argentina y con Antonio Domingo Bussi como amo y señor de la vida de los tucumanos.

También fueron nombrados Antoni De Mathus, Alberto Román Area Maidana, Pedro Andrés Bartolletti, Angel Humberto Bustos, Federico Colombres, Eduardo Luis Díaz Romero, Arturo Forenza, Manuel Francisco, Argentina Blanca Herrera de Villavicencio, Eugenia Zaida Lobo de Gerardi, José A. Mosqueira, León Páez de la torre, Gilda María Pedicone de Valls, Esteban Miguel Rodríguez Merino y Carlos Valls.

Muchos de ellos, con la llegada de la democracia siguieron ocupando cargos de relevancia en sucesivos gobiernos, ya sea en el Poder Ejecutivo o Judicial.

El juicio por la megacausa comenzó el 5 de mayo pasado. Si bien es el doceavo por crímenes de lesa humanidad que se celebra en la provincia y el más grande, es el primero que aborda crímenes de ese tipo durante un Gobierno constitucional. Las víctimas suman 271 y los imputados, 19 ( Primera Fuente)

sábado, 5 de noviembre de 2016

Juicio Operativo Independencia: Los militares primero secuestraron a su padre, después a su bebé

Estela del Valle Gómez declaró hoy en el megajuicio "Operativo Independencia". Dijo que primero fue golpeado y secuestrado su padre, un obrero azucarero, frente a sus ojos, los de su madre y hermanitos, y que un año después, siendo una adolescente y estando embarazada, un suboficial del ejército la coaccionó para que se fuera a vivir con él, amenazándola con quitarle el bebé si no accedía a sus requerimientos; que la llevó a parir a Rosario de la Frontera, Salta, donde dio a luz, tras lo cual no volvió a ver al bebé. La tragedia se inició el 13 de enero de 1976 cuando su padre, Miguel Ángel Gómez, un trabajador del ingenio Concepción a quien apodaban "Canaro", fue secuestrado en su casa, en La Banda del Río Salí, donde vivía con su esposa Eva Victoria López y sus cuatro hijos.

“Eran las 5 de la madrugada y nos despertamos con ruidos de vehículos que rodeaban la casa" recordó la testigo que narró como cinco hombres uniformados y armados y con los rostros cubiertos patearon la puerta y entraron.

"Nos apuntaron a la cabeza con ametralladoras. Buscaban a mi padre. Le preguntaron si él era Canaro, y como contestó que no, lo golpearon en la cabeza mientras mis hermanitos lloraban, estaban muy asustados y le pedían a los policías que no golpearan más a su papá”, continuó diciendo.

Antes de irse rompieron todas nuestras cosas y se llevaron nuestros documentos, que mi madre tenía guardados en una bolsa", agregó.

Los efectivos golpearon nuevamente a Gómez, luego le ataron las manos, lo encapucharon y lo subieron a la fuerza a un auto particular de color verde para trasladarlo al centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía.

“No entendía por qué se lo llevaban si él era un hombre trabajador y no un delincuente”, comentó Estela, quien contó que la familia buscó a Gómez en distintas comisarías de Tucumán y realizaron diversas averiguaciones para dar con su paradero pero fue en vano ya que continúa desaparecido.

La testigo recordó que un militar del Regimiento 19 de Infantería le dijo a su madre que ya no lo buscara porque "ya no existe’.

“Después de la desaparición de mi padre quedamos muy mal porque nos quitaron la casa, tuvimos que ir a vivir a otro barrio y quedamos desamparados. No pudimos terminar la escuela, éramos pobres y decidimos trabajar para sobrevivir ya que nadie nos ayudó”, expresó.

En 1977 Estela, que en ese momento tenía 15 años, quedó embarazada y se fue a vivir con una tía al pueblito tucumano de El Palomar, donde volvió a sufrir el accionar de los represores.

Un suboficial del Ejército que se identificó como Mario Rodríguez le propuso criar a su hijo con la condición de que se fuera a vivir con él a su domicilio y, aunque ella en un primer momento se negó, finalmente aceptó porque el hombre le prometió que no se lo iba a quitar.

"Me llevó a Mendoza y después a Rosario de la Frontera donde tuve mi bebé”, recordó la mujer, quien tras el parto no volvió a ver a su hijo, al que sigue buscando luego de radicar una denuncia en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

El desgarrador relato de la testigo fue escuchado atentamente por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, quienes juzgan la responsabilidad de 19 ex miembros de la fuerza por la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de 271 víctimas, cometidos entre febrero del 75 y el 24 del 76.

viernes, 4 de noviembre de 2016

Juicio Operativo Independencia: Tramo de la crónica de el Colectivo La Palta.

Escenarios fabricados

Los titulares de los diarios de mayor tirada de Tucumán, Salta y Córdoba anunciaban que cuatro ‘extremistas’ habían sido abatidos. Se trataba de Hugo Silvio Macchi, Daniel Cantos Carrascosa, Abel Herrera y Adán Leiva. “Esta metodología de la simulación de enfrentamientos formaba parte de una acción psicológica de lo que fue el terrorismo de Estado”, dijo David Arnaldo Leiva, hermano de Adán. “Era para que la gente se sienta impotente y no pida por las víctimas, por los compañeros de trabajo, por los familiares”, explicó el abogado que dio testimonio por el secuestro, tortura y muerte de su hermano mayor. “Fue tan sistemático, como el caso de mi hermano que está constatado que fue secuestrado antes que aparezca muerto en un supuesto enfrentamiento con personas que no fueron detenidas con él”, agregó con una contundencia que parecía irrefutable.

Es que David Leiva fue a reconocer el cuerpo de su hermano en el Cementerio del Norte. Con sus 18 años vio esa carne magullada por la tortura. “La impresión que me dio era de una tortura no hecha para sacar información”, dijo más tarde Carlos Macchi, hermano de Hugo, otro de los supuestos abatidos. “Había ensañamiento y sadismo”, sentenció el hombre que entre oración y oración tomaba un traguito de agua, como intentando humedecer los recuerdos que se convertían en palabras.
Adán, Hugo, Abel y Daniel se conocían entre sí. Sin embargo, a partir de los diversos testimonios, solamente Daniel y Abel fueron secuestrados en la misma oportunidad. Los cuatro cuerpos aparecieron casi un mes después de que sus familiares emprendieran la búsqueda.

Adán Leiva estaba con su pareja, Graciela Barcalá, en la casa de Marcelo Patricio Abregú. Los Abregú les alquilaban una habitación y el 19 de setiembre de 1975, a las 3 de la madrugada, una veintena de uniformados irrumpieron en la vivienda. Marcelo es un sobreviviente de aquella noche. Su testimonio dio cuenta de que en ese lugar no hubo enfrentamiento alguno. Que Adán fue llevado vivo junto a Graciela. Que Graciela estaba embaraza de tres meses. Que la aparición del cuerpo de Adán fue una puesta en escena.
“A Hugo le decían ‘Uti’”, contó Inés Eugenia Simerman. “El utilero de payaso” explicó la mujer que fuera novia de Huguito Macchi. Inés era también cuñada de Abel Herrera que estaba casado con Georgina Simerman. A ‘Uti’ lo secuestraron en la vía pública un día después que a su cuñado y a Daniel Cantos Carrascosa. Sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionara en la ex Escuela Diego de Rojas, conocido como ‘La Escuelita’, aseguran haberlos visto allí. La teoría del enfrentamiento queda hecha cenizas ante los testimonios que se sustancian bajo juramento de decir verdad.

