lunes, 20 de febrero de 2012

Apagón Ingenio Ledesma: quieren que declare el empresario Blaquier

A 36 años de la noche del apagón en el Ingenio Ledesma, quieren que declare el empresario
Un fiscal pidió indagar a Blaquier

Camiones de la empresa de Pedro Blaquier cargaron a unas 400 personas, 55 permanecen desaparecidas. El fiscal de Jujuy Domingo Batule pidió la citación a indagatoria del dueño del Ingenio. El juez Olivera Pastor tiene que resolver.

 Por Alejandra Dandan

Después de la represión de julio del año pasado en Jujuy, el nombre del Ingenio Ledesma vuelve a la Justicia. El fiscal Domingo Batule, de Jujuy, firmó un pedido de indagatoria sobre el poderoso empresario Pedro Blaquier por su presunta responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de las víctimas de lo que se conoce como La Noche del Apagón, de julio de 1976, cuando camiones con logos de su empresa cargaron a unas 400 personas, entre las que permanecen 55 desaparecidas. En línea con el impulso que los organismos de derechos humanos intentan dar en el país a las investigaciones sobre la responsabilidad civil de los empresarios con la dictadura, Batule firmó el pedido de indagatoria sobre ésa y otra causa. La decisión, que es un avance y en cualquier otro distrito del país sería un modo de acelerar el camino de la Justicia, en Jujuy corre el peligro de tener sólo un efecto simbólico: la evaluación está en manos del juez Jorge Olivera Pastor, denunciado una y otra vez por los organismos de derechos humanos. El juez tiene causas abiertas en el Consejo de la Magistratura, y la Procuración General de la Nación lo denunció por denegar sistemáticamente los pedidos de indagatorias de los represores como una estrategia para obstruir los procesos de justicia.

“Lo más contundente de las pruebas son las declaraciones de los desaparecidos que sobrevivieron a la llamada Noche del Apagón”, dice Pablo Pelazzo, uno de los abogados querellantes de las causas. “Muchos trabajaban en el interior del Ingenio o para el Ingenio, pero también había jóvenes que eran militantes o estudiantes universitarios ligados a los dirigentes sindicales de Ledesma. Los testimonios coinciden en que lo que se llama la Noche del Apagón, que fue la noche que más cantidad de personas secuestraron, los cargaron en vehículos con el logo del Ingenio Ledesma y después fueron haciendo un circuito con paradas adentro del Ingenio en lugares como el destacamento de Gendarmería y luego los llevaron a todos a Guerrero, un centro clandestino en las afueras.”

Son conocidas desde hace años las denuncias que vinculan al Ingenio con la sucesión de operativos que se hicieron entre las noches del 20 al 27 de julio de 1976 en la localidad de Libertador General San Martín, sede del Ingenio, y la vecina localidad de Calilegua. Bajo el amparo de los cortes de luz, el Ejército fue levantando a las víctimas con vehículos del Ingenio y se cree que algunas de ellas las levantaron desde adentro de la fábrica. Las investigaciones sin embargo no prosperaron en la Justicia jujeña y consiguieron en cambio una denuncia impulsada por la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento por delitos de lesa humanidad de la Procuración de la Nación, que el año pasado encuadró a Jujuy como la provincia con más problemas para avanzar con las causas. La Unidad, coordinada por Jorge Auat, señaló un problema que todavía persiste: “Que todas las causas han sido obstaculizadas desde un inicio por la inacción y la denegación de los pedidos fiscales por parte del juzgado federal a cargo de Carlos Olivera Pastor”.

En el mes de noviembre, el fiscal Batule firmó el pedido de indagatoria para Blaquier en dos de las causas más simbólicas de la provincia. Una es la llamada causa “Burgos y otros” que acumula los expedientes de las víctimas de la Noche del Apagón y la otra es el expediente conocido como “Aredez”, que reúne los datos por el secuestro y desaparición del médico pediatra Luis Aredez, intendente de Libertador General San Martín, durante los siete meses que siguieron a la asunción de Héctor Cámpora en mayo de 1973. En abril del año pasado, en el marco de ésas y otras causas, la fiscalía ya había impulsado la citación a indagatorias de 28 imputados, entre los que incluyó a Alberto Lemos y Mario Paz, dos empleados de la empresa, uno administrador y el otro gerente de personal ya fallecido. Batule los acusó por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio de 43 personas. El pedido recogió a lo largo del tiempo nuevas víctimas y acusados, pero quedaron estancados en el juzgado federal 2 que lleva adelante Olivera Pastor, juez subrogante. Según una fuente de la Justicia jujeña, Olivera Pastor sólo avanzó en alguno de los tramos de la causa con poco y nada: imputó a dos acusados en cada una de las causas, uno de los cuales es el ya condenado Luciano Benjamín Menéndez.

