miércoles, 12 de junio de 2013

Pedido de extradición e indagatoria de Isabel Martínez de Perón

Los fiscales de Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira, presentarán ante la Cámara Federal el pedido de extradición e indagatoria de la expresidenta María Estela "Isabel" Martínez de Perón por la causa que investiga el asesinato de 270 militantes durante el denominado "Operativo Independencia" de 1975. Camuña y Rovira, quienes vienen impulsando la investigación desde 2011, acusan a la exmandataria por "la falta de control de las operaciones militares".

La intervención de la fiscalía se dará en el marco del recurso de apelación interpuesto el 6 de febrero pasado a la negativa del juez federal Raúl Daniel Bejas de llamar a declarar como imputada a `Isabelita´ por considerar que las Fuerzas Armadas actuaron en Tucumán de manera autónoma y sin la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.

Los fiscales, según se adelantó, considerarán la decisión de Bejas "arbitraria" por constituir un "sobreseimiento ficto" -es decir, de hecho-, al no permitir el llamado a indagatoria y la posibilidad de defensa de la imputada. El juez Bejas había concluído que el "Operativo Independencia" fue una fase del plan de las Fuerzas Armadas para derrocar al gobierno constitucional y que, por tal motivo, "no habrían contado con la aquiescencia del gobierno civil".

Camuña y Rovira solicitaron la detención de Martínez el 20 de diciembre de 2011 e imputaron a alrededor de 130 personas, pero el juez demoró más de un año en resolver el pedido y el 27 de diciembre pasado negó la solicitud de indagatoria de la exmandataria.

Los fiscales sostuvieron en su primera presentación que Martínez era la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que "con esa función, tenía como atribución disponer de las fuerzas militares, su organización y distribución según las necesidades de la Nación".

En ese sentido, Camuña y Rovira destacaron que Martínez firmó en febrero de 1975 el decreto 261/75 "que dio el marco de aparente legalidad que necesitaban las Fuerzas Armadas para iniciar el plan criminal ya trazado en la Directiva 333 de enero de 1975". El decreto, precisaron, "ordenaba neutralizar y/o aniquilar los elementos subversivos en la provincia de Tucumán, empleando a las fuerzas armadas en la represión interna".
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, Martínez tenía "conocimiento del verdadero curso de las acciones represivas de las Fuerzas Armadas en la ejecución de dicho plan", conocía "la innumerable cantidad de denuncias por hechos ilícitos", había realizado "reiteradas visitas a la llamada 'Zona de Operaciones' de Tucumán", todo lo cual se suma a "los informes y consultas que realizó o debió haber realizado en vistas de su cargo y función".

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