Hojas amarillas, hojas amarillentas

El tiempo transforma todo. Las personas, los dolores, los recuerdos. Hay quienes se hacen más fuertes con el paso del tiempo. Hay otros que se deterioran por dentro y por fuera. El dolor se puede volver estandarte de lucha o verdugo silencioso. Los recuerdos se difuminan o se arraigan. A las hojas de papel no les es indiferente el paso del tiempo. Ajadas, amarillentas, marcadas de tanto doblarse y volverse a abrir para releer, algunas cartas llegan como voces presentes de quienes ya no están. “Mis padres escribieron algunas cosas que reflejan su estado emocional”, dijo David Leiva al tiempo que desplegaba unas hojas de papel manuscritas. “Esta amarilla es”, y levantó una que resaltaba entre las amarillentas. En la hoja estaba escrito el detalle de las acciones que siguieron a la desaparición de su hijo. Las denuncias que intentaron hacer pero que no hicieron porque les dijeron que iba a acelerar la muerte del joven veinteañero. “Como ellos no están para testimoniar, soy yo el que puede expresar su voz”, dijo que hombre de cabeza blanca que ahora es abogado querellante en casos de delitos de lesa humanidad en la provincia de Salta.
“Mi madre escribió una carta a mis abuelos con el pedido que estas palabras sean leídas en su entierro”, dijo sobre el final de su declaración Esteban Lisandro Herrera, uno de los hijos de Abel y Georgina. “Quiero gritar al pueblo a ese pueblo por el que viviste y por el que luchaste hasta caer, que te agarraron vivo”, leyó el muchacho recordando a esa madre que tiempo después también fue secuestrada y permanece desaparecida. “Sé que debo ser fuerte, que tengo que cuidar de nuestros cachorritos y tengo que cuidarme para ser yo su mamá la que los eduque”, había escrito la mujer que compartió militancia con su esposo. “Hoy, con vos han matado a tres compañeros más y por cada uno de ellos se levantarán mil puños”, leyó el hijo orgulloso de la militancia de sus padres.

domingo, 23 de octubre de 2016

Operativo Independencia: las marcas del tiempo

 “Yo me he olvidado de todo, me he olvidado de todo. Ya no tengo la memoria”, y se quedó sentada a pesar que el presidente del Tribunal le dijo que podía retirarse. El llanto desconsolado resonaba en la silenciosa sala de audiencias. Nadie se atrevió a interrumpir el desahogo de Mercedes Tránsito Galiano. El cuerpo de Mercedes carga con las marcas de una vida difícil. El corralito con el que se ayuda a desplazarse había quedado a un costado de la silla en la que estuvo sentada durante su declaración. Pocas palabras dijo para tanta significación expresada de otras maneras. “¿Usted sabe leer y escribir, señora?”, le preguntó el fiscal ad hoc Agustín Chit. La respuesta negativa fue casi instantánea. “Me lo han sacado a mi hijo por la noche”, había dicho antes la madre de José Vivanco que permanece desaparecido.

El paso del tiempo, de estos más de 40 años, se expresa de muchas maneras en la sala de audiencias. A veces aparece explícitamente en boca de los testigos: “Esperé 41 años por este momento”. Otras veces llega con la crudeza de los olvidos que duelen. Otras, se advierte inexorablemente en una vida transcurrida a pesar de las pérdidas pero con los recuerdos intactos por más desgarradores que sean. “Recuerdo que mi mamá me tomó en brazos”, dijo Silvina Leonor Sosa, que en aquel momento tenía seis años. La madrugada del 15 de febrero de 1975 fue la última vez que vio a su mamá, Leonor Millán y la imagen quedó grabada. “Me acuerdo que le hacían dar la cabeza contra la pared y la pateaban. Cuando se la llevaron, para mí, ya iba muerta”, dijo Silvina.

El día anterior, el padre de Silvina, José Antonio Sosa, había sido secuestrado camino a una reunión que tenía en la iglesia Pío X de la capital tucumana. Ese fin de semana, Silvina quedó a cargo de su abuela y su bisabuela. “Eso fue esa noche pero lo que quedó de vida fue terrible porque me robaron todo”, dijo la mujer que mantuvo la entereza de quien le hizo frente a todos los dolores. “Todos los días, hasta que me casé a los 20 años, estuve esperando que me vengan a buscar”, soltó sobre el final de su declaración. Aquella niña no entendía por qué no se la habían llevado. “Todas las mañanas me despertaba y me fijaba si mi abuela respiraba”, recordó la niña que creció con el temor a terminar de quedarse sola.

Escenarios fabricados

Los titulares de los diarios de mayor tirada de Tucumán, Salta y Córdoba anunciaban que cuatro ‘extremistas’ habían sido abatidos. Se trataba de Hugo Silvio Macchi, Daniel Cantos Carrascosa, Abel Herrera y Adán Leiva. “Esta metodología de la simulación de enfrentamientos formaba parte de una acción psicológica de lo que fue el terrorismo de Estado”, dijo David Arnaldo Leiva, hermano de Adán. “Era para que la gente se sienta impotente y no pida por las víctimas, por los compañeros de trabajo, por los familiares”, explicó el abogado que dio testimonio por el secuestro, tortura y muerte de su hermano mayor. “Fue tan sistemático, como el caso de mi hermano que está constatado que fue secuestrado antes que aparezca muerto en un supuesto enfrentamiento con personas que no fueron detenidas con él”, agregó con una contundencia que parecía irrefutable.

Es que David Leiva fue a reconocer el cuerpo de su hermano en el Cementerio del Norte. Con sus 18 años vio esa carne magullada por la tortura. “La impresión que me dio era de una tortura no hecha para sacar información”, dijo más tarde Carlos Macchi, hermano de Hugo, otro de los supuestos abatidos. “Había ensañamiento y sadismo”, sentenció el hombre que entre oración y oración tomaba un traguito de agua, como intentando humedecer los recuerdos que se convertían en palabras.

Adán, Hugo, Abel y Daniel se conocían entre sí. Sin embargo, a partir de los diversos testimonios, solamente Daniel y Abel fueron secuestrados en la misma oportunidad. Los cuatro cuerpos aparecieron casi un mes después de que sus familiares emprendieran la búsqueda.

Adán Leiva estaba con su pareja, Graciela Barcalá, en la casa de Marcelo Patricio Abregú. Los Abregú les alquilaban una habitación y el 19 de setiembre de 1975, a las 3 de la madrugada, una veintena de uniformados irrumpieron en la vivienda. Marcelo es un sobreviviente de aquella noche. Su testimonio dio cuenta de que en ese lugar no hubo enfrentamiento alguno. Que Adán fue llevado vivo junto a Graciela. Que Graciela estaba embaraza de tres meses. Que la aparición del cuerpo de Adán fue una puesta en escena.

“A Hugo le decían ‘Uti’”, contó Inés Eugenia Simerman. “El utilero de payaso” explicó la mujer que fuera novia de Huguito Macchi. Inés era también cuñada de Abel Herrera que estaba casado con Georgina Simerman. A ‘Uti’ lo secuestraron en la vía pública un día después que a su cuñado y a Daniel Cantos Carrascosa. Sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionara en la ex Escuela Diego de Rojas, conocido como ‘La Escuelita’, aseguran haberlos visto allí. La teoría del enfrentamiento queda hecha cenizas ante los testimonios que se sustancian bajo juramento de decir verdad.