Adriana Aredez es una de las hijas de Luis Aredez. En marzo del año pasado se presentó en el juzgado de Olivera Pastor. La habían convocado para ampliar una declaración de su madre que a esa altura había muerto, pero ella en esa ocasión decidió ampliar la denuncia original y dar nombres y apellidos de los responsables. “Todo el mundo venía diciendo siempre el nombre de Ledesma –dice–, pero Ledesma era el nombre de una empresa y la responsabilidad en realidad era de una empresa, pero una empresa con un directorio con nombres y apellidos.”

En el juzgado, la primera impresión fue de sorpresa. Adriana dice que los empleados se levantaron súbitamente de las sillas para ir a preguntarle a Olivera Pastor si se podía “ampliar una denuncia”. Al comienzo, dice, “me miraron espantados, después aceptaron la ampliación, pero cuando les dije que iba a denunciar al empresario me respondieron: ‘Señora, acá nunca nadie da nombre y apellido’”. Más tarde, cuando empezó a mencionar uno a uno los nombres que estuvieron en el directorio de 1976, en el juzgado le preguntaron por qué recién entonces estaba haciendo esa denuncia: “Yo les respondí que era porque hasta ahora no estaban dadas las garantías”, dice la mujer.

Adriana espera que la Justicia le diga qué hicieron con su padre y con los desaparecidos. Luis Aredez había ganado la intendencia de Libertador General San Martín y durante sus siete meses de mandato obligó a Ledesma a pagar impuestos como no se había hecho hasta ese momento y, entre otras medidas, traspasó el hospital que estaba bajo la órbita de la empresa a la provincia. El 24 de marzo de 1976, lo secuestraron de su casa. “Llegaron en un Unimog del Ejército –dice Adriana– y con camionetas con choferes de Ledesma.” A Aredez lo llevaron primero al Concejo Deliberante, donde había otros secuestrados, luego a la entonces Escuela 38, al Escuadrón de Gendarmería ubicado dentro del predio de Ledesma y luego al centro clandestino de Guerrero. Pasó por el penal de Villa Gorriti y después lo llevaron incomunicado a la Unidad 9 de La Plata. “En noviembre pudimos ir a verlo, en febrero le dieron la libertad, pero unos 45 días más tarde lo secuestran a la salida del hospital de la localidad de Fraile Pintado, que era el lugar de su trabajo; con el tiempo supimos que el auto había sido abandonado en Buenos Aires y que había sido usado en otros operativos.”

Lo que pase en la causa de la Noche del Apagón está atado al peso que Blaquier sigue teniendo en la provincia y en el resto del país. “Es un personaje que sigue teniendo participación importante en la economía jujeña y a nivel nacional”, dice en este caso Pablo Pelazzo. “El Ingenio define lo que significa la actividad económica en la provincia, lo hicieron en el proceso de organización nacional, en el de reorganización nacional y lo siguen haciendo ahora: el conflicto y la matanza que hubo en Ledesma el año pasado tiene que ver con ellos mismos, una empresa que es la económicamente más fuerte de la provincia, está asentada sobre los derechos sobre la propiedad de la tierra que está directamente relacionada con su capacidad y su poder de acumulación: un proceso que es continuación de todo aquello.

Entramado de protección a empresarios

 Por Alejandra Dandan

Las causas que avanzan sobre la responsabilidad civil de los empresarios con la dictadura van a tranco lento. La Justicia hasta ahora sólo avanzó a paso firme en una causa de Salta, en la que el juez Leonardo Bavio llamó a indagatoria al propietario de la empresa de transportes La Veloz del Norte presuntamente vinculado al secuestro de un grupo de trabajadores afiliados a la Unión Tranviaria Automotor. Para los que siguen las causas de lesa humanidad, el caso de La Veloz del Norte y el Ingenio Ledesma tienen puntos en común en cuanto a las pruebas que explicarían por qué se pudo avanzar en estos expedientes y no en otros. En ambos, la participación de los empresarios aparecería fuertemente demostrada por el modo en el que exhibieron su participación. En un caso, los choferes de La Veloz sitúan a Marcos Levin, el dueño de la empresa, adentro de la comisaría que funcionó como centro clandestino. Y a la empresa como encargada de facilitarle los autos a la patota policial que hizo los secuestros. Algo de esto vuelve a verse en Ledesma cuando el ingenio aparece aportando los móviles para los traslados de los secuestrados, por ejemplo. Un tipo de pruebas que parecen más fáciles de probar en el interior del país donde la represión se llevó adelante de modo más visible y descarnada. La pregunta es si esas pruebas no están en el resto de las causas: en el juicio oral de Loma Negra, con el abogado laboralista que defendía a los trabajadores asesinados; en la causa Ford o Mercedes Benz. Desde la Procuración dieron hace un tiempo una hipótesis de explicación a Página/12: los problemas tienen mucho más que ver, dijeron, “con que hay personas cubiertas que siguen detentando poder dentro de la Justicia y elaboran argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llamaron a los empresarios”.

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