domingo, 23 de septiembre de 2012

Ledesma : En “colaboración permanente” con el genocidio

Como Ledesma realizó el seguimiento de una marcha junto con las Fuerzas de Seguridad
La empresa utilizó informantes y agentes encubiertos. Así se desprende de una parte hasta ahora inédita del informe que se secuestró en mayo en un allanamiento en las oficinas de Ledesma. El responsable del Departamento de Vigilancia del ingenio.

 Por Alejandra Dandan

En 2005, la empresa Ledesma hizo espionaje sobre la Marcha del Apagón. Una parte del informe hasta ahora inédita será incorporada a la causa que investiga al consorcio del zar azucarero Pedro Blaquier por su supuesta participación en los crímenes de la dictadura. Los documentos en cuestión son tres páginas que no sólo vuelven a contradecir las declaraciones de los abogados de Ledesma que intentan restarle peso al informe, al que definen como una “recolección de crónicas periodísticas”. Los datos muestran las dimensiones que tomó aquel despliegue de inteligencia, con captura de fotos marcadas; la inclusión de fuerzas de seguridad del Estado como si se tratara de fuerzas propias; agentes “encubiertos” y la existencia de un supuesto “gabinete” de análisis de la información. El “operativo” fue comandado por el hombre de inteligencia formado en el Ejército que está como responsable del Departamento de Vigilancia de Ledesma.

Uno de los párrafos del informe explica por qué este trabajo entró en la causa en la que se investiga si Ledesma fue cómplice de la última dictadura en delitos de lesa humanidad. El Departamento de Vigilancia de la empresa describe allí cómo coordinó la tarea de seguimiento de la marcha de 2005 con las fuerzas de seguridad. “Emplazamiento de la custodia policial”, dice un subtítulo. “En general el apoyo que se brinda a las fuerzas policiales de la provincia permite tener una colaboración permanente para todas aquellas acciones que involucren la participación de la fuerza pública. En esta oportunidad se alistaron muy discretamente dos grupos de combate en el interior de la Sala Ledesma (el grupo GEO y grupo especial de operaciones que vino desde el Cuartel de San Salvador de Jujuy) y un grupo de combate de Infantería.”

Cualquier parecido con lo que pudo haber sucedido entre Ledesma y las fuerzas de seguridad durante la dictadura, no parece ser ninguna casualidad.

El informe de espionaje sobre la Marcha del Apagón 2005 provocó un escándalo cuando se conoció en mayo de este año, luego de que el juzgado federal de Fernando Poviña ordenara el allanamiento a una oficina de la empresa, a días de asumir como juez y luego de 36 años en los que la Justicia no lo había hecho. En el libro de 200 páginas, el Ingenio registró todo tipo de detalle sobre los preparativos de la Marcha del 27 y 28 de julio de 2005, una de las más importantes de esos años porque era la primera que se hacía después de la muerte de Olga Márquez de Arédez. Escribieron horarios de llegada de los invitados, números de patentes de los autos y colectivos, nombres de las personas y agrupaciones. Lo que estos tres documentos del libro ahora muestran es una mirada más estructural de ese armado: cómo se hizo y cómo organizaron los seguimientos. Un trabajo especial de seguridad que más que especial, por los datos, parece parte de un aceitado modo de funcionamiento.
El informe

“Acciones desplegadas por el Departamento de Vigilancia de Ledesma con el objeto de prevenir, alertar y proteger los bienes de la empresa en el marco de la marcha”, dice el título del primer apartado a modo de presentación. “Obtención de Información”, se lee antes de una descripción detallada serenamente con datos que indican que todo empezó a registrarse mucho antes: en marzo de ese mismo año. Aquí aparece la mención del gabinete.

“La tarea se realizó desde marzo del presente año, con el objeto de lograr su clasificación y sistematización mediante un trabajo analítico de gabinete, con el fin de mantener permanentemente informados a los canales superiores y ensayar posibles cursos de acción como finalmente formular conclusiones que permitan determinar la adopción de una adecuada protección de los bienes.”

Los “Medios explotados” para conseguir la información fueron desde las más sencillas lecturas de medios digitales hasta los más ilegales. La lista “sic” es la siguiente:

- Internet: (páginas provinciales, nacionales, internacionales).
- Diarios digitales y ediciones impresas.
- Escucha radial y televisiva.
- Información proporcionada por colaboradores de diferentes organizaciones de izquierda.
- Información proporcionada por soplones de la delincuencia común.
- Intercambio de información con diferentes organismos de inteligencia.
- Información empresarial.

Luego abundan detalles sobre lo que llaman “despliegue de medios de obtención”:

- Agente encubierto de la provincia de Salta.
- Agente encubierto de San Salvador de Jujuy.
- Agente encubierto de San Pedro de Jujuy.
- Agente encubierto de General Libertador San Martín.
- Colaborador vecino de la familia Arédez.

El contenido de este informe es investigado supuestamente por la Justicia federal de Jujuy, que nunca ha sido eficaz a la hora de indagar sobre el empresario más poderoso de la provincia. El juez tucumano Fernando Poviña, que subroga un juzgado, impulsó, tras el allanamiento, una denuncia por espionaje, pero lo único que hizo la Justicia hasta ahora es emitir un amparo que obliga a la empresa a frenar este tipo de acciones. El juzgado envió preguntas a las provincias y organismos de seguridad nacional para que expliquen lo que aparece como participación de parte de esas fuerzas, pero nadie lo admitió.

