lunes, 12 de noviembre de 2012

Intentaron borrar todas las huellas, sin embargo, perduraron

La causa ha generado gran expectativa no sólo en los familiares de las víctimas de la última dictadura militar, sino también en la comunidad en general, por los trabajos de excavación realizados por el equipo de antropología forense, que en abril del año pasado halló una fosa común con 15 cuerpos incinerados y que después de un exhaustivo trabajo de laboratorio se llegó a la identificación de 14 de esas víctimas, cuyos restos fueron devueltos a sus familiares.

El hallazgo fue un duro golpe para los partidarios del represor Antonio Domingo Bussi, que durante años negó las acusaciones del exgendarme Omar Torres, que lo había visto fusilar a prisioneros indefensos, que posteriormente eran quemados en el arsenal y sirvió para que muchos tucumanos que habían elegido al exmilitar como diputado nacional, gobernador e intendente se convencieran del horror que había asolado a Tucumán durante su intervención militar.

Imputados. Aunque Bussi será el gran ausente del juicio -murió en noviembre de 2011- sí sentarán en el banquillo de los acusados el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, que seguirá las audiencias por el sistema de vía conferencia desde el penal de Ezeiza, donde está alojado con asistencia médica por las afecciones crónicas de su edad.

Junto a Menéndez, serán juzgados 43 imputados más, entre los que sobresale la figura del sacerdote, José Mijalchiyk, acusado de haber participado de las torturas, colaborando desde su función de religioso para obtener las confesiones de las víctimas. El cura se desempeñaba como vicario castrense y se convertirá en el primer miembro de la Iglesia Católica que será juzgado por los delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán.

Durante las audiencias está previsto que declaren 864 testigos, entre sobrevivientes del centro clandestino, familiares y amigos de las víctimas, por lo que el tribunal, integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Se estima que el proceso tendrá como mínimo un año duración.

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