ARSENALES Y JEFATURA II
La organización ANDHES consideró que lo determinado por el Tribunal Oral Federal de Tucumán permitirá echar luz sobre un “circuito criminal, represivo y de exterminio”.
La decisión del Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) de unificar las causas "Arsenales Miguel de Azcuénaga II" y "Jefatura de Policía II" fue celebrada por la organización de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES). En tanto se recalcó la determinación adoptada implica un desafío importante para el Poder Judicial Federal tucumano.
"El tratamiento unificado de las causas permitirá continuar echando luz sobre el funcionamiento de un circuito criminal, represivo y de exterminio que funcionó en Tucumán durante la última dictadura militar, cuya existencia objetiva clara ya ha surgido en debates anteriores" señaló Valentina García Salemi, coordinadora del Área de Memoria, Verdad y Justicia de la institución aludida.
Es dable mencionar que tras la audiencia celebrada el 7 de junio, en la que el TOF escuchó a representantes del Ministerio Público Fiscal, a todas las querellas, al Ministerio Público de la Defensa y a abogados defensores de los imputados, el pasado lunes tomó la decisión de unificar el segundo tramo de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la provincia de Tucumán.
"Teniendo en cuenta la envergadura del próximo juicio por crímenes de lesa humanidad a desarrollarse en nuestra provincia, la cantidad de víctimas e imputados (muchos fuera de la provincia) una buena gestión del mismo resultará fundamental. En ese sentido, cumplidos ciertos pasos procesales, se espera una nueva audiencia en la cual las partes y el Tribunal definan cuestiones operativas que permitan garantizar que un juicio tanta trascendencia se lleve adelante con el ritmo que amerita", indicó Salemi.
El TOF sostuvo en su resolución que "lo que resulta optimo es que ilícitos que se habrían cometido todos en la Provincia de Tucumán, en una misma época, como parte de un presunto plan sistemático de persecución contra parte de una población civil por razones políticas, sean juzgados en el marco de un único debate, donde la reconstrucción de los hechos en un proceso oral puede alcanzar mejores niveles de verificación de las cuestiones fácticas y así traducirse en una mayor y mejor posibilidad de ejercicio de los derechos de las partes".
El Ministerio Público Fiscal, por su parte, señaló en la audiencia que: "Existiendo un sistema represivo criminal montado en la provincia y en el país cuestión que ya se considera como un hecho público, notorio y no controvertido, si bien las víctimas se individualizan en función de un Centro Clandestino de Detención en particular (Jefatura o Arsenal), ello no implica que dichas personas no hayan atravesado un circuito criminal por distintos lugares".
Así también, ANDHES sostuvo que la economía procesal y la necesidad de preservar a testigos-victimas resultan dos argumentos muy importantes, valorados y resaltados por las partes en la audiencia.
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