Hojas amarillas, hojas amarillentas

El tiempo transforma todo. Las personas, los dolores, los recuerdos. Hay quienes se hacen más fuertes con el paso del tiempo. Hay otros que se deterioran por dentro y por fuera. El dolor se puede volver estandarte de lucha o verdugo silencioso. Los recuerdos se difuminan o se arraigan. A las hojas de papel no les es indiferente el paso del tiempo. Ajadas, amarillentas, marcadas de tanto doblarse y volverse a abrir para releer, algunas cartas llegan como voces presentes de quienes ya no están. “Mis padres escribieron algunas cosas que reflejan su estado emocional”, dijo David Leiva al tiempo que desplegaba unas hojas de papel manuscritas. “Esta amarilla es”, y levantó una que resaltaba entre las amarillentas. En la hoja estaba escrito el detalle de las acciones que siguieron a la desaparición de su hijo. Las denuncias que intentaron hacer pero que no hicieron porque les dijeron que iba a acelerar la muerte del joven veinteañero. “Como ellos no están para testimoniar, soy yo el que puede expresar su voz”, dijo que hombre de cabeza blanca que ahora es abogado querellante en casos de delitos de lesa humanidad en la provincia de Salta.

“Mi madre escribió una carta a mis abuelos con el pedido que estas palabras sean leídas en su entierro”, dijo sobre el final de su declaración Esteban Lisandro Herrera, uno de los hijos de Abel y Georgina. “Quiero gritar al pueblo a ese pueblo por el que viviste y por el que luchaste hasta caer, que te agarraron vivo”, leyó el muchacho recordando a esa madre que tiempo después también fue secuestrada y permanece desaparecida. “Sé que debo ser fuerte, que tengo que cuidar de nuestros cachorritos y tengo que cuidarme para ser yo su mamá la que los eduque”, había escrito la mujer que compartió militancia con su esposo. “Hoy, con vos han matado a tres compañeros más y por cada uno de ellos se levantarán mil puños”, leyó el hijo orgulloso de la militancia de sus padres.

“Juro por los treinta mil detenidos desaparecidos y por la memoria, la verdad y la justicia”, y las luces de la sala de audiencias se apagaron y volvieron a prenderse casi de inmediato. El puño en alto, los cinco dedos juntos y apretados de Raúl Oscar Herrera continuaban firmes en esa especie de pestañeo que desconcertó a los presentes. Había acomodado sobre esa especie de corralito de madera devenido en atril las fotos en blanco y negro de Abel Herrera y de Georgina Simerman.

“¿Cómo estaba conformada su familia para el año 1975?”, le preguntó el fiscal a Raúl. “¿Para qué fecha del 75?”, fue a respuesta del muchacho que los últimos tres meses de aquel año empezó a sentir el desgarrador desmembramiento de su familia. “Dos de mis tíos se fueron a Israel, exhortados por mi abuela materna que no quería seguir perdiendo hijos”, dijo al recordar a los Simerman. “Mi abuelo paterno perdió a sus tres hijos: Claudio, Leonor Inés y Abel”, agregó con el esfuerzo evidente por mantener firme su voz. Esteban y Raúl se enteraron hace apenas seis años que todavía puede haber una vida por buscar. Su madre, fruto de una relación que mantuviera al momento de su secuestro y desaparición, estaba embarazada de entre tres y cuatro meses.

Dolor, angustia y búsqueda

“Mi papá creo que se murió de dolor”, dijo Adriana Slevenson. Claudio Slevenson estudiaba Agronomía en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y era dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Se encontraba en la provincia de Tucumán por un acto de cierre de su gestión como dirigente de esa agrupación. Poco más del mediodía del 4 de octubre fue secuestrado de la casa de Daniel Trenchi. Desde entonces, tanto Claudio, como Daniel permanecen desaparecidos.

“Mi madre no podía sentir el dolor de la muerte de mi padre porque estaba desgarrada con lo de mi hermana”, dijo María Moavro refiriéndose a Nélida Ciotta. "Mi madre pasó de ser un ama de casa a ser una de las fundadoras de Abuelas de Plaza Mayo. Estaba muy empeñada en intentar recuperar su nieto”, señaló la mujer que supo por el relato de sobrevivientes que su hermana, Amalia Moavro, dio a luz una niña. Amalia era militante de la agrupación Montoneros y fue secuestrada la madrugada del 5 de octubre junto a su esposo Héctor Mario Patiño. Nélida recibió información sobre su hija, sobre el estado de su salud y el avance de su embarazo. Nunca le dijeron dónde estaba. A principio de diciembre de 1975 le dijeron que no busque más. Pero la mujer sabía que había más vida por buscar, así que no se detuvo, como tampoco se detiene María.

“A mi hermano se lo llevaron en un jeep”, dijo Elba Rosa Roldán y describió el llanto de su madre. “Al día siguiente se fue a la ‘base’ de San Pablo”, recordó haciendo referencia a la base militar instalada en el pueblo al oeste de la capital tucumana. “Ahí le dijeron que lo busque en el ingenio de Lules”, continuó relatando Elba, que por estos días trabaja en la cosecha de frutillas. La madre de Elba y de Raúl Roldán, fue al ingenio y de allí la mandaron a ‘La Escuelita’. Ahí también se lo negaron. “Ahí lo tenían”, dijo Elba como a quien no le cabe duda alguna. Elba no olvida la noche del 5 de agosto de 1975. “Yo me acuerdo de esa noche que nos sacaron a todos afuera. La casa de mi padre estaba rodeada de militares”, había dicho al empezar su declaración.

“Esta metodología de la simulación de enfrentamientos formaba parte de una acción psicológica de lo que fue el terrorismo de Estado”, había dicho el abogado David Leiva. Elba sabe de la existencia de enfrentamientos fraguados. El cuerpo de su hermano apareció asesinado en un supuesto enfrentamiento el 19 de agosto de 1975. Días más tarde, cuando el Poder Judicial de la Nación ordenó la autopsia de este y de los otros seis cuerpos encontrados en la misma oportunidad, la misma no se pudo realizar. Los cuerpos habían sido inhumados por orden de la Jefatura de Policía.

La audiencia número 35 de la megacausa Operativo Independencia fue una de las más extensas desde que empezó este juicio. El tiempo se hizo elástico para tantas historias. Historias que se narran y se entrelazan unas con otras de diferentes maneras. Algunas por la militancia compartida, otras por los encuentros en la búsqueda. Todas por el dolor que atraviesa y reconfigura las vidas. El tiempo le dio la 'impunidad biológica' a algunos, pero otros, 18 en este caso, están ahí, en el banquillo de los imputados. Son juzgados por delitos cometidos en el afán de tomar en sus manos la decisión de quién y cómo debía vivir o morir.

Identificaron los restos de estudiante de la “generación perdida” del ENAM

Identificaron los restos de Alicia Dora Cerrota, quien es parte de la “generación perdida” del ENAM.

Se trata de Alicia Dora Cerrota, cuyos restos fueron identificados por el Equipo de Antropología Forense esta semana, junto a otras ocho víctimas del terrorismo de Estado sepultadas en Pozo de Vargas.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) precisó que con estas nueve víctimas, suman 87 las identificaciones de personas asesinadas cuyos restos arrojaron los represores a ese enterramiento clandestino que funcionó en San Miguel de Tucumán.

El EAAF realiza pericias genéticas al conjunto de restos óseos exhumados en el Pozo de Vargas por el equipo de peritos del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (Camit).

El denominado Pozo de Vargas fue utilizado como fosa común clandestina de desaparecidos asesinados desde el comienzo del Operativo Independencia en 1975 y durante la última dictadura.

Esta semana, fueron identificados los restos de Ricardo Romualdo Abad, Azucena Ricarda Bermejo García, Arnaldo César Correa, Juan René Lazarte, Carlos Raúl Osores, José Francisco Toloza, Jorge Luis Romero, Roberto Julio Romero y Alicia Dora Cerrota, quien es parte de la “generación perdida” del ENAM.

Cerrota fue secuestrada a los 27 años junto a su pareja, el periodista y poeta José Eduardo Ramos, el 2 de noviembre de 1976. Ambos eran militantes de Montoneros. También estaba embarazada y se ignora lo ocurrido al hijo o hija que debió haber nacido en cautiverio en junio o julio de 1977. Estuvo secuestrada en la Jefatura de la Policía de la Provincia.

Dora nació en Avellaneda el 13 de noviembre de 1948. Era Licenciada en Psicología y forma parte de la “generación perdida”, a la que ex estudiantes del ENAM suelen rendirle homenaje.

¿Por qué la “división perdida”? Según explica el grupo “ENAM Homenaje” en su página web, “porque tantos son los compañeros muertos y desaparecidos como para conformar una división entera de la escuela”. Son 30 los compañeros desaparecidos.

MDA de la Redacción de Info Región

* Nota correspondiente a la publicación del día 21 de Octubre de 2016

domingo, 14 de agosto de 2016

Juicio Operativo Independencia: Desgarrador testimonio de quien fue violada a los 13 años por los militares en ccd y e.

D.L (su identidad se preserva por haber sido víctima de delitos sexuales) tenía 13 años .“Militares me preguntaban por uno de mis hermanos y decían que yo repartía panfletos. Me golpearon y caí. Me entraron en un calabozo con un arma en la cabeza. Me gatillaban y me preguntaban ‘¿Querés morirte hija de p...? ¿Dónde está?’. Cuatro personas me arrancaron la ropa, me violaron y me escupieron. 
Sentía las cucarachas caminar por mi cuerpo

Fue la noche más larga y cruel de mi vida. Me tenían agarrada por las manos mientras se aprovechaban de mí. Me salía sangre de la boca y la nariz”, relató llorando y temblando.
Ante el Tribunal aseguró que cuando la sacaron de esa habitación, vio a su madre arrodillada en el lugar pidiendo que la liberaran. “Le dijeron que si su hijo no aparecía, no nos vería más a los que quedábamos. Cuando me sacaron, ella me dijo que me olvidara de todo. ¿Cómo me iba a olvidar? Después de tanto dolor, impotencia, silencio y bronca, esta es mi verdad, señor juez. Pido que se haga justicia”, requirió sollozando en la sala del TOF.

Controversia.- El Tribunal rechazó ayer los planteos de la Fiscalía y de las querellas para que sea revisada la resolución que admite preguntas a los testigos víctima sobre su militancia política. La decisión se tomó por mayoría (por votos de Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas; Juan Carlos Reynaga votó en disidencia). “Los delitos de lesa humanidad no serían tales si no se prueba que la persecución habría sido por motivos políticos, resulta necesario que quede acreditado”, sostuvieron. Añadieron que las únicas preguntas que tiene derecho el testigo a no contestar son aquellas que puedan ser “incriminatorias”.

Planteos en la sala
A Casación.- El fiscal Pablo Camuña adelantó que recurrirán a Casación. El defensor Facundo Maggio cuestionó que no les permitan preguntar sobre militancia, cuando las querellas lo hacen. “No me van a amedrentar, al próximo testigo le preguntaré lo mismo”, renegó. El abogado oficial Adolfo Bertino opinó que los planteos eran extemporáneos. “El conocer a los testigos hace a la veracidad. No justificamos la teoría de los dos demonios”, consignó

jueves, 21 de julio de 2016

Nuevas identificaciones de desaparecidos en el Pozo de Vargas en Tucumán

Restos, nombres e historias que se recuperan

Se pudo identificar a Silvia y Jorge Rondoletto y su madre, María Cenador, familiares de Marta Rondoletto, dirigente de derechos humanos de la provincia. Dos semanas atrás, de la misma fosa común se recuperaron los restos de Luis Falú.

 Por Ramiro Rearte - Desde Tucumán

El Pozo de Vargas, esa fosa común que funcionó durante la dictadura cívico militar como lugar para arrojar detenidos-desaparecidos y que se encuentra a tan solo 6 kilómetros del microcentro tucumano, desde sus profundidades, sigue arrojando certezas de la sistematización del mal de parte de los genocidas en la provincia que supo gobernar el represor Antonio Domingo Bussi. Es que esta semana, gracias al trabajo de la Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (Camit) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se pudieron identificar los restos de Silvia y Jorge Rondoletto y de su madre, María Cenador, parte de la familia de Marta Rondoletto, reconocida periodista tucumana y militante de derechos humanos junto a su marido Isauro Arancibia. Pocos días antes se habían recuperado los restos de Luis Eduardo Falú, hermano del músico Juan Falú.

La familia Rondoletto fue secuestrada casi completa, a excepción de Marta y su marido. Fueron detenidos ilegalmente de la casa familiar durante la siesta del 2 de noviembre de 1976 en un operativo que incluyó cortes de calles y la ocupación de las casas de los vecinos.

“Meses antes habíamos sufrido un ingreso violento a nuestra casa”, dijo a Página/12 Marta. Su padre Pedro, en ese entonces de 56 años y la esposa de Jorge, Azucena Bermejo (23 años), quien estaba embarazada, siguen desaparecidos.

Todas las víctimas fueron incluidas dentro del universo procesal de la megacausa “Arsenales II-Jefatura II”, en la que fueron condenados 37 ex miembros de las fuerzas de seguridad por crímenes de lesa humanidad. Durante las audiencias, se conocieron testimonios de quienes vieron a la familia en los dos centros clandestinos de detención y exterminio. Se conocieron detalles de humanidad, como la contención que María brindaba en el Arsenal a las secuestradas jóvenes, y de horror, como el fusilamiento de Jorge y Pedro. Pero hasta ahora no se conocía el destino de ninguno de ellos.

“En Tucumán, comenzó todo antes, y por eso el hecho de las identificaciones que se están produciendo tiene con ver con ese contexto que gira alrededor del juicio del denominado Operativo Independencia”, dijo Marta, haciendo referencia al proceso judicial en abierto este año, donde se trata de determinar las responsabilidades de los represores que participaron en crímenes de lesa humanidad desde marzo de 1974 en la provincia.

Rondoletto terminó, “Las identificaciones son el elemento final que hemos iniciado los familiares para demostrar que estábamos ante crímenes masivos. Yo tenía 28 años cuando secuestraban mi familia. Nunca sabremos si el objetivo era de toda la familia o sólo algunos miembros. Creo que los secuestros tuvieron que ver con nuestra militancia en la Asociación de Prensa de Tucumán, ya que por entonces teníamos fuertes posiciones políticas denunciando todo lo que pasaba en el país”.

Luis “Lucho” Eduardo Falú, quien fue identificado hace dos semanas, fue secuestrado el 14 de septiembre de 1976, algo más de un mes después de que el muchacho, de 25 años y estudiante de historia, se reuniera con dos agentes del Servicio de Inteligencia, quienes lo amenazaron: “Hacé una lista con los nombres de esos zurditos amigos tuyos”, le dijeron, según contó después a un familiar. Como Falú se negó, lo secuestraron a 50 metros de su casa, al mediodía, cuando volvía de su trabajo en Gas del Estado. Ese hecho formó parte del juicio sobre la Jefatura de Policía y la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga. Cuando el guitarrista Juan Falú recibió la noticia afirmó que era muy movilizante y altamente reparador”. La noticia sacudió a su familia al punto que obligó a la internación de su madre, de 99 años, que murió unos días después.

También en el Pozo de Vargas fueron identificados los restos del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse y el ex vicegobernador de la provincia, Dardo Molina, entre otros.

lunes, 4 de julio de 2016

Juicio Operativo Indendencia: Víctima sobreviviente oyó nacimiento de un bebé en cautiverio

Un testigo que declaró ayer en el megajuicio "Operativo Independencia", que se realiza en Tucumán por delitos de lesa humanidad cometidos en 1975, aseguró que mientras estuvo detenido escuchó que "fusilaban a personas" y un día sintió los gritos de una mujer que pedía que le mostraran al bebé que había dado a luz en cautiverio.

Los magistrados escucharon los testimonios de Roberto Jorge y Juan Eduardo Liacoplo, dos hermanos que fueron secuestrados durante 1975. Ambos vivían en Lules, ciudad ubicada a 30 kilómetros al sur de la capital provincial, y al hablar ante el tribunal contaron que “nuestra pesadilla comenzó el 7 de febrero, cuando la Policía y miembros del Ejército Argentino irrumpen en nuestra casa familiar”.

Jorge Liacoplo contó que fue alojado en la Escuelita de Famaillá (primer Centro Clandestino de Detención identificado por la Conadep), donde "había sesiones de tortura todas las noches y se escuchaban gritos de dolor”.

Liacoplo aseguró que mientras estaba en ese lugar "fusilaron personas" y recordó que "un día sentí un nacimiento en cautiverio y luego los gritos de una mujer pidiendo que le mostraran al bebé".

Juan Liacoplo señaló que había participado en el Tucumanazo y que se presentó ante la citación porque no tenía nada que esconder y porque lo amenazaron con que iban a volver a buscarlo.

"Una vez en el Ingenio me vendaron los ojos y me ataron las manos y los pies", indicó y agregó que "sentí que había otras personas pero no pude ver quiénes eran".

"Luego nos subieron como bolsas a un camión y nos llevaron a otro lugar", indicó y señaló que tiempo se enteró que era la Escuelita de Famaillá. “Ahí empezaron los interrogatorios y cada vez que eso sucedía recibíamos golpizas y usaban picanas", expresó.

Los hermanos Liacoplo coincidieron al señalar que cuando les devolvieron la libertad, sus vecinos le tenían miedo y tuvieron que romper los lazos con la gente porque estaban mal visto y tuvieron que abandonar su pueblo natal para irse a vivir a otro lado

domingo, 19 de junio de 2016

Juicio Operativo Independencia:Rito Medina murió tras las torturas en “La Escuelita”

“Abuelo, soy Norma”. La niña se aproximó al hombre que -describió- estaba sentado en el piso, con los ojos vendados. “Un militar me dijo que no me acerque, le dije que era mi abuelo. Me respondió que era un delincuente. Le dije que no, que era mi abuelo”. Norma Medina relató ayer en la megacausa “Operativo Independencia” que cuando tenía 10 años fue detenida junto a su madre Elena Roldán de Medina y llevada al sitio en donde vio secuestrado su abuelo Rito Medina.

Tres miembros de la familia oriunda de Monte Bello (Famaillá) declararon sobre la detención y la trágica muerte del anciano tras pasar por la “La Escuelita” de Famaillá. Los Medina, que se dedicaban a la cosecha de limón y que tenían un pequeño almacén, fueron llevados a destacamentos y centros clandestinos de detención en varias oportunidades, según afirmaron en el Tribunal Oral Federal (TOF).

Norma detalló que pudo hablar con Rito dos veces. Explicó que como había sido la primera nieta, tenían una relación especial: “era todo para mi. Imaginen lo que he pasado cuando se lo han llevado. Fue muy triste. Quería llevármelo a la casa y no lo dejaban ir. Lo tenían como que era el peor terrorista (sic). Le decían que le daba de comer a los que ellos llamaban extremistas. Mis abuelos tenían pensionados, hacían comida para la gente que salía de trabajar”, lamentó.

Ella y su mamá habían sido sacadas todas las veces de su casa y cargadas en un camión. “Llegamos a unas oficinas. Al fondo la bajaron a mi mamá y le vendaron los ojos. La metieron en una pieza, donde había otras mujeres. Algunas lloraban. Yo quedé en el pasillo, era muy curiosa y comencé a caminar. Vi gente sentada y vendada y alcancé así a ver a mi abuelo Rito. La soltaron a mi mamá a la madrugada. La segunda vez que fuimos, mi mamá ya me había cortado el pelo y vestido de varón porque ahí eran todos hombres y tenía miedo de que me hagan algo”, expresó.

Elena narró que en todas las ocasiones las sacaron de la casa militares vestidos de verde que las apuntaban con armas. “Nos llevaron a la administración de la citrícola San Miguel. Había varios conocidos ahí”, dijo y mencionó a vecinos de la zona ( La Geceta)

domingo, 12 de junio de 2016

Los curas del Operativo Independencia



La lista de los capellanes que bendijeron la tortura en los centros clandestinos. Un capítulo de la participación de la Iglesia en el genocidio.


Maximiliano Olivera @maxiolivera77

 Capellán dirigiéndose a soldados durante el Operativo Independencia, en diciembre de 1975. Fotografía publicada en la revista Gente, editorial Atlántida

En el marco de la megacausa por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia (OI, entre febrero de 1975 y marzo de 1976) un testigo de concepto se refirió al rol de los capellanes en las prácticas de interrogatorios y torturas. La semana pasada, el investigador Ariel Lede relató aspectos de la investigación que fue plasmada en el libro Profeta del genocidio (en coautoría con Lucas Bilbao, Sudamericana, 2016) y ofreció una lista de los capellanes que participaron del OI.

Los nombres de Dios

El listado de los 43 capellanes fue rechazado por los abogados defensores de los genocidas para que sea incorporado como prueba. Aunque el fiscal Camuña no opuso resistencia, por pedido de Bernardo Lobo Bugeau dicho listado fue incorporado a la causa como elemento probatorio.

Precisamente, en esta megacausa (cerca de 1000 testigos, 271 víctimas) faltan numerosos responsables de los crímenes que se están juzgando. Empezando por Isabel Perón, quien firmó el decreto habilitando al Ejército para “aniquilar la subversión”, hasta los empresarios que fueron parte activa. La Iglesia, que aportó sus cuadros para la avanzada genocida, es también una de las grandes ausencias en el banquillo de los acusados. De acuerdo a las investigaciones, 400 capellanes se distribuyeron de acuerdo a la división operativa que el Ejército realizó del territorio argentino.

 Fuente: www.profetadelgenocidio.com

La relación entre la Iglesia y el Ejército se construyó durante décadas siguiendo la experiencia francesa en la “guerra sucia” contra Argelia y la “lucha contra el comunismo”, postulada por la Doctrina Nacional de Seguridad estadounidense. A través del vicariato castrense (creado en junio de 1957), sectores reaccionarios de la Iglesia Católica, como el integrismo, se ligaron a los cuadros del Ejército, y ocupándose de impartir cursos a los nuevos cadetes. Un ejemplo más que significativo es que en la Escuela Mecánica de la Armada, a cada proyección de La Batalla de Argelia –utilizada para instruir sobre los métodos de tortura– la precedía la alocución de un capellán.

Con el Operativo Independencia (OI), los capellanes cumplieron un importante rol en la construcción del relato de la “guerra contra la subversión”, con abiertas defensas en los medios de comunicación de las operaciones del Ejército. Pero también fueron una parte fundamental en los métodos de tortura utilizados en los centros clandestinos de detención (CCD).

De acuerdo a Lede y Bilbao, 43 sacerdotes participaron del OI (37 por el Ejército, 5 por la Gendarmería. Prestaron “apoyo logístico espiritual” al despliegue de las Fuerzas Armadas, convenciendo a las tropas de la justeza de la “guerra” y la necesidad de no guardar piedad ante los “enemigos de la civilización occidental y cristiana”. En términos legales, esto amerita ser “partícipe necesario” en los delitos de lesa humanidad.

La preocupación por la “moral” de las Fuerzas Armadas fue una constante para los capellanes y la jerarquía eclesiástica. En su diario, el obispo Victorio Bonamín apunta tras una cita con monseñor Adolfo Tortolo, para ese entonces vicario general castrense: “problemas de Tucumán, respecto a torturas y prisioneros (otro argumento: Si, según Sto. Tomás, es lícita la pena de muerte…, la tortura es menos que la muerte…). Nuestros Capellanes necesitan aunar criterios” (09/01/76). Más adelante escribirá, “Función de los capellanes: dar criterios sobrenaturales al accionar de los militares” (18/10/76).

A fines de 1975, con Bussi comandando el OI, Bonamín apunta “Con los Capellanes Castr. del 1° Cuerpo de Ej. que se turnaron y turnarán en Tucumán. Problemas de conciencia de n/Oficiales” (29/12/75). El 22 de abril de 1976 también dará cuenta de una “reunión con los sacerdotes presentes sobre Tucumán, torturas, etc.”. El obispo también se dará licencias para contar sobre una “gran jarana con los dulces tucumanos que me regaló el Gral. Bussi” en una cena (19/10/76). En una entrevista en 1989, Bonamín comentó como recorrió los campamentos con Bussi, quien le mostró un preso y lo instó a que lo interrogue (una anotación se encuentra en el día 09/10/76).

Según un informe estadístico de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, los sacerdotes católicos representan menos del 1% por de los 660 condenados entre 2006 y 2015, y de los 2220 imputados. Concretamente: 1 condenado a prisión perpetua, 1 absuelto, 6 imputados (2 murieron sin condena, 1 está prófugo y 3 en proceso) y 4 citados como testigos.

El caso del cura absuelto se dio en la megacausa de Jefatura II-Arsenales II en Tucumán. José “Pepe” Mijalchyck fue visto por sobrevivientes de aquellos CCD y sin embargo fue absuelto por falta de pruebas. Durante el proceso judicial, la Iglesia organizó una campaña de defensa que incluía caravanas de colectivos. El “padre Pepe” fue denunciado en 2005 ante la justicia federal, sin embargo un año después fue nombrado “Prelado de Honor de Su Santidad” por el papa Benedicto XVI.

A los números irrisorios de clérigos condenados se suma que el actual papa, Jorge Bergoglio, tiene denuncias por “encubrir a los ejecutores de la dictadura”, en el caso de apropiación ilegal y robo de identidad. Contra la intención deliberada por continuar encubrir la participación de la Iglesia en el genocidio, sobran las razones para continuar la lucha por la apertura de los archivos, por el juicio y castigo.

Una testigo explicó cómo se organizaron las fuerzas armadas para llevar adelante el Operativo Independencia

Verónica Almada Vidal fue la primera testigo en tomar la palabra el viernes pasado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán que lleva adelante el doceavo juicio por delitos de lesa humanidad que se celebra en la provincia, donde se juzga la responsabilidad de 19 ex miembros de las distintas fuerzas de seguridad en perjuicio de 271 víctimas.

PH Elena Nicolay

Verónica es Lic. en Ciencias Antropológicas y formó parte del equipo de trabajo que elaboró los informes del Operativo Independencia, a cargo del Ministerio de Defensa de la Nación, para el cual “se utilizaron archivos administrativos de las fuerzas armadas argentinas y relevaron miles de documentos”, según indicó la testigo.

De la investigación surge la “Quinta Brigada de Infantería” como la “responsable” de Tucumán, donde se  establecieron zonas específicas como la capital de la provincia y el Monte Suroeste para crear fuerzas de tareas: “un agrupamiento temporal de personal que se constituye cuando se necesitaban efectivos inferiores al nivel de oficial”, definió la especialista en archivo y Derechos Humanos.

Además “pudimos constatar las distintas directivas en el marco normativo que la fuerza ejército dispuso para llevar adelante las operaciones, órdenes de personal que organizaban los relevos y refuerzos para el Operativo Independencia”, agregó.

Verónica sostuvo que “durante 1975 se desarrolló el reglamento RC91, que recoge cuestiones que se venían planteando en muchos reglamentos utilizados a fines de los años 60 y principio de los 70 como operaciones contra fuerzas irregulares y la subversión urbana, además de brindar instrucciones para operaciones de seguridad”.

"También existían reglamentos específicos de inteligencia de combate y técnica plasmando un paradigma que se venía gestando desde la década del 60 que es la guerra no convencional contra la subversión o la guerrilla”.

La antropóloga dijo a través de los informes se pudo determinar “que hubo intercambio fluido con oficiales del ejército francés" y un ejemplo de ello es "el reglamento 91, que considera tomar en cuenta las experiencias de Argelia, Indochina y Vietnam, adaptando la doctrina de Francia al marco interno de Argentina”.

A lo largo de su declaración, recordó un dato que  llamó su atención “una vez encontré un documento donde un oficial del ejército declaraba que su tarea fue la de hacer desaparecer cuerpos de detenidos por ser de izquierda”. Éste detalle era puesto en consideración de sus jefes en su pedido de ascenso, claramente era considerado un mérito digno de merecer un premio.

Por último afirmó que se pudo constatar a través de los documentos encontrados  “reclamos de oficiales por afecciones psicológicas producto de haber participado en el 'Operativo Independencia' y realizar tareas de interrogatorios” y explicó que se encontraron archivos que demuestran que “muchos oficiales viajaron al sur de Tucumán para realizar curso de interrogadores con técnicas de inteligencia".

Al culminar la declaración de la testigo, el  imputado Jorge Omar Lazarte (quien fuese Teniente 1ero del Ejército Argentino, desempeñándose como Supervisor Militar del Departamento D2 de la Policía de Tucumán, entre noviembre de 1974 y diciembre de 1975) solicitó al TOF la palabra y señaló que la antropóloga “hizo una descripción muy generalizada de la organización de las fuerzas” y negó  “haber recibido algún tipo de bonificación durante su desempeño en el Operativo Independencia”.

Lazarte está  acusado en esta causa como autor material por delitos contra dos víctimas y, además de, como autor mediato de 133 casos de violación de domicilio, 207 casos de secuestros, 175 de aplicación de torturas y 88 de homicidios.

Durante la audiencia también prestó declaración Luis Guillermo Garay, actual presidente del Instituto Espacio para la Memoria de Santiago del Estero y Director del Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología de la UNSE; dedicó la primera parte de su testimonio a explicar cómo se articulaban las provincias de Santiago del Estero y Tucumán dentro del Operativo Independencia. En la megacausa hay víctimas santiagueñas.

El investigador explicó que en un principio Santiago del Estero pertenecía a la Zona 3 del cuerpo del Ejército que dependía de Córdoba, pero luego “por razones de proximidad pasan a trabajar con la Provincia de Tucumán”, especialmente con el Destacamento N°142.

También aseguró que las tareas de inteligencia “sobre disidentes políticos comenzaron en 1972, con el reflote de un área específica en la Policía” y advirtió  que en el 74  se llevaron a cabo  “las primeras acciones represivas donde participaban militares en los interrogatorios”.

Otro dato relevante que aportó el Director Luis Garay, fue sobre los numerosos testimonios y denuncias de personas que vieron cómo el ejército arrojaba cuerpos desde helicópteros en territorio santiagueño. Casualmente muchas de esas personas arrojadas al monte fueron denunciadas como desaparecidas en Tucumán.

El megajuicio Operativo Independencia continuará  en la sala de audiencia del TOF (Chacabuco y Crisóstomo) el próximo 9 de este mes a horas 9, con la declaración de nuevos testigos.-

Miguel Ángel Figueroa, estudiante de la UNT, fue identificado en el “Pozo de Vargas”

“Paco” fue secuestrado el 22 de junio de 1976, junto a Gloria Susana, su hermana y también identificada en la inhumación clandestina.

La familia de Miguel Ángel Figueroa informó, en la Capital de Santiago del Estero, la reciente identificación del estudiante de la UNT recuperado en el “Pozo de Vargas”. En el 2014 había sido identificada Gloria Susana, su hermana. 

Raúl Figueroa informó la reciente identificación de su hermano Miguel Ángel. “Paco” fue secuestrado el 22 de junio de 1976, junto a Gloria Susana, su hermana y también identificada en la inhumación clandestina “Pozo de Vargas”, localizada en la Finca de Vargas (Tafí Viejo, Tucumán). 

Miguel Ángel Figueroa estudiaba la Carrera de Contador Público Nacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán; su hermana, Gloria Susana, la Carrera de Abogacía, también de dicha casa de altos estudios. Ambos fueron secuestrados en el lugar que residían en la Capital tucumana. 

A partir del trabajo del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), responsables de la intervención forense en el “Pozo de Vargas”, y el trabajo conjunto con la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desparecidas (ILID) - Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), hasta el presente fueron identificadas 61 personas en esta inhumación clandestina.

Cabe destacar que del total de identificados, 8 son oriundos de la vecina provincia de Santiago del Estero: además de los hermanos Figueroa (Miguel Ángel y Gloria Susana), Santiago Omar Vicente y Julio Oscar Zurita (también estudiantes de la UNT: Carreras de Agronomía y Arquitectura, respectivamente), Marta Azucena Castillo (docente y socióloga), Luis Alejandro Lescano (abogado), Héctor Rubén Carabajal (trabajaba en la Cámara de Diputados de Santiago del Estero) y Antonio Emilio Ibarra (trabajador de Vialidad).

Los trabajos del CAMIT continúan actualmente en el “Pozo de Vargas”, como así también la etapa de la pericia en la que interviene el ILID - EAAF, por lo que se estima que habrá nuevas identificaciones durante el año 2016.

jueves, 2 de junio de 2016

La audiencia del jueves

por Javier Sadir de La Palta para el Diario del Juicio

El olor. Ese que te identifica, te recuerda y te penetra. “Ese olor en la manos lo tuve hasta que dejé la colimba”, dijo Rubén Alejandro Juárez, un conscripto que prestó servicios en el Hospital Militar durante el Operativo Independencia. Recibir cuerpos. Limpiarlos. Esa era parte de su tarea dentro de la cadena de la muerte. Como si los círculos del infierno hubiesen sido recreados bajo las lógicas productivas. Matar, limpiar, quemar. Eso se intuyó en la declaración de Juárez en la audiencia del jueves 26 de mayo de la Megacausa Operativo Independencia. “‘Aquí queremos machos’ nos decían a los reclutas y nos empujaban hacia los cuerpos”, contó Juárez y describió el estado de descomposición que presentaban los cadáveres.

En la audiencia del jueves finalizaron las declaraciones de los imputados e iniciaron las testimoniales. “Es paradójico que los vencidos que pretendían imponer a sangre y fuego el socialismo marxista pretendan juzgar a los vencedores que hoy somos presos políticos”, dijo Jorge Omar Lazarte, el último imputado en declarar. Dos testigos, uno de contexto y otro vivencial, que podría considerarse testigo víctima, siguieron a estas declaraciones y aportaron más que a una causa. A través de dos testimonios se comprimió el terrorismo de estado y la enorme estrategia que generó el silencio durante décadas. Se ejemplificó el porqué de las consignas como “memoria, verdad y justicia” o “nunca más”. Fueron suficientes para derribar cualquier mito o teoría que justifique el accionar del estado militar.

De acuerdo a lo reconstruido a través de la audiencia del jueves, este ensayo del terror no habría sido posible sin la complicidad de los aparatos de poder como la iglesia católica. Por eso, cuando se habla de dictadura, muchos aclaran que fue militar, cívica y eclesiástica. Y esto se fundamentó en la misma audiencia bajo la investigación que realizó el testigo Ariel Lede, sociólogo que analizó los diarios del obispo Bonamín y pudo dar cuenta, junto a Lucas Bilbao, de la organización de la iglesia católica acompañando el accionar del ejército argentino. Estos sociólogos analizaron documentación vinculada al Vicariato Castrense y al rol de este dentro del Operativo Independencia. Así a través del libro El profeta del genocidio plasmaron la investigación acerca de lo que se llamó el apoyo espiritual a las fuerzas armadas en la autodenominada lucha contra la subversión. “Se pudo comprobar que se puso a disposición los recursos de este vicariato, incluso aumentando la presencia de capellanes en el territorio, para poder dar contención psicológica y moral a aquellas personas que torturaban y secuestraban a la población civil”, explicó el fiscal Agustín Chit.

Estos testimonios no solo dan cuenta de la cadena productiva del terror, sino que también echan por tierra la teoría conocida como “de los dos demonios”. Esta teoría considera que en el territorio hubo una guerra entre dos fuerzas demoníacas: por un lado, la fuerza guerrillera y por otro, la fuerzas militares. Así, al mejor universo de George Lucas obliga a los ciudadanos a tomar partida por un lado de la fuerza. Y pone a la misma altura las responsabilidades del Estado, que debe brindar bienestar y proteger los derechos de la población. Que niega el grado de inoperancia con el que contaban reducidos grupos armados en el monte tucumano en comparación con la estrategia impuesta por imperios económicos como ser Estados Unidos y Francia en Latinoamérica. Que no diferencia entre la justicia que debe brindar el estado, ni entre los más de cuatrocientos jóvenes sin identidad al día de hoy, ni entre los mecanismos ilegales y clandestinos bajo el cual el Estado propició “orden”. Y que justifica la tortura, la muerte, el terror y las desapariciones.

"Los cuerpos de los soldados eran entregados a la familias. Los cuerpos de los guerrilleros no sé", explicó el conscripto Juárez al cerrar su declaración. Al levantarse de la silla se quedó parado frente al tribunal. Porque, seguramente, toda la crueldad y la morbosidad de su declaración no fueron suficientes para transmitir lo que realmente fue vivirlo. Se quedó parado con ganas de seguir contando a esa sala, que registra la historia, cada uno de los golpes que vio en los cuerpos, cada una de las vejaciones que vivió con los cuerpos y cada una de las historias que encontró al limpiar los cuerpos. Se queda parado hasta que, por segunda vez, el presidente le dice “puede abandonar la sala”. 

miércoles, 18 de mayo de 2016

Allanaron el Ingenio La Fronterita y secuestraron información de víctimas del Operativo Independencia

La fábrica se utilizó, a partir de febrero de 1975, como una base militar desde donde se desplegó la denominada Fuerza de Tareas Rayo. 

La planta se encuentra cinco kilómetros al oeste de la ciudad de Famaillá

Allanan el Ingenio La Fronterita, en Tucumán, en el marco de la causa por el Operativo IndependenciaLa Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó el martes pasado, por orden del juez federal Daniel Bejas, el Ingenio azucarero La Fronterita, ubicado en la localidad de Famaillá, en Tucumán, en el marco de la causa de lesa humanidad que se sigue por los delitos que se cometieron durante el Operativo Independencia entre 1975 y 1978.Según consignó el sitio Fiscales, los procedimientos fueron requeridos por el titular de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal federal Pablo Camuña. También se allanaron las oficinas de la firma José Minetti & Cia, situadas en Córdoba capital, propietaria de este ingenio Tucumano.     Según pudo establecer la fiscalía, La Fronterita se utilizó, a partir de febrero de 1975, como una base militar desde donde se desplegó la denominada Fuerza de Tareas Rayo, formada por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. En ese lugar funcionó además un centro clandestino de detención (CCD) "con el objeto de reunir personas secuestradas con el fin de extraerles información por medio de torturas y que estas personas en general luego eran trasladadas a otros lugares de mayor envergadura".Durante uno de los procedimientos, en el que participó el fiscal Camuña, se secuestró en la sede del ingenio los legajos de víctimas de delitos de lesa humanidad que pasaron por la Base y el CCD. Además, se recopilaron recibos de sueldos de la época, libros de personal, archivos de litigios laborales y otros documentos, en tanto que en Córdoba se requisaron libros contables y de balances.En la causa se investigan la desaparición de al menos 43 personas que vivían en los alrededores de Famaillá y que eran trabajadores de la empresa. (Télam)
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó el martes pasado, por orden del juez federal Daniel Bejas, el Ingenio azucarero La Fronterita, ubicado en la localidad de Famaillá, en Tucumán, en el marco de la causa de lesa humanidad que se sigue por los delitos que se cometieron durante el Operativo Independencia entre 1975 y 1978.

Según consignó el sitio Fiscales, los procedimientos fueron requeridos por el titular de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal federal Pablo Camuña. También se allanaron las oficinas de la firma José Minetti & Cia, situadas en Córdoba capital, propietaria de este ingenio tucumano.  

Según pudo establecer la fiscalía, La Fronterita se utilizó, a partir de febrero de 1975, como una base militar desde donde se desplegó la denominada Fuerza de Tareas Rayo, formada por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. En ese lugar funcionó además un centro clandestino de detención (CCD) "con el objeto de reunir personas secuestradas con el fin de extraerles información por medio de torturas y que estas personas en general luego eran trasladadas a otros lugares de mayor envergadura".

Durante uno de los procedimientos, en el que participó el fiscal Camuña, se secuestró en la sede del ingenio los legajos de víctimas de delitos de lesa humanidad que pasaron por la Base y el CCD. Además, se recopilaron recibos de sueldos de la época, libros de personal, archivos de litigios laborales y otros documentos, en tanto que en Córdoba se requisaron libros contables y de balances.En la causa se investigan la desaparición de al menos 43 personas que vivían en los alrededores de Famaillá y que eran trabajadores de la empresa, 

viernes, 6 de mayo de 2016

La Corte Tucumana abre sus archivos por los chicos apropiados

En busca de los que faltan

El máximo tribunal provincial ordenó el relevamiento de juicios civiles iniciados entre 1975 y 1983 con el fin de encontrar datos que permitan identificar a hijos de desaparecidos. La medida fue adoptada por unanimidad de los cinco magistrados.

Desde Tucumán

La Corte Suprema de Tucumán, decidió, por primera vez en su historia, abrir los archivos judiciales para dar a conocer como fueron adoptados y dejados en adopción en instituciones de menores los niños y niñas que nacieron entre 1975 y 1983.

La medida fue adoptada a través de la resolución 28/2016. Los años que comprende dicha medida no son casuales. Abarca no sólo la dictadura cívicomilitar sino también la etapa previa con la llegada del denominado “Operativo Independencia” a la provincia, que comenzó en febrero de 1975, y donde se inauguraron no sólo los centros clandestinos de detención, sino también los nacimientos clandestinos.

Con ésta decisión, la Corte tucumana, ordenó el relevamiento de juicios civiles iniciados entre 1975 y 1983 con el fin de buscar datos que permitan identificar a hijos de desaparecidos.

Lo que también pondera la acordada firmada por los jueces en pleno es la conformación de un grupo de trabajo bajo la órbita de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, para realizar un trabajo de investigación de “legajos de adopciones, guardas temporales, hallazgo de menores no identificados e inscripción tardía de personas”, dice el texto. El equipo designado por la Corte dependerá de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, la abogada Lourdes Bascary está al frente de dicho organismo y trabajará con la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Oficina Tucumán), ambas dependientes de la Procuración General de la Nación.

Para la Corte, no sólo hubo un plan sistemático de exterminio (siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia nacional) sino que también existió un plan de apropiación de menores durante la represión dirigida casi en su totalidad por el genocida Antonio Domingo Bussi.

Lo que se tratará de determinar es que si los expedientes de adopciones y guardas legales apilados en los juzgados del fuero de Familia y Sucesiones podrían contener información clave para la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos, apropiados a través del plan sistemático que llevó a cabo la última dictadura militar.

La acordada 28/2016 fue firmada el 3 de febrero por los cinco integrantes del máximo tribunal: Antonio Gandur, René Mario Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse (ex secretario de Derechos Humanos de la gestión del gobernador José Alperovich).

Lo que el texto deja en claro es que también se analizarán protocolos de sentencias, o sea de qué manera los jueces otorgaron tutelas y demás a los padres adoptivos durante la dictadura.

Según los magistrados, durante la dictadura se llevó adelante, “una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños. La primera por medio del ingreso del niño al sistema de minoridad y consecuentemente a una probable adopción por parte de terceros, y la segunda por medio de simulación del embarazo de la apropiadora y la inscripción posterior del niño como hijo biológico del matrimonio apropiador. Las primeras búsquedas de las Abuelas de Plaza de Mayo fueron por ese lado, evidenciando el plan sistemático de apropiación”, dijeron.

La noticia fue celebrada por Abuelas de Plaza de Mayo, quienes a través de su titular, Estela de Carlotto, le enviaron una carta al presidente de la Corte tucumana, para agradecer la acción concreta. “A 40 años del golpe genocida más terrible de nuestro país, seguimos buscando a los casi 400 nietos que aún faltan en el abrazo fraterno de sus familias. Esperamos que este tipo de iniciativas puedan replicarse en el resto de las provincias, para seguir consolidando una política de Estado que es ejemplo a nivel mundial”, afirmó Carlotto.