Según el informe, el despliegue que hicieron incluyó a organizaciones sociales de la zona.

“Acciones de apoyo a las organizaciones ‘sociales’”, dice el punto 2. Y explica: “Esto permite entablar una relación con sus dirigentes, permitiendo cierto apoyo a las acciones que encara el Departamento, como ser evitar acciones directas que afecten el normal de-sarrollo de las actividades (ejemplo: no afectar a nuestros vehículos con los cortes de ruta, si los hay se les permite el paso, etc.). Generalmente se les brinda apoyo con útiles escolares, azúcar, leche para los comedores infantiles y materiales menores”.

En otro punto, abunda en el tema del “emplazamiento de la custodia policial”. Explica que para los días 27 y 28 de julio “se estableció un rondín con dos agentes uniformados, durante toda la noche del 27 y 28 de julio desplazándose del acceso a la planta fabril de la ruta 34 hasta la sala”. Otro efectivo reforzó presencia en el portón pantalla. Y en Calilegua pusieron dos vigiladores y un efectivo de Gendarmería Nacional durante la noche del 27 y todo el día 28.

En la página siguiente se ve uno de los resultados de la pesquisa: una foto con círculos marcados e indicando que son “Integrantes de la Universidad Madres de Plaza de Mayo”.

Los métodos de cuidados de la fábrica no parecen distintos de los del despliegue de una cobertura en términos de lógica militar. El jefe de Seguridad del Ingenio es Carlos Enrique Ferro, clase 1952, de profesión militar retirado según los datos del Anses donde figura como empleado de Ledesma. Ferro no está acusado de delitos de lesa humanidad, pero según datos de Defensa, su pasado está marcado por una formación en inteligencia construida con los parámetros de la dictadura y los años inmediatamente posteriores. Egresó del Colegio Militar en 1978 y en 1983 entró en la Escuela de Inteligencia militar. Pasó por distintos destacamentos hasta enero de 1988, cuando lo destinan a Salta. En noviembre se incorporó a la Inteligencia de Jujuy hasta 1992. Luego fue a Tucumán para otras tareas y en 1994 lo nombraron segundo jefe del Destacamento de Inteligencia de Tucumán. Entre 1996 y 2001 estuvo entre Tucumán y Salta en distintas actividades que incluyen informática. Luego se retiró y comenzó a trabajar para Ledesma.

En agosto de 2011, Ferro fue ubicado en el escenario de los de-salojos forzados que produjeron cuatro muertos en el pueblo. Julio Gutiérrez, de Capoma, en ese momento le dijo a Página/12 que Ferro –a quien conocen como “el mayor” en la zona– y su segundo estuvieron apostados con binoculares en una camioneta Amarok en el camino interno. En mayo, cuando varios medios nacionales viajaron Jujuy para cubrir la frustrada indagatoria de Blaquier, la empresa seguía incómoda frente a las visitas. Varios fotógrafos fueron increpados a bajar las cámaras por el personal de la empresa, que aparecía de pronto para atemorizarlos.

Memorias obreras

 Por Alejandra Dandan


Así como la primera etapa de los juicios humanidad puso en escena relatos de los detenidos desaparecidos en clave de identidades políticas –dimensiones que quedaron afuera del Juicio a las Juntas–, es posible pensar que los juicios que avanzan sobre la complicidad civil de los sectores empresarios ponen en escena relatos donde quien declara recupera la dimensión de trabajador, la vida de las comisiones internas, las luchas sindicales que aparecen como las razones de secuestros y escarmientos.

Además de la prueba penal –esa relación casi física entre prueba y hecho–, estos nuevos relatos llevan al terreno de las pruebas jurídicas una dimensión que parece todavía más ausente, como la conflictividad gremial y la organización obrera.

Eso aparece así como base estructural de las políticas represivas y asocia al mundo de las empresas con las políticas del terrorismo de Estado. Algo de esto dice un libro que acaba de salir publicado con el nombre de La muerte por cuenta ajena, de Editorial de la Campana. Su autor Daniel Cieza mapea a modo de texto urgente y apurado el estado de situación de los juicios en relación con las empresas y la dictadura. Habla de la invisibilización del relato obrero en este sentido y pone en contexto histórico la represión de las luchas obreras en contextos de alianza entre el poder económico y el militar. Cieza, que es docente universitario y ex detenido político, dice que el terrorismo de Estado tuvo dos ejes, por un lado la represión contra la juventud politizada y encuadrada en parte en las organizaciones políticas y político-militares; por otro, “el disciplinamiento al sindicalismo de base con el pretexto de lo que llamaron ‘la subversión industrial’, apoyado por grandes empresas y corporaciones, pero también por políticos, militares, medios de comunicación, partidos políticos y embajadas, con la excusa de disciplinar al movimiento sindical de base que venía planteando demandas como la negociación colectiva, mejores condiciones de higiene y seguridad y mayor participación social y política de los trabajadores”.

A la luz de estas líneas pueden revisarse los testimonios de los obreros de Loma Negra que declararon en el juicio de Tandil por el crimen del abogado laboralista Carlos Moreno. El de los ex trabajadores de la Mina el Aguilar, que están declarando en Jujuy en el juicio oral por el crimen del dirigente sindical Avelino Bazán. O los choferes de la Veloz del Norte en la causa de instrucción de Salta, entre otros ejemplos. La causa de Ledesma también avanza por allí. Cómo quedará plasmada en el caso de Jujuy la participación del Ingenio Ledesma es uno de los desafíos de la Justicia.

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