Pablo Pelazzo, abogado de los organismode Derechos HUmanos de Jujuy
La causa por la Noche del Apagón, que involucra a Pedro Blaquier, estuvo frenada muchos años. Cuando cambió el juez, Blaquier viajó a Europa. Los abogados de la querella siguen recabando pruebas.
Carlos Blaquier eludió la indagatoria en Jujuy con la presentación de un certificado médico. Decía que sufría problemas cardíacos y que debería tratarse en Inglaterra y Francia. Dejó el país justo un día antes de que asumiera el nuevo juez de la causa en la que está imputado como uno de los responsables de la Noche del Apagón. Sus abogados confirmaron ayer esa situación, dato que, sin embargo, aún no figura en el expediente. ¿Qué harán los abogados de los organismos de derechos humanos jujeños en este escenario? ¿Qué hay de nuevo en la causa? Y ¿cuáles son las razones jurídicas y políticas por las que Jujuy pasó a ser la provincia en la que las investigaciones sobre el terrorismo de Estado estaban paralizadas a ser la primera jurisdicción en avanzar con “la pata empresaria” de la última dictadura? Pablo Pelazzo es uno de los abogados querellantes, parte de un equipo que integran miembros de los organismos de derechos humanos, entre ellos Eva Arroyo, de Hijos, pero al que se sumaron sociólogos para cruzar datos que sostengan las pruebas para pelear contra un elefante blanco que, como dicen ellos, no es un “muerto político”, sino alguien que todavía tiene poder.
–Blaquier está fuera del país: ¿cómo se llegó a eso?, ¿qué van a hacer las querellas?
–Se llegó después de una prolongación de la impunidad de la que fue responsable el juez (Carlos) Olivera Pastor. El impulso de la causa se viene dando más en la calle que en el expediente. Recién ahora se puede trabajar en el expediente con ciertos hechos, recién ahora se activaron las cosas con las indagatorias, detenciones, y eso generó actividad procesal de parte nuestra, como reforzar los pedidos en los casos en que no hay detenciones. O trabajar para aportar más pruebas para que las indagatorias se completen con la mayor cantidad de hechos y delitos que deberían incluirse.
–¿Cuáles son las causas por las que se lo indaga? ¿Ustedes tienen diferencia con la fiscalía? Porque eso parece explicar por qué el administrador Alberto Lemos no quedó detenido.
–-Ellos fueron llamados a indagatoria en la causa de la Noche del Apagón y la causa Arédez, que tiene cinco víctimas. El fiscal sólo les imputó privación ilegal de la libertad. Nosotros decimos que no está desligada la detención de la tortura, porque apenas se cometen la detenciones, son tabicados y encerrados por una noche en Libertador General San Martín y los trasladan en situación de tormentos: tabicados, atados, con los números asignados y previamente golpeados. Luego son llevados al centro clandestino de Guerrero. Para nosotros se puede imputar la tortura. Ellos tampoco quedan desligados de la desaparición. Entre las 47 víctimas del primer día del Apagón, hay 17 desaparecidos. Pero nosotros, como querellas, no imputamos delitos en este momento, sino que describimos los hechos. Es una cuestión de estrategia, eso tiene que hacerlo el fiscal.
–El juzgado dice que Lemos no quedó detenido por esa situación. Una situación que se repetiría con Blaquier.
–Sí, de todas formas nosotros sostenemos que no consideramos que la detención dependa de la expectativa del monto de la pena. El hecho de que la privación ilegítima de la libertad tenga un monto de pena bajo no implica que automáticamente se pueda otorgar la exención de prisión. No es sólo que hay otros delitos que deberían imputarse, sino que existe el ocultamiento de prueba y la posibilidad de fuga. La posibilidad de fuga la estamos viviendo ahora con la no presentación de Blaquier, y también por la posibilidad material que tienen estas personas de hacerlo. Tienen todos los medios disponibles para poder irse a cualquier lugar del mundo. El ocultamiento de prueba se confirmó con el allanamiento: ellos mantuvieron 36 años esos legajos y documentación. Hay legajos de inteligencia a uno de los desaparecidos que tiene como responsable a Ledesma. Esas razones son suficientes para pedir la detención.
–¿Y la van a pedir?
–Ya está pedida. Pedimos la revocación de la exención de prisión en Lemos, el juez la rechazó y vamos a apelar. En relación con Blaquier, pedimos la detención y todavía no resolvieron ese pedido. No tiene un plazo para hacerlo, pero este nuevo juez (Fernando Poviña) nos contesta los escritos; el otro ni siquiera nos contestaba porque sostenía que la querella no tenía facultades para hacerlo.
–En el juzgado señalan que por primera vez Lemos y Blaquier están presentando papeles en la causa. Cosa que antes no habían hecho.
–La explicación del resultado del allanamiento es esa seguridad de impunidad que ellos tenían. Creían que nunca se iban a allanar esas oficinas y por eso tenían esa documentación. Por otro lado es probable que hayan actuado sobre seguro ante la falta de acción o trabajo del juez anterior. Probablemente la estrategia ahora es distinta a partir de la asunción del nuevo juez y de que libró orden de allanamiento e indagatoria y el pedido de prohibición de que salgan del país.
–Durante el acto del viernes decías que Jujuy es un caso paradigmático: es la primera provincia que avanza sobre el sector empresario, pero aún no avanzó con los militares porque no tuvo juicios orales.
–Puede ser un caso testigo de lo que fue la represión por varias circunstancias. La economía jujeña tiene que ver con dos polos de desarrollo económico: el azúcar, o sea el ingenio Ledesma, y la minería. Y dos de las causas más importantes de Jujuy vinculadas con crímenes de lesa humanidad son: Mina El Aguilar, con la represión y el ataque a los dirigentes mineros con un referente importante que fue Avelino Bazán, y el ingenio Ledesma, la represión de los obreros organizados y a los estudiantes que apoyaban a los obreros. Teniendo en cuenta esto, no hay forma de investigar los hechos de la dictadura de Jujuy sin investigar a Ledesma. Y eso hace que junto a los represores armados aparezcan los dueños del ingenio, como tendrían que aparecer y ser citados a indagatoria los miembros del directorio de mina El Aguilar.
–La complicidad judicial no fue sólo de Olivera Pastor, el anterior juez de la causa.
–Todos los poderes del Estado históricamente fueron influenciados por Ledesma. Ese esquema de poder que tejió la empresa en lo político o en lo jurídico se expresa a través de la falta de investigación por jueces que obviamente hicieron todo lo posible para no avanzar. El ejemplo más claro es Olivera Pastor, porque le anunciaba a la empresa por anticipado qué estaba investigando. Pero también el abogado Horacio Aguilar, que fue juez antes y es el actual abogado de Blaquier y Lemos. Era el juez que estaba en el lugar en el que se investigaban estas causas: era secretario penal y después asume como juez subrogante, frena la causa antes de Olivera Pastor y hoy aparece como abogado del ingenio.
La causa por la Noche del Apagón, que involucra a Pedro Blaquier, estuvo frenada muchos años. Cuando cambió el juez, Blaquier viajó a Europa. Los abogados de la querella siguen recabando pruebas.
Carlos Blaquier eludió la indagatoria en Jujuy con la presentación de un certificado médico. Decía que sufría problemas cardíacos y que debería tratarse en Inglaterra y Francia. Dejó el país justo un día antes de que asumiera el nuevo juez de la causa en la que está imputado como uno de los responsables de la Noche del Apagón. Sus abogados confirmaron ayer esa situación, dato que, sin embargo, aún no figura en el expediente. ¿Qué harán los abogados de los organismos de derechos humanos jujeños en este escenario? ¿Qué hay de nuevo en la causa? Y ¿cuáles son las razones jurídicas y políticas por las que Jujuy pasó a ser la provincia en la que las investigaciones sobre el terrorismo de Estado estaban paralizadas a ser la primera jurisdicción en avanzar con “la pata empresaria” de la última dictadura? Pablo Pelazzo es uno de los abogados querellantes, parte de un equipo que integran miembros de los organismos de derechos humanos, entre ellos Eva Arroyo, de Hijos, pero al que se sumaron sociólogos para cruzar datos que sostengan las pruebas para pelear contra un elefante blanco que, como dicen ellos, no es un “muerto político”, sino alguien que todavía tiene poder.
–Blaquier está fuera del país: ¿cómo se llegó a eso?, ¿qué van a hacer las querellas?
–Se llegó después de una prolongación de la impunidad de la que fue responsable el juez (Carlos) Olivera Pastor. El impulso de la causa se viene dando más en la calle que en el expediente. Recién ahora se puede trabajar en el expediente con ciertos hechos, recién ahora se activaron las cosas con las indagatorias, detenciones, y eso generó actividad procesal de parte nuestra, como reforzar los pedidos en los casos en que no hay detenciones. O trabajar para aportar más pruebas para que las indagatorias se completen con la mayor cantidad de hechos y delitos que deberían incluirse.
–¿Cuáles son las causas por las que se lo indaga? ¿Ustedes tienen diferencia con la fiscalía? Porque eso parece explicar por qué el administrador Alberto Lemos no quedó detenido.
–-Ellos fueron llamados a indagatoria en la causa de la Noche del Apagón y la causa Arédez, que tiene cinco víctimas. El fiscal sólo les imputó privación ilegal de la libertad. Nosotros decimos que no está desligada la detención de la tortura, porque apenas se cometen la detenciones, son tabicados y encerrados por una noche en Libertador General San Martín y los trasladan en situación de tormentos: tabicados, atados, con los números asignados y previamente golpeados. Luego son llevados al centro clandestino de Guerrero. Para nosotros se puede imputar la tortura. Ellos tampoco quedan desligados de la desaparición. Entre las 47 víctimas del primer día del Apagón, hay 17 desaparecidos. Pero nosotros, como querellas, no imputamos delitos en este momento, sino que describimos los hechos. Es una cuestión de estrategia, eso tiene que hacerlo el fiscal.
–El juzgado dice que Lemos no quedó detenido por esa situación. Una situación que se repetiría con Blaquier.
–Sí, de todas formas nosotros sostenemos que no consideramos que la detención dependa de la expectativa del monto de la pena. El hecho de que la privación ilegítima de la libertad tenga un monto de pena bajo no implica que automáticamente se pueda otorgar la exención de prisión. No es sólo que hay otros delitos que deberían imputarse, sino que existe el ocultamiento de prueba y la posibilidad de fuga. La posibilidad de fuga la estamos viviendo ahora con la no presentación de Blaquier, y también por la posibilidad material que tienen estas personas de hacerlo. Tienen todos los medios disponibles para poder irse a cualquier lugar del mundo. El ocultamiento de prueba se confirmó con el allanamiento: ellos mantuvieron 36 años esos legajos y documentación. Hay legajos de inteligencia a uno de los desaparecidos que tiene como responsable a Ledesma. Esas razones son suficientes para pedir la detención.
–¿Y la van a pedir?
–Ya está pedida. Pedimos la revocación de la exención de prisión en Lemos, el juez la rechazó y vamos a apelar. En relación con Blaquier, pedimos la detención y todavía no resolvieron ese pedido. No tiene un plazo para hacerlo, pero este nuevo juez (Fernando Poviña) nos contesta los escritos; el otro ni siquiera nos contestaba porque sostenía que la querella no tenía facultades para hacerlo.
–En el juzgado señalan que por primera vez Lemos y Blaquier están presentando papeles en la causa. Cosa que antes no habían hecho.
–La explicación del resultado del allanamiento es esa seguridad de impunidad que ellos tenían. Creían que nunca se iban a allanar esas oficinas y por eso tenían esa documentación. Por otro lado es probable que hayan actuado sobre seguro ante la falta de acción o trabajo del juez anterior. Probablemente la estrategia ahora es distinta a partir de la asunción del nuevo juez y de que libró orden de allanamiento e indagatoria y el pedido de prohibición de que salgan del país.
–Durante el acto del viernes decías que Jujuy es un caso paradigmático: es la primera provincia que avanza sobre el sector empresario, pero aún no avanzó con los militares porque no tuvo juicios orales.
–Puede ser un caso testigo de lo que fue la represión por varias circunstancias. La economía jujeña tiene que ver con dos polos de desarrollo económico: el azúcar, o sea el ingenio Ledesma, y la minería. Y dos de las causas más importantes de Jujuy vinculadas con crímenes de lesa humanidad son: Mina El Aguilar, con la represión y el ataque a los dirigentes mineros con un referente importante que fue Avelino Bazán, y el ingenio Ledesma, la represión de los obreros organizados y a los estudiantes que apoyaban a los obreros. Teniendo en cuenta esto, no hay forma de investigar los hechos de la dictadura de Jujuy sin investigar a Ledesma. Y eso hace que junto a los represores armados aparezcan los dueños del ingenio, como tendrían que aparecer y ser citados a indagatoria los miembros del directorio de mina El Aguilar.
–La complicidad judicial no fue sólo de Olivera Pastor, el anterior juez de la causa.
–Todos los poderes del Estado históricamente fueron influenciados por Ledesma. Ese esquema de poder que tejió la empresa en lo político o en lo jurídico se expresa a través de la falta de investigación por jueces que obviamente hicieron todo lo posible para no avanzar. El ejemplo más claro es Olivera Pastor, porque le anunciaba a la empresa por anticipado qué estaba investigando. Pero también el abogado Horacio Aguilar, que fue juez antes y es el actual abogado de Blaquier y Lemos. Era el juez que estaba en el lugar en el que se investigaban estas causas: era secretario penal y después asume como juez subrogante, frena la causa antes de Olivera Pastor y hoy aparece como abogado del ingenio